EL CONTROL CIUDADANO EN LA GESTIÓN PÚBLICA
La Participación Ciudadana entendida como la intervención del ciudadano común en los
asuntos oficiales, en cualquier ámbito del poder público, es un derecho político de los venezolanos
consagrado en el artículo 62 de la CRBV, el cual se ejerce directamente o por medio de
representantes previamente elegidos. Su ejercicio implica tomar parte en la formación, ejecución y
control de la gestión pública en todos los niveles de gobierno. Esta participación activa de la
sociedad es necesaria tanto en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, como
en su aplicación y control, por cuanto los resultados inciden directamente en su calidad de vida; de
allí, que la soberanía establecida en Venezuela como uno de los derechos irrenunciables de la nación
“…reside intransferiblemente en el pueblo…”, de acuerdo al artículo 5 de la CRBV, convirtiéndose en
un privilegio exclusivo de los ciudadanos; además, de acuerdo al segundo aparte del artículo en
comento, “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”,
ratificando el deber que tienen las instituciones públicas de respetar la voluntad popular en el
ejercicio de sus funciones, lo cual requiere el fomento de la participación social. Al respecto, el
artículo 138 de la LOAP expresa que “Los órganos y entes de la Administración Pública promoverán
la participación ciudadana en la gestión pública”, reiterando la obligación de insertar a la comunidad
en la actividad estatal.
Por otra parte, se encuentra la obligación constitucional de rendir cuentas que tienen todas
las personas que administran y manejan recursos públicos. Rendir cuentas significa explicar el uso
que le han dado a los recursos asignados durante un período determinado por ley; y no solo implica
decir que hicieron con ellos sino también justificar porque lo hicieron. Según la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), artículos
51 y 52, consiste en “…demostrar formal y materialmente la corrección de la administración, manejo
o custodia de los recursos.” Entendiéndose que la cuenta comprende todos los soportes que
evidencien los actos de la administración y el manejo o custodia de los recursos, así como la
información relativa a la programación de objetivos y metas y resultados de la gestión.
Para Chambers y Kopstein (2006) es favorable concebir la sociedad civil en un diálogo
creativo y crítico con el Estado; el cual se caracterice por un tipo de rendición de cuentas donde el
Estado tenga que defender, justificar y dar cuenta de sus acciones en respuesta a las múltiples y
plurales voces que se alzan en la sociedad civil. Relación que debe darse bajo un enfoque
