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Un análisis profundo de la sentencia 181 de 1997, la cual trata sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 del decreto 960 de 1970, que regula la función notarial en colombia. El análisis explora la naturaleza jurídica del notario público, su relación con el estado, el servicio público, la carrera administrativa y la remuneración. Se destaca la importancia de la función notarial como autoridad pública y se analizan los criterios para determinar la incompatibilidad de la función notarial con otras funciones de autoridad.
Tipo: Apuntes
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PRESENTADO POR: MICHELLE MARTINEZ BENITEZ Y ANA MARIA TUQUERRES VELASCO PRESENTADO A: DR. JULIO CESAR TOBAR MATERIA: DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO SEPTIMO SEMESTRE DIURNO
Identificación de la Sentencia: Sentencia 181 de 1997. Corte Constitucional de la República de Colombia Referencia: Expediente D- Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2o. (parcial) del Decreto 960 de 1970 que regula el Estatuto de Notariado. Demandante: Jorge Luis Pabón Apicella Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ, quien tuvo a su cargo la elaboración del proyecto de sentencia. Análisis Jurisprudencial y conceptos básicos: En primera instancia, se mencionará de manera expresa la aclaración que hace la corte acerca de las definiciones de autoridad pública y servidor público, “la autoridad, en términos generales y tomada en un sentido objetivo es la potestad de que se halla investida una persona o corporación, en cuya virtud las decisiones que adopte son vinculantes para quienes a ella están subordinados. Esa autoridad es pública cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen. Subjetivamente hablando, la expresión autoridad sirve para designar a quien encarna y ejerce esa potestad. El artículo 123 de la Carta Política de modo general define quiénes son servidores públicos, denominación ésta que comprende a todos los empleados estatales, abstracción hecha de su nivel jerárquico y de sus competencias específicas. (...) "... mientras las expresiones "servidores públicos" son adecuadas para referirse a todas las personas que laboran para el Estado en cualquiera de las ramas del poder, bien sea en los órganos centrales o en las entidades descentralizadas o por servicios, los términos "autoridades públicas" se reservan para designar aquellos servidores públicos llamados a ejercer, dentro del ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados". A su vez señala el señor Procurador en su intervención que distintas normas,
esta forma puedan ejercer la fe pública, actuando como autoridades públicas, considerando necesaria la necesidad de garantizar la imparcialidad, se estima que la incompatibilidad entre la función notarial y el ejercicio de autoridad o jurisdicción es necesaria para evitar conflictos de intereses y garantizar la imparcialidad de los notarios. Es necesario aclarar que se debe tener en consideración la función notarial como eje central del caso en concreto, en esta instancia, la sentencia C- 181/97, gira en torno a la figura del notario y su papel dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Esta sentencia es esencial porque delimita con claridad la naturaleza de la función notarial, sus alcances y las restricciones que la acompañan. Para poder dilucidar este asunto de una mejor manera y obtener un análisis óptimo, es necesario tener presente los siguientes puntos esenciales para comprender el fenómeno de los particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, teniendo presente el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que la administración de justicia es una función pública, indelegable e inalienable y que a su vez se entiende como el conjunto de actividades encaminadas a la aplicación del derecho, a la resolución de conflictos y a la protección de los derechos fundamentales. La Sentencia C-181/97, busca garantizar, la independencia judicial , evitando que los notarios ejerzan funciones judiciales, se previene la posible influencia de intereses particulares en la administración de justicia, además de la necesidad de esclarecer y dictaminar la seguridad jurídica, estableciendo límites claros a la función notarial, contribuyendo a que los ciudadanos pueden confiar en la imparcialidad y objetividad de los actos notariales. Además del artículo 116, es importante aclarar que existen otras normas constitucionales relevantes para entender y reforzar el análisis de la Sentencia C-181/97, los cuales son:
referencia a la organización judicial y a los principios que rigen la administración de justicia.
Las conclusiones presentadas sobre la naturaleza jurídica del notario público en Colombia ofrecen un análisis detallado y profundo de la materia. Se esclarece un esfuerzo por ubicar a la figura del notario dentro de una estructura compleja como lo es el del servicio público, a la vez que se distinguen sus particularidades. Es de conocer los aspectos positivos, como por ejemplo el del enfoque integral, considerando aspectos como su relación con el Estado, el servicio público, la carrera administrativa y la remuneración, en la fundamentación jurídica, Se citan normas legales y es posible hacer referencia a conceptos jurídicos relevantes, lo que otorga solidez a las afirmaciones realizadas, además de la distinción de conceptos, en donde se establecen claras diferencias entre el notario, el empleado público, el contratista perteneciente al estado y los particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, tomando en cuenta el reconocimiento de la especificidad, reconociendo que la figura del notario presenta características únicas que lo diferencian de otras figuras del servicio público. Tenemos para finalizar aspectos importantes para profundizar:
