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Este documento analiza el tratamiento del medio ambiente en la constitución argentina, abordando cuestiones clave como el bien jurídico tutelado, la recepción constitucional y legislativa de la protección ambiental, y la legitimidad procesal para ejercer acciones de amparo en defensa del medio ambiente. Se caracteriza el medio ambiente como un interés colectivo de tercera generación, diferenciándolo del derecho subjetivo y el interés difuso. Además, se explica cómo la reforma constitucional de 1994 incorporó el derecho a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado, estableciendo deberes de recomposición del daño y uso racional de los recursos naturales. El documento también analiza la legitimación procesal ampliada para accionar en defensa del ambiente, incluyendo al afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones constituidas para tal fin.
Tipo: Resúmenes
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A su vez deberá dar respuesta fundada a las siguientes cuestiones:
encontramos: Nuevos Derechos y Garantías. Entre ellos, el derecho a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado estableciéndose por ende el deber de recomponer el daño causado y a la utilización racional de los recursos naturales en el artículo 41. Igualmente, se estableció el reconocimiento de una acción expedita de amparo contra actor y omisiones de autoridades públicas o de particulares que afecten derechos y garantías reconocidos para accionar, que no se circunscribe ya al afectado sino también al defensor del pueblo y a las asociaciones constituídas para la defensa de los usuarios que incorpora el amparo judicial contra cualquier forma de discriminación y lo relativo a los derechos que protegen al ambiente. También están los cuerpos jurídicos previstos en las leyes 24051, de Residuos Peligrosos 24 585, de la protección ambiental para la actividad minera, la ley 2567 5 Ley General del Ambiente, la ley 25670 Presupuestos Mínimos para la gestión y elmininación de PCBS. C-En este sentido el artículo 41 de la Constitución Nacional señala, podrán interponer contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines, registrados conforme la ley, las que determinará los requisitos y formas de organización.