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Este documento explora el papel del derecho fiscal y tributario en méxico, analizando su relación con las finanzas públicas y el desarrollo económico. Se examinan las reformas estructurales recientes, las políticas fiscales implementadas durante la crisis de 1994, y los desafíos actuales en materia de ingresos y gastos. Se destaca la importancia de la planificación financiera y la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente.
Tipo: Resúmenes
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Universidad: Tecnologico universitario de playacar Licenciatura: Derecho Asignatura: Derecho financiero Ciclo: 4to cuatrimestre Título del trabajo: Estudio de caso Nombre del estudiante: Yanet guadalupe juarez hernandez Docente: Alejandra berenice hedding rodriguez Fecha: 22/02/
Introducción...………………………………………………. Desarrollo…………………………………………………….. Conclusión…………………………………………………… Bibliografía……………………………………………………
Por otra parte, Sergio Francisco de la Garza describe el Derecho tributario como: "El conjunto de disposiciones legales que abordan la creación de los tributos, en otras palabras, los impuestos, tasas y contribuciones especiales; las relaciones jurídicas que se generan entre la administración y los ciudadanos debido a su creación, cumplimiento o falta de cumplimiento; los procedimientos administrativos o litigiosos que pueden surgir y las penalizaciones establecidas por su transgresión. " Por otra parte, Sergio Francisco de la Garza describe el Derecho tributario como: "El conjunto de disposiciones legales que abordan la creación de los tributos, en otras palabras, los impuestos, tasas y contribuciones especiales; las relaciones jurídicas que se generan entre la administración y los ciudadanos debido a su creación, cumplimiento o falta de cumplimiento; los procedimientos administrativos o litigiosos que pueden surgir y las penalizaciones establecidas por su transgresión. " A partir de la lectura y la comprensión de lo previamente mencionado, se puede observar que todos ellos están de alguna manera interconectados e implicados entre sí; sin embargo, será preciso comprenderlos para vincular los principios legales del Derecho Financiero en relación al actual Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en la sección que trata sobre el Derecho Fiscal y Tributario, examinando las diferentes normativas aplicables para cumplir con las obligaciones que de ellas se derivan. Con base en esta información, llevaré a cabo un análisis de la conexión que hay entre la actividad financiera del Estado y los ejes transversales del actual Plan Nacional de Desarrollo.
Desarrollo En los años recientes, se han implementado reformas estructurales significativas en México, con el propósito de redefinir y aclarar la función del gobierno en la economía, así como para estimular el crecimiento económico a través de una mayor participación del sector privado. En este contexto, se reconoce que la nueva función del gobierno debe enfocarse, por un lado, en crear las condiciones necesarias para la estabilidad de las variables macroeconómicas y, por otro lado, en impulsar esquemas que aseguren igualdad de oportunidades para el desarrollo del capital humano, incentivar las actividades productivas y regular el funcionamiento de los mercados. En esta evaluación, se destaca con particular atención las políticas fiscales implementadas durante la crisis del tipo de cambio que atravesó el país en diciembre de 1994, las cuales establecieron los cimientos para la recuperación económica del país. Después de exponer el análisis de las acciones más relevantes en el ámbito de las finanzas públicas, se realiza un repaso sobre los desafíos que todavía persisten en relación con la política de ingresos y gastos. Lograr un equilibrio adecuado entre los objetivos macroeconómicos y la perspectiva microeconómica será el reto principal a enfrentar en el futuro en lo que respecta al gasto. La evidencia indica que este es un enfoque efectivo para poder atender los importantes rezagos de la población, que se han acumulado en los últimos dos decenios. La política fiscal, por otro lado, debe garantizar una base de ingresos robusta que contribuya a sostener unas finanzas públicas saludables, mientras avanza hacia la neutralidad y la equidad del sistema fiscal.
más espacio para la participación del sector privado. Se buscaba dejar atrás el enfoque paternalista y patrimonialista del sector público.
El sistema federal mexicano está fundamentado en el artículo 40 de la Constitución, que establece la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) mediante los artículos 50 al 107. Las competencias que corresponden a las entidades federativas y a los municipios están delineadas en los artículos 40, 41, 115 y 122. En este contexto, los gobiernos de la federación, actuando como proveedores de bienes y servicios públicos y custodios de los derechos que surgen de la Constitución, necesitan recursos económicos que provienen en esencia de la población y de la actividad productiva del país. Con el propósito de regular la distribución y la gestión de estos recursos, en el año 2006, el Congreso de la Unión sancionó la lfprh, una ley que tiene como finalidad regular los artículos 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que concierne a la programación, presupuesto, aprobación, implementación, control y evaluación de los ingresos y gastos públicos federales. Asimismo, establece que la administración de los recursos públicos federales debe realizarse conforme a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. La Auditoría Superior de la Federación (asf) se encargará de verificar el cumplimiento estricto de esta normativa. Para la asignación de los recursos públicos, es fundamental contar con una planificación previa de recursos que esté alineada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas derivados del mismo, a través de la Ley de Ingresos de la Federación (lif) y el pef. Durante esta fase de planificación se elaboran los Criterios Generales de Política Económica (cgpe), mediante los cuales se detallarán las medidas de política fiscal que se aplicarán para alcanzar los objetivos, estrategias y metas planteadas, así como las acciones pertinentes a otras políticas que afecten directamente el rendimiento de la economía. Además, será necesario presentar los costos fiscales anticipados de las iniciativas legislativas o decretos que estén relacionados con las directrices generales de política, junto con propuestas para
enfrentarlos (Congreso de la Unión, 2018a). En los cgpe también se debe presentar el contexto actual y esperado del Sistema Fiscal Mexicano, así como los riesgos más significativos que se podrían enfrentar a corto plazo, junto con sugerencias de acción para abordarlos. El procedimiento para la aprobación de la lif y del PEF está regulado en el artículo 42 de la lfprh. El marco que se anticipa orientará al Sistema Fiscal Mexicano, el cual se encuentra reflejado en los precriterios de Política Económica y en los CGPE; ambos son documentos que deben ser presentados por el ejecutivo federal en dos fases: la primera en un informe que debe entregarse a más tardar el 1 de abril (denominado precriterios), y la segunda el 8 de septiembre, que se incluirá junto con la propuesta de la ley de ingresos y el boceto del presupuesto de egresos de la federación. Tanto los precriterios de política económica como los CGPE están fundamentados en indicadores macroeconómicos, ya que su comportamiento influye en la estabilidad económica, social y fiscal del país. Los precriterios generales de política económica deben ser publicados antes del 1 de abril; estos están vinculados a las disposiciones del artículo 42, fracción I, de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, el cual tiene como propósito iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión en relación a las proyecciones económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal posterior al año de su publicación.
El gobierno federal en 2016 llevó a cabo desembolsos de carácter excepcional en inversiones financieras para mejorar la situación económica de Pemex y para atender parcialmente los compromisos laborales de Pemex y CFE, según lo estipulado en la LFPRH, sumando un total de 321. 8 mil millones de pesos. Además, se realizó una contribución al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por un monto de 70 mil millones de pesos. Asimismo, el informe detalla que en el año anterior, el gobierno federal brindó apoyo financiero a Pemex por 295. 3 millones de pesos, mientras que a la CFE se le otorgaron fondos por 161. 1 mil millones de pesos, de acuerdo a lo contemplado en la Reforma Energética. "Esto es comparable al ahorro que las empresas obtuvieron en sus pasivos de pensiones debido a los ajustes implementados en sus planes de pensiones y jubilaciones". Desafortunadamente, el gobierno nacional no detalla los beneficios que anticipa al pedir al Congreso permiso para incurrir en deuda. Ignoramos cuáles son los programas y proyectos concretos que se cubrirán con la deuda propuesta cada año. El Congreso Federal, de manera desinformada, aprueba los montos de deuda solicitados sin llevar a cabo un análisis de costo-beneficio de lo que se va a ratificar. De este modo, se puede acumular deuda para financiar gastos innecesarios, o iniciativas y proyectos que tienen baja rentabilidad económica y/o social. En síntesis, la discusión fiscal en muchos aspectos es subjetiva y deficiente.
Trabajar en la perspectiva planteada aquí resultaría en un sistema fiscal y de gasto más accesible, equitativo y que favorezca el incremento económico en México. La idea es dirigir la conversación, la investigación y un análisis exhaustivo de las finanzas públicas hacia un conjunto limitado de temas que promuevan un desarrollo saludable de la hacienda pública. Esta conversación debería culminar en la identificación de prioridades para establecer el sistema hacendario más sólido posible, abordando lo urgente y estableciendo las bases para el futuro. Una de estas prioridades o de atención inmediata es la deuda pública tanto federal como estatal. México enfrenta el peligro de repetir errores pasados: incurrir en deudas con la promesa de bonanzas temporales que trasladan la carga a las generaciones venideras. En mil novecientos ochenta y dos, se vivió la ilusión de un auge petrolero y de precios internacionales elevados. En mil novecientos noventa y cuatro, se experimentó estabilidad y expansión económica con un tipo de cambio exageradamente alto. En el presente, nos encontramos ante la ilusión de un gobierno federal robusto en términos financieros y de gobiernos estatales “adinerados” gracias a transferencias federales generosas y a la facilidad para adquirir deuda. Sin embargo, al igual que en mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos noventa y cuatro, esas son bonanzas sin fundamento sólido. Si las condiciones macroeconómicas cambian, como está ocurriendo con la caída de los precios del petróleo, la disminución de las remesas y la posibilidad de una recesión tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México podría enfrentar nuevamente una crisis de deuda que obstaculizaría el progreso, la competitividad y hasta la gobernabilidad democrática. Es urgente e indispensable escapar de la trampa en la que ha caído el sistema fiscal federal. Sin embargo, más allá de los riesgos asociados al sobreendeudamiento en el funcionamiento de los distintos sectores gubernamentales, es fundamental fortalecer la estructura institucional que asegure la efectividad de los adecuados instrumentos legales: procesos claramente establecidos y entidades que operen con protección, recursos e imparcialidad suficientes. Estos organismos ya están presentes en México, pero es necesario que cuenten con plena autonomía y profesionalismo, además de mayores atribuciones constitucionales y reglamentarias que les permitan actuar dentro de un verdadero Estado de derecho. La implementación de estos mecanismos
Ardanaz, M. (18 de Febrero de 2022). blogs.iadb.org. Obtenido dehttps://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/los- beneficios-de-proteger-lainversion-publica-durante-la-consolidacion-fiscal/ Chávez Presa, J. (Junio de 2000).repositorio.cepel.org. Obtenido dehttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7569/1/S00050484_es. pdfGuevara Baltazar, A. (26 de Abril de 2017). redalyc.org. Obtenido dehttps://www.redalyc.org/journal/676/67658492006/html/
