Origen y propósito de la acción de tutela: Su relación con la Constitución de 1991 y la
Convención Americana de Derechos Humanos.
La acción de tutela en Colombia es un mecanismo jurídico de protección de los derechos
fundamentales, instaurado por la Constitución de 1991. Sus orígenes y antecedentes se
encuentran estrechamente ligados a la historia constitucional del país y a la lucha por una
mayor protección de los derechos ciudadanos.
Constitución de 1886: La Constitución colombiana de 1886, aunque fue reformada en varias
ocasiones, se caracterizó por un formalismo jurídico que dificultaba la protección efectiva de
los derechos fundamentales. El sistema judicial era lento y complejo, y no existían mecanismos
ágiles y directos para la defensa de los derechos ciudadanos.
Fallida reforma constitucional de 1988 y movimiento estudiantil: A finales de los años 80,
se intentó reformar la Constitución de 1886 para incorporar elementos de democracia
participativa. Sin embargo, esta reforma no prosperó. Ante esta situación, surgió un
movimiento estudiantil que impulsó la convocatoria a una Asamblea Constituyente para
redactar una nueva Constitución.
Asamblea Nacional Constituyente de 1990: Gracias a la presión ciudadana, se convocó a
una Asamblea Nacional Constituyente en 1990. Esta Asamblea, conformada por
representantes elegidos democráticamente, tuvo como una de sus principales tareas la
redacción de una nueva Constitución que garantizara la protección de los derechos
fundamentales.
La acción de tutela como innovación constitucional
La Constitución de 1991, producto de la Asamblea Constituyente, introdujo una serie de
innovaciones en materia de derechos fundamentales. Entre ellas, destaca la creación de la
acción de tutela, un mecanismo sencillo, rápido y eficaz para la protección de los derechos
constitucionales vulnerados.
La Tutela y la Convención Americana de Derechos Humanos: Los Estados deben garantizar a
toda persona el derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo,
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales.