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muestra el estado de la administracion publica en guatemala
Tipo: Apuntes
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(Este documento es una Compilación de textos, para uso exclusivo didáctico a nivel universitario – no reproducir)
La administración pública se desarrolla dentro de los límites de dos ámbitos muy importantes que por lo general van ligados estrechamente, estos dos ámbitos son
De allí que existe un “juego” que incluye ambos ámbitos para que la administración pública pueda desarrollarse, ya que en muchos casos el accionar del Estado se sujeta a “políticas” y para implementarlas hace uso de “normas jurídicas”, y otras veces las “normas jurídicas” determinan aspectos puntuales de las “políticas del Estado.
Así, no es de extrañarse que el Estado tiene órganos completamente políticos, cuyo accionar respecto a juego de actores políticos y se limita a través de normas jurídicas, y a su vez existen órganos completamente jurídicos, cuyo accionar provee del análisis de políticas por parte del Estado.
En el campo propiamente jurídico la Administración pública se sujeta a un marco legal que determina el camino a seguir por parte de la Administración pública y cuyo fundamento lo establecen dos principios fundamentales: el principio de legalidad y principio de juridicidad, los cuales a continuación se definen:
“Aquel principio que establece que un Estado debe actuar a través de sus diversos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) sometidos a la Constitución actual y al imperio de la ley”. Se considera que la seguridad jurídica requiere
que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad.
En otras palabras el principio de legalidad es la prevalencia de la ley, es decir las normas jurídicas, sobre cualquier actividad o función del poder público y la administración pública. Esto quiere decir que toda aquella actividad que emane del Estado, todo acto jurídico o toda función pública, debe estar regido por la ley, y no debe estar sujeta a voluntad del funcionario público.
“Aquel principio que establece la “certeza del Derecho”, y determina que los poderes públicos y su administración tanto en su aplicación del derecho como en su publicidad, deben de actuar ajustados a la ley, de manera que deben hacer lo que la ley les ordena y abstenerse de hacer lo que la ley no les prescribe”
Este principio se ha recogido básicamente en la premisa constitucional que todo funcionario público está sujeta a la ley no es superior a ella misma y que todo ciudadano puede hacer lo que la ley no le prohíbe.
Es decir que mientras el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe.
El funcionario público únicamente puede hacer aquello que la ley prescribe, por lo tanto debe abstenerse a hacer lo que la ley no determina
Así se evita la discrecionalidad del actuar de los funcionarios públicos y por ello de la administración pública.
El principio de juridicidad es una garantía que tiene el ciudadano de que cuando la administración actúa, lo hace por la habilitación establecida en la norma y que en caso de que esta actuación sea discrecional es reprobable y no ajustado a derecho requiere la acción del poder público para restablecer el derecho ya que el funcionario público ha de observar los lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico
La Administraci6n pública se desenvuelve bajo el ordenamiento jurídico guatemalteco, el cual se encuentra organizado jerárquicamente y que va determinándose de la manera siguiente, en su orden:
De esta cuenta al analizar la Constitución, encontramos que la misma contiene la disposición y estructura de todo el Estado y sus Organismos (Legislativo, Judicial y Ejecutivo), sus Órganos Administrativos (Entidades descentralizadas y autónomas), la Universidad de San Carlos de Guatemala, el régimen delas municipalidades.
los servicios públicos, es por ello que cuando se habla de reglamentos
hablamos de actos administrativos del poder Ejecutivo y no de una facultad legislativa del mismo.
Un reglamento aunque sea una norma jurídica más que una actividad legislativa del Ejecutivo es un acto administrativo que determina la
materia procedimental y orgánica de la administración pública.
d) Control: Toda la actividad administrativa está sometida a una serie de controles, que determinan una serie de recursos administrativos y además de procesos de orden judicial, que determina los medios de impugnación y remedios jurídicos para que los actos administrativos no sean dictados en violación a normas jurídicas violando los principios de legalidad y juridicidad.
En cuanto al control de los actos de la administración pública, podemos mencionar algunos que son importantes y que devienen de instituciones cuya existencia y finalidad es precisamente ejercer este tipo de control, para los actos administrativos:
e) Recursos financieros: son los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, tasas, préstamos a instituciones internacionales y nacionales, con los cuales el Estado, a través de la Administraci6n publica, cumple con su finalidad (bienestar general) y sirve para el sostenimiento del aparato Estatal.
f) Actividad legislativa: es la actividad que desarrolla en exclusiva el Organismo Legislativo (Congreso de la Republica), en cuanto a promulgaci6n de leyes.
g) Actividad judicial: es la que se realiza a través del Organismo Judicial, al ejercer la funci6n jurisdiccional.
Bajo este aspecto es necesario conocer que el Ámbito Político que define la administración Pública tiene por objeto el de llevar a cabo todo tipo de planteamientos a efecto de que el Estado cumpla su finalidad primordial que se consagra en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Si bien es cierto, la Administración Pública tiene un ámbito jurídico que esta definido por el cúmulo de leyes que tiende a organizar y dotar de lo necesario a esta administración para que cumpla con sus fines, el ámbito político es aquel que determina que la administración pública aplique las leyes desde el campo político, es decir para beneficio de la mayoría de
población y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El ámbito político de la Administración Pública se determina a partir
de aquellos principios filosóficos e ideológicos de la Constitución, (tales como protección a la persona humana, protección a la familia, la
realización del bien común, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz etc) que orientas las acciones de la Administración
Pública”