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Un análisis de la sentencia t-027 de 2025 de la corte constitucional de colombia, que aborda un caso de violencia de género y amenazas de muerte. El documento explora el problema jurídico central, la tesis jurídica de la decisión, y ofrece comentarios y una postura crítica sobre la temática debatida por la corte. Se destaca la obligación del estado de garantizar la protección de las víctimas de violencia, particularmente en casos de violencia de género, y la necesidad de una respuesta pronta y eficaz ante denuncias de violencia.
Tipo: Exámenes
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-Desarrollar las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. -Fortalece procesos cognitivos tales como la conceptualización, la comprensión, el análisis y la síntesis. RECURSOS: Sentencias facilitadas por el docente. TEMA: DELITOS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR- FEMINICIDIO ESTUDIO ANALÍTICO DE SENTENCIAS JUDICIALES GRUPO DE TRABAJO: I. Referencia Providencia Corporación: Sala primera de revisión de la corte constitucional Fecha: 4 febrero 2025 Expediente: T-10.311. Decisión: o La Corte Constitucional concedió el amparo invocado por Cristina. o Ordenó a la fiscalía ampliar la denuncia de la accionante y que se adopten medidas adicionales para proteger su vida e integridad. Además, se le deberá proporcionar ayuda psicológica a la accionante. 1 o La Corte hizo énfasis en que las autoridades deben abordar con perspectiva de género denuncias de violencia contra la mujer desde el momento en que son amenazadas.
o La corte tambien resalto la importancia de que las autoridades deben actuar de forma proactiva, pronta y coordinada para evitar feminicidios. II. Síntesis de los Hechos La Sentencia T-027 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia aborda el caso de una mujer, identificada como Cristina, quien fue víctima de amenazas de muerte por parte de su expareja, un ciudadano estadounidense llamado John Smith. Tras finalizar su relación debido a agresiones físicas e intentos de abuso sexual durante un viaje a Estados Unidos en 2022, John Smith emprendió una campaña de desprestigio contra Cristina en su lugar de trabajo y le envió mensajes insultantes. A pesar de que Cristina presentó dos denuncias, la Fiscalía archivó la primera por falta de individualización del presunto autor. Posteriormente, Cristina recibió amenazas directas que incrementaron su temor por su seguridad y la de su familia. En respuesta, la Corte ordenó a la Fiscalía ampliar la denuncia, evaluar el nivel de riesgo de Cristina, avanzar diligentemente en la investigación y considerar la extensión de medidas de protección a su núcleo familiar. Además, la Corte instó a la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá a brindar acompañamiento psicosocial a la accionante. III. El Problema Jurídico Central El problema jurídico central de la Sentencia T-027 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia radica en la posible vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, Cristina, frente a la omisión de las autoridades judiciales en la investigación y protección de su seguridad, tras haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de su expareja. En concreto, el caso pone de manifiesto el derecho a la protección frente a la violencia basada en género, así como la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia. Esto incluye la obligación de las autoridades judiciales de investigar de manera oportuna y exhaustiva las denuncias y de adoptar medidas efectivas de protección ante el riesgo de daño a la víctima y su entorno familiar. La Corte analizó si la falta de diligencia por parte de la Fiscalía y la ausencia de medidas de protección efectivas
víctimas de violencia. Al abordar un caso de violencia de género y amenazas de muerte, la Corte refuerza un principio clave: la obligación del Estado de garantizar medidas de protección y una respuesta oportuna ante denuncias de violencia, particularmente en situaciones que involucran a víctimas vulnerables. La decisión resalta dos elementos fundamentales:
enfatizado con mayor insistencia la necesidad de una respuesta constitucional eficaz y protectora frente a situaciones de violencia y abuso. En este sentido, la Corte Constitucional se alinea con un enfoque más humanitario y de derechos humanos, al exigir no solo la investigación de los hechos, sino también que se tomen medidas inmediatas para proteger a las víctimas de manera integral. Esto es particularmente relevante en el contexto colombiano, donde las mujeres siguen siendo víctimas frecuentes de violencia machista y feminicidios, y donde la respuesta estatal a menudo es insuficiente o tardía. En resumen, la postura de la Corte Constitucional en este caso refleja un compromiso claro con la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, destacando la importancia de una justicia pronta y eficaz que considere las circunstancias particulares de cada víctima y actúe sin dilaciones. En la sentencia C-591 de 2005, al revisar lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, la Corte destacó entre las funciones que la fiscalía general de la Nación debe cumplir en relación con las víctimas en el nuevo sistema procesal de tendencia acusatoria, que debe: