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Una introducción al sistema de gobierno basado en la división de poderes en México, con enfoque en el Poder Legislativo, su conformación, facultades y relación con el Poder Ejecutivo. Se incluyen ejemplos de modificaciones a la legislación electoral y el papel del Congreso en la formación de políticas públicas.
Tipo: Resúmenes
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Nombre de la universidad IAP Nombre de la Materia Derecho I Nombre del Profesor Carlos Alberto Castellanos Morales Ensayo: CAPITULO XII. Los poderes legislativos, ejecutivos y federativos del estado. Nombre del alumno María Isabel Custodio Salazar Villahermosa, Tabasco 20 de abril de 2022
Introducción El poder político se ha separado tradicionalmente en tres órganos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con facultades exclusivas que le otorga la Constitución y atribuciones que son competencia de dos o más poderes. Por ello, aunque el Senado de la República es un órgano democrático encargado del desarrollo normativo, su función principal es actuar como representante de los Estados ante la Federación. Hoy en día, el Senado de la República atraviesa un proceso de transición inédito por distintas razones: por primera vez en la historia, la Cámara Alta contará con una distribución paritaria. De la misma manera, la reelección legislativa abre la puerta hacia la profesionalización parlamentaria. La conformación del Poder Legislativo y las facultades institucionales del Senado de la República, esboza la división tradicional de poderes, las atribuciones del Poder Legislativo y las facultades específicas de la Cámara Alta en materia de nombramientos y ratificaciones, política exterior, política interior, seguridad nacional y control al Poder Ejecutivo.
El poder Legislativo, se conforma por los Senadores y diputados. Ellos son nuestros legisladores y se encargan de hacer, modificar o eliminar leyes desde las cuales se expresan nuestras garantías individuales, nuestras obligaciones, la estructura política del país y en general la normatividad para garantizar el adecuado desarrollo político, social y económico del país con orden y paz. Además de lo anterior, los Diputados tienen la gran responsabilidad de aprobar y evaluar año con año, la Ley de Ingresos y de Egresos, desde donde se determina el dinero que obtiene el gobierno de nuestros impuestos, la forma en que se gastarán y la evaluación de dicho ejercicio. El poder Judicial, conformado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados y Jueces; este poder es el encargado de hace valer la Ley e impartir justicia. Desde este poder se catalogan los delitos (de fuero común o federales) y se determinan los castigos o sentencias a quienes falten a la normatividad vigente en nuestro país. Como podemos ver en teoría estos poderes están bien organizados, pero el problema que existe es que, aun así, a pesar de la división del poder que existe, sigue siendo demasiada carga, demasiadas tareas y demasiada responsabilidad dentro de cada poder y es claro que esto es lo que ocasiona problemas de mal gobierno ya que al tener tantas funciones dentro de un mismo poder, todo se acumula y les es imposible resolver todo a la vez, lo que da como resultado problemas en la administración del estado, en las leyes y sobre todo en la población, en el presente ensayo trataremos de encontrar la mejor solución a estos problemas. Durante el periodo de transición democrática, el Poder Legislativo ha tenido muestras de avances, pero también de resistencias. En el Congreso se pueden ver cambios que reflejan la tendencia democrática del sistema político, como la representación multipartidista, la desaparición de la hegemonía de un partido y el ejercicio constante del control legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Sin embargo, los cambios no son suficientes para afirmar que las Cámaras de Diputados y Senadores son ejemplares en sus prácticas, procedimientos y marco normativo. Al interior de cada una encontramos todavía resabios de discrecionalidad y opacidad, lo que se nota,
por ejemplo, porque la información disponible sobre las actividades parlamentarias es insuficiente o poco clara, lo que significa que no es accesible para la ciudadanía. Además, no hay espacios ni mecanismos constantes para la participación ciudadana de manera estable y duradera, lo que provoca que la vinculación entre representantes y representados sea débil y esporádica. Votar, legislar, juzgar y administrar son considerados procesos de decisión pública. Desde el punto de vista ideal, la decisión debería ser producto de un cálculo objetivo que identifique la mejor opción a seguir, vinculada a un proyecto de gobierno con sus propios procedimientos y reglas, y como un acto "libre" ejecutado por el bien de un destinatario, que, en este caso, es la sociedad. La decisión pública es producto de la conciliación de los intereses que participan en una sociedad plural, y como tal, los actores que intervienen buscan imponer sus objetivos sobre los de los demás. Uno de los escenarios propicios para llevar a cabo esta actividad es el Congreso. Las decisiones legislativas, al tiempo que concilian intereses sociales y políticos de corte coyuntural, son decisiones colectivas cuya base se define en términos de objetivos nacionales y/o permanentes plasmados en la Constitución. Puede decirse que la decisión legislativa significa la adecuación motivada y fundamentada de las instituciones con base en consensos que establecen lo que se considera deseable, factible y socialmente aceptable. Las modificaciones normativas (a la constitución, a las leyes, a los tratados, a los reglamentos) producen cambios en los valores y en los procedimientos organizativos. El Poder Legislativo tiene un papel de gran importancia, la influencia es sobre todo informal, es ahí donde los acuerdos, la negociación e incluso las coaliciones se construyen como intercambios de concesiones. Dentro de este intercambio, el papel del Congreso representa el marco formal e informal para conocer demandas, influir en la agenda del gobierno, establecer canales de interlocución y negociación, identificar la correlación de fuerzas políticas para decidir, aprobar el presupuesto para las políticas públicas y monitorear la implementación de estas. En conjunto, se puede concluir que las decisiones legislativas forman parte del ciclo de las políticas públicas.
Actualmente los gobiernos divididos son la forma más común de organización política. La mayoría de los países democráticos presentan alguna modalidad de gobiernos no mayoritarios. Se puede decir que un gobierno dividido es aquel donde partidos políticos diferentes controlan la presidencia y el congreso. En contrapartida, los gobiernos unificados son aquellos donde un mismo partido político ocupa el Poder Ejecutivo y controla simultáneamente el Legislativo. En México la formación de gobiernos divididos tiene comienzo a partir de 1997, gracias a un sistema electoral multipartidista, mixto y competitivo donde el Poder Ejecutivo ha pertenecido a un partido y los poderes legislativos a otro. El resultado de este proceso no fue la formación de una coalición de gobierno en sentido estricto16, sino la adopción de pactos y acuerdos entre dos o más partidos como mecanismos de colaboración. Ésta se dio a través de alianzas, más que de coaliciones, es decir, los acuerdos generados por los grupos partidistas fueron continuamente negociados y orientados a incorporar apoyos circunstanciales, no siempre cooperativos. Los partidos predominantes favorecieron con su voto la mayor parte de las iniciativas. Sin embargo, la estrategia de éstos respondió a acciones electorales. Es por eso que, en algunos casos retiraron su apoyo a aquellas iniciativas que suponían costos electorales, como la miscelánea fiscal, y en cambio apoyaron alas de carácter social y ecológico. Las estrategias de los partidos no se basaron en el bloqueo opositor directo, sino en el obstruccionismo a lo largo del proceso, así como la inflación legislativa a fin de acumular grandes cantidades de iniciativas en las distintas comisiones dictaminadoras. Las que llegaron al pleno fueron previamente negociadas bajo acuerdos puntuales y condicionados que estaban lejos de conformar coaliciones estables y de largo plazo.
Conclusión La transformación estructural e institucional del Congreso mexicano lo ha fortalecido hasta convertirlo en una institución relevante en la formación de políticas públicas. No obstante, este empoderamiento ha beneficiado sólo al liderazgo partidista evitando así que la autonomía del legislador derive en votos individuales que determinen los resultados de cualquier propuesta. Los partidos de oposición han estado logrando pasar algunas propuestas, aunque en menor medida. Es importante recalcar este hecho porque demuestra que la pluralidad del Congreso, en especial en la Cámara de Diputados, no es un obstáculo continuo a la gobernabilidad gracias al fortalecimiento del liderazgo partidista en la negociación de la toma de decisiones. Sin embargo, la inflación legislativa obstruyó el procedimiento legislativo de aquellas propuestas que se podrían considerar "estratégicas para el país". A pesar de que, cuantitativamente, el Congreso ha incrementado su productividad, la eficacia del Poder Legislativo no ha mejorado. Hasta el momento, el rezago en el dictamen legislativo ha impedido la aprobación de diversas iniciativas incluidas en la agenda gubernamental y que aún siguen sin llegar a un consenso. Para que nuestro país lleve a buen término su proceso de transición a la democracia es importante seguir transparentando al Poder Legislativo. Es por ello que, hay que seguir pugnando por mejorar las prácticas, las normas y los hábitos en el Congreso para que éste cumpla con sus obligaciones, no sólo como institución de contrapeso frente a los otros poderes, sino también como representante y delegado de la soberanía popular y actor corresponsable del análisis, las discusiones, los cambios y las evaluaciones de las mismas instituciones y las políticas públicas del país. División de poderes La organización política de México divide el ejercicio del poder público en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución Mexicana expresa; sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional.
Estas Cámaras las integran grupos de ciudadanos, y su función primordial es representar al pueblo en las labores políticas y la elaboración de las leyes. Tanto diputados como senadores son electos por el pueblo mexicano a través del voto directo y secreto. Las facultades del Congreso de la Unión son las siguientes:
Bibliografía Miguel Ángel Camposeco Cadena. El Dictamen Legislativo. Ed. H. Cámara de Diputados. 1998. P. 17. Valencia Escamilla, Laura. (2012). La relación Ejecutivo-Legislativo en la elaboración de políticas públicas. Confines de relaciones internacionales y ciencia política, 8(16), 11-37. Secretaría de Gobernación (2011). Informe de la Secretaría de Enlace Legislativo, México. Valencia Escamilla, Laura (2008). "Reforma del Estado para la Gobernabilidad Democrática en México", en Política y cultura. Primavera, Número 29, pp. 11-39. Carbonell, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, México, Porrúa, 2008. González, Manuel, Las facultades exclusivas del Senado de la República, México, Senado de la República, 2008. CONEVYT. (2019). LOS TRES PODERES HTTPS://WWW.CONEVYT.ORG.MX/COLABORACION/COLABORA/OBJETI VOS/LIBROS_PDF/SSO1_U4LECC3.PDF
