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Autor. Carlos S. Assadourian - Guillermo Beato - José C. Chiaramonte
LA ETAPA ILUSTRADA. 1750-
José C. Chiaramonte
INTRODUCCION
LA ESPAÑA ILUSTRADA Y LA IMPLANTACION DEL VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA
Con cierto retraso y moderación, debido a características específicamente nacionales, la España del siglo XVIII conoció también, como el resto de Europa, el auge de la Ilustración, aquella etapa que corona el desarrollo del pensamiento burgués europeo y prepara el camino a la Revolución Francesa y a diversos movimientos de transformación del Viejo Mundo.
La Ilustración española, sin las "audacias", al decir hispano, que en el campo religioso fueron comunes en Francia y con una general adecuación a la tradición monárquica española, intentó liberar el desarrollo de fuerzas burguesas ahogadas en los vetustos y rígidos cuadros de la antigua monarquía. Promovió la difusión de las "novedades" filosóficas más compatibles con el arraigado catolicismo de su pueblo; afirmó el regalismo e intentó, sin abandonar la defensa de la fe, modificar la vida de la Iglesia española; apoyó el fortalecimiento del poder real en los difusos moldes del despotismo ilustrado característico del siglo, y —por encima de todo— encaró una reforma económica que fue el centro de todas sus concepciones y lo más notable de su intento de renovación. A esa reforma económica se dirigieron todos los esfuerzos en todos los campos, desde los proyectos de reforma de la enseñanza hasta los destinados a cambiar aspectos de la vida religiosa; desde las empresas de colonización del interior de España hasta la adecuación del aparato del Estado a tales fines.
El despotismo ilustrado concebía como objetivo un Estado poderoso con la fuerza y la eficacia necesarias para encarar las vastas reformas que permitiesen alcanzar el bienestar de los súbditos y consolidar la posición española en el áspero juego de las rivalidades políticas europeas. En última instancia, tradujo algunas necesidades históricas del desarrollo capitalista europeo a las que España intentó alcanzar finalmente sin éxito. Ansiaba un acrecentamiento del poder de la monarquía ante las supervivencias del feudalismo, pero de un poder monárquico guiado por las luces de la razón que bastarían para asegurar su carácter benefactor. Un Estado de tal naturaleza necesitaba apoyarse en sanas y prósperas finanzas, en un gran poder militar y naval y en una eficiente maquinaria administrativa, campos todos estos en los que la política reformista de los Borbones españoles ha de tratar de innovar y en los que las colonias americanas tendrán mucho que ver, sobre todo desde el punto de vista de las rentas reales y de la defensa del Imperio.
De tal manera, indagar las razones que movieron a España a la creación del Virreinato del Río de la Plata no es otra cosa, en lo sustancial, que examinar un aspecto de las luchas por la hegemonía europea durante el siglo XVIII: los estériles esfuerzos hispanos para recuperar su pasado poderío y contener el avance de sus rivales, principalmente de Inglaterra. Tal como un examen de las consecuencias de aquella creación, y de toda la política metropolitana con ella vinculada, no muestra sino lo contrario de los objetivos perseguidos. Las modestas medidas liberales que acompañaron —y en parte antecedieron— al nuevo Virreinato, al actuar en el cambiante y
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dinámico mundo económico y social de fines del siglo XVIII, impulsaron fuerzas internas que ya no pudo contener una metrópoli debilitada y asediada por sus poderosas rivales.
Desde los Tratados de Utrecht (1713), al final de la guerra de sucesión de España, Inglaterra había logrado introducir una importante cuña en el monopolio hispanocolonial que, entre otras cosas, serviría para acicatear más aún sus esperanzas de reemplazar a aquélla en el dominio de sus colonias. El asiento de negros y el navío de permiso abrieron la primera puerta legal al comercio inglés y acrecentaron, además, las posibilidades de contrabando. La Colonia del Sacramento, cuya devolución a Portugal se le impuso a España en aquellos tratados, habría de servir de base para dicho contrabando, ya que, desde el Tratado de Methuen (1703) Portugal había quedado prácticamente sometida a Inglaterra. Y en torno de la Colonia se suceden, posteriormente, diversas alternativas derivadas de la permanente irritación española por aquella concesión forzada y del interés de Portugal e Inglaterra por mantenerla.
Luego, en 1750, se firma el Tratado de Permuta, por el cual el monarca portugués —Juan VI— y el español —Fernando VI, casado con Bárbara de Braganza, hija del rey lusitano— convenían, dadas su amistad y parentesco, en fijar los límites de sus posesiones americanas de acuerdo con el principio del uti possidetis. Esto es, reconocían la dificultad de volver a la línea de Tordesillas y la conveniencia de quedar cada reino con lo que de hecho tenía ocupado hasta entonces, con excepción de algunas concesiones mutuas, como la devolución de la Colonia del Sacramento a España y la cesión de los siete pueblos de las Misiones entre el Uruguay y el Ibicuí a Portugal.
La aplicación del Tratado de Permuta, netamente ventajosa para Portugal, ocasionó numerosas dificultades, entre ellas la resistencia de los indios misioneros a pasar al dominio portugués, que tuvo que ser vencida en una pequeña guerra en la que perecieron gran cantidad de aquéllos. Al fallecer Fernando VI, el nuevo monarca español Carlos III logró convenir con Portugal la anulación del Tratado, volviendo las cosas al estado anterior, es decir, al ordenamiento de Tordesillas y Utrecht. De tal manera, la Colonia del Sacramento vuelve a dominio lusitano por tercera vez.
Decidido a contener de lleno el peligro de la política inglesa, Carlos III abandona el temperamento pacifista que caracterizó el reinado de su antecesor. En 1761 firma con Francia el famoso Pacto de Familia por el cual ambas dinastías borbónicas se unen "en una comunidad de ganancias y de pérdidas" y por el que España ingresa en la Guerra de los Siete Años. Esta guerra, ya en su etapa final, habrá de decidirse adversamente para Francia, que pierde la mayor parte de sus posesiones americanas, y para España, cuya única victoria —después de diversas pérdidas como las de La Habana y Manila— fue la toma de la Colonia, a fines de 1763 por parte de Pedro de Cevallos, gobernador de Buenos Aires (luego de que, en mayo de 1762, ingresara Portugal en la contienda de parte de Inglaterra). Cevallos había sido enviado al Río de la Plata por el rey, en 1756, para "tomar satisfacción de los portugueses por los insultos cometidos en mis Provincias del Río de la Plata". Arrasada la Colonia por el jefe español al frente de dos mil hombres; debió luego enfrentar a una escuadra británica enviada en auxilio de los portugueses, en enero de 1763. Cevallos logró hundir uno de los navíos atacantes y herir de muerte al jefe de la escuadra, con lo cual ésta se retiró. Luego se puso inmediatamente en campaña hacia el Río Grande, con el propósito de continuar la restitución a España de territorios ocupados en el transcurso de la continua presión
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en España, mientras aguardaba otra oportunidad para eliminar los tratados perjudiciales y estimulaba con diversas reformas internas el espíritu de empresa de sus súbditos.
En este panorama, la defensa de la región rioplatense era más que urgente, dada su enorme vulnerabilidad ante cualquier intento de conquista por potencias enemigas. Desde el punto de vista estratégico, se requería una gran empresa militar y naval en el Plata y, al mismo tiempo, una política económica que proporcionase a la región las rentas necesarias para mantener los frutos de dicha empresa.
Mientras tanto, el permanente choque con los portugueses en los límites de ambas colonias, confería al conflicto internacional un cariz de lucha local, continua y tenaz, en torno a ciertos lugares y regiones claves, como la Colonia del Sacramento o las tierras del Río Grande.
En 1763 la corona de Portugal crea el Virreinato de Brasil. La presión portuguesa se intensifica en pos de la ocupación de la zona del Río Grande y el establecimiento de un enlace terrestre con la Colonia del Sacramento: "Una poderosa fortaleza fué construída en Paranaguá, entre 1767 y 1770. En 1767, los portugueses se apoderaron de nuevo de la parte septentrional del Río Grande. Partiendo del Tieté, el capitán mayor Juan Martins Ramos fué a fundar Iguatemí, la llave de la sierra de Maracajú, que aseguraba nuestro territorio de Vacaria y nos abría una puerta de entrada hacia Asunción del Paraguay. Cayó en poder de los españoles en 1777. Exploraciones concomitantes, irradiando de aquel punto extremo, descubrieron las veredas del Tibagí y del Río de Peixe (1768.69), procurando comunicar el Paraguay con el Iguazú, cosa que logró Antonio de Silveira en 1769-70. Sólo en 1787, el gobernador, teniente coronel José Pereira Pinto, consiguió abrir un camino entre Santa Catalina, Lages y S. Pablo. Entretanto, el capitán general de Mato Grosso, Luis de Albur- querque, después de dominar la navegación del río Paraguay, aseguró las comunicaciones por los ríos Cuyabá y Jaurú, con otros caminos que, de Río y San Paulo, iban a Vila Bela."
Esta breve reseña del historiador brasileño Pedro Calmon, citado por Ravignani, da una buena imagen de los acontecimientos. Entretanto, en 1769, Juan José de Vértiz reemplazaba a Buccarelli en su cargo de gobernador del Río de la Plata. La constante penetración de los portugueses, fortalecidos por la reorganización administrativa y los grandes refuerzos enviados por su Corona, llevó a la guerra en 1776-77. En abril de 1776 los portugueses lograron apoderarse de la región del Río Grande que, definitivamente, dejó de integrar dominios hispanos.
En este momento, la corona española —favorecida por la concentración de los esfuerzos ingleses en la guerra con las trece colonias del Norte—decide el envío de una poderosa expedición al mando de Pedro de Cevallos, que zarpa de España en noviembre de 1776, y alcanza las costas brasileñas en febrero del año siguiente. Se componía de diez mil soldados y quinientos hombres de maestranza, transportados en ciento quince navíos con una tripulación de ocho mil quinientos hombres. La expedición logró pleno éxito en lo que respecta a la banda oriental del Plata. En julio de 1776 Cevallos tomó la Colonia del Sacramento, que dejó así definitivamente de pertenecer al dominio lusitano y aseguró el español sobre la margen oriental del Plata. Pero cuando se disponía a llevar las hostilidades al Río Grande, las negociaciones diplomáticas interrumpieron su campaña. Poco después, en octubre de 1777, el tratado de San Ildefonso fijaba los que, con ligeras variantes, serían límites definitivos entre las colonias españolas y las portuguesas.
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Para el mejor cumplimiento de su misión, se concedieron a Cevallos, en julio de 1776, los poderes y atribuciones de Virrey para las provincias del Río de la Plata, designación que tenía carácter provisional, fijándose como término el del cumplimiento de los objetivos de la expedición. Esta cautela provenía del temor al posible fracaso de la empresa. Una vez cumplida con éxito, la creación del Virreinato tuvo carácter definitivo.
PRIMERA PARTE
LA REORGANIZACION
1. LA REFORMA ADMINISTRATIVA
A partir del reinado del primero de los Borbones españoles, Felipe V, se fueron adoptando en España, lentamente, algunas de las características administrativas de la monarquía francesa. Se trataba de lograr una mayor eficiencia —señala Lynch— basada sobre los principios de la centralización y especialización de funciones que caracterizaban la administración del reino vecino. Carlos III, famoso representante del despotismo ilustrado, acentuó firmemente dicha tendencia durante su reinado (1759-1788). Rodeado de un brillante grupo de "filósofos" (Campomanes, Jovellanos, Floridablanca, Aranda, Gálvez y otros), entre ellos algunos excelen- tes economistas, intentó promover el resurgimiento económico como medio de consolidar a España como gran potencia europea. La reorganización administrativa se imponía, en esta perspectiva, como una condición ineludible para sanear las finanzas del reino, sumidas en un permanente y enorme déficit, y ejecutar el programa de reformas que se había trazado.
El proceso de centralización había ido limitando las funciones del Consejo de Indias —que bajo Carlos III acabó por quedar reducido a un mero organismo consultivo— pasando sus anteriores funciones a un ministerio especial. La importancia concedida a la relación con las colonias, puesto que se confiaba en el fortalecimiento de éstas para aumentar los recursos y el poder de la metrópoli, había promovido diversos proyectos de reformas para las Indias. Por ejemplo, Campillo, ministro de guerra y hacienda de Felipe V —seguido luego por Ward en su famoso Proyecto económico— criticaba el haberse desperdiciado las grandes posibilidades que ofrecían a España sus colonias, en virtud de la persistencia de un anticuado y oneroso sistema de gobierno y de explotación económica. Reclamaba en cambio la liberalización del comercio colonial, el fomento de la economía americana, la concesión de mejoras para sus habitantes y la reforma de su régimen administrativo, entre otras medidas de las examinadas en su Nuevo sistema de gobierno para la América (1743, publicado en 1789).
El establecimiento del Virreinato de Nueva Granada (1740), el de la Capitanía General de Venezuela (1731), y la de Cuba (1764), son otras tantas medidas tendientes a una mejor administración, al reducir la extensión de cada unidad administrativa. Asimismo la visita de Gálvez en el Virreinato de Nueva España y la de Reilly en las Antillas fueron decididas por el rey con el propósito de examinar de cerca la situación de las colonias y mejorar sus condiciones defensivas ante el acrecentamiento de la amenaza inglesa. Fruto de esa preocupación fue el proyecto de formar un nuevo virreinato con las provincias del norte de Nueva España, de manera de fortalecer la seguridad del Imperio en ese extremo de los dominios coloniales
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España, dispuesto también por Cevallos, Buenos Aires se aseguraba el predominio en los mercados del Interior, incluido el Alto Perú y hasta competía con éxito, en ciertos rubros, en el del Bajo Perú, importancia que subraya la creación de su Aduana, por Real Cédula de junio de 1778. Estas disposiciones resolvían una vieja rivalidad entre Lima y Buenos Aires, entretejida al compás de un largo proceso caracterizado por el crecimiento económico de la ciudad del Plata y la competencia de los mercaderes de uno y otro lugar por el control del comercio con España, así como por el choque de los intereses de los productores del litoral atlántico con el control monopolístico de dicho comercio por parte de Lima. El proceso de independización de Buenos Aires con respecto a Lima, que en la creación del Virreinato encuentra un jalón decisivo, es una manifestación del paulatino traslado del centro de gravedad económico de la costa del Pacífico a la del Atlántico, promovido por las circunstancias generales de la época. En realidad, la lucha contra la tutela de la metrópoli peruana no era otra cosa que un aspecto de la lucha contra el monopolio de los comerciantes andaluces que controlaban el tráfico del Perú, vía Portobelo. El Consulado de Lima era instrumento de Sevilla y de Cádiz y no es extraño, entonces, que en la oposición al libre comercio hayan de coincidir posteriormente los comerciantes monopolistas de Buenos Aires, meros representantes de los intereses españoles, con los de Lima.
Buenos Aires clamaba contra la vía comercial que desde España debía dirigirse a Panamá, de allí al Perú por el Pacífico, para luego, en interminable ruta de carretas, llegar a Buenos Aires: largo trayecto que multiplicaba en absurda proporción los precios de los fletes, gravámenes sucesivos y otros rubros, y que a los ojos de los habitantes del Plata constituía una de las bases de la preeminencia de los comerciantes de Lima. La ciudad peruana protestaba contra la salida clandestina de mercadería por Buenos Aires hacia España y por la puerta abierta al contrabando que significaba la Colonia del Sacramento en las proximidades de la ciudad del Plata, tanto para la entrada de efectos extranjeros como para la silenciosa evasión del metal de Potosí.
El crecimiento de Buenos Aires engrosa así las fuerzas partidarias de la creación del nuevo Virreinato, a la vez que el triunfo paulatino de esta tendencia abre las puertas al impetuoso crecimiento de la futura metrópoli, puesto que ese crecimiento era también una necesidad para la política borbónica de crear una nueva división administrativa, suficientemente fuerte desde el punto de vista económico, como para asegurar el éxito de su objetivo estratégico y financiero.
De la misma manera estimularon también la economía del Río de la Plata diversas medidas que disminuían aranceles e impuestos o que fomentaban algunas producciones, como la de la salazón de carnes.
En ningún otro lugar, entonces, los problemas administrativos adquirían mayor relevancia para la política colonial española. Es así que el nuevo Virreinato ha de ser el lugar donde se implante por primera vez el régimen de intendencias, sistema francés adoptado en España desde los tiempos de Felipe V y proyectado ya —aunque sin que se aplicara— para otras colonias. En enero de 1782 se dicta la famosa Ordenanza de Intendentes que ha de reestructurar el sistema administrativo colonial en los territorios del Virreinato del Río de la Plata y que luego, paulatinamente, se extiende a todo el imperio colonial español.
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La adopción del régimen de intendencias para el Plata no es otra cosa que una continuación de la misma política borbónica que había llevado a la creación del Virreinato. Se necesitaban órganos de gobierno con mayor capacidad ejecutiva y funciones mejor delimitadas, sobre territorios menos extensos, de manera que dicho poder llegara efectivamente a todas las regiones sometidas a su dependencia. La Ordenanza de Intendentes reflejaba este aspecto de la política española, creando ocho unidades administrativas dentro del nuevo Virreinato, de manera que el poder del virrey —ejercido sobre un territorio aún demasiado extenso, pese a ser sólo una parte de las que integraban el Virreinato del Perú— contase con auxiliares en condiciones de atender mejor los problemas de cada región. Ellas eran las intendencias de Salta, Córdoba, Paraguay, La Plata, Cochabamba, Potosí, La Paz y la Intendencia General de Ejército y Provincia de Buenos Aires (véase mapa 2.7). La ex gobernación de Córdoba del Tucumán quedaba así dividida en dos: Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis integran la Intendencia de Córdoba, con capital en la ciudad del mismo nombre; y Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, la Intendencia de Salta, también con capital en la ciudad que daba nombre a la intendencia. ..Montevideo, las Misiones (menos trece de sus treinta pueblos que pasaron a la Intendencia del Paraguay) y las provincias de Mojos y Chiquitos, quedaban fuera del sistema de intendencias, como gobernaciones militares inmediatamente subordinadas al virrey, daba su contigüidad a territorios portugueses.
MAPA 2.7. Virreinato del Río de la Plata e Intendencias.
En la Ordenanza de Intendentes subsiste, pues, la autoridad del virrey, proveniente de la tradición austríaca, junio a la nueva de los intendentes de origen borbónico, designados directamente por el
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Todo el detallado sistema financiero de la Ordenanza parece haber producido frutos apreciables en los primeros años, como se desprende del sensible aumento de las recaudaciones en las principales intendencias, aumento que, en buena medida, puede también atribuirse a los efectos del nuevo régimen del libre comercio. Pero, a largo alcance, no produjo los ingresos esperados, defraudando las esperanzas que habían movido a la Corona al implantar la Ordenanza.
Lo mismo puede decirse, en general, de los resultados del sistema de Intendentes. Por múltiples factores, de muy diversa naturaleza, la Ordenanza se reveló incapaz de corregir la defectuosa administración de las colonias españolas, si bien produjo apreciables resultados en la concreción de diversas iniciativas en lugares que prácticamente habían carecido hasta entonces de autoridades efectivas. Pero, en lo que respecta a los móviles de la Corona y, sobre todo, a la faz de mayores expectativas que era la de las rentas reales, las cosas no variaron sustancialmente. Entre otras razones, la ineficacia de los funcionarios menores trababa irremisiblemente la marcha del sistema. La falta de retribución a los subdelegados, junto con las atribuciones financieras que se les confería, la resistencia a apelar a los criollos para llenar los cargos menores, la persistencia de la venta de cargos, eran sólo algunos de los factores que impidieron formar el contingente de buenos administradores que hubiese necesitado la Ordenanza para ser llevada a la práctica con eficacia. Agréganse a ello los anacronismos padecidos por la propia maquinaria administrativa metropolitana y la influencia muy poco contrarrestada de intereses particulares. Una reforma de la Ordenanza promulgada en 1804 fue inmediatamente suspendida sin volverse a intentar nuevamente reforma alguna, pues, por encima de todo esto, la crisis del sistema colonial español no era pasible de solución en el plano administrativo.
- LA NUEVA POLITICA ESPAÑOLA
De acuerdo con las concepciones de la Ilustración difundidas en España, el Estado debía tratar de ejercer un constante papel en la promoción y el fomento de las actividades económicas de sus súbditos, favoreciendo aquellas empresas que pudiesen acrecentar el bienestar de la población —y con él las rentas reales—, poblando regiones capaces de sustentar tales actividades, liberando de trabas a la producción y al comercio. Todo ello, en el caso de las colonias, en la medida que no constituyesen actividades competitivas de las existentes en España y, por otra parte, en función de cimentar demográfica y económicamente la política defensiva del Imperio.
Por eso, el período del Virreinato, cuando ha sido examinado con el espíritu de la disputa en torno de la leyenda negra o la leyenda blanca, es decir, con el espíritu de los partidarios de ver en la historia colonial una simple manifestación del oscurantismo español o el de quienes tienden a defender a España oponiéndoles una actitud contraria no menos esquemática y falsa, motiva una curiosa paradoja. Los inclinados a la primera de tales concepciones, que suelen concebir el período independiente que ha de seguir como un puro producto del liberalismo del siglo XVIII, aminoran su tono acusatorio hacia España, complacidos en el hallazgo de hechos que, provenientes del impulso liberal del despotismo ilustrado borbónico, se ofrecen a manera de preludio a la etapa independiente. La leyenda negra se diluiría así gracias a algunas dosis de esas luces provenientes de Europa. La leyenda blanca, en cambio, se oscurece en aquellos historiadores que no pueden dejar de abordar con evidente repugnancia los frutos de una política
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metropolitana que, extraviada en los caminos del afrancesamiento, se empeñaría en desvirtuar una honda y vieja tradición de dominio hispano en América.
Las tendencias a aminorar el peso del dominio colonial, a dar cierta satisfacción a los intereses americanos en la medida en que no lesionasen los de la metrópoli y a dejar sentir magnánimamente el celo benefactor de una monarquía auxiliada por las luces del siglo, a través de iniciativas menores en campos como el urbanismo, la educación, sanidad, recreación y otros, no son otra cosa que el fruto de una nueva concepción política del Estado español y de las relaciones de ese Estado con sus colonias, concepción que, entre otras cosas, no dejaba de tomar en cuenta —según lo expresaron tantos políticos del reino como Campillo, el conde de Aranda— que la falta de una política más flexible en el dominio colonial no hacía otra cosa que favorecer las pretensiones inglesas de conquistar o promover la emancipación de las colonias hispanoamericanas, ya conmovidas por el ejemplo que dio la misma España al apoyar, movida por su rivalidad con Inglaterra, la independencia de las colonias norteamericanas.
Paradójicamente, y por haber sido tan pobres los resultados concretos de la nueva política borbónica en comparación con las intenciones, ese leve aflojamiento del dominio colonial no sirvió para desahogo de las tensiones sociales generadas en América hispana sino, por lo contrario, pareció acicatear las aspiraciones de emancipación que estallarían en breve.
De todas maneras, las preocupaciones defensivas del Imperio y el objetivo ilustrado de promover el bienestar de los súbditos parecían poder conjugarse, así como la prosperidad de los vasallos del rey se concebía como medio y condición de prósperas rentas reales. Visto el panorama desde la corte, el sentido utilitario de la actitud ilustrada ante todos los problemas de la vida parece poder desplegarse en América para beneficio conjunto del monarca y sus súbditos, limitado, eso sí, a problemas que no entrañasen conflictos de intereses entre la Península y las colonias. Visto desde las colonias, las intenciones solían perderse, por lo general, ante la estolidez de una maquinaria burocrática aparentemente incapaz de ser renovada por la nueva política y, más aún, ante los intereses y privilegios surgidos en el Nuevo Mundo a lo largo de la dominación hispana. En unos casos, la lentitud y complejidad del trámite burocrático conspira contra diversas iniciativas de bien público promovidas ante el rey, que languidecen o caen en el olvido. En otros, la oposición de propietarios de tierras o comerciantes monopolistas, por ejemplo, se yergue ante tentativas colonizadoras o ante el fomento de actividades económicas locales.
De todas maneras, en el marco de la siempre pesada y lenta maquinaria burocrática hispana, esta etapa de la vida colonial conoce diversas iniciativas o autorizaciones reales, y, sobre todo, iniciativas de autoridades locales, tendientes a cumplir aquellos fines que esta nueva concepción del Estado generaba en la mentalidad de los gobernantes. Es el caso del virrey Vértiz y de algunos intendentes como Sobremonte en Córdoba.
A fines de mayo de 1794, se instala el Consulado de Buenos Aires, creado por Real Cédula de enero del mismo año. Era otra de las consecuencias de la habilitación de todos los puertos españoles al comercio con las colonias, dispuesta por el Reglamento de 1778 y que formaba parte de una serie de creaciones similares en otros lugares de América. Tenía el doble carácter de tribunal judicial, en la jurisdicción mercantil, y de junta de protección y fomento del comercio. Se le
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Mercedes), Rojas, Salto, Areco: pequeños poblados que rápidamente vieron crecer su población y producción, pero que, al mismo tiempo, se desarrollaron como centros ganaderos más que agrícolas, pese a las previsiones administrativas y en consonancia, en cambio, con la expansión ganadera de la época. A principios del siglo XIX, comparando los datos de Azara con el censo de 1781, habían triplicado su población y asegurado por un largo período la estabilidad y relativa tranquilidad de la línea de defensa en ellas asentadas, que hasta 1810 no ha de sufrir modificación. Chascomús rondaba los mil habitantes y el doble poseía Luján (véase mapa 2.8).
El mismo programa defensivo-colonizador fue adoptado por Sobremonte en la Intendencia de Córdoba. Allí, la fértil región de los ríos Cuarto y Tercero, poblada de estancias, había sido devastada por incursiones indígenas. La instalación de algunos fortines no había alcanzado a remediar la precaria situación de la frontera (Sauce, Santa Catalina, en la región de los ríos mencionados, a mediados de siglo; luego, Asunción de las Tunas a noventa leguas de Córdoba y Saladillo, San Fernando y Concepción del Río Cuarto). Sobremonte decidió la instalación de nuevos fortines ubicados entre los anteriores, situados a unas veinte leguas de distancia uno del otro y, asimismo, la conversión de varios de ellos en centros poblados que reunían los habitantes dispersos de la campaña próxima y la tropa reforzada de cada fortín. La zona del Río Tercero y la ruta de Buenos Aires a Córdoba y al Perú estaban defendidas por los fortines de las Tunas, Loreto, Saladillo y San Rafael; la región del Río Cuarto y el camino a Chile estaban al amparo de los fortines del Sauce, San Carlos, Santa Catalina y San Fernando; el fortín de San Bernardo defendía a los pobladores y haciendas vecinas. Concepción, San Bernardo, La Carlota —junto al fortín del Sauce—, la Luisiaua —junto al de San Carlos—, fueron las primeras poblaciones surgidas por la obra del intendente Sobremonte y continuaban con vida próspera al final de su mandato, junto a algunas nuevas poblaciones que despuntaban al amparo de otros fortines.
MAPA 2.8 Línea de fortines a comienzos del siglo XIX
En la región de San Luis, la protección de la ruta de Buenos Aires a Chile fue reforzada por nuevos fortines, algunos de ellos en la zona del Bebedero. Esto permitió modificar dicha ruta: se la trasladó a un tramo más hacia el sur, por el Bebedero, acortándola en unas veinte leguas. Aquí, en cambio, no prosperaron las poblaciones, dadas las características poco favorables de la región.
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La frontera de Mendoza fue una de las más castigadas por las incursiones indígenas, que no lograron ser contenidas por el fortín de San Carlos, establecido hacia 1770 en la entrada del Valle del Uco. La actuación del comandante Amigorena a partir de 1778 logró asegurar con relativa eficiencia la defensa fronteriza, pero a costa de la afligente situación de la campaña agotada por la continua lucha contra los indios. La política de Sobremonte consistió en repoblar el valle del Uco, fundar una población al abrigo del fuerte de San Carlos, distribuyendo tierras y repartiendo ganados y útiles de labranza. Años más tarde, la necesidad de trasladar la frontera más hacia el sur llevó a la fundación de un nuevo fortín en la zona del río Diamante, en 1805. Junto a él una nueva población, San Rafael, continuó el proceso de colonización emprendido desde la fundación del Virreinato.
Otras regiones conocen también similares empresas. La fundación de Nueva Orán, en el valle del Zenta, por el intendente de Salta, García Pizarro, en 1794, tuvo por objeto reforzar la frontera, aprovechar una región muy propicia para el pastoreo y afincar a una población sin tierras. Logró el concurso de unos ochocientos españoles y mestizos, con los cuales llevó a cabo su cometido.
La obra de Tomás de Rocamora, comisionado del virrey Vértiz en Entre Ríos, constituye también un típico ejemplo de programa colonizador animado por el espíritu de la Ilustración, que arrojó como saldo las poblaciones de Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Rocamora había colaborado en la organización militar de las célebres colonias españolas de Sierra Morena, cuya Instrucción y Fuero de Población habían sido redactados por Campomanes y que fueron dirigidas por Olavide, el afrancesado. En estas colonias, donde se suprimieron los mayorazgos, vinculaciones, manos muertas y privilegios como el de la Mesta ganadera, se estableció la combinación de agricultura y ganadería, se hizo obligatoria la enseñanza primaria, etcétera. En su actuación en Entre Ríos, Rocamora traduce la misma preocupación por asentar la población en la tierra, asegurar una adecuada distribución de su propiedad y defender al pequeño propietario de la voracidad de los grandes. En su obra chocó con la resistencia de estos últimos, generalmente vecinos de Santa Fe o Buenos Aires, amparados por una maquinaria administrativa poco propicia a aquellos cambios.
Por último, merece mencionarse el intento de colonizar la costa patagónica, cuyo fracaso hemos comentado, como asimismo la fundación de algunas poblaciones en la margen oriental del Plata, entre ellas San Juan Bautista y San José.
La preocupación por el bienestar de los súbditos llevó a los representantes coloniales del despotismo ilustrado español a introducir relativas mejoras en la vida urbana, manifestadas en el arreglo y limpieza de calles, provisión de agua a las ciudades, obras de desagüe, alumbrado público, lugares de esparcimiento, paseos, construcción de nuevos edificios públicos, cierto ordenamiento del tránsito urbano, etcétera. Conocido ejemplo de esta actividad fue el virrey Vértiz, bajo cuyo gobierno la ciudad de Buenos Aires intentó ser puesta a tono con su nueva condición política y su creciente riqueza. Participando del espíritu del siglo en lo que respecta a beneficencia —campo singularmente caro a las preocupaciones de la Ilustración—, fundó la Casa Cuna —Hospital de Expósitos— y la Casa de Corrección para prostitutas. Fundó también el Protomedicato, organismo destinado a vigilar el ejercicio de la medicina, el Hospicio de pobres mendigos, y desarrolló otras iniciativas afines. Respecto de la vida urbana, adoptó una serie de medidas tendientes a controlar las costumbres de la población en lo relativo a lugares de juego y bebidas, al baño en el río, a la venta de mercaderías en las pulperías —para tratar de evitar
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de prólogo a su vida nacional independiente, en lo económico constituye, más bien, el capítulo inicial de esa transformación que determinó el predominio definitivo de la zona del Litoral sobre el resto del país y, dentro de ella, de la ciudad-puerto, convertida en centro económico y político- administrativo desde el Virreinato hasta el presente.
Las condiciones de un cambio tal, si bien gestadas en época anterior a la que nos ocupa, eclosionan en esta etapa, dominada fundamentalmente, y cada vez con mayor fuerza, por las necesidades y vicisitudes del comercio exterior.
El crecimiento del mercado externo para los productos coloniales, en una coyuntura europea de alza general de precios, con una profunda reanimación del desarrollo capitalista que ha de culminar en la revolución industrial, promovió el acrecentamiento de la presión inglesa y francesa sobre las colonias españolas, en busca de esos productos coloniales necesarios para las manufacturas europeas y de nuevos mercados para sus producciones.
El crecimiento demográfico europeo y el gran desarrollo del comercio colonial, con la reactivación de la corriente de metales preciosos hacia el viejo continente, provocan, desde el segundo tercio del siglo, un alza general de precios en los principales productos del comercio europeo. Durante el siglo XVIII se produjo tanto oro y plata en América como lo obtenido desde el descubrimiento. En resumen: el aumento de los precios de las mercancías y el crecimiento de la producción de éstas para satisfacer la creciente demanda, determinaron un aumento tal de la actividad capitalista en Europa que en Francia, entre el segundo y el último cuarto del siglo, el valor de la producción industrial casi se duplicó, el del comercio interior y exterior se triplicó, aproximadamente, y el comercio con las colonias se quintuplicó. En Inglaterra, el crecimiento es mayor aún, gracias al gran desarrollo del comercio marítimo y la industria, luego del Tratado de Utrecht (1713), que debilita la competencia de Francia y, sobre todo, después del Tratado de París (1763) que le da acceso a la India.
La gran acumulación de capitales, impulsada principalmente por el comercio colonial, el perfeccionamiento y desarrollo de instituciones comerciales y financieras (bolsas, bancos, diversos tipos de documentos fiduciarios, papel moneda), el avance en los métodos y técnicas de producción, que ha de culminar en las innovaciones técnicas sin precedentes de la revolución industrial (comenzada en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII), la difusión de compañías comerciales, sociedades anónimas y otras formas de empresas capitalistas, caracterizaron los años de mediados del siglo en Europa y condicionarán el tipo de evolución económica del Nuevo Mundo. Bajo la presión de las nuevas condiciones económicas europeas, las colonias españolas comienzan el proceso que ha de destruir el relativo equilibrio y la unidad interregional logrados hasta entonces por su arcaica economía. Se desarrollan zonas de monocultivo, con las cuales se debilitan los lazos interregionales mientras se acentúa la relación con Europa, a la cual sirven, a la vez, de fuente de materias primas o alimentos y de mercado para sus producciones. Caña de azúcar, cacao, añil, tabaco, café, cueros... Frutos de monocultivo que avanzan sin cesar —junto a los metales preciosos—, desalojando viejas producciones, invadiendo nuevas tierras, absorbiendo la vida económica de las distintas regiones de las colonias ibéricas. A la vez, la afluencia de manufacturas europeas, sea por medio del intermediario español, sea mediante el contrabando, termina por dislocar la vieja conformación de la vida económica colonial.
Autor. Carlos S. Assadourian - Guillermo Beato - José C. Chiaramonte
En el desarrollo de esa nueva relación con Europa, el Río de la Plata habrá de atravesar la llamada "época del cuero", por la casi absoluta preeminencia de esa producción en su economía, especialmente en la zona del Litoral, región que comienza a predominar sobre el Interior, gracias, justamente, a este proceso.
La ganadería del Litoral sufre una notable expansión en el transcurso del siglo XVIII, especialmente luego de las franquicias comerciales contemporáneas de la creación del Virreinato. El Río de la Plata, como casi todas las colonias americanas, era una zona en constante apetencia del gran comercio internacional. Los intereses de las grandes casas comerciales europeas y el afán de lucro de los colonos rioplatenses —basado en su única posibilidad de subsistencia, la que brindaba la explotación de su riqueza natural, el ganado— eran dos polos en recíproca y permanente atracción, imposibilitados de establecer los vínculos naturales por el monopolio comercial español.
Por eso, el ascenso del litoral rioplatense, que culmina en el Virreinato, data, en realidad, del fin de la guerra de sucesión de España, del proceso abierto por los Tratados de Utrecht, por uno de los cuales Inglaterra logró de España la concesión para el comercio de negros en las colonias americanas, comercio al cual acompañó siempre el contrabando como complemento inseparable. La preeminencia de Inglaterra en Europa fue favorecida por dichos tratados que imponen innovaciones como la del asiento de negros o la cesión de la Colonia del Sacramento a Portugal, que son otros tantos golpes asestados al dominio español en América. La corona española se vio, entonces, impulsada a diversas medidas tendientes a contrarrestar los efectos de su derrota en la guerra de sucesión. Desde entonces, España va desgranando una serie de medidas de política económica que, aunque proyectadas en función de su estrategia ante la amenaza del avance inglés y lusitano, redundarían en beneficio de las colonias. La nueva política de cierta liberalización del comercio hispanocolonial tiende, durante el siglo XVIII, junto a diversas empresas bélicas de similares propósitos, a detener el creciente predominio inglés, propendiendo al desarrollo de las industrias peninsulares y a su primacía en el comercio de Indias: el proyecto para galeones y flotas del Perú y Nueva España y para navíos de registro, la fundación de Montevideo en 1723, la supresión del sistema de flotas y galeones en 1740, con la consiguiente animación de la navegación comercial por el Cabo de Hornos, en perjuicio de Lima y en beneficio para el Río de la Plata, son otros tantos pasos sucesivos de dicha política de la monarquía borbónica. Al suprimirse el rígido sistema de flotas y galeones —sólo restablecido en 1754 para Nueva España— cobró auge el más flexible de los navíos de registros sueltos y con rutas variadas, por medio del cual, entre otras cosas, se atendía directamente al comercio con el Perú, vía Cabo de Hornos, en sustitución de la antigua ruta a través de Panamá, con la feria en Portobelo.
El sistema de registros no deja de gravitar en el crecimiento comercial de mediados de siglo: entre 1737 y 1760 fueron conducidos a España por la vía del Cabo de Hornos o con registros desde Buenos Aires y Cartagena, mercaderías por valor de más de ciento veinticinco millones de pesos, mientras que entre 1720 y 1739 el valor de lo transportado a España había sido de cuarenta y tres millones setecientos mil pesos, crecimiento comercial este en el cual el Río de la Plata no quedó sin algunos provechos.
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Cádiz, ocho puertos españoles para el tráfico con las Indias, suprimiéndose las licencias para comerciar y navegar y simplificándose y aligerándose los aranceles).
Por el Reglamento de 1778, el comercio continuaba reservado para los españoles y prohibido para los extranjeros; debía efectuarse en buques hispanos y la tripulación de éstos, por lo menos en sus dos terceras partes, debía ser española. Pero por otra parte simplificaba el régimen de aranceles, suprimiendo los derechos de palmeo, toneladas, San Telmo, extranjerías, visitas, reconocimientos de carena, habilitaciones, licencia. Asimismo, se liberaba de derechos la salida de España de cuarenta especies importantes y las manufacturas de lana, algodón, lino y cáñamo eran eximidas del de almojarifazgo a su entrada en América, medidas que buscaban fomentar la industria textil española; adoptadas, eso sí, sin modificar la prohibición para los cultivos americanos que pudiesen competir con los españoles, como la vid, el olivo, cáñamo y lino. Entre otras, interesaban especialmente al Río de la Plata las disposiciones que eximían de derechos a la entrada en España de productos coloniales como, por diez años, las carnes saladas, astas, sebo y lanas, al par que se establecía un gravamen bajo a los cueros.
De esta manera, se aliviaba de obstáculos el comercio con las colonias, aunque debe notarse que seguía subsistiendo la prohibición para extranjeros, de modo que las mercancías europeas no españolas debían pasar por España, pagar derechos de entradas y salidas, navegar en buques españoles y sólo entonces llegar a los puertos americanos donde nuevamente pagaban derechos. Además, si bien teóricamente todo súbdito español —peninsular o americano— podía ejercer el comercio colonial, la exigencia legal de un consignatario radicado en España determinaba, en la práctica, que aquél siguiese en manos de contadas casas hispanas que realizaban sus operaciones con el complemento de sus agentes en los puertos americanos. Asimismo, en cuanto el nuevo régimen favorecía con sus disposiciones arancelarias a los productos de la ganadería, los hacendados del Litoral resultaban beneficiados, si bien el beneficio efectivo era menor que el aparente, puesto que el contrabando —ahora, lógicamente, disminuido— había suplido, en buena medida, la falta anterior de un régimen como el inaugurado en 1778. No se dejaba de observar, por último, que gran parte de los cueros, astas, sebo y crines remitidos por el Río de la Plata a España, no quedaban allí sino que alcanzaban el mercado inglés, francés y de otros países europeos, donde se vendían a precios muy superiores a los recibidos por los productores rioplatenses de parte de los compradores españoles.
Al Reglamento de 1778 siguieron otras medidas. En 1791 se autorizó a españoles y extranjeros a introducir negros en las colonias españolas y a retornar su importe en metálico o frutos del país; en 1795 se otorgó permiso general para el intercambio entre Buenos Aires y las colonias extranjeras, mientras no se tratase de mercancías que fuesen retorno para España y permitiéndose retornar al Plata, desde dichas colonias, sólo productos de las mismas y no mercancías europeas. En 1797, durante la primera guerra napoleónica, la imposibilidad de España de atender el comercio con las colonias, la indujo, temporariamente, a abrirlo a súbditos de potencias neutrales, disposición real que se mantuvo en vigor hasta 1802.
Los efectos del Reglamento de 1778, reforzados por las disposiciones posteriores, se hicieron sentir de inmediato. Hasta esa fecha se exportaba por el Río de la Plata un promedio de 150. cueros por año, cifra que duplica la del primer cuarto del siglo, y que es posible atribuir a la
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implantación de los navíos de registro. A partir de 1778 la cifra ascendió a 800.000 y luego de la Paz de Versailles, en 1783, a 1.400.000 cueros anuales.
Otros datos para juzgar los efectos del Reglamento de 1778 nos los dan las cifras de las recaudaciones aduaneras de Buenos Aires. Desde 1773 a 1777, quinquenio anterior al Reglamento, se recaudó, a un promedio anual de 23.474 pesos fuertes, la cantidad de 117. pesos fuertes. En el quinquenio posterior, 1779-1783, las rentas de la aduana subieron a 760.935, con un promedio de 152.187 pesos anuales; y en el quinquenio 1791-1795, llegaron a casi dos millones de pesos, lo que significaba 390.000 por año. Estas cifras deben ser juzgadas teniendo en cuenta que en el mismo Reglamento de 1778 se rebajaron los gravámenes aduaneros.
Agreguemos, por último, que la creación de la Aduana de Buenos Aires, por Real Cédula de junio de 1788, correspondió a la importancia que ahora se confería al tráfico por este puerto.
- ANALISIS REGIONAL
Un examen panorámico de la economía del Virreinato muestra las transformaciones producidas en cada una de sus regiones y en sus relaciones recíprocas por la evolución económica antes reseñada. A tales efectos podemos distinguir, en primer lugar, los territorios que se agrupan bajo la común denominación de Litoral (Buenos Aires, Santa Fe, sudeste de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y la margen oriental del Plata) de los del Interior, el resto del territorio al norte de la Patagonia, hasta la actual frontera de Bolivia y, desde allí hacia el norte, la región del Alto Perú.
Al decidirse la creación del Virreinato del Río de la Plata, la corona española unió en él regiones de tan diversa formación natural, de tan dispar desarrollo económico y con tan débiles lazos entre sí, que tales circunstancias significaron hasta mucho después serios obstáculos, muy difíciles de superar para constituir una nación.
Al crearse el Virreinato, el Litoral, pese a su ya acentuado progreso, continuaba siendo una de las regiones más atrasadas de las que integraron la nueva división administrativa del Imperio hispano. El Interior lo superaba tanto por su riqueza como por su población. Aun a comienzos del siglo XIX la población del Litoral se calcula en unos ciento cincuenta mil habitantes sobre un millón que, aproximadamente, tendría el Virreinato.
Centro indiscutible de la región Litoral, y cada vez en mayor medida de toda la economía virreinal, la ciudad de Buenos Aires conocía rápidos progresos que viajeros admirados y nativos orgullosos comprobaban con frecuencia. Más que centro, vértice irresistible del gran embudo que la adecuación al mercado ultramarino constituye en el Plata, apuntando hacia los puertos hispanos y luego europeos para la distribución de sus producciones y succionando con poco limitada exclusividad los envíos de mercancías europeas que distribuía hacia el Interior. Esta posición que se consolidará en el curso de la historia posterior, va siendo ya un esbozo bastante nítido a lo largo del Virreinato, superpuesto sobre los viejos rasgos de una economía orientada hacia el centro minero altoperuano que van perdiendo paulatinamente su predominio.
