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Sentencia C-775/ PROPOSICION JURIDICA COMPLETA EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Exigencia COSA JUZGADA MATERIAL -Inexistencia frente a delito cuya pena cambió La Corte Constitucional ha establecido que la punibilidad es un elemento estructural del tipo. Lo anterior se concreta en que la jurisprudencia de esta Corte referente a la cosa juzgada material ha establecido que un cambio de punibilidad en una norma penal cambia todo el tipo, por lo que no se podría predicar la cosa juzgada material de un tipo que si bien conserva el mismo texto ha cambiado el quantum de la pena o ha modificado la clase de pena. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA- Norma que tipifica como delito clonación humana/ INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA- Proposición jurídica incompleta porque actor no demandó norma que modificó pena La Corte encuentra que el demandante no ha cumplido con los requisitos establecidos por la jurisprudencia atenientes a haber demandando la proposición jurídica completa, por lo que la Corte deberá inhibirse. En anterior oportunidad el ciudadano presentó otra demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 y otras disposiciones del Código Penal, Ley 599 de 2000, la cual correspondió al expediente D-5487. La Corte Constitucional, en sentencia C-555 de 2005, se declaró inhibida para fallar por ineptitud sustancial de la demanda. En el presente caso, el mismo ciudadano presenta una nueva demanda contra el artículo 133 de la Ley 599 de 2000 por presunta vulneración de los artículos 11 y 42 de la Constitución. En esencia, el demandante estima que sancionar penalmente la clonación es contrario al derecho a la vida y al derecho a conformar una familia mediante procreación con asistencia científica. La presente demanda no ataca un aspecto específico de la norma sino que se dirige a desvirtuar la constitucionalidad de toda ella, es decir, a cuestionar la sanción penal de la clonación de seres humanos. Lo anterior cobra importancia en este caso dado que lo que se busca es la despenalización de la clonación. Sin embargo, la Corte encuentra que en el presente caso fue demandado el artículo 133 de la Ley
599 de 2000, Código Penal, pero no fue demandado el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, mediante el cual la pena prevista en la norma acusada fue modificada aumentando de la tercera parte sobre el mínimo y la mitad en el máximo, quedando ésta entre 32 y 108 meses de prisión. O sea, que la sanción penal que el demandante estima inconstitucional no es la atacada por él. Referencia: expediente D- Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 de la Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal” Demandante: Jairo Ruíz Quesedo Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil seis (2006). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jairo Ruiz Quesedo demandó el artículo 133 de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia, asignando la sustanciación al Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. [1]
La presente demanda de inconstitucionalidad descansa sobre el siguiente argumento vertebral: el artículo 133 de la Ley 599 de 2000 vulnera los artículos 11 y 42 de la Constitución, en tanto “prohíbe y condena anticipadamente el llamado a la existencia de la persona y a la vida humana a través de la clonación o cualquier procedimiento hecho en laboratorio so pretexto de 'proteger' el patrimonio genético de una persona”. A juicio del demandante, la norma acusada:
- Desconoce el núcleo esencial del derecho a la vida, porque impone limitaciones al ejercicio de este derecho e impide la reproducción a través de una forma que la misma naturaleza se ha inventado para vencer a la muerte.
- Impide la propagación de la especie humana y a crear generaciones consanguíneas venideras, estableciendo un control a la natalidad por la fuerza.
- Impide que los infértiles ejerciten el derecho a la autonomía procreativa y pone en peligro la existencia de la vida humana, al prohibir una técnica reproductiva en aras de fortalecer la dignidad humana.
- Cercena la autonomía personal, al imponerle al ser humano por la fuerza que lo “bueno” es utilizar vías reproductivas diferentes a la clonación.
- La disposición acusada desconoce el inciso quinto del artículo 42 de la Constitución, que al reconocer que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes, acepta la clonación porque con este procedimiento se procrea y se engendra un ser humano.
- La norma impide que el Estado pueda cooperar con la familia en su supervivencia. La clonación ayuda a complementar aquellas uniones matrimoniales o de hecho que no puedan tener descendientes genéticos. La clonación de niños debe ser permitida para que las personas que sufren por no tener hijos, encuentren en ella una nueva alternativa.
- Sostiene el demandante que el derecho a la dignidad no puede estar por encima del derecho de reproducirse y tener descendencia, porque aquél no
es un derecho absoluto, sino relativo; su contenido “se lo da la ideología imperante y la doctrina dominante en la coyuntura o momento histórico; ahora la dignidad es un sentimiento muy subjetivo del ser humano cuyo contenido puede estar determinado por la conciencia individual ”.
- Se anota en la demanda que “el patrimonio genético único de las personas va en contravía de un pasado transgénico del Genoma humano, y de un presente evolutivo que marca una tendencia a la unificación del Genoma Humano acabando con las diferencias proteínicas que aún hoy subsisten”. Considera, a su vez, que la decisión de mantener irrepetible el patrimonio genético de un ser humano corresponde a la autonomía de la persona.
- Concluye con la afirmación de que con la clonación no se protege ni la identidad genética ni la identidad personal, pues está comprobado que la personalidad se forma por el factor externo o el medio ambiente, como ocurre con los gemelos idénticos que aunque tienen identidad genética difieren en su personalidad. IV. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Nidia Angélica Carrero Torres, en calidad de apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia, solicita declarar la exequibilidad de la norma acusada, de acuerdo con las consideraciones que, en muy breve síntesis, se exponen a continuación: La norma acusada no prohíbe la reproducción humana, sino aquellas prácticas que desconocen la dignidad inherente al ser humano, que lo cosifican y lo instrumentalizan, como es el caso de generar seres humanos idénticos. Señala esta apoderada que la tesis del demandante frente a la clonación de seres idénticos expresa una visión de la autonomía personal sin límite alguno, siendo que debe ser interpretada no sólo en relación con la dignidad humana del ser clonado, sino también respecto de la justicia de recibir una carga genética no deseada y la libertad del clonado a su propio proyecto de vida. V. INTERVENCIONES CIUDADANAS
la vez los estudiantes en estos campos tendrían la posibilidad de hacer realidad sus aspiraciones científicas.
- El 4 de abril de 2006, suscrito por OSCAR JARWISON QUICENO GONZÁLEZ, arguyendo que “la ciencia es la religión del futuro, y la clonación es algo que se viene ejerciendo clandestina y legalmente en algunos países, luego Colombia debería entrar en una etapa de conciencia acerca de la era en que vivimos”.
- El 3 de abril de 2006, firmado por RAMÓN CÓRDOBA PALACIO, NORMAN HARRY HINESTROSA (Magistrados del Tribunal de Ética Médica de Antioquia e investigadores del Instituto de Ética y Bioética de la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín) y GLORIA PATRICIA NARANJO RAMÍREZ, Investigadora de la Línea de Bioderecho del Grupo de Investigaciones en Derecho de la misma institución, mediante el cual solicitan se declare exequible la norma acusada. Sostienen que el accionante no tuvo en cuenta que la dignidad es un principio de carácter constitucional y por ostentar dicha condición está por encima del derecho a reproducirse y tener descendencia. Añaden que las personas infértiles tienen varias opciones que la ciencia ha creado para permitirles procrear, en tanto que la clonación es una técnica que atenta contra la dignidad del posible clonado.
- E1 3 de abril de 2006, suscrito por CARLOS REYES ALTAMAR, quien coadyuva la demanda señalando que la norma acusada impide a las personas infértiles tener familia.
- E1 3 de abril de 2006, firmado por JOSÉ DANIEL ESPINOSA ESPINOSA, pronunciándose a favor de la clonación.
- E1 3 de abril de 2006, con la firma de LUZ DANEYRA OROZCO ARBELÁEZ, sosteniendo que la ciencia busca mejorar la calidad de vida del ser humano y, por ende, debe abrirse paso a la técnica de la clonación.
- E1 3 de abril de 2006, suscrito por OSCAR DE JESÚS OROZCO ARBELÁEZ, argumentando que la norma acusada viola el derecho a la vida y a tener una familia. Añade que en el libro “La clonación humana como vida eterna” es claro que el avance de la ciencia no puede estancarse por ninguna ley.
El 5 de abril de 2006, ya vencido el término de fijación en lista, lo cual ocurrió un día antes, siguieron llegando escritos a la Secretaría General, en solicitud de declarar la exequibilidad de la disposición demandada, procedentes de las siguientes personas:
- NUBIA LEONOR POSADA GONZÁLEZ.
- SANDRA ALJURE SEFAIR.
- GILBERTO ALFONSO GAMBOA BERNAL.
- FERNANDO RÍOS y otros.
- DOLORES MARGARITA GNECCO DE FORERO.
- DALIA JAQUELINE SANTA CRUZ VERA.
- JORGE RAFAEL SCALA, remitido por ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA.
- ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA.
- Monseñor LUIS AUGUSTO CASTRO QUIROGA, Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION Mediante escrito del 9 de mayo de 2006, el doctor Edgardo José Maya Villazón rindió oportunamente el concepto que ordenan los numerales 2 y 4 del artículo 242 de la Constitución, impetrando la constitucionalidad de la norma acusada, bajo consideraciones que así pueden ser sintetizadas: El parámetro de análisis de la disposición acusada lo constituye el Estado Social y Democrático de Derecho, como modelo de Estado que supera el Estado liberal y el Estado de bienestar, en una versión cualitativamente diferente, “en tanto más democrática y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas-, que con fundamento en la dignidad humana, busca el equilibrio entre la libertad y la igualdad, entre la autonomía individual y la solidaridad
la esencia misma del ser humano, como tampoco exigir que se permita todo tipo de experimentación en la persona humana, desconociendo la concepción humanista y personalista de la modernidad”. Destaca el estudio del Procurador que el demandante incurre en una contradicción evidente cuando, de una parte, censura al legislador por adoptar una determinada concepción moral como fundamento de su decisión legislativa y, de otra, exige que el mismo legislador adopte otra determinada concepción moral, la del cientifismo, en oposición al humanismo y lo imponga a una comunidad política como principio o valor al cual ha de someterse, asumiendo todos los riegos. Añade que los cargos planteados en la demanda no tienen fundamentación seria, pues la norma no ataca el derecho a la vida ni en abstracto ni en concreto. En primer lugar, la clonación de seres humanos no se ha realizado aún y ni siquiera es seguro que pueda realizarse, así que resulta excesivo señalar que la preceptiva atenta contra el núcleo esencial del derecho a la vida producida en laboratorio, cuando ello sigue siendo por ahora una opción especulativa. Adicionalmente, el demandante confunde el derecho de todo ser humano a la personalidad, que no puede tener requisito o límite alguno en atención al derecho a la dignidad humana y a la igualdad, con el supuesto derecho de los científicos a experimentar con seres humanos presentes o futuros, el cual debe ser regulado por el legislador. La disposición acusada no vulnera el derecho de toda persona a tener una familia y reproducirse, consagrado en el artículo 42 de la Carta. Al respecto, considera el Procurador que el legislador no está penalizando ninguna de las formas existentes para procrear hijos, por lo cual no puede vulnerar el núcleo esencial del derecho a la procreación, pues las personas son libres de hacerlo por los medios naturales y asistidos o no científicamente. VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, corresponde a esta corporación conocer de la presente
demanda, por dirigirse contra una norma perteneciente a una Ley de la República.
2. Inhibición de la Corte Constitucional por ineptitud de la demanda. El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 dispone que las demandas de inconstitucionalidad contendrán (i) el señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas, (ii) las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, (iii) cuando fuere del caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado y (iv) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demandada. Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades para señalar que las demandas de inconstitucionalidad deben exponer razones claras, ciertas , específicas , pertinentes y suficientes [2] , de lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional” [3] . La jurisprudencia de esta Corporación también ha establecido que como requisito de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad es necesario haber demandado una proposición jurídica completa la cual debe ser conformada con las normas estrechamente vinculadas a la norma acusada, así ésta tenga un contenido completo y autónomo. [4]^ En la sentencia C-1299 de 2005[5], que emitió una decisión inhibitoria por proposición jurídica incompleta, se dijo: 4.3.2.1. Así, si bien en la demanda se pide como pretensión principal que se despenalice el aborto en general, o sea, que se declare inconstitucional la posibilidad jurídica de sancionar penalmente a la mujer que aborte, no obstante, la demandante sólo acusa una de las normas que se ocupan del tema, y no todas las que sancionan penalmente en distintas hipótesis a la mujer que aborte. En otras palabras, no existe correspondencia entre la petición - despenalizar totalmente el aborto- y la norma acusada (Ley 599 de 2000, Art. 122) que es exclusivamente una de las normas que regulan expresamente el tema (Ley 599 de 2000, Arts. 122, 123, 124).
En anterior oportunidad el ciudadano Jairo Ruíz Quesedo, presentó otra demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 y otras disposiciones del Código Penal, Ley 599 de 2000, la cual correspondió al expediente D-5487. La Corte Constitucional, en sentencia C-555 de 2005[8], se declaró inhibida para fallar por ineptitud sustancial de la demanda. En el presente caso, el mismo ciudadano presenta una nueva demanda contra el artículo 133 de la Ley 599 de 2000 por presunta vulneración de los artículos 11 y 42 de la Constitución. En esencia, el demandante estima que sancionar penalmente la clonación es contrario al derecho a la vida y al derecho a conformar una familia mediante procreación con asistencia científica. La presente demanda no ataca un aspecto específico de la norma sino que se dirige a desvirtuar la constitucionalidad de toda ella, es decir, a cuestionar la sanción penal de la clonación de seres humanos. Lo anterior cobra importancia en este caso dado que lo que se busca es la despenalización de la clonación. Sin embargo, la Corte encuentra que en el presente caso fue demandado el artículo 133 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, pero no fue demandado el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, mediante el cual la pena prevista en la norma acusada fue modificada aumentando de la tercera parte sobre el mínimo y la mitad en el máximo, quedando ésta entre 32 y 108 meses de prisión. O sea, que la sanción penal que el demandante estima inconstitucional no es la atacada por él. En el derecho penal lo esencial es la pena. Es este elemento específico lo que caracteriza a las normas penales y las distingue de otras que también establecen prohibiciones o incluso sanciones “no penales”. Por eso, la Corte Constitucional ha establecido que la punibilidad es un elemento estructural del tipo. Lo anterior se concreta en que la jurisprudencia de esta Corte referente a la cosa juzgada material ha establecido que un cambio de punibilidad en una norma penal cambia todo el tipo, por lo que no se podría predicar la cosa juzgada material de un tipo que si bien conserva el mismo texto ha cambiado el quantum de la pena o ha modificado la clase de pena. En la sentencia C-016 de 2004[9]^ la Corte se pronunció sobre una demanda contra la expresión “ cónyuge ” contenida en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, que tipifica la inasistencia alimentaria. Una norma parecida ya había sido juzgada por la Corte en anterior oportunidad. Sin embargo, aun cuando su texto había sido reproducido en el artículo 233 del nuevo Código Penal y demandado en dicha oportunidad, su punibilidad había variado, la Corte dijo:
La Corte ha explicado en efecto de manera reiterada que aún cuando el verbo rector y el modelo descriptivo del tipo penal coincidan, dicha identidad no puede predicarse cuando las consecuencias punitivas no sean las mismas, como quiera que cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma penal. Al respecto cabe recordar lo dicho por la Corte en la sentencia C- 420 de 2002 “Entonces se advierte cómo, si bien en las nuevas disposiciones se mantienen los verbos rectores y los modelos descriptivos de varios de los tipos penales consagrados en las normas demandadas, no ha ocurrido lo mismo con las consecuencias jurídicas sobrevinientes a esos presupuestos fácticos. Esta circunstancia es relevante pues las normas penales se caracterizan precisamente porque a un supuesto de hecho adscriben una sanción consistente en una pena o en una medida de seguridad, según el caso. De allí que al introducir una modificación a la pena se esté variando el contenido de la norma penal pues se está alterando la naturaleza o la intensidad de la respuesta que el Estado da al delito con fines de prevención y resocialización. Esa variación en la naturaleza o en la intensidad de la pena plantea la reconsideración de los presupuestos político - criminales valorados por el legislador penal y es jurídicamente relevante en cuanto la pena, al lado del delito, es una institución nuclear del derecho penal que comporta la legítima privación o restricción de derechos a que se somete a quien ha sido encontrado responsable de una conducta punible. En estas condiciones, como quiera que cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma jurídico penal, no puede decirse que existe identidad entre una norma penal y otra posterior en la que, si bien se ha mantenido el mismo supuesto de hecho, se ha alterado la naturaleza o intensidad de la pena”. Así, no siendo entonces la misma norma en uno y otro caso, y al no ser posible escindir los contenidos normativos relativos a la descripción típica de la conducta de las consecuencias jurídicas que son impuestas en cada caso, la Corte constata que no resultan
pronunciamiento se explicó que esta carga mínima que tienen los demandantes no equivale a un formalismo técnico o procesal que desnaturalice la acción pública de inconstitucionalidad, sino que “permite hacer un uso adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana y hace viable que se profiera un fallo de fondo”. No escapa a la Corte que en oportunidades anteriores, ya estando vigente la Ley 890 de 2004, ha proferido sentencias de mérito sobre disposiciones del Código Penal. Sin embargo, en tales sentencias la situación era diferente, como se muestra a continuación, tomando algunos ejemplos. En la sentencia C-535 de 2006 [12] la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra literal b), parcial, del numeral 1, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000 que contempla las circunstancias de agravación punitiva por el delito de porte de estupefacientes, también modificado por la Ley 890 de 2004. En dicha oportunidad la Corte se pronunció de fondo sobre el aparte demandado declarando exequible la expresión “ centros educacionales” contenida en el literal b), del numeral 1, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000 por los cargos examinados [13]
. En el caso anterior no fue necesario demandar las normas de la Ley 890 de 2004 que modificaban dicha disposición puesto que la demanda no estaba dirigida a desvirtuar la constitucionalidad de todo el tipo, es decir tanto de la conducta como de la consecuencia, sino se atacaba solo un aspecto específico del tipo mismo. En la sentencia C-606 de 2006[14]^ la Corte se volvió a pronunciar sobre una demanda contra un artículo del Código Penal que también había sido modificado por la Ley 890 de 2004. La demanda se dirigía contra un aparte de la norma contenida en el artículo 382 de la Ley 599 de 2000 que tipifica el tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos [15] . La Corte declaró la constitucionalidad de los apartes demandados. Al igual que en el anterior ejemplo, en esta oportunidad tampoco era necesario demandar la disposición de la Ley 890 de 2004 que modificaba la norma pues el reproche de inconstitucionalidad solo se dirigía contra un aparte de la norma y no contra toda ella, es decir, no se atacaba que el legislador sancionara penalmente el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. De acuerdo a lo anterior, la Corte encuentra que el demandante omitió demandar la proposición jurídica completa. Por lo tanto, la Corte deberá declararse inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda.
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el artículo 133 de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”, por ineptitud sustancial de la demanda. Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Presidente AUSENTE EN COMISION JAIME ARAUJO RENTERÍA Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado CON ACLARACION DE VOTO RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ausencia de claridad, certeza, especificidad y suficiencia (Aclaración de voto) Referencia: expediente D- Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 de la Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal” Demandante: Jairo Ruíz Quesedo Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Si bien concurro con la decisión mayoritaria en cuanto a la decisión inhibitoria, considero que la demanda plantea argumentos que carecen de especificidad y suficiencia, además de que no definen con claridad las premisas sobre las que se sostienen[16].
- La disposición demandada establece que “el que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a (6) años.” De lo anterior se pueden inferir dos interpretaciones. La primera apuntaría a establecer la prohibición de la clonación desde la producción de una célula humana. La segunda permite inferir que la prohibición opera desde el nacimiento de un ser humano pero permite la reproducción de células humanas hasta un momento indeterminado por la norma pero en cualquier caso anterior a la creación de un ser humano. En la demanda no es claro el supuesto del que parte el demandante ya que éste supone que toda clonación de células humanas tiene fines reproductivos y que esa es la conducta reprochada. El demandante dice sobre la vulneración al artículo 11 de la Constitución: (...) el fin ultra de la clonación reproductiva persigue: engendrar, propagar la especie humana, multiplicar por generación artificial,
procrear descendientes. La norma acusada prohíbe y condena anticipadamente el llamado a la existencia de la persona y a la vida humana a través de la clonación o cualquier otro procedimiento hecho en laboratorio so pretexto de “proteger” el patrimonio único genético de una persona; olvidándose que el derecho a la dignidad su existencia y contenido se lo da el hecho biológico de la vida en comunión dialéctica con el derecho a la autonomía personal: que consiste en la libertad de la persona de escoger, la forma o vía reproductiva o técnica de procrear sin importar que el nuevo ser llamado a la existencia herede el cincuenta por ciento de su padre y el cincuenta por ciento de los cromosomas de la madre; entendido que el cincuenta por ciento equivale a veintitrés cromosomas paternos y veintitrés cromosomas maternos si los progenitores de acuerdo a su capacidad reproductiva que debe ser fértil eligen de acuerdo a su autodeterminación voluntaria procrear por relaciones sexuales directas es decir a través del coito sin importar que el destino llame a la existencia de nuevos seres compartan el noventa y nueve coma seis por ciento de su patrimonio genético (99,6%) con un hermano gemelo o porque su progenitor o progenitora por razones de infertilidad decida a través de la técnica reproductiva de la clonación decidan llamar a la existencia un nuevo ser que comparta todo su patrimonio genético con su ascendiente [17] . Continúa señalando que la norma acusada desconoce que “ para procrear seres humanos así sea con asistencia científica no se requiere para su plena existencia de la creación o el reconocimiento de la sociedad, del Estado o de una autoridad política, por lo que tampoco puede ser limitado o desconocido por ellos .” [18] El demandante considera que la norma acusada limita el derecho a la vida con el pretexto de defender “ la dignidad consistente en preservar un patrimonio genético único en cada persona ” lo que en su sentir constituye un impedimento a la propagación de la especie humana. Como se puede apreciar la demanda carece de claridad ya que no es posible establecer de los argumentos del demandante cuál es el sentido de la norma del cual parte para alegar su inconstitucionalidad.
