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Información extraída de nuestro INFORME
2022/23
La libertad de circulación y el derecho a la
información siguieron siendo objeto de férreas
restricciones por el cierre de las fronteras. El
gobierno anunció su victoria contra la COVID-
19, pero no hubo indicios de administración de
vacunas. Se sometió a la población, incluidos
niños y niñas, a trabajos forzosos, y algunas
personas fueron obligadas a ocupar puestos de
trabajo designados por el Estado. Se creía que
los campos penitenciarios para presos y presas
políticos todavía seguían operativos. Hubo
informes de tortura y otros malos tratos a las
personas detenidas.
Información general
Tras el primer brote de COVID-19 en el
país del que se informó oficialmente, se
declaró una “emergencia nacional
máxima”. Corea del Norte lanzó varios
misiles; su retórica de enfrentamiento y
sus ejercicios militares intensificaron las
tensiones en la región. El país envió a su
embajador a la 27 Conferencia de la ONU
sobre el Cambio Climático (COP27), en
una inusitada aparición diplomática
durante la pandemia. En marzo, la
OACNUDH informó de que había motivos
razonables para pensar que se habían
cometido crímenes contra la humanidad.
Libertad de circulación
El gobierno mantuvo cerradas las fronteras
de Corea del Norte durante 3 años por la
COVID-19 y continuó imponiendo
medidas temporales de cuarentena y
control de la circulación en varias zonas.
Se mantuvieron las restricciones a la
circulación de personas y bienes entre
ciudades y divisiones administrativas
debido a la política de cuarentena. Al
terminar el año, al menos 67 personas
norcoreanas (32 mujeres y 35 hombres)
habían huido a Corea del Sur, la segunda
cifra más baja desde 2003, cuando se
hicieron públicas las cifras oficiales por
primera vez. La mayoría de esas personas
se había trasladado a países como China
antes de la pandemia y luego había
entrado a Corea del Sur. Como
consecuencia de los controles fronterizos,
ninguna ONG ni ningún medio de
comunicación pudo estar presente para
hacer un seguimiento de las implicaciones
de las restricciones impuestas, incluidas
las relacionadas con la libertad de
expresión y el espacio de la sociedad civil.
Derecho a la información
El cierre de las fronteras del país como
respuesta a la pandemia de COVID-19
restringió aún más el acceso de la
ciudadanía a la información procedente
del extranjero. Según informes, aumentó
la presencia militar a lo largo de la
frontera y se instalaron cámaras de
vigilancia y detectores de movimiento, lo
que dificultó todavía más la entrada de
información en el país.
Continuaba la represión contra el acceso a
información del exterior y se imponían
sanciones a quienes infringían la Ley de
Denuncia del Pensamiento y la Cultura
Reaccionarios, promulgada en diciembre
de 2020. Según informes, se ejecutó a
adolescentes por ver y compartir un
programa de la televisión surcoreana.
Aumentó el uso cotidiano del teléfono
móvil y el número de personas con
contrato de telefonía móvil; sin embargo,
el acceso a servicios de telefonía móvil
internacionales y su uso fueron objeto de
férreas restricciones. El acceso a llamadas
internacionales estaba prácticamente
bloqueado para la ciudadanía, y sólo un
grupo muy reducido de la élite gobernante
tenía permiso para utilizar Internet.
Derecho a la salud
No hubo indicios de la administración de
vacunas contra la COVID-19 a la
población. La comunidad internacional,
incluido el mecanismo COVAX, ofreció
ayuda con las vacunas en reiteradas
ocasiones, pero las autoridades la
rechazaron en todos los casos. Sin acceso
a las vacunas, en un país con uno de los
sistemas de salud más vulnerables, 25
millones de personas quedaron expuestas
a un riesgo grave de contraer el virus.1 El
12 de mayo, las autoridades norcoreanas
anunciaron oficialmente que había habido
casos confirmados de COVID-19, y el 10
de agosto declararon su “victoria” contra
la COVID-19, afirmando que habían
erradicado completamente el virus del
país. Sin embargo, se siguieron
detectando casos sospechosos. En
septiembre, el gobierno anunció que
podían dar comienzo las vacunaciones.
Derecho a la alimentación, al
agua y al saneamiento
Más del 40% de la población sufría
desnutrición, en muchos casos crónica, y
necesitaba asistencia humanitaria. La FAO
volvió a calificar a Corea del Norte como
país necesitado de ayuda alimentaria
externa. Los trenes de mercancías
transfronterizos entre China y Corea del
Norte operaban de forma intermitente,
pero con menor frecuencia que antes de
la COVID-19. La entrada de alimentos del
extranjero a través de las importaciones y
la ayuda de la comunidad internacional
seguían siendo inferiores a las de antes de
la COVID-19. Según informes, las
autoridades norcoreanas habrían
solicitado ayuda alimentaria a países
como India y Vietnam. Se tuvo noticia de
que desastres naturales reiterados como
sequías en primavera y tifones en verano
habían agravado la baja productividad del
sector agrícola.
En el marco de la política de cuarentena,
el contrabando en la frontera entre Corea
del Norte y China estaba terminantemente
prohibido. Sin embargo, al parecer
algunas personas continuaron con esta
actividad, y hubo informes de que
también se llevaron a cabo de forma
secreta actividades de contrabando no
oficiales dirigidas por el Estado.
La escasez de alimentos que sufrían los
grupos marginados —población con
discapacidad, menor de edad, de edad
avanzada y residente fuera de los pueblos
y las ciudades— era especialmente grave.
Las instalaciones de suministro de agua y
los sistemas de alcantarillado eran
deficientes en muchas zonas.
Derechos económicos,
sociales y culturales
Derechos laborales
Al terminar la educación secundaria,
algunas personas eran destinadas a
puestos de trabajo designados por el
Estado. La mayoría de los trabajadores y
trabajadoras no empleados en sectores de
prioridad nacional, como el ejército y los
organismos encargados de hacer cumplir
la ley, recibían salarios insuficientes para
acceder a un nivel de vida adecuado.
Hubo múltiples informes de personas
implicadas en actividades ilegales para
subsistir, como el contrabando, el robo y
la fabricación y venta de drogas.
Trabajo infantil
El Estado obligaba a algunos menores a
trabajar en minas de carbón y granjas en
condiciones peligrosas. Además de
estudiar, los niños y las niñas tenían que
llevar a cabo trabajos de limpieza, labores
agrícolas y actividades de construcción
impuestos por el Estado.
Represión de la disidencia
No se permitía la crítica abierta a las
autoridades o los líderes. La ansiedad y
miedo extremos estaban muy extendidos
entre las personas que corrían riesgo de
ser detenidas por motivos políticos y
acusadas de crímenes contra el partido o
el Estado.
Seguían operativos 4 campos
penitenciarios para presos y presas
políticos (kwanliso), aunque las
autoridades negaban su existencia. Se
calculaba que permanecían recluidas en
ellos hasta 120.000 personas, que eran
sometidas a trabajos forzosos, torturas y
otros malos tratos.
Detención y reclusión
arbitrarias
Se creía que el número de personas
detenidas o recluidas había aumentado.
Las detenciones se llevaban a cabo por
violaciones de las medidas de cuarentena
como intentos de contrabando, rupturas
del aislamiento y viajes transfronterizos,
así como por consumo de drogas,
prácticas religiosas —ya que las
autoridades no toleraban ningún sistema
de creencias alternativo— y acceso a
información del exterior del país.
Condiciones de reclusión
inhumanas
A pesar de que algunas informaciones
apuntaban a que el trato dispensado a la
población reclusa había mejorado en los
años anteriores hasta cierto punto, al
parecer hubo insultos, palizas, tortura y
ejecuciones en los centros de detención
administrados por los organismos
encargados de hacer cumplir la ley, entre
ellos el Ministerio de Seguridad del
Estado y el Ministerio de Seguridad
Social. En concreto, hubo informes de que
los funcionarios de los centros de
detención recurrían a palizas, tortura y
restricción de alimentos para obtener
“confesiones” o controlar a la población
interna.
1. Corea del Norte: El gobierno debe garantizar
el acceso a las vacunas contra la COVID-19
durante el brote de Ómicron, 12 de mayo
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IRÁN ESTÁ EJECUTANDO A
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