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Pensamiento Estratégico - ADEMIC
CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO Y CORRUPCIÓN.
NUEVOS ENFOQUES
ORGANIZED CRIME, TERRORISM AND CORRUPTION. NEW
APPROACHES
Paco Moncayo Gallegos^1
Resumen La humanidad enfrenta, en la actualidad, una grave situación de inseguridad que la afecta en múltimes dimensiones, desde el ámbito individual y familiar hasta el de la comunidad internacional. El crimen organizado, en sus múltiples perversas expresiones, va logrando penetrar las estructuras de muchas instituciones sociales y políticas de los Estados nacionales, poniendo en riesgo la paz social, la gobernanza democrática y el desarrollo económico de sus pueblos. Los esfuerzos realizados por la Organización de las Naciones Unidas y por organizaciones regionales para crear y fortalecer una institucionalidad capaz de enfrentar a estas graves amenazas, que se expresan en los múltiples instrumentos jurídicos aprobados, no han logrado sus finalidades; lo mismo ha sucedido con las políticas públicas nacionales. Por el contrario, los grupos delincuenciales se fortalecen y amplían sus empresas criminales a sectores cada vez más amplios de la sociedad y a nuevas dimensiones geográficas. La descripción y análisis objetivos de la situación inducen a concluir en la necesidad urgente de modificar los enfoques y paradigmas que, evidentemente, no han dado los resultados esperados. Palabras clave: seguridad, crimen organizado, terrorismo, corrupción, estados nacionales, sociedad internacional, Latinoamérica, Ecuador Abstract Humanity currently faces a serious situation of insecurity that affects it in multiple dimensions, which goes from the individual and family sphere to that of the international community. Organized crime, in its multiple perverse expressions, is managing to penetrate the structures of many social and political institutions of the National States by putting at risk some aspects like social peace, democratic governance, and economic development of their peoples. The efforts made by the United Nations Organization and by regional organizations to create and to strengthen an institutional framework capable of facing these serious threats, which are expressed in the multiple legal instruments approved have not achieved their goals; the same has happened with national public policies. On the contrary, criminal groups are getting stronger and expanding their illegal enterprises to ever wider sectors of society and to new geographic dimensions. The objective description and analysis of the situation leads to the conclusion of the urgent need to modify the approaches and paradigms that, evidently, have not given the expected results. Keywords: security, organized crime, terrorism, corruption, National States, international society, Latin America, Ecuador (^1) Doctor en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador. Docente investigador de la ADEMIC. https://doi.org/10.24133/ADEMICVOL03N01.2023.ART
Academia de Defensa Militar Conjunta "Gral. Francisco Javier Salazar Arboleda" Introducción.
L
a evaluación de medio siglo de lucha en contra de las amenazas más graves que ha enfrentado la humanidad, deja un saldo decepcionante; y, lo que es peor, las tendencias muestran proyecciones negativas. Los grandes avances de la ciencia y la tecnología, la globalización económica y el mejoramiento de las comunicaciones, lejos de facilitar los esfuerzos realizados por la sociedad internacional y los gobiernos nacionales para combatir a las organizaciones criminales, han sido utilizados con ventaja por éstas en desmedro de los intereses de la sociedad. Evidentemente, el crimen organizado es cada vez más difícil de controlar, amenaza a la democrática y genera graves problemas políticos, sociales y económicos. De esta realidad deviene la importancia de este trabajo que procura sistematizar la gran cantidad de información existente para presentar un panorama simplificado del estado de la situación. El problema se deriva que, en el último cuarto de siglo, la criminalidad vinculada a las drogas ilícitas no ha dejado de crecer. Según datos proporcionados por fuentes especializadas, 22 millones de personas consumieron cocaína en 2021 y las transacciones ilegales han superado el monto de los US$ 2 billones anuales. La fabricación de cocaína alcanzó en ese año la cifra récord de 2.304 toneladas. Luego de la paralización experimentada por la pandemia de COVID-19, el mercado mundial de esta droga se ha incrementado, para atender una demanda creciente de los mercados tradicionales y han surgido nuevos, especialmente en Europa oriental, África y Asia. La respuesta de los Estados se demuestra insuficiente y la labor de las organizaciones internacionales estéril. El trabajo inicia con una breve explicación de los enfoques actuales sobre la seguridad; la identificación de las amenazas por parte de las organizaciones internacionales de alcance global y regional; las formas de operar de los grupos criminales; las vulnerabilidades de la sociedad que facilitan la acción e impunidad de sus perniciosas actividades; y, los costos políticos, sociales y económicos de la violencia criminal. A continuación, se describe la forma como ha reaccionado la sociedad internacional frente a las tres amenazas que enfrenta la humanidad. El crimen organizado que vincula el negocio de las drogas con trata de personas, tráfico de armas, delitos ambientales y la minería ilegal; el terrorismo, en sus diversas modalidades; y, la corrupción que permea todo el conflictivo cuadro de la amenaza cuando se vincula con la penetración en las instituciones sociales y del Estado. Luego, siguiendo las pautas del informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el presente año, se refiere la situación del comercio de la cocaína en el mundo. El énfasis puesto en el estudio de esta droga ilícita se debe a que constituye la principal amenaza para Latinoamérica y, en particular, para los países de la Comunidad Andina. La breve descripción de la realidad actual parte de un enfoque global, a la situación del Continente americano; luego se representa el caso de Europa, segundo mercado en importancia, luego de Norteamérica, para la cocaína; y, finalmente, relata lo que sucede en países de tránsito y mercados emergentes como los de África y Oceanía. Al final se presentan las conclusiones. Conforme al objetivo trazado, se ha seleccionado un enfoque cualitativo, con un proceso descriptivo
- analítico, que permita presentar una visión lo más amplia del problema, brindando al lector una idea clara de la situación de inseguridad que soporta la humanidad, provocada por la acción de las organizaciones del crimen organizado y sus vinculaciones con el terrorismo, en un ambiente permeado por la corrupción. Se trata también de apreciar la naturaleza y real efectividad de las respuestas originadas en las organizaciones globales y hemisféricas; para, alentar un debate sobre acciones que permitan reorientar la forma como se está enfrentando a estas amenazas. Las fuentes primarias que se ha consultado son las convenciones, declaraciones, planes de acción, estrategias e informes oficiales, complementados por una orientadora investigación bibliográfica. Las amenazas. Caracterización. Todas las circunstancias que puedan amenazar la tranquilidad del ser humano – como individuo o ser colectivo−, dificultar o impedir la protección de sus derechos y conculcar sus libertades, son consideradas como razones de inseguridad. Jaume Curbet la califica como un derecho, al que está obligado atender el Estado, como deseo primordial de las personas. Según el autor, ningún ser vivo podría existir sin un nivel adecuado de equilibrio, entre creatividad y estabilidad. En el primer caso, sin novedad, crecimiento, innovación, desorden; mientras que en el segundo: sin previsibilidad, repetición, equilibrio, orden. “Sin ellas, los organismos vivos –desde el más primario (la célula) hasta el más evolucionado (el ser humano)- no podrían metabolizar el flujo incesante de materia y energía que les permite producirse, regenerarse y perpetuarse a sí mismos” (p. 179). Estas consideraciones han sido tomadas en cuenta por las Naciones Unidas, creadas para mantener la paz y seguridad internacionales, previniendo y eliminando amenazas, además de impulsar la solución de controversias por medios pacíficos, de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional. En el contexto de múltiples inseguridades, a fines del siglo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), amplió el ámbito de la seguridad a los campos económico, alimenticio, de salud, ambiental, comunitario y político. Se requiere pasar de una seguridad orientada al Estado a otra enfocada a la protección de los individuos, sus derechos y libertades. Fue un paso de enorme importancia, aunque sin el eco que merecía entre los gobernantes de los países del mundo. Así, con el término de la Guerra Fría, la humanidad anhelaba un siglo XXI de paz y estabilidad, su existencia la con una realidad más inestable e insegura, con amenazas nuevas y de dimensiones alarmantes a la que el ya citado Jaume Cubert ha calificado como una ‘sociedad del riesgo’, que requiere una nueva visión de la seguridad, pues cuestiona “[…] la pervivencia de la visión dominante que religa la seguridad con el poder y el orden antes que con la justicia y la sostenibilidad” (p. 191).
Academia de Defensa Militar Conjunta "Gral. Francisco Javier Salazar Arboleda" Finalmente, Hernán Matute Brouzés, en su ponencia “Crimen organizado y narcotráfico en los países andinos” concluye: “Con narcotráfico no hay paz, ni democracia ni ciudadanía. No hay libertad, verdad ni seguridad […] Des- de el narcotráfico se esconde el menoscabo de los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos” (p. 57). Forma de operar de los Grupos Delincuenciales Organizados. En el amplio informe sobre la situación del comercio de la cocaína en el mundo, publicado el año 2023, la UNODC caracteriza la operación de redes dispersas de grupos delictivos pequeños y medianos que funcionan en redes y se especializan en la gestión de solamente una parte de las cadenas de suministro. Los grupos delictivos mexicanos operan en el ámbito mundial. El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlan especialmente los corredores de tráfico de México a Estados Unidos. En Brasil domina el negocio criminal de la cocaína el grupo ‘ Primeiro Comando da Capital’ (PCC) que comercia con países sudamericanos, de África y Europa. En la actualidad, los grupos delictivos de la región de los Balcanes se han convertido en actores principales del tráfico de cocaína a gran escala hacia Europa. Generalmente, estos grandes grupos criminales con- tratan “proveedores de servicios” para que gestionen par- tes de la cadena de suministro: Recogen la cocaína en los puertos, la transportan y protegen los envíos, mientras que se les paga bien con dinero o en especie; en el segundo caso, la negocian al por menor en el mercado interno. A la vez, los ‘dueños’ de la droga envían sus lugartenientes a los países de origen y de tránsito para organizar y dirigir las operaciones. “Por ejemplo, traficantes de los Balcanes y miembros de grupos delictivos italianos se han instalado en Ecuador para establecer líneas de suministro a los mercados europeos” (2023, p. 26). En algunos casos, los grupos lle- gan a obtener el apoyo político en sus países y comienzan a operar independientemente. Pueden operar en varios conti- nentes, una región o dentro de un solo país. La operación se divide en etapas: la producción, el tráfico transfronterizo, la distribución al por mayor y la venta al por menor, en el lugar de destino. Otros proveedores de servicios se encargan del blanqueo de dinero, otras actividades relacionadas como la minería ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de armas, la corrupción de agentes estatales, etc. Estos grupos especializados cobran una comisión por los servicios prestados. Algunos grupos criminales se enfocan exclusivamente al comercio ilícito; pero otros buscan controlar el poder en determinados territorios “[…] que emplean estrategias dirigidas a la gobernanza delictiva (como la resolución de disputas, la protección, el chantaje, la intimidación, el cobro de deudas o la aplicación de los acuerdos de los grupos delictivos)” (p. 141). Ecuador se ha convertido en un ejemplo de colaboración de los grupos delictivos locales con traficantes extranjeros colombianos, mexicanos, italianos y de la región de los Balcanes que llegan al país para dirigir el suministro de la cocaína a los mercados europeos. También grupos delictivos nacionales ecuatorianos realizan, de forma independiente, operaciones a gran escala hacia África. Las vulnerabilidades. Las sociedades en riesgo son aquellas con mayores vulnerabilidades frente a las amenazas. Destacan entre las principales: la falta o insuficiencia de las leyes, la poca o nula capacidad del Estado para atender las demandas sociales, democracias e instituciones frágiles, corrupción e impunidad, sociedades injustas y discriminatorias, tradición autoritaria, cultura de ilegalidad y baja cohesión social. Mariano Bartolomé (2020) pone énfasis en la ausencia del Estado en el territorio, que permite a los grupos criminales reemplazarlo y crear una especie de Estado paralelo que logra cierta forma de legitimación social; la incapacitad de los Estados de dar respuestas oportunas y suficientes a problemas de pobreza y a las demandas de servicios públicos básicos de la población; democracias débiles, poco inclusivas y transparentes; insuficiente respuesta a las amenazas en el ciberespacio; y, una “[…] cierta ‘estética’ de la violencia y de pautas culturales que la exaltan” (2020, pp. 102-103). El general Oscar Naranjo (2020), ex- director de la Policía Nacional de Colombia, alerta sobre las grandes diferencias de la caracterización del delito organizado y el crimen transnacional con una realidad en la que los países enfrentan a “[…] empresas criminales que, a través de un proceso mafioso aspiran a legitimarse ante la sociedad, convirtiendo en lícito su patrimonio, con voceros políticos propios, al estilo de las tradicionales mafias italianas (p. 54). El autor pone especial énfasis en el problema de áreas rurales sin presencia del Estado, los grupos criminales ejercen formas precarias de gobierno, del mismo modo que lo hacen en las ciudades, en barrios pobres y suburbios ilegales. Esta situación se agrava cuando el poder político es cooptado y los grupos criminales logran negociar con las autoridades, una actitud complaciente. Sostiene también que se debe comprender que, en la actualidad, se ha producido una “[…] evolución en la caracterización, la tipología y los fenotipos de quienes están integrando estas nuevas organizaciones […]”, mientras que los Estados “[…] continúan con esfuerzos tradicionales, enfocados al empleo de operaciones militares, policiales, judiciales y de inteligencia, que se han demostrado insuficientes”. Considera que la respuesta debe partir de “[…] una democracia fortalecida y un Estado de derecho pleno y eficaz” (pp. 57-58). También el ya citado autor Mariano Bartolomé (2020) plantea como vulnerabilidad decisiva la corrupción y la impunidad que debilitan a las estructuras fundamentales de la sociedad y de Estados con economías débiles y sociedades inequitativas. Por esta razón, asegura que, en América Latina, “[…] la situación de riesgo es altísima” (p. 99). Denuncia que alrededor del 95% de los delitos no reciben condena en nuestra región donde “[…] la base fundamental para el sostenimiento de la estructura y la operatividad de las organizaciones criminales suele ser la protección por parte del gobierno de turno”. (p. 102) Otra vulnerabilidad son los sistemas electorales deficientes que facilitan el financiamiento de las estructuras criminales a partidos y otros actores políticos que después los utilizan para actuar impunemente. Los tentáculos de la corrupción
Pensamiento Estratégico - ADEMIC alcanzan también a militares, policías, empresarios, periodistas, funcionarios del área financiera, judicial y fiscal. Lo grave es que, ante esta amenaza catastrófica, las respuestas gubernamentales suelen ser de corto plazo, coyunturales, oportunistas y difícilmente surten efecto, aún en el supuesto de que hayan sido bien aplicadas. Finalmente, Collier (2017 citado en Briscoe, 2020) cita a) para plantear que la corrupción se ha convertido en un ‘Procedimiento Operativo Estándar’ y que “[…] la inquietud pública por la corrupción y el ejercicio arraigado de la corrupción, de hecho, se nutren mutuamente” (p. 64) Son más frágiles frente a la corrupción, "democracias de baja intensidad", que han defraudado a una población que no tiene interés por participar en la vida política, se muestra indiferente frente al control de los funcionarios públicos y cuya participación no supera la de ocasionales protestas. Como otros autores, Briscoe afirma que, en determinadas circunstancias, son los funcionarios y políticos quienes buscan a los criminales para recabar apoyo a sus campañas electorales, eliminar a oponentes políticos o para obtener ganancias ilícitas. Además señala que la Comisión Internacional Contra la Impunidad de la ONU en Guatemala (CICIG) estimó que el 50 por ciento del financiamiento de los partidos políticos se originó en empresas que recibieron contratos estatales, mientras que el 25 por ciento llegó directamente de organizaciones del crimen organizado (p. 69). Los costos del crimen organizado. Según estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el costo de la delincuencia alcanza el 0,64% del PIB en Latinoamérica. El gasto privado en seguridad por empresas y hogares en prevención, 1,37% del PIB; el gasto en el sistema judicial, los servicios policiales y el sistema penitenciario, 1,51% del PIB. En total, el costo en la región es, en promedio, entre 2,41% y 3,55% del PIB, equivalente a un monto entre US$115.300 millones y US$171.800 millones, similar a la inversión de esos países en infraestructura y equivalente a los ingresos del 30% más pobre de la población. (Jaitman, 2017, p. 4). Se suma a lo anterior, el costo psicológico de una población víctima del terror que se siente indefensa y sin esperanza de cambios sustantivos derivados de las acciones tomadas por las autoridades; y también el costo político para gobiernos que no pueden o no quieren – por diferentes razones- enfrentar las amenazas con políticas públicas y estrategias adecuadas, que den resultados tangibles en beneficio de la paz y tranquilidad de la población. La demanda de seguridad es evidente en todos los estudios de opinión que colocan a la violencia como la principal preocupación y la seguridad como demanda prioritaria y mayoritaria. Andrés Morrison (2007) señala que existen cuatro tipos de capital que son afectados por la violencia: el capital físico, el humano, el social y el natural. Los costos directos comprenden el valor de los bienes y servicios empleados en evitar la violencia, el tratamiento de la víctimas y la captura y castigo a los autores (p. 235) Los efectos multiplicadores de tipo social abarcan la trasmisión de los patrones de violencia de una generación a otra, la erosión del capital social, la mala calidad de vida y una baja participación en los procesos democráticos; mientras que entre los multiplicadores económicos refiere la disminución del capital humano, el descenso de la participación en el mercado laboral, la caída de la productividad y los ingresos y un retroceso en los niveles de ahorro e inversión (p. 137). Sin duda, la violencia criminal constituye un obstáculo para el desarrollo, al reducir la inversión privada, el ahorro nacional, la productividad del trabajo, a la vez que exige ingentes recursos destinados a la prevención y represión. A esto se debe sumar los costos incuantificables en dolor humano. Los costos de la represión y control de las drogas ilícitas, conforme al ‘Documento Drogas y Desarrollo de la OEA’(ao), incluye el detrimento a la economía legal, al tejido social, a la gobernabilidad democrática y al medio ambiente, así como el impacto de las medidas de represión. Considera también, el valor de inversiones alternativas que se dejan de en las áreas de salud, educación, infraestructura y mitigación de la pobreza. Se debe tomar en cuenta, los costos de oportunidad que significan la pérdida de recursos humanos debido a la violencia y al encarcelamiento; el tratamiento de salud en casos de envenenamiento y sobredosis; la inversión en fortalecer las instituciones judiciales y de control del orden y ampliar la presencia del Estado en el territorio, entre las principales. Pero, el documento plantea también que se debe considerar cuidadosamente estos costos comparándolo con los posibles beneficios de la inversión (p. 39). La respuesta desde el sistema internacional. Crimen organizado. La preocupación de las Naciones Unidas por la amenaza de las drogas, inicia a mediados del siglo anterior cuando se crea un Régimen internacional de control de drogas (RICD) vigente hasta la actualidad, conformado por tres convenciones internacionales: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de
- Son parte del sistema la Comisión de Estupefacientes (CND), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. (Sánchez , 2014, p. 151). En 1988, se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sus- tancias Sicotrópicas, con el propósito de “[…] promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfi- co ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional” (Naciones Unidas, 1988, p. 3 Art.2.1). Conforme a este instrumento jurídico, la Comisión es la encargada de estudiar todas las cuestio- nes relacionadas con los objetivos de la Convención sobre la base de la información presentada por las Partes de con- formidad con el artículo Art. 21 y la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas (JIFE) analiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes (Art. 22).
Pensamiento Estratégico - ADEMIC A pesar de las decisiones fundamentales adoptadas, no ha existido consenso sobre cómo definir al terrorismo. Una de las más claras definiciones se encuentra expresada en la Ley contra el terrorismo de Barbados, de 2002: Cualquier acto que […] por su naturaleza o contexto tenga por finalidad intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar, o abstenerse de realizar, cualquier acto; y que, con ese fin, cause: la muerte o lesiones corporales graves a un civil o, en una situación de conflicto armado, a cualquier otra persona que no participe activamente en las hostilidades; riesgos graves para la salud o la seguridad de la población; daños materiales sustanciales a bienes de propiedad pública o privada, relacionados con la seguridad de la población, o una interferencia o disrupción graves de un servicio, instalación o sistema esenciales, ya sean públicos o privados, excepto si resulta de una reivindicación lícita, que no atente a la salud o seguridad de la población (Guía Legislativa contra el Terrorismo, 2008, p. 28) En el ámbito hemisférico, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su período ordinario de sesiones, celebrado en Bridgetown, Barbados, aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el 3 de junio de 2002. El instrumento entró en vigor el 3 de octubre de 2003. El objetivo de la Convención es prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. “Para tal efecto, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta Convención” (Convención Interamericana contra el Terrorismo, 2002, Art.1). Para combatir el financiamiento del terrorismo, los Estados se comprometieron a desarrollar: “Un amplio régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, otras instituciones financieras y otras entidades consideradas particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas” (Art. 4, 1.a). Los gobiernos deberán tomar como referencia las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) (Convención Interamericana contra el Terrorismo, 2002, Art. 4.2). También, se regula el Embargo y decomiso de fondos u otros bienes “que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o finan- ciado la comisión de cualquiera de los delitos” señalados en el Art. 2 (Convención Interamericana contra el Terrorismo, 2002, Art. 5); a la par, se considera la Cooperación en el ámbito fronterizo: Los Estados parte, de conformidad con sus respectivos regímenes jurídicos y administrativos internos, promoverán la cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas. (Convención Interamericana contra el Terrorismo, 2002, Art.7) Corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada mediante Resolución 58/4 de la Asamblea General, del 31 de octubre de 2003, reconoce la grave amenaza de la corrupción para “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley; considera los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica; la califican como “un fenómeno transnacional que pone en riesgo la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los Estados; y, que “el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley”. El combate a la corrupción es responsabilidad de todos los Estados, que deben cooperar entre sí, con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades organizadas; y deben “…impulsar los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción” (Preámbulo). La finalidad de la Convención es: a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos (Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, 2003, Art. 1). El enfoque abarca cinco áreas principales: prevención; criminalización y aplicación de la ley; cooperación inter- nacional; recuperación de activos; la asistencia técnica y el intercambio de información. La penalización y aplicación de la ley considera: soborno de funcionarios públicos nacionales, soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas; malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público; tráfico de influencias; abuso de funciones; enriquecimiento ilícito; soborno en el sector privado; malversación o peculado de bienes en el sector privado; blanqueo del producto del delito; encubrimiento; obstrucción de la justicia; responsabilidad de las personas jurídicas; participación y tentativa ya sea como cómplice, colaborador o instigador; y, conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito (Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, 2003, Art. 15-28) La convención crea, una Conferencia de los Estados Parte (CEP) para mejorar su capacidad y cooperación, así como “[…] para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover y examinar su aplicación”. En 2009, la CEP aprobó los términos de referencia del ‘Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción’.
Academia de Defensa Militar Conjunta "Gral. Francisco Javier Salazar Arboleda" En el ámbito hemisférico, se aprobó en 1996, la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), que entró en vigor en 1997. La Convención considera que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos; la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción; a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos; los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles. (CICC) Los propósitos de la convención son: promover y for- talecer “los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes” (CICC, 1996, Art. II). Vinculación de las amenazas. Después del atentado de las Torres Gemelas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante Resolución 1373 (2001), estableció el vínculo existente entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas, entre otros, como amenazas graves a la seguridad internacional. En su reporte anual, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2017), destaca: “los vínculos con otras formas de delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo a partir de la mejor información comprobada de que se dispone” (p. 3). También considera que “[…] la corrupción es el gran factor coadyuvante de la delincuencia organizada, y a lo largo de toda la cadena de la oferta de drogas ilícitas existen oportunidades para caer en la corrupción (p. 4) En el ámbito hemisférico, sirven como antecedente la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, y el Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, adoptados en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, que tuvo lugar en Lima, Perú, en 1996 (Dante, 2003, p. 223) La Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) pone énfasis en la cooperación y en el intercambio de información para el control fronterizo y aduanero que permitan detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas para apoyar acciones terroristas. Estado de la situación. Panorama general. En esta parte del trabajo, se resume la información publicada por UNODC, en su informe del presente año, sobre el negocio de la cocaína que es el verdaderamente importante para América Latina en general y, en particular, para los países de la Comunidad Andina. Según el documento de la referencia, la oferta mundial de cocaína ha alcanzado su nivel más alto en 2021 y la oferta se encuentra en sus máximos históricos. En 2020, la fabricación potencial de cocaína era un 44 por ciento superior al anterior nivel máximo de 2006. También, el proceso de producción se ha vuelto más eficiente. América del Norte y Europa Occidental y Central siguen siendo los principales mercados de destino de la cocaína, aunque nuevos mercados crecen con rapidez, especialmente en Europa Oriental y África. Los esfuerzos de las fuerzas del orden a lo largo de la ruta hacia Norteamérica pueden haber contribuido a reconfigurar el flujo de las drogas ilícitas hacia otros mercados. (UNODC, 2023, pp. 32-33). América. Los tres más grandes productores de cocaína en el mundo se encuentran en Sudamérica y son: Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden. Las rutas de tráfico de la producción colombiana se orientan desde su territorio hacia Centro América y México, a través, principalmente, de Ecuador y Venezuela; mientras que la producción de Perú y Bolivia se trafica mayoritariamente a través de la red fluvial hacia Brasil y los países del Cono Sur. Los grupos delictivos, a menudo procedentes de Brasil, utilizan aviones para cruzar la frontera y luego barcos en los ríos que desembocan en el océano Atlántico. El suministro mundial de cocaína se origina en casi su totalidad en América del Sur. En Colombia se encuentra entre el 60 y 70 por ciento de los sembríos del arbusto de coca e igual porcentaje de la fabricación potencial de cocaína. Mejores prácticas agrícolas se reflejan en mejoras de la productividad general del cultivo de arbusto de coca; esto es: mayor cantidad de hoja de coca por hectárea cultivada, mayores concentraciones de cocaína en las hojas y mayor eficiencia en la producción del clorhidrato de cocaína. La UNODC atribuye también las mejoras a un mercado libre y competitivo, una vez que al monopolio de los grandes grupos narco políticos, han reemplazado numerosos pequeños actores dirigidos por agentes mexicanos y europeos. En 2021, el cultivo de arbustos de coca se incrementó en un 43 por ciento en Colombia y la producción de cocaína en un 14 por ciento; en Bolivia y Perú, se sostuvo la tendencia al crecimiento observada desde 2015. En 2020, el inicio de la pandemia mundial de COVID aumento la superficie dedicada al cultivo de hoja de coca. Al disminuir la demanda, la acumulación del producto produjo la caída de los precios. La cocaína sale de Colombia hacia América Central, América del Norte y Europa; un alto porcentaje a través de Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y, en menor medida, de Guyana y Surinam. Desde Perú, la cocaína sale hacia el norte por Ecuador, hacia Brasil, por los ríos orientales y por el sur a Chile. Bolivia trafica la droga que produce y la que llega de Perú, a través de las fronteras con Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Según informe del organismo de Control de Drogas de Estados Unidos, durante el segundo semestre de 2021, el
Academia de Defensa Militar Conjunta "Gral. Francisco Javier Salazar Arboleda" prevención conduce a respuestas tardías y sumamente onerosas. Si el riesgo es una relación directa entre las amenazas y las vulnerabilidades, resulta obvio que hay que actuar sobre estas; lo que generalmente no se considera en la planificación de las estrategias de seguridad de los países. Hay que enfocarse, por lo tanto, en analizar la suficiencia y calidad de las leyes, las demandas sociales insatisfechas, la calidad de la democracia y las instituciones, los niveles de corrupción e impunidad pública y privada, la inequidad social que deriva en grandes sectores de la población empobrecidos, la cultura de ilegalidad y baja cohesión social. Es también evidente que en muchos países, especialmente del hemisferio americano, existe un déficit de democracia y una fragilidad del Estado de derecho; lo cual resulta en un descrédito de la población frente al sistema democrático y la búsqueda de soluciones autoritarias, la indiferencia frente a la participación política, el desinterés en el control cívico de los funcionarios y el surgimiento de una cultura tolerante y quemeimportista frente a la corrupción que se la considera como un atributo. Los costos de la inseguridad son muy altos. La amenaza delincuencial genera presiones a los gobiernos que, generalmente, optan por incrementar gastos en infraestructuras tecnológicas, armas y equipos policiales y militares que, si bien tranquilizan temporalmente a la población, se demuestran poco eficaces para mejorar los indicadores de violencia; y de esto derivan costos sociales por la escasez de recursos para atender necesidades prioritarias para el bienestar de la población; en ambos casos hay una pérdida de capital político; se suma a lo anterior, el costo psicológico de una población víctima del terror que se siente indefensa y sin esperanza de mejorar la situación. La demanda de seguridad es evidente en todos los estudios de opinión que colocan a la violencia como la principal preocupación y la seguridad como demanda prioritaria y mayoritaria. Toda la infraestructura jurídica e institucional creada en el nivel global y regional, con decenas de convenciones, declaraciones, planes y estrategias globales y regionales, compromisos e informes, se muestra incompetente para en- frentar a una realidad de violencia creciente e incontrolada, que pone en jaque al sistema internacional de seguridad. La constatación de esta dura situación ha estimulado el debate sobre la validez o no de todo lo actuado y la revisión de pro- puestas con enfoques distintos como aquel presentado en 2009 Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democra- cia, con la participación de 18 personalidades de la región, entre los que sobresalen los expresidentes: Ernesto Zedillo, de México; Cesar Gaviria, de Colombia y Fernando Enrique Cardoso, de Brasil, el ex vicepresidente Sergio Ramírez, de Nicaragua y, escritores del prestigio de Mario Vargas Llosa y Tomás Eloy Martínez. En su informe, la Comisión instó a tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, a reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y a focalizar la represión sobre el crimen organizado, en lugar de los cultivadores de coca y adormidera y en los consumidores. Para finalizar es importante admitir que ningún país puede enfrentar por sí sólo amenazas tan graves y complejas ejecutadas por organizaciones transfronterizas y transnacionales; ya que se requiere de políticas globales, regionales y procedimientos operativos conjuntos que sean concretos, prácticos y sostenibles. En cada país, es de supervivencia lograr planes y acciones acordados entre todas las funciones del Estado y todos los niveles de gobierno. Finalmente, tampoco, ningún gobierno puede acometer estos desafíos sin la participación activa y militante de la sociedad civil y sus organizaciones. Referencias. Ávila Martínez, A. (2012). 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