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Un análisis detallado de la evolución del sistema educativo argentino desde la reapertura democrática hasta principios del siglo xxi. Aborda los principales desafíos y reformas que enfrentó el sistema, como la descentralización, la implementación de la ley federal de educación y los esfuerzos por mejorar la calidad y la formación docente. El texto también examina el impacto de factores socioeconómicos, como la pobreza y la desigualdad, en el desarrollo del sistema educativo. A través de un enfoque histórico y crítico, el documento ofrece una perspectiva integral sobre la evolución y los retos del sistema educativo argentino en las últimas décadas, brindando un valioso recurso para estudiantes, investigadores y profesionales interesados en comprender la trayectoria y los desafíos de la educación en argentina.
Tipo: Resúmenes
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La lección se enfocará en presentar la configuración que asumió el sistema educativo argentino desde la reapertura democrática hasta principios del siglo XXI. Para describir y analizar las transformaciones que tuvieron lugar durante este período, se apoyará fundamentalmente en los saberes elaborados por la sociología y la política de la educación. La perspectiva histórica permitirá enhebrar un relato que combine la mirada de largo plazo con la lectura de los cambios coyunturales de las décadas del '80 y '90.
El texto señala que los síntomas de la crisis del sistema educativo en Argentina (al igual que en otros países de América Latina) comenzaron a expresarse alrededor de las dificultades para enfrentar los problemas educativos heredados de la etapa democrática, restablecida en diciembre de
Los aspectos y dimensiones de lo educativo que entraron en crisis fueron los supuestos y certezas sobre el lugar (la escuela) y las características que debía reunir el saber legítimo (el currículo) que se habían establecido durante el período de expansión y consolidación del sistema educativo nacional. Se abrió una brecha generacional entre los educadores, el cuerpo de saberes y los mandatos culturales que debían transmitir, y el campo de intereses y las experiencias de sus educandos. La escuela fue puesta en cuestión, y su piso común de certezas fue erosionado.
La crisis educativa de fin de siglo no era una novedad, ya que desde la década del '30 diferentes sujetos habían denunciado los problemas estructurales que aquejaban al sistema, su obsolescencia para responder a determinadas demandas y necesidades de la sociedad, o sus escandalosos niveles de burocratización, al mismo tiempo que reclamaban una reforma integral del modelo educativo fundacional.
La novedad que presentaba la crisis educativa de fin de siglo fue que desde los sectores que compusieron la Nueva Derecha se elaboró un diagnóstico de las razones que estaban detrás de este problema y se propusieron las estrategias que debían implementarse para darle solución. Las políticas que se derivaron de ese proyecto recomendaban una reforma de los sistemas
educativos, implementada a través del Estado, con el asesoramiento de los organismos internacionales.
El término "reforma" fue el eje de un discurso político-pedagógico promovido por los agentes y las instituciones de dos paradigmas sociales que remitían a orígenes diferentes: el neoliberalismo y el neoconservadurismo. Paulatinamente, un nuevo pensamiento hegemónico ganó los despachos ministeriales y las agendas educativas nacionales. Las tradiciones pedagógicas, las experiencias educativas de la sociedad civil y el saber-hacer acumulado por el sistema fueron asediados por una nueva concepción de la política educativa de corte tecnocrático, que ofrecía una salida a la crisis.
Con el retorno de la democracia en 1983, se inició un paulatino proceso de reapertura y normalización de las instituciones educativas. El gobierno de Raúl Alfonsín se encontró con un sistema educativo caracterizado por un alto nivel de discriminación y autoritarismo, y con evidentes signos de segmentación entre los trayectos escolares de los alumnos de clase media y alta, y aquellos que provenían de los sectores populares. Como producto del desfinanciamiento y de las políticas implementadas durante la dictadura militar, el sistema educativo presentaba graves problemas.
Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se implementaron las políticas educativas derivadas del proyecto de la Nueva Derecha, que consistieron en una reforma de los sistemas educativos a través del Estado, con el asesoramiento de los organismos internacionales.
Finalmente, el texto hace algunas referencias al período político inaugurado en 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), y a la impronta político-educativa de ese período.
La educación durante la transición
democrática en Argentina (1983-1989)
Tras la dictadura militar, se buscó normalizar la vida universitaria a través de la recuperación de los principios reformistas.
La Iglesia actuó de manera más organizada a lo largo del proceso, incidiendo significativamente en los debates.
Desde 1985, la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) llevó a cabo planes de lucha, incluyendo paros nacionales. La CTERA cuestionaba la ausencia de una mirada nacional sobre la profundización de la brecha social y educativa, y buscaba unificar las condiciones laborales a nivel nacional. Las tensiones derivadas de las estrategias de lucha produjeron una fractura en la CTERA, dividiéndola en dos grupos. A partir de 1988, se agudizaron los problemas vinculados con la situación laboral de los docentes, lo que desembocó en una huelga de 43 días conocida como la "Marcha Blanca". Diversos acontecimientos políticos, como el fracaso del plan económico y la presión de los sectores militares, aceleraron el adelanto de las elecciones nacionales, dando paso a un nuevo ciclo histórico en Argentina.
El neoliberalismo y su impacto en la
educación argentina
El neoliberalismo tiene sus orígenes en la Sociedad Mont Pelerin, fundada por el economista Friedrich Von Hayek en 1947. Este grupo de economistas y filósofos, preocupados por la expansión del Estado de bienestar y el Estado socialista, retomaron y promovieron una concepción económica forjada por los teóricos liberales clásicos.
El postulado principal del neoliberalismo es que el mercado capitalista conforma el mejor instrumento para la asignación de los recursos (escasos) y la satisfacción de las necesidades (individuales). Hayek argumentaba que la superioridad del mercado se basaba en la existencia de leyes económicas universales, de carácter objetivo, similares a las que se observan en las ciencias naturales. Cuando se deja actuar al mercado, se rige por un mecanismo de autorregulación que conduce "indefectiblemente" a la armonización de los diversos intereses sociales y a la "maximización" de los objetivos individuales.
Según el neoliberalismo, el Estado debe reducir su papel al mínimo indispensable para poder garantizar la supervivencia de la sociedad y la libertad de los individuos. El Estado solo debe encargarse de lo que el mercado no puede hacer por sí mismo: determinar, arbitrar y proveer las bases para ejecutar las reglas del libre intercambio de bienes y servicios. Finalmente, el Estado debe intervenir en caso de conflicto social o allí donde
el mercado no fuese un instrumento pertinente: la administración de justicia, la defensa del país o la confección de leyes.
Este desplazamiento del papel del Estado promueve, a su vez, el relevo del ciudadano por el consumidor. Esto se evidencia en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, donde surge la figura del consumidor, antes inexistente en la Carta Magna. Mientras que la figura del ciudadano deviene de una vinculación estructural que consagraba a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones ante la ley, la nueva figura del consumidor representa la disolución del lazo social, ya que el consumidor no es igual en nada ante nadie.
Dentro del espacio de la Nueva Derecha, el discurso neoliberal solo reflejó una cara de la moneda. En su reverso, el sector neoconservador también formó parte de este proceso de transformación social. El discurso neoconservador se diferenciaba del neoliberal en tanto sostenía la necesidad de construir un Estado fuerte. Además, el neoconservador elaboró un relato que se apuntalaba en el pasado e invocaba un orden perdido que buscaba afanosamente restaurar.
Las políticas educativas que se desprendieron de esta postura ideológica incluyen la implementación de currículos y exámenes obligatorios a nivel nacional, la revivificación de "la tradición de Occidente y del patriotismo", así como otras variantes conservadoras.
La reforma educativa de los años 90 en
Argentina
La reforma educativa de los años 90 en Argentina se enmarcó en un contexto de transformaciones políticas, económicas y sociales impulsadas por el modelo neoliberal. Se buscaba reducir la intervención del Estado en áreas como la salud, la educación y la regulación de la economía, liberando estos espacios a las dinámicas del mercado. Esto fue posible gracias a la conformación de un nuevo imaginario social donde los modos de percibir y definir los problemas educativos contaron con un nuevo vocabulario.
El discurso pedagógico neoliberal recuperó y se inscribió en la herencia pedagógica funcionalista, negando el conflicto como constitutivo de lo social.
Transformó el nivel primario en Educación General Básica (EGB) de nueve años obligatorios, incorporando dos años que antes formaban parte de la secundaria. Reemplazó la escuela media por el polimodal de tres años, no obligatorios y con diferentes modalidades (economía y gestión de las organizaciones, producción de bienes y servicios, comunicación, artes y diseño, entre otras).
La implementación de la Ley Federal de Educación fue muy conflictiva, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde hubo dificultades para adaptar el tercer ciclo de la EGB en instituciones que no contaban con la suficiente cantidad de aulas.
El sistema educativo en su laberinto
La Ley Federal de Educación fue promulgada en 1993 y representó un cambio significativo en el sistema educativo argentino. La ley favoreció al sector privado, reconociendo a la Iglesia como un "agente natural de la educación" y otorgándole un lugar preponderante. La ley solo garantizó de manera explícita la gratuidad de la educación primaria y secundaria, excluyendo la universitaria y dejando abierta la posibilidad de que esta tuviera que generar sus propios ingresos. La noción de "principalidad del Estado" en materia educativa, históricamente defendida por tendencias democrático-liberales, nacional-populares y de izquierda, fue reemplazada por el principio de "subsidiariedad estatal", impulsado principalmente por la Iglesia. La legitimidad de la Ley Federal de Educación fue extremadamente débil desde el principio, y pronto mostró sus límites, enfrentando numerosas movilizaciones de los sindicatos docentes en contra de las políticas de ajuste y las reformas impuestas.
Si bien el énfasis se depositó en el proceso de descentralización, el Estado nacional no se desentendió por completo del control del sistema educativo. Los organismos internacionales que aconsejaban la descentralización también promovían la recentralización de un conjunto de funciones, que debían quedar bajo la égida del gobierno nacional. Entre estas funciones se encontraban: fijar los estándares mínimos de los contenidos a enseñar, facilitar los insumos que influyen sobre el rendimiento escolar, adoptar estrategias para la adquisición y el uso de dichos insumos, y monitorear el desempeño escolar.
Se buscó forjar un modelo estatal mínimo en términos de prestación del servicio, pero fuerte en términos de concentración y manejo de recursos técnicos y financieros.
Se establecieron mecanismos de evaluación del rendimiento educativo, como los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad Educativa y la creación de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Se crearon programas como el Plan Social Educativo, el Programa Nacional de Becas Estudiantiles y los Programas y Circuitos de Capacitación y Actualización de docentes, supervisores, directivos y formadores de docentes. Se reformularon los Contenidos Básicos Comunes (CBC) para todos los niveles de la Educación General Básica y la Formación Docente, a través de un proceso de trabajo y negociación con diversos actores. La formación docente fue otro punto afectado por la reforma educativa, con la creación de la Red Federal de Formación Docente Continua, que buscaba jerarquizar la profesión docente y mejorar la calidad del sistema educativo.
La crisis del 2001 en Argentina comenzó a clausurar el ciclo de las reformas neoliberales, exponiendo las consecuencias sociales de las políticas implementadas durante los años 90. La situación social y económica del país en ese momento era realmente dramática, con altos niveles de pobreza y desempleo. Este contexto generó una "zona abierta a reflexiones más intensas" en la sociedad, en torno a la relación entre diversos ámbitos de la vida cotidiana y la excepción histórica que se estaba viviendo.
La educación en Argentina: transformaciones
y desafíos
La Argentina cerró el siglo XX como una de las zonas más desiguales de América Latina, con más de un tercio de la población por debajo de los niveles mínimos de subsistencia y casi una cuarta parte de sus habitantes sin acceso a la educación. En este contexto, a partir del año 2003 se implementaron una serie de medidas orientadas a recomponer la capacidad de gestión política del Estado frente a las enormes necesidades sociales. En el ámbito educativo, se sancionaron diversas leyes que buscaron regular situaciones específicas, como la Ley de Educación Nacional (26.206), la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y la Ley de Educación Sexual Integral (26.150).