Análisis Económico de la Ley Orgánica de Precios Justos en Venezuela, Transcripciones de Derecho

¡Descarga Análisis Económico de la Ley Orgánica de Precios Justos en Venezuela y más Transcripciones en PDF de Derecho solo en Docsity!

LEY ORGÁNICA DE PRECIOS

JUSTOS: UN ANÁLISIS

ECONÓMICO Y POLÍTICO

DOCUMENTOS CEDICE OBSERVA

RAMÓN REY Y LEONARDO REY

Promoviendo el Diálogo Democrático a

través del Análisis Legislativo y Económico

AUTORES

SOBRE LOS AUTORES

Licenciado en Economía Empresarial, Universidad Metropolitana Investigador del Observatorio Economico Legislativo CEDICE Libertad

RAMÓN REY

Licenciado en Estudios Liberales, Universidad Metropolitana Investigador del Observatorio Economico Legislativo CEDICE Libertad

LEONARDO REY

RESUMEN EJECUTIVO

Esta investigación que el Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Libertad, realizo con fines académicos y divulgativos tiene como objeto, generar conocimiento acerca de la importancia para las políticas públicas de profun- dizar antes de ser aprobadas, los costos y beneficios que estas tienen para los ciudadanos. Este trabajo sobre la L ey Orgánica de Precios Justos: un análisis económico y político , elaborado por los investigadores Ramón y Leonardo Rey, expone como los costos de esta Ley supera los beneficios para los sectores mayoritarios de la nación.

Ante la utilización de mecanismos inflacionarios para el financiamiento de déficits presupuestarios por parte del Gobierno venezolano, el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios en el mercado nacional ha registra- do un vertiginoso aumento. Esto ha incentivado una mayor participación estatal en el ámbito económico a través del decreto de la Ley Orgánica de Precios Justos promulgada por Ley Habilitante. El alcance nacional de esta Ley Orgánica hace necesario el análisis de sus implicaciones institucionales desde un enfoque multidisciplinario que se extiende a lo largo de los tres capítulos presentados que conforman la investigación.

El primero de estos capítulos aborda el contexto histórico, político y económico que precede a la promulgación de la Ley, resaltando el origen y evolución de los problemas económicos que esta pretende combatir, relativos a la evo- lución político-ideológica del gobierno de Hugo Chávez. El segundo capítulo comprende una descripción analítica de los artículos que dan cuerpo a la Ley Orgánica y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDDE, realizando algunas consideraciones sobre la naturaleza invasiva de su metodología, y las consecuencias sobre la expansión del Poder Ejecutivo. El tercer capítulo aborda el tema de la efectividad esperada en el funcionamiento de la SUNDDE, desde la óptica de la Escuela Austríaca de economía.

El análisis realizado establece que la Ley Orgánica de Precios Justos, en conjunto con la institucionalidad implemen- tada por ésta, evidencia el aprovechamiento por parte del Presidente de la República de sus capacidades de legis- lación temporales y discrecionales, con el fin acrecentar el alcance del poder del Ejecutivo sobre todos los aspectos de la vida económica ciudadana. Desde la perspectiva del pensamiento económico, la asignación de precios a través de metodologías contables o asignación arbitraria, destruye la capacidad por parte de los mecanismos autónomos del Mercado de dirigir al proceso productivo hacia las necesidades más apremiantes, a la vez que se introducen im- portantes desequilibrios macroeconómicos que comprometen al funcionamiento del sector empresarial venezolano.

INTRODUCCIÓN

En países de institucionalidad democrática establecida, pero culturalmente propensos a caudillismos y pater- nalismos estatales, resulta una práctica común la uti- lización de fondos públicos para obtener el favor del “pueblo” y consolidar un capital político que garantice el acceso o la permanencia en los puestos de poder. Tal utilización de la discrecionalidad fiscal por parte del go- bierno tiende a elevar los niveles de gasto público por encima de los ingresos tributarios y por otros conceptos disponibles, lo cual presenta déficits presupuestarios cuyo financiamiento introduce distorsiones económicas importantes.

Al norte del sur, Venezuela se perfila como un país con las características mencionadas, pues los elevados nive- les de gasto social que han impulsado los gobiernos de la Era Bolivariana han obligado a un financiamiento por mecanismos inflacionarios que han comprometido pro- gresivamente al poder adquisitivo de sus ciudadanos, sirviendo tal escenario como incentivo para la imple- mentación de prácticas paliativas, entre ellas, los con- troles generalizados de precios.

El decreto por parte del Presidente Nicolás Maduro de la Ley Orgánica de Precios Justos, y la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, obedece a tales esfuerzos mencionados, aunque con alcance y discrecionalidad sin precedentes en la historia económica y política del país. De esta manera quedan sentadas las bases de la investigación presente, la cual intenta realizar un análi- sis político-económico del documento de Ley.

En persecución de tal fin, el documento presente se di- vide en tres capítulos que utilizan diferentes puntos de vista para el análisis de la Ley Orgánica de Precios Justos.

El primer capítulo intenta discernir el escenario en el

cuál ocurre el surgimiento de la SUNDDE, haciendo un breve recuento histórico de las características políticas y económicas del período que inicia en 1998 con el as- censo del Presidente Hugo Chávez, en el contexto del colapso institucional de la llamada “IV república”, hasta la llegada de Nicolás Maduro y su atribución de poderes legislativos a través de una Ley Habilitante, cuidando de resaltar los problemas económicos que han sido una afectación constante e incremental a lo largo del perío- do en cuestión.

El segundo capítulo ejecuta un análisis más específi- co de los artículos que componen el Decreto con Ran- go, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en Gaceta Oficial 40.340 de enero de 2014. Se realiza así en esta sección un análisis detallado, acom- pañado de ciertas consideraciones, de los elementos más ilustrativos del contenido de la Ley, a través de la aplicación de un particular énfasis en aquellos artícu- los que den información acerca del rango y las atribu- ciones consagradas en la misión formal declarada de la Institución, de la metodología utilizada para la determi- nación de los márgenes de ganancia, de la tipificación de la estructura punitiva y de los delitos económicos, así como de la manera en que esta institución se integra en el entramado burocrático del Estado.

En el tercer y último capítulo, se exponen unas breves consideraciones sobre la efectividad esperada de la SUNDDE en el marco de sus atribuciones, utilizando para tal fin algunos conceptos teóricos desprendidos de la Escuela Austríaca de Economía, específicamente aquellos que profundizan en los procesos de formación de precios y las consecuencias de la sustitución de esos mecanismos por unos de planificación centraliza- da, apoyando los argumentos con ejemplo ocurridos en Venezuela a lo largo del último año.

INTRODUCCIÓN

de importancia a aliados cercanos al proyecto chavis- ta. Similarmente, el paro petrolero impulsa una purga dentro de la empresa estatal, en la cual se despiden cer- ca de 18.000 empleados por oponerse a las políticas económicas que adelantaba el Gobierno. Contando aho- ra con el control del estamento militar y de la capacidad petrolera nacional, los años inmediatamente siguientes, 2003 y 2004, se convertirán en el escenario de diseño y ejecución de las primeras políticas públicas de carácter eminentemente populista, entrando en funcionamiento las llamadas misiones que promueven estructuras de administración pública paralelas a la legalidad tradicio- nal estatal (López Maya 2008).

Este notable aumento en el poder político-económi- co del Estado, consolidado después de las convulsas coyunturas de los años 2002 y 2003, facilita la aplicación de numerosas políticas orientadas al cumplimiento de objetivos consagrados dentro de una visión ideológica que se cristaliza progresivamente en una visión abierta- mente socialista. Tales objetivos son hoy en día tipifica- dos de manera clara en el “Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019” o “Plan de la Patria”, presentado a la Asamblea Nacion- al el 28 de septiembre de 2013, en donde se consagra la búsqueda de “la construcción del socialismo nuestro para alcanzar la suprema felicidad social del pueblo (…) trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista al modelo económico productivo socialista (…)”, lo cual pasa por “la necesaria promoción de una nueva hege- monía ética, moral y espiritual que nos permita superar los vicios (…) del viejo modelo de la sociedad capitalista” (Plan de la Patria, 2013, pág. 12).

Para la búsqueda del cumplimiento de este llamado “ob- jetivo histórico” fue una ocurrencia bastante común la atribución de poderes especiales al Presidente a través de la herramienta de Ley Habilitante. Atribuciones lo suficientemente extensivas como para que se considere que “por esa vía se configuró la legalidad e institucio- nalidad del modelo socialista” (Deniz, R. 2014). A través de cuatro leyes habilitantes promulgadas en los años 1999, 2001, 2007 y 2010 se aprobaron o reformaron 215 leyes. Resaltan las Habilitantes de los años 2007 y 2010,

en las que la duración de los poderes especiales adju- dicados al Presidente fue tres veces más larga que en los casos anteriores (de 6 a 18 meses), y que se utiliza- ron para avanzar proyectos de Ley que acrecentaron el control del Estado sobre la economía privada, modifi- caciones tributarias, así como un entramado de normas que crearon una institucionalidad orientada hacia una “economía popular” y “producción social” (Ibíd.).

A pesar del recién descrito avance y consolidación del proyecto ideológico chavista, y de los considerables recursos políticos y administrativos a disposición para apoyarlo, Venezuela ha estado sujeta a una importante serie de problemas económicos que han condicionado su desarrollo.

La economía venezolana ha sido considerada histórica- mente como una de carácter inflacionario, registrando una tasa de inflación promedio desde el año 1998 al 2013 del 24,65%, de acuerdo a cifras del Banco Central de Venezuela (gráfico 1). Tal aumento de precios sosteni- do en el tiempo, de acuerdo a Mishkin (1984), obedece al significativo crecimiento de la masa monetaria, en concordancia con la icónica frase del Premio Nobel de economía, Milton Friedman (1970), quien explica: “La in- flación es siempre, y en todas partes un fenómeno mon- etario”.

Gráfico 1. Variación anual de la tasa de inflación (1998-2013) Fuente: Banco Central de Venezuela

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Inflación (Variación Anual) Lineal (Inflación (Variación Anual))

A modo de explicación de las causas de las elevadas tasas de crecimiento monetario que degeneran en el aumento de los precios de bienes y servicios en una economía, Mishkin (Ibíd.) comenta que las mismas tienen su origen en las políticas inflacionarias impulsadas por los gobiernos, aceptando sin embargo que gobernantes y planificadores de políticas públicas reconocen a éstas como un fenómeno económico indeseable, por lo que su aplicación es la necesaria consecuencia de la perse- cución de objetivos políticos considerados como más importantes. El investigador identifica dos posibles fines para tal tipo de política monetaria: la mejora en los nive- les de empleo, o el financiamiento de altos niveles de gasto público sin tener que incurrir en elevados niveles de impuestos. En Venezuela, de acuerdo al economista Zambrano Sequín (2013), la justificación de las políticas inflacionarias corresponde al segundo caso, debido a los importantes niveles de inversión social destinada a con- solidar el capital político del partido gobernante.

Existe, sin embargo, otra fuente adicional de presión inflacionaria en Venezuela: el control cambiario (Tabla 1.), establecido en el año 2003 como mecanismo de prevención de fuga de capitales tras el paro petrólero. El éxito de esta medida queda puesto en duda, en tanto que, entre los años 2003 al 2010, salieron del país US$ 116.240 millones (Oliveros, 2011).

El mecanismo cambiario se ha convertido desde en- tonces en una importante herramienta de control político, pues de esta manera el Estado se ha converti- do virtualmente en la única fuente de divisas del país, dado que el 97,6% de las exportaciones son generadas a través de la actividad de la petrolera estatal Pdvsa. Arreaza y Grisanti (2012) afirman que tal discrecionali- dad en el otorgamiento de divisas, en un país con altos niveles de dependencia en las importaciones, y con un sector privado incapaz de generar fuentes de divisa pro- pias, otorga al Ejecutivo un importante poder político y económico sobre el sector empresarial venezolano.

1.400.010. 1.200.010. 1.000.010. 800.010. 600.010. 400.010. 200.010.

1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013

Gráfico 2. Liquidez Monetaria expresada miles de bolívares (1998-2013). Fuente: Fondo Monetario Internacional

Liquidez Monetaria (M2) Lineal (Liquidez Monetaria (M2))

Gráfico 3. Déficit Primario (1998-2013) Fuente: Fondo Monetario Internacional

10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Déficit Primario Lineal (Déficit Primario)

Ante el escenario recién descrito, el Gobierno Central se ha considerado en la necesidad de impulsar políti- cas públicas orientadas a tratar de detener el avance de los procesos inflacionarios y revertir los altos nive- les desabastecimiento, tratando de mantener y avanzar las estructuras del control del Estado sobre la economía. Tal necesidad es la que ha impulsado la creación de diferentes leyes destinadas al control de los precios. Los primeros mecanismos de este estilo se establecieron inicialmente en febrero del año 2003, tras la publicación en Gaceta Oficial de la primera lista de 45 bienes y 7 servicios considerados como de “primera necesidad”, fijándose así precios máximos de venta al público tasa- dos por el Ejecutivo Nacional (Abadi y Raguá, 2014). Des- de aquella primera regulación, se ha dado continuidad a este tipo de política, a la vez que la misma se ha expandi- do cada vez a más industrias, siempre con el expreso fin de disminuir los elevados niveles de inflación en estos sectores. Sin embargo, la iniciativa de planificación cen- tralizada se ha mostrado como una política de marcada ineficiencia (Grafico 4). Éstos, a su vez, han degenerado en una escasez cada vez más pronunciada de los bienes regulados debido al refuerzo por parte de los planifica- dores por alcanzar por la fuerza los objetivos iniciales.

En los años 2010 y 2014, se promulgaron leyes que continúan la línea de acción recién descrita, y, además, adjudican al Ejecutivo Nacional una serie de poderes significativamente más extensos para la consecución de los fines que no se han logrado alcanzar. La última de éstas leyes es la que se establece como el objeto de la presente investigación.

Gráfico 4.- Inflación de bienes controlados y no controlados (2009 – 2013). Fuente: Banco Central de Venezuela

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Inflación de Bienes Controlados Inflación de Bienes No Controlados

2009 2010 2011 2012 2013

CAPÍTULO 2. ASPECTOS

FUNDAMENTALES DE LA LEY

ORGÁNICA DE PRECIOS

JUSTOS

2.1 PRECEPTOS GENERALES

DE LA LEY ORGÁNICA DE

PRECIOS JUSTOS

El Presidente Nicolás Maduro recibió, en noviembre de 2013, la aprobación, por parte de la Asamblea Nacion- al, de la primera Ley Habilitante^2 de su gobierno, quinta desde 1999, otorgada en función de la lucha contra la corrupción y en defensa de la economía. Tal atribución legislativa al poder Ejecutivo es la utilizada para decretar con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica a la iniciativa de Ley de Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial 40.340 en enero del año siguiente.

El texto legal, el cual se extiende a lo largo de 82 artícu- los, establece como objetivo, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1:

“…asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica

y comercial, a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y trabajadores; el acce- so de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades; establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, para la consolidación del orden económico socialista productivo” (p.02).

Se entiende entonces, de acuerdo a lo citado, que el documento legal obedece al objetivo por parte del Gobierno Central de hacerle frente al precario con- texto económico en el cual hacen vida los ciudadanos venezolanos actualmente, destacando como los prin- cipales problemas en este ámbito, los altos niveles de inflación, la cual, de acuerdo a cifras del BCV (2014), alcanzó en agosto la tasa anualizada del 63,42%, y la escasez de productos, cuyo último índice publicado por el BCV en marzo del 2014 dio a conocer una ausencia general de productos del 29,4%.

La Ley Orgánica en cuestión continúa en su Artículo 3 con la exposición de fines de la misma, adjudicán- dose ocho objetivos en total a la vez que se otorga

(^2) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 203 de la Constitución: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley” (p.104).

(^4) Cursivas nuestras

Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facul- tad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. 4 ”

“[Artículo 113] El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”

“[Artículo 117] Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenidos y características de los productos y servi- cios que consumen; a la libertad de elección y a un

trato equitativo y digno.” (Constitución, p63-65)

Luego, el Artículo 258, del título V sobre el Poder Judi- cial, que establece medios alternativos de resolución de conflictos:

“La ley organizará la justicia de paz en las comu- nidades, los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme con la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos” (p 110)

Por último, el artículo 281, numeral 6, del título V, dedi- cado a la Defensoría del Pueblo y sus atribuciones. Esta- blece lo siguiente: “Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hu- biere lugar por la violación de los derechos públicos del consumidor y usuario, de conformidad de la ley” (p118).

Todo lo recién descrito muestra los fundamentos más generales de la Ley de Precios Justos, pudiendo inferir

de ellos ciertas pistas sobre sus fines, y su relación a los principios ideológicos bajo los cuales se rige el Gobier- no de Nicolás Maduro. Sin embargo, es necesario resal- tar el contenido de dos artículos específicos, en tanto las repercusiones de los mismos delatan la extensión del control que el Estado se adjudica sobre los agentes económicos de la Nación.

El primero de estos es el Artículo 2°, en el que se consa- gran que “quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las personas naturales y jurídicas de derecho públi- co o privado […] que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela” (pág. 2). A pesar del amplio rango que ya de por sí este artículo confiere a la Ley, se complementa posterior- mente con el Artículo 7°, que a su vez consagra que:

“Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e in- terés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades económicas de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios. El Ejecutivo Nacional puede iniciar el procedimiento ex- propiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económi- cos y administrativos (…).

En todo caso, el Estado podrá adoptar medida de ocu- pación temporal e incautación de bienes mientras dure el procedimiento expropiatorio (…).” (Ibíd.)

Las repercusiones que emanan de estos dos artícu- los son de profunda gravedad. Pone a disposición del Ejecutivo Nacional toda actividad económica dentro de las fronteras de la Nación, por lo que se compromete de forma evidente el derecho a la propiedad privada en función del beneficio de un impreciso concepto de “pueblo” o “utilidad pública”. Es en tanto a estos amplios poderes que se hace necesario el análisis de la Insti-

tución que emana de esta Ley Orgánica, y que busca darle cuerpo y operatividad: la Superintendencia Nacio- nal para la Defensa de los derechos Socioeconómicos (SUNDDE). Es a través de las prerrogativas asignadas a esta institución que se puede apreciar la acción de las pretensiones de control del Estado sobre los agentes económicos, así como también la naturaleza paliativa de su gestión, en el marco de las dificultades económicas contemporáneas de la Nación.

2.2 SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDEE)

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos es concebida dentro de la Ley Orgánica de Precios Justos como un órgano descon- centrado del Poder Ejecutivo, adscrito a la Vicepresi- dencia Económica de Gobierno, que busca impulsar la construcción de un orden económico enmarcado en la ética socialista bolivariana^5 y que cuenta con la potes- tad para dotarse a sí mismo de un reglamento interno del que derive la estructura organizativa de la que se desprenderá el ejercicio de sus funciones^6.

Sobre esta institución recaen las funciones que nor- malmente son un resultado natural de las dinámicas espontáneas de un mercado libre. Es decir, la SUNDDE ve como su competencia la determinación, modificación y control de los precios de todos los bienes y servicios, así como de los procesos productivos y distributivos de la nación^7. El diseño, la implementación, el control y la evaluación de los mecanismos que se utilicen para tal fin son parte de las prerrogativas metodológicas de la institución^8 , siendo la herramienta fundamental para

(^5) Ley orgánica de Precios Justos, artículo 20, numeral 2. (^6) Ibíd. Artículo 10 (^7) Ibíd. Artículo 24 (^8) Ibíd. Artículo 11, numeral 2 (^9) Ibíd. Artículo 11, numeral 3

la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación” (Ley Orgánica, 2014.). Bajo lo establecido, se condiciona y limita notablemente lo consagrado en el artículo 68 de la Constitución, donde se afirma el dere- cho ciudadano a “manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley” (p47- 48). Por esto, ambos delitos denotan una expansión de las posibilidades de control político más que de protec- ción económica.

Visto lo anterior, se aprecia que la SUNDDE, en el mar- co de sus atribuciones, se establece como un organismo que extiende de manera considerable la capacidad de control del Estado. Pero no se puede dejar de notar que, por su carácter desconcentrado, tal acrecentamiento de poder expande exclusivamente las atribuciones del Poder Ejecutivo. Un análisis detenido de sus artículos constitutivos revela la verdadera extensión de esta subordinación, y las especiales prerrogativas que se reservan exclusivamente al Presidente de la República.

Lo primero que se ve es que, formalmente, la SUNDDE se encuentra adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno. Todos los recursos y bienes que conforman el patrimonio de la SUNDDE se desprenden directamente de la asignación por parte del Ejecutivo 23 , entidad que también rige su administración en tanto el Superinten- dente se ve en la obligación de presentar al Vicepresi- dente el plan de acción semestral de su organización^24. Es de notar que tanto el Vicepresidente del Área Económica de Gobierno como el Superintendente rector de la SUNDDE, están sujetos al libre nombramiento y remoción por decreto del Presidente de la República^25 , clara indicación del nivel de dependencia de la SUNDDE al poder directo del Presidente.

Tal discrecionalidad por parte del Presidente hace que el cargo de Superintendente sea similar al de un Minis-

tro, pero mientras que los Ministerios se ven en la obli- gación de someterse al control de la Asamblea Nacional a través de la presentación de la Memoria de Gestión una vez al año, el Superintendente ha de presentar su propio informe directamente al Presidente de la República^26 , limitando el control constitucional que la Asamblea debe ejercer sobre esta faceta del Poder Ejecutivo.

Además, el Presidente de la República también se adju- dica una serie de prerrogativas importantes en el mar- co del funcionamiento de la SUNDDE. En primer lugar, el Superintendente debe enmarcar sus acciones dentro de los límites impuestos por las políticas económicas dictadas por el Presidente^27 , y su nombramiento al cargo depende de su compromiso con la ideología del partido actual de gobierno^28. En segundo lugar, el Presidente se reserva la potestad de delegar las atribuciones consa- gradas en el Numeral 3 de artículo 11 de la Ley Orgánica de Precios justos, es decir, la fijación de precios máxi- mos^29. Y, por último, es también potestad del Presidente, en los casos que se consideren estratégicamente benefi- ciosos, la revisión y modificación del margen máximo de ganancia regulado por la Ley^30.

A través de las atribuciones otorgadas con la Ley Ha- bilitante, haciendo uso de un decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica, el Presidente de la República aprovechó su potestad temporal para legislar dentro del cuerpo legal de la nación un aumento de sus propios poderes.

(^23) Ibíd. Artículo 14. (^24) Ibíd. Artículo 20, numeral 4. (^25) Ibíd. Artículo 18. (^26) Ibíd. Artículo 20, numeral 8. (^27) Ibíd. Artículo 20, numeral 3. (^28) Ibíd. Artículo 20, numeral 2. (^29) Ibíd. Artículo 11. (^30) Ibíd. Artículo 32.

CAPÍTULO 3.

CONSIDERACIONES ACERCA

DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

ORGÁNICA DE PRECIOS

JUSTOS

Los controles de precios en industrias específicas, e in- cluso en economías de naciones enteras, resultan ser políticas económicas de frecuente uso en el repertorio histórico de planificadores centrales (Mises, 1949). Es por esta razón que el tema ha sido centro de una am- plia literatura en la investigación económica, y las con- secuencias de tales decisiones reguladoras, bien esta- blecidas. Para entender el efecto de la Ley Orgánica de Precios Justos en la economía venezolana, se presentan los basamentos teóricos desde una perspectiva funda- mentada en la metodología y pensamiento de la escuela austríaca de economía.

Bajo el axioma de la acción por parte del hombre, es de- cir, el comportamiento deliberado del mismo, se observa que éste es incentivado por la posibilidad de pasar del estado actual a uno más satisfactorio, una vez visualiza- do un objetivo plausible, e identificado los medios para alcanzarlo (Rothbard, 1962). Puesto que toda acción hu- mana tiene lugar en el tiempo, y este es escaso, al igual que los medios disponibles para su ejecución, aquel que actúa debe escoger entre sus necesidades presentes,

cuáles satisfacer y cuáles no, esto de acuerdo a su escala de valores personal.

De acuerdo a Rothbard, “un individuo decidirá si reali- za o no un intercambio sobre la base de las posiciones relativas de dos bienes en su escala de valores”, de esta manera, para que se dé un intercambio mercantil entre dos personas, “el precio mínimo de venta del vendedor debe ser menor que el precio máximo de compra del comprador” (1962. p105). Si bien la realidad es de una complejidad extremadamente mayor, el principio de que la escala de valores de los agentes económicos dictami- na si se hará o no intercambios mercantiles, se mantiene, determinando a través de la interacción entre la oferta y la demanda, el precio de un bien en el mercado.

Resulta preocupante que el documento legal correspon- diente a la investigación ignore los mecanismos de for- mulación de precios explicados, a favor de un enfoque planificador que impulse el establecimiento de precios seleccionados de acuerdo a metodologías contables, en concordancia con lo establecido en el Artículo 27, e

(^2) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 203 de la Constitución: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley” (p.104).

de tres años, y con una estructura de costos alimenta- da por tasas de inflación de hasta tres dígitos, mantuvo constantes pérdidas operativas que terminaron por comprometer permanentemente la rentabilidad de su funcionamiento en el mercado nacional, cerrando sus puertas en septiembre del presente año (Reuters, 2014).

La docilidad por parte de la ciudadanía venezolana, y de las gentes sometidas a este tipo de políticas a lo largo de la historia, resultan comunes acompañantes a iniciati- vas de esta naturaleza. Esto se debe, de acuerdo a Hayek (1944), a la aceptación del argumento por parte de la población de que la vida económica es una de carácter secundario y de relativa poca importancia, asumiendo a ésta como lastre que impide la realización humana a través de la búsqueda de objetivos mayores.

“A la vez que se nos sugieren estas seguridades, se nos sugiere corrientemente que cediendo la libertad en los aspectos que son, o deben ser, menos impor- tantes de nuestras vidas, obtendremos mayor liber- tad para la prosecución de los valores supremos. Por esta razón, las gentes que aborrecen la idea de una dictadura política claman a menudo por un dictador en el campo económico”. (p. 178).

Ocurre, sin embargo, que los fines estrictamente económi- cos no se encuentran separados del resto de fines en la vida de un individuo. Hayek explica que los objeti- vos últimos de las actividades de los seres racionales nunca resultan de carácter económico, entendiéndose entonces que no existe un móvil económico, sino facto- res de esta naturaleza que “condicionan nuestros afanes por otros fines” (1944. P178) no especificados. De esta manera, al encontrarse sometido el desenvolvimiento económico del individuo a la voluntad del planificador central, su capacidad para escoger qué fines perse- guir en concordancia, queda supeditado cada aspecto de su vida, desde la naturaleza de su trabajo hasta las actividades de ocio que se le permiten, a una voluntad ajena y desconocedora de las preferencias y objetivos individuales, sustituyendo la libertad de acción por una vida de servidumbre forzada.

Finalmente, se establece que aquella libertad, a la que progresivamente se renuncia bajo la retórica y sofismas del Gobierno Central explicados, es el fundamento del resto de las libertades del hombre, pues ninguna otra puede existir sin el derecho a elegir. Tal capacidad de volición se encuentra garantizada exclusivamente por la libre acción económica, asumiendo de esta manera el costo del riesgo y responsabilidad de ejercer nuestra voluntad. (Hayek, 1944).

CONCLUSIÓN Y

RECOMENDACIONES

Se puede apreciar desde un primer momento que la gestión de los dos gobiernos de la era Bolivariana han perseguido la fundamental aspiración de cortar con el pasado, sujetos a la necesidad de dejar atrás y para siempre los principios y mecanismos del tan denigrado “Neoliberalismo”, infame en Latinoamérica desde media- dos de la década de 1980. En el afán de la búsqueda de un futuro radicalmente distinto, Hugo Chávez y Nicolás Maduro han aplicado sobre Venezuela un conjunto de políticas públicas de corte socialista, ideología alabada como la antípoda del capitalismo neoliberal, ignorando las lecciones dejadas por la historia y por los grandes exponentes del pensamiento económico contemporá- neo. Ante tal omisión, Venezuela padece ahora de una serie de problemas económicos crónicos, consecuencia de los elementos más fundamentales que se esconden detrás del modo de operar de la ideología socialista, del pensamiento populista, de la persecución del poder he- gemónico y de la identificación como enemigos de todos los representantes de la iniciativa privada, exponentes por excelencia de la voluntad de libertad.

En el proceso de tal empresa “revolucionaria”, a la cual se ha sujeto a Venezuela durante 15 años, se inserta la Ley Orgánica de Precios Justos y la Superintendencia Nacio- nal para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Se adjudican a sí mismas la elogiable responsabilidad de proteger el poder adquisitivo de los menos privilegiados: las bajas clases sociales y los trabajadores, estereotípi- cas víctimas irredentas en el imaginar de los pensadores socialistas. Ignoran, sin embargo, con intención o con genuino desconocimiento, al abrumador déficit fiscal e hipertrófica masa monetaria como los principales cau- santes de los problemas que intentan combatir. En su lugar, anuncian por todo lo alto que la escasez y la in- flación azotan a Venezuela pues los empresarios y los capitalistas, seres moralmente deplorables y consumi-

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

dos por una avaricia destructiva, tienen el poder para desafiar la voluntad del Estado, el cual, en manos del mismo gobierno por más de una década, ha hecho y deshecho bajo la libertad que le confiere la disposición de gigantescos ingresos coyunturales desprendidos de la industria petrolera.

Es detrás de esta disonancia cognitiva que la SUNDDE y la Ley Orgánica operan con herramientas y metodologías tradicionales de los Estados centralistas, pero resaltan en función del amplio rango de su jurisdic- ción. Todo aquel que produzca, movilice y/o venda bienes o servicios dentro del territorio nacional, sea un sujeto individual o una persona jurídica, ve enajenada su capaci- dad de valorar sus propios esfuerzos. El Estado secuestra esa prerrogativa esencial de la libertad individual, pues se piensa capaz de garantizar un concepto particular de justicia a través de un engrandecimiento absurdo de sus responsabilidades. El mercado libre funciona pues sus dinámicas se rigen por leyes naturales, pretender poder tomar decisiones por sobre la voluntad de más de treinta millones de almas es una iniciativa que tiene todo a fa- vor de fallar estrepitosamente.

Al final del día, esta empresa no hará nada por beneficiar a aquellos quienes son más vulnerables a los embates de la ineficiencia de un ámbito económico nacional in- tervenido y desnaturalizado. Los pobres seguirán siendo pobres, tendrán menos para comprar, y su dinero valdrá menos. Esperemos que vean justificado el sacrificio de su bienestar en favor del único logro que la SUNDDE puede aspirar a lograr: Acrecentar el poder de aquel que ocupe el asiento de la Presidencia de la República.