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En el contexto del proceso judicial contemporáneo, se evidencia una tensión constante entre el cumplimiento riguroso de las formas procesales y la búsqueda de una justicia ágil, material y eficaz. Esta tensión se agudiza cuando las formalidades son percibidas como obstáculos innecesarios, lo que puede derivar en su desestimación o aplicación defectuosa. Surge así una problemática fundamental: ¿de qué manera la observancia estricta o flexible de los actos y formalidades procesales afecta la validez, legitimidad y eficacia del proceso judicial? ¿Cómo incide el incumplimiento de estas formalidades en el ejercicio del derecho de defensa, la imparcialidad del juez y la tutela judicial efectiva? Este problema cobra especial relevancia en contextos de modernización del sistema judicial, como la implementación de la oralidad, la digitalización de los expedientes o la aceleración de los tiempos procesales, donde la tentación de sacrificar la forma en aras de la eficiencia puede comprometer derechos fundamentales. Por tanto, se hace necesario reflexionar sobre el equilibrio adecuado entre la forma y la sustancia, entre el rigor procesal y la justicia efectiva, y sobre las consecuencias que tiene para las partes la transgresión de las reglas que estructuran el proceso. Introducción El proceso judicial representa una herramienta esencial del Estado de Derecho para la resolución pacífica de los conflictos entre ciudadanos, instituciones o entre ambos. Su correcta estructuración garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, igualdad, contradicción y debido proceso. Dentro de este complejo entramado, los actos y hechos procesales constituyen los eslabones fundamentales que permiten la progresión del proceso desde su inicio hasta su conclusión. Cada actuación en el expediente, cada intervención de las partes, cada providencia judicial, configuran una arquitectura cuidadosamente diseñada para hacer operativa la justicia. El análisis de los actos y hechos procesales, su forma de exteriorización, las formalidades que los regulan y las consecuencias derivadas de su inobservancia, es vital para comprender cómo se sostiene el orden jurídico procesal. Estos elementos no son meros ritualismos vacíos: son garantías que permiten a los sujetos procesales ejercer sus derechos de manera efectiva y
transparente. La evolución del Derecho Procesal ha demostrado que una incorrecta comprensión o aplicación de estas formalidades puede no solo entorpecer el acceso a la justicia, sino vulnerar derechos fundamentales. Al examinar detenidamente cada uno de estos elementos, desde la redacción de escritos y la celebración de audiencias, hasta las nulidades, los incidentes procesales y los medios de apremio, se revelará cómo el proceso no solo es un medio técnico, sino un espacio de realización concreta del Derecho y la justicia material. Actos y hechos procesales Los actos procesales son manifestaciones de voluntad realizadas por los sujetos procesales con el fin de producir efectos jurídicos en el proceso. Pueden emanar de las partes, del juez o de terceros, y deben cumplir ciertos requisitos para ser válidos, tales como competencia del emisor, forma legal y oportunidad temporal. Son ejemplos de actos procesales: la demanda, la contestación, los alegatos, las providencias judiciales y las resoluciones interlocutorias o definitivas. Su validez depende en gran medida de que se observen las formas establecidas en la ley procesal, ya que su omisión o defecto puede dar lugar a nulidades. En cambio, los hechos procesales son acontecimientos que, sin ser voluntarios, generan consecuencias jurídicas en el procedimiento. Estos pueden ser materiales, como la muerte de una de las partes, o jurídicos, como la notificación de una resolución judicial o la expiración de un plazo procesal. Aunque no emanan de una voluntad dirigida a producir efectos jurídicos, estos hechos son igualmente relevantes, ya que muchas veces condicionan el desarrollo del proceso. Por ejemplo, la preclusión de una etapa procesal por el vencimiento de un término puede modificar los derechos procesales de las partes. La distinción entre actos y hechos procesales es clave para determinar su tratamiento jurídico. Mientras los actos requieren intención y voluntad, los hechos pueden ocurrir de manera involuntaria o automática. Esta diferencia incide también en las consecuencias que derivan de su omisión o defectuosa realización. Además, mientras que los actos procesales pueden ser anulados si no cumplen con los requisitos de forma o fondo, los hechos procesales, al ser
basadas en principios fundamentales del Derecho Procesal, por ejemplo, el principio de legalidad exige que todas las reglas del proceso estén previamente establecidas en la ley, evitando así decisiones arbitrarias por parte del juez o de las partes. La igualdad procesal asegura que ambas partes tengan las mismas oportunidades de participar y defender sus intereses. La publicidad permite que las audiencias y decisiones sean conocidas, lo cual favorece la transparencia y el control social sobre la justicia. Finalmente, el principio de contradicción establece que ninguna parte puede ser afectada por una decisión sin haber tenido la posibilidad de intervenir y expresar su posición. En la práctica, estas formalidades se traducen en aspectos como la forma escrita u oral de los actos, los plazos legales, las notificaciones, los requisitos para presentar una demanda, entre otros. Si se omiten o se hacen mal, pueden dar lugar a la nulidad del acto o incluso afectar gravemente el desarrollo del proceso. Por eso, su cumplimiento no es un simple tecnicismo, sino una garantía concreta de que el proceso será justo, equilibrado y eficaz. Violación de formalidades y nulidad de los actos Cuando un acto procesal no respeta las formalidades exigidas por la ley, puede ser declarado nulo. Existen dos tipos principales de nulidades: la absoluta y la relativa. La nulidad absoluta se produce cuando el acto afecta gravemente derechos fundamentales o principios esenciales del proceso. La nulidad relativa, en cambio, se da cuando el vicio puede ser subsanado o ha sido convalidado por la parte afectada. La declaración de nulidad está regida por principios como el de trascendencia (el vicio debe haber causado perjuicio) y el de convalidación (la parte que tolera el vicio pierde el derecho a alegarlo). Asimismo, los jueces deben valorar si la anulación del acto es necesaria para restablecer la legalidad y proteger los derechos procesales. La jurisprudencia ha sido constante en exigir que no toda infracción formal conlleve nulidad, sino solo aquellas que comprometen el derecho de defensa o afectan el equilibrio entre las partes. Los escritos y las audiencias en el proceso Los escritos procesales son el medio habitual mediante el cual las partes ejercen sus derechos y peticiones ante el tribunal, deben ser claros, concisos y
contener los elementos esenciales que permitan al juez y a la contraparte conocer su contenido y fundamentos. La exigencia de determinados requisitos formales, como firma, fecha o identificación del expediente, garantiza su validez. Las audiencias, por otro lado, permiten la concentración de actos procesales, como la recepción de pruebas, la exposición oral de argumentos y la confrontación directa entre las partes. El principio de inmediación cobra especial relevancia, ya que el juez tiene contacto directo con las partes y los medios de prueba. La acumulación de actos en audiencias evita la dispersión temporal del proceso y favorece su celeridad, pero exige una organización rigurosa por parte del tribunal y la participación efectiva de las partes. En sistemas orales, la audiencia puede concentrar la totalidad del debate y concluir con la sentencia, lo que requiere una preparación técnica y estratégica exhaustiva. Expedientes procesales y reposición de autos El expediente procesal es el conjunto ordenado de documentos que recogen la historia del proceso. Constituye la base para la toma de decisiones judiciales y la garantía del principio de continuidad. Su conservación es una obligación del órgano jurisdiccional y su pérdida puede comprometer el acceso a la justicia. En caso de extravío o destrucción, se puede solicitar la reposición de autos. Este procedimiento requiere la colaboración de las partes y la presentación de copias, minutas o cualquier otro medio que permita reconstruir lo actuado, siempre bajo control judicial. La doctrina y la legislación procesal coinciden en que la reconstrucción debe perseguir la mayor fidelidad posible respecto del expediente original. Terminología procesal y correcciones disciplinarias El uso correcto de la terminología procesal es fundamental para evitar ambigüedades y garantizar la seguridad jurídica. Términos como "demanda", "providencia", "auto" o "sentencia" tienen significados precisos que no deben confundirse. La educación jurídica y la capacitación continua de operadores del Derecho son claves en este aspecto. Las correcciones disciplinarias proceden
En suma, el respeto a las formas y formalidades procesales no constituye una carga innecesaria ni un formalismo estéril, sino una garantía esencial para la protección de los derechos fundamentales dentro del proceso judicial. La estructura procesal, lejos de ser un simple mecanismo técnico, encarna los principios de legalidad, igualdad, contradicción e imparcialidad, sin los cuales la justicia se convierte en un ejercicio arbitrario. La correcta realización de los actos y la observancia de los hechos procesales no solo aseguran la validez y eficacia del proceso, sino que también legitiman sus resultados ante las partes y la sociedad. En un contexto donde la eficiencia y la digitalización tienden a simplificar procedimientos, es imprescindible mantener el equilibrio entre celeridad y garantía, asegurando que la forma nunca sea sacrificada en detrimento de la justicia. Solo así puede el proceso judicial cumplir su función esencial: resolver los conflictos con justicia, equidad y respeto al debido proceso. Bibliografía https://cafejuridico.es/terminacion-anormal-del-proceso/ http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/20/dtr/ dtr7.pdf https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/ viewFile/11054/ https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-de-comercio/libro- quinto/titulo-primero/capitulo-xxviii/ https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5267/10.pdf https://www.youtube.com/watch?v=XRC8Sm12zg https://www.pjetam.gob.mx/sistemapenalacusatorio/interior.php? opcion=Audiencias_del_sistema https://www.eld.edu.mx/Revista-de-Investigaciones-Juridicas/RIJ-12/ Capitulos/16-Las-nulidades-en-el-proceso-civil.pdf
