INTRODUCCION
Quién diría que nuestro articulado 69-B plasmado en el Código Fiscal de la
Federación nos pondría en una situación tan delicada ante la autoridad
fiscalizadora. Y es que gracias a este decreto de 2013 fue como la autoridad se
abrió camino para detectar a contribuyentes que buscaban la forma de obtener
beneficios fiscales de manera ilegal. La situación delicada surge cuando
realizamos actividades económicas con algún productor de servicios que no está
bajo lineamientos que la autoridad establece para no caer en el supuesto del ya
mencionado artículo, con el implemento de esta disposición oficial el fisco nos dio
indirectamente la obligación de verificar que nuestros proveedores de servicios
cuenten con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o
indirectamente para la producción de los servicios que pudiéramos llegar a
solicitarle y en dado caso que no cumpliera con alguno de estos lineamientos
nuestra relación con Hacienda también estaría en duda. Debemos ser consientes
que existen contribuyentes que se valen de estas prácticas para no enterarle al
fisco lo que le corresponde. Es evidente que estas prácticas causan un deterioro
enorme en la recaudación del país. Se puede entender desde una perspectiva
más amplia que debemos trabajar junto con la autoridad para erradicar este tipo
de conductas que solo nos merman económicamente como sociedad.
