La salud mental en Argentina ha sido transformada por una serie de reformas normativas que buscan
garantizar un modelo de atención más inclusivo, respetuoso de los derechos humanos y centrado en la
autonomía del paciente. Estas reformas se han plasmado en leyes fundamentales, como la Ley Nacional de
Salud Mental N.º 26.657, el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Ley 26.934, Plan
IACOP), y otras leyes que protegen los derechos de los niños, las personas con identidades de género
diversas, y las víctimas de violencia de género. Este marco normativo tiene como objetivo alejarse de los
enfoques punitivos y excluyentes, en favor de un modelo de atención que respete la dignidad de las personas
y promueva su integración social.
La Ley N.º 26.657 de Salud Mental (2010) es la piedra angular de este cambio de paradigma. Establece que
la salud mental es un derecho humano y debe ser tratada como parte integral de la salud en general. Según
la ley, las personas con padecimientos mentales tienen derecho a recibir atención de salud sin ser
estigmatizadas, discriminadas o aisladas. En este marco, la ley promueve la desmanicomialización, proceso
mediante el cual se eliminan las instituciones psiquiátricas tradicionales (manicomios) y se fomenta el uso de
dispositivos comunitarios que favorezcan la reinserción social.
Uno de los principios fundamentales de la ley es que la internación debe ser el último recurso. La ley
establece que la internación voluntaria debe ser la primera opción, ya que se entiende que las personas con
trastornos mentales tienen derecho a decidir sobre su tratamiento. Sin embargo, en los casos en que el
paciente decide abandonar la internación, el equipo de salud debe realizar una evaluación exhaustiva para
determinar si existe algún riesgo para la salud del paciente o de otras personas. Si se considera que el
paciente está en peligro, se puede recurrir a una internación involuntaria, la cual debe ser aprobada por un
Órgano de Revisión independiente que asegure que las decisiones están fundamentadas en criterios
médicos y no en un abuso de poder.
El proceso de externación de los pacientes es igualmente importante en este cambio de modelo. Aquellos
pacientes que han estado internados durante largos períodos deben ser externados gradualmente y
acompañados por dispositivos terapéuticos intermedios, como hospitales de día, casas de medio camino y
talleres protegidos. Estos dispositivos permiten a los pacientes continuar con su tratamiento en un ambiente
que favorezca la integración en la sociedad, evitando el aislamiento y la exclusión social que caracteriza a los
hospitales psiquiátricos tradicionales. Estos dispositivos intermedios juegan un papel crucial en la
rehabilitación social y laboral de las personas con padecimientos mentales.
El Plan IACOP (Ley 26.934), complementario de la Ley 26.657, se enfoca en el abordaje del consumo
problemático de sustancias, proponiendo una estrategia que va más allá del enfoque abstencionista-
prohibicionista tradicional. El Plan promueve la reducción de riesgos y daños, lo que significa que el consumo
de sustancias no se trata como un crimen, sino como un problema de salud pública que debe ser tratado de
manera integral. En este enfoque, se busca minimizar las consecuencias negativas del consumo, como la
transmisión de enfermedades, a través de medidas como la provisión de jeringas limpias y la creación de
salas de consumo supervisado. Este modelo de tratamiento, basado en la reducción de daños, es una
alternativa más inclusiva y respetuosa, que no criminaliza a las personas con problemas de consumo, sino
que promueve su rehabilitación social y su reintegración en la comunidad.
En cuanto a la inflación diagnóstica, este fenómeno se refiere al diagnóstico excesivo de trastornos mentales
que a menudo no se basan en una evidencia científica sólida. La medicalización de la vida cotidiana ha
generado un aumento en la cantidad de personas diagnosticadas con trastornos como la ansiedad o la
depresión, sin tener en cuenta los factores sociales o psicológicos subyacentes. Esto responde a una
tendencia a tratar los síntomas con medicación sin considerar el contexto emocional y social del individuo.
Este fenómeno está estrechamente relacionado con el modelo médico hegemónico, que ha centrado la
atención en los tratamientos farmacológicos, muchas veces a costa de enfoques terapéuticos más holísticos.
En contraste, la Ley 26.657 promueve un enfoque más biopsicosocial que no se limita a tratar los síntomas
de una enfermedad mental, sino que aborda la problemática desde una perspectiva más amplia, que incluye
los factores biológicos, psicológicos y sociales que afectan al paciente. Este enfoque integral considera a la
persona en su totalidad, reconociendo que los trastornos mentales no son simplemente disfunciones
cerebrales, sino que son influenciados por los contextos de vida y las relaciones interpersonales. Esto ha
llevado a la creación de dispositivos intermedios y dispositivos laborales, que permiten que las personas con
