Limitaciones al desarrollo por rigideces jurídicas
Este documento pretende poner en discusión la pregunta de si ¿el derecho ha
limitado el desarrollo económico? La respuesta a esta pregunta se dará pensando
específicamente desde la perspectiva de la intromisión que podría haber tenido el
derecho sobre diversos aspectos de la economía, específicamente sobre el desarrollo; de
antemano, el lector debe saber que para quien escribe este documento se cree que sí ha
sido así, que desde la autoría además, se cree que la ciencia económica ha permeado
dentro de la rama jurídico-legislativa del estado con postulados disfrazados de estadística
y matemática para adentrarse e inmiscuirse de manera imperante dentro de diferentes
disciplinas, para este caso nuevamente, el Derecho. Para esta ocasión se reducirá el
marco de interpretación acotándolo puntualmente la relación de la economía con el
derecho. Es realmente difícil encontrar una forma precisa y adecuada de referirse a la
teoría económica dominante, sin embargo, la importancia de los conceptos económicos
se ha vuelto cada vez más imperante dentro de la disciplina jurídica, y esto es fácilmente
evidenciable en el incremento de la legislación relacionada. Esta situación ha permitido
que sus postulados (entiéndanse económicos) terminen adentrándose en la legislación de
diferentes naciones como la colombiana. El término legislación será utilizado en el
documento como el conjunto de leyes nacionales. Para conseguir desarrollar dicha
investigación se partirá de responder ¿cómo el derecho se encuentra limitado por
conceptos económicos? y ¿qué implicaciones tendría esto dentro del desarrollo de un
país? En la primera pregunta se utilizará ejemplificación normativa y para la segunda
jurisprudencial.
Instituciones en este país, como la rama legislativa y ejecutiva han venido introduciendo
conceptos de la teoría económica dentro de sus criterios legales y morales. De esta
manera, es usual encontrar tanto en discusiones del congreso como en discursos políticos
usos lingüísticos como “economía naranja”, “o del desarrollo”, e incluso “políticas
sustentables” o si se quiere “sostenibles”, “sostenibilidad fiscal”, entre otros. En todo
caso, lo que ha venido sucediendo es una priorización con una suerte de acumulación de
capital frente a una lógica de garantía de los derechos de la naturaleza e incluso de la vida
humana misma. Esta situación puede constatarse con las decisiones que en los últimos 20
años han afectado la vida de los páramos, durante este periodo Colombia ha impulsado su
crecimiento económico con base en la explotación minero-energética, súmese a esto que
en el periodo 2006-2010 se entregaron más de 6.000 títulos mineros, sin ningún tipo de
criterio técnico o control, lo que llevó a que en el 2011 se suspendiera este proceso.
(Garavito, L. 2015)
Ahora bien, fue tal la importancia por proteger los preceptos económicos que
dominan la teoría económica desde el siglo pasado que la Constitución de 1991, famosa
ya en la literatura jurídica por ser una reivindicación de los Derechos fundamentales,
contiene un título completo para determinar el régimen económico y de hacienda pública.
En este título podemos encontrar referencias a la actividad económica y la iniciativa
privada, que además de contar con respeto y protección de orden constitucional sobre su
