¡Descarga Gestión Pública y Ambiente: Estructura del Sector Público Venezolano y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Desarrollo Humano solo en Docsity!
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Comunidad de Aprendizaje GUAICAMACUTO Núcleo Palo Verde – Extensión Vargas Programa de Estudios Abiertos Maestría en Ecología para el Desarrollo Humano Facilitador: Dr. Francisco Gutiérrez
Gestión Pública, Sociedad Y Ambiente
Participantes: Lcdo. Bravo Peña, Jesús R. V-10.575. Lcdo. Delgado Arenales, José J. V-13.672. Lcda. Guevara Uzcátegui, Sari Z. V-16.507. Lcda. Leal Rivas, Yusmely J. V-10.578. Lcda. Urbaneja García, Anny K. V-15.266.
La Guaira, marzo de 2023
La forma y naturaleza de la estructura organizativa del sector público está establecida en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de la Administración Pública, confiriéndole un carácter institucionalista, normativo, rígido, que tiende a limitar y restringir la autonomía funcional de la administración, gerencia y gestión pública. En el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) se establece que el poder público se distribuye en nacional, estadal y municipal; y se divide en el ámbito nacional en ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. En cada nivel de distribución y división existen órganos y entes de la administración pública con funciones y objetivos definidos y actúan como instrumentos de la acción política al servicio de la comunidad. Asimismo, plantean Bobbio, Matteucci y Pasquino (2005), que la administración pública, por principio, es una cualidad del Estado y sólo se puede explicar a partir de éste; incluye a las organizaciones públicas que realizan la función administrativa y su gestión y a otros entes públicos con personalidad jurídica, nacionales, regionales o locales. Suele referir a formas republicanas y/o democráticas en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas. En tal sentido, la administración es una actividad cooperativa cuya finalidad es organizar y servir para el logro de objetivos del Estado, vista la Administración desde la Gestión Pública, como la entidad que administra, o bien como la actividad administrativa; donde el ciudadano es su razón de ser y debe ser considerado como demandante de sus servicios y contribuyente de los servicios públicos. La Gestión Pública en la actualidad se enfoca como una dinámica que acerca el gobierno a la comunidad, de hacer al ciudadano responsable y corresponsable de la acción de gobernar. La forma y naturaleza de la estructura organizativa del sector público está establecida en nuestra Carta Magna, es decir la Constitución Nacional, confiriéndole un
ésta. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para garantizar que las políticas públicas son efectivas y que se alcanzan los objetivos planteados. En otro orden de ideas, se deben establecer normativas tendentes a minimizar o evitar el impacto de la contaminación al medio ambiente es una necesidad global; por lo que, el mantenimiento de un crecimiento económico sostenible es cómo coordinar la acción de reducción de las emisiones emanadas de las operaciones comerciales diarias. La gestión pública en cuanto a la protección del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible es de vital importancia. La conservación del ambiente debe ser una prioridad en las estrategias de gestión pública, ya que éste es el medio en el que se desenvuelve la sociedad y del que depende su subsistencia. Por tanto, la gestión pública debe estar orientada al uso sostenible de los recursos naturales y a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Desde esta perspectiva, los procesos industrializados en la sociedad en la que vivimos además del incremento de la población, aparejan impactos ambientales que ocasionan residuos cuyos efectos agravan la calidad de vida de los ciudadanos, así como la realidad empresarial. En este sentido, las empresas deberán establecer mecanismos que minimicen e impidan la colisión ambiental, otorgándole prioridad a la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales aunada a la utilización de tecnologías limpias, amigables con el medio ambiente que además sirvan de enlace para la creación de un camino hacia un mercado global sustentable. Dentro de este contexto, Venezuela no se encuentra excluida de esta problemática internacional; por cuanto, se visualiza un Estado que, para ejecutar las obligaciones consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe buscar mecanismos para ejercer su función con criterios de eficiencia.
En este sentido, las autoridades encargadas de ejercer el cumplimiento del marco legal, tienen mucho que aprender sobre el mismo, su aplicación práctica además de las consecuencias que apareja el incumplimiento de éste, puesto que necesitan una preparación formal, mayor entrenamiento y experiencia en el manejo de la materia ambiental que permita detectar como vigilar oportunamente los problemas relacionados con entorno ambiental. En conclusión, es inaplazable adoptar medidas, amparadas dentro del compendio legal vigente que rijan la materia, que conminen a la sociedad al cumplimiento de obligaciones en materia ambiental. Esto en virtud de una marcada ausencia de cultura ambiental que complica la implementación de estrategias de protección medio ambiental, que, al agregar la falta de interés por parte del Estado por inexistencias de políticas adecuadas en la materia, control y seguimiento, aunando al incumplimiento de la normativa legal medio ambiental, pues se habla más de lo que finalmente se aplica o se norma. Por lo tanto, es importante que la gestión pública tenga en cuenta las necesidades y demandas de la sociedad que promueva una gestión ambiental sostenible, esto implica que las políticas y estrategias de gestión pública deben estar enfocadas en la protección del ambiente y en la promoción del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los intereses de la sociedad y las generaciones futuras, por lo que es necesario que exista un participación activa y democrática de la sociedad en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión ambiental, ya que esto garantiza una mayor transparencia, ética y responsabilidad en la gestión pública, y esta debe estar orientada al desarrollo sostenible, promoviendo la protección del ambiente y la inclusión de toda la sociedad en sus políticas y decisiones. Es fundamental que la gestión pública tenga una visión de largo plazo y que se enfoque en el bienestar de la sociedad y en el cuidado del ambiente, ya que éstos son los pilares del desarrollo humano y del progreso sostenible.
