Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la
dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado
desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más
aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes.
La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los
instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede
justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho
internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los
miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los
tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura. La
práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la
humanidad.
En 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1975, en
respuesta a las campañas organizadas por diversas organizaciones no
gubernamentales (ONG), la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Durante los años ochenta y noventa se hicieron avances tanto en el desarrollo de
las normas e instrumentos jurídicos como en la imposición de la prohibición de la
tortura. La Asamblea General creó en 1981 el Fondo de Contribuciones
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura para financiar
a las organizaciones que brindaban asistencia a las víctimas de la tortura y a sus
familias. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes fue aprobada por la Asamblea General en 1984 y entró
en vigor en 1987. Existe un órgano de expertos independientes, denominado
Comité contra la Tortura, que se ocupa de vigilar la aplicación de la Convención
por los Estados Partes. La Comisión de Derechos Humanos nombró en 1985 al
primer Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, un experto independiente al
