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Ley Sabina
La Ley Sabina es una reforma que en principio fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, quien siendo madre de la niña Sabina comenzó una lucha para que su expareja afrontara sus responsabilidades económicas y reconociera su paternidad.
La Ley Sabina, que lleva el nombre de su hija, e implica que en una sola base de datos se concentre la información de deudores y acreedores quienes han rehusado responsabilizarse de sus obligaciones alimentarias hacia sus hijos e hijas. El objetivo es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes; y entró en vigor el 9 de mayo.
El Senado aprobó reformar el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia, que en especie son:
Alimentación
Nutrición
Vestido
Habitación
Recreación
Atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud
Asistencia médico-hospitalaria
Gastos de embarazo y de parto
¿Qué pasará ahora con los deudores de pensión alimenticia?
Con la aprobación de esta reforma, las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario con la finalidad de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentaria para procedimientos y para trámites.
Así, este certificado se volverá un documento necesario para poder tramitar licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; así como para trámites realizados ante Notario Público relativos a la compraventa de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales, solicitudes de matrimonio.
Además, se establecen medidas de restricción migratoria, con el objeto de impedir que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puedan salir del país cuando sean deudoras alimentarias morosas y existan los medios de prueba que le permitan a la persona juzgadora determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión del pago de la deuda alimentaria.
