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Ineficiencia Estatal en la Regulación Ambiental en Perú En nuestro país, gran parte del ingreso económico proviene de la extracción de recursos naturales, como la agricultura o la minería, actividades que lamentablemente generan un impacto ambiental significativo. Esto ha llevado al país a sufrir graves problemas de contaminación en el aire, suelo, principalmente a la falta de una regulación adecuada por parte del estado. Este problema se podría agravar sin la regulación pertinente pues parte de un fenómeno mundial, donde se alerta sobre el aumento acelerado de la temperatura global, proyectando 3°C para finales de este siglo ONU (2023). Esta información resalta la urgencia de abordar el cambio climático y sus efectos, que también afectan gravemente a nuestro país. En respuesta, el gobierno peruano ha adoptado políticas basadas en las recomendaciones de la OMS, implementando principios de 1prevención y precaución, establecidos por la Ley General del Ambiente de 2005. Según estos principios, el Estado debería anticipar los daños ambientales y tomar medidas antes de que ocurran. Sin embargo, la realidad muestra que el Estado ha sido ineficiente en regular a las industrias extractivas y actividades ilegales, que son responsables de gran parte de los daños ambientales en el país. De acuerdo con Luis Chirinos (2023) existen dos factores principales que contribuyen a la contaminación atmosférica, como el transporte, las industrias y las condiciones climáticas que concentran o dispersan la contaminación. Esto evidencia que, aunque se conocen las fuentes principales, la falta de medidas adecuadas para mitigarlas agrava el problema, un ejemplo especifico es la minería ilegal, que no solo genera daños severos como la presencia de metales tóxicos en ríos, sino que genera conflictos sociales. Según la Defensoría del Pueblo (2023), estos impactos negativos han derivado en 157 conflictos activos, de los cuales el 66,4 % están relacionados con la actividad minera. Esto refleja que el deterioro ambiental, no solo afecta a la naturaleza, sino también a las comunidades generando un impacto social asociado a la ineficiencia estatal. Ante esto, surge la pregunta: ¿el estado peruano regula adecuadamente a los responsables de
mar de Ventanilla, este desastre Ambiental sin precedentes, ocurrio un 15 de enero de 2022, cuando durante el proceso de descarga de crudo del buque “Mare Doricum” de la refeneria “la pampilla” se dejo caer mas de 11mil de contenedores de crudo al oceano pacifico, además, repsol como la empresa responsible no activo el plan de contingencia a tiempo. Como resultado , este derrame afectó aproximadamente 16,000 hectáreas, incluidas 46 playas y dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y la Zona Reservada de Ancón. Asimismo, cerca de 900 especímenes murieron, entre ellos especies vulnerables o en peligro de extinción, como el lobo marino chusco, el zarcillo, el pingüino de Humboldt y la nutria marina, además de miles de otras especies fundamentales para la pesca artesanal. Esta catástrofe paralizó diversas actividades económicas, siendo la pesca artesanal la más afectada. Miles de familias enfrentaron dos veranos sin ingresos provenientes de las playas. De igual manera, la agricultura, el turismo y el comercio interno también fueron severamente impactados, afectando a más de 10 mil familias que dependían de las 46 playas contaminadas. Por lo tanto, la negligencia con la que fueron tratados estos casos, junto con la falta de compromiso y responsabilidad del Estado peruano, demuestra su incapacidad para regular adecuadamente a los agentes contaminantes que continúan degradando el medio ambiente en el Perú. El Estado peruano ha demostrado una marcada negligencia en la implementación de medidas preventivas ambientales, al no anticiparse a los daños potenciales que las actividades extractivas e industriales podrían generar. Aunque las normativas, como los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente de 2005, demandan la acción temprana para evitar impactos negativos, la inacción gubernamental evidencia una falta de voluntad política y operativa. En cuanto a lo argumentado, es importante definir lo que es la prevención ambiental, según UEC(2020) la prevención ambiental se define como el conjunto de acciones, que se realizan para evitar o corregir los impactos negativos de un proyecto o
actividad podría tener en el medio ambiente, En este sentido, la prevención ambiental se basa en la aplicación de medidas técnicas y ambientales que se integran en programas de manejo. Este problema se debe a que el estado peruano podría carecer de la capacitación y los recursos necesarios para regular eficazmente a las identidades responsables de desastres naturales. Pues la falta de personal capacitado y de infraestructura adecuada para supervisar y controlar las actividades industriales y extractivas impide una respuesta efectiva. Esta carencia de capacidades tanto a nivel técnico como administrativo contribuye a la perpetuación de la vulnerabilidad ambiental del país, lo que permite que continúen los daños sin una intervención adecuada. Así mismo Falta de coordinación y comunicación efectiva entre las diferentes entidades gubernamentales encargadas de regular los desastres naturales podría generar ausencias en la supervisión y control de estas identidades, ya que a falta de colaboración entre instituciones como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades competentes dificulta la implementación de políticas coherentes y la ejecución de medidas preventivas, lo que aumenta la probabilidad de que las actividades extractivas e industriales sigan generando impactos negativos sin ser adecuadamente fiscalizadas PNGRD(2011) Además la influencia política y los intereses particulares podrían estar interfiriendo en la capacidad del estado para regular de manera efectiva a las identidades responsables de desastres naturales, dificultando la implementación de medidas adecuadas y la rendición de cuentas, estos intereses suelen priorizar los beneficios económicos a corto plazo sobre la protección del medio ambiente, de la misma manera Defensoría del Pueblo(20210) La presión de actores poderosos, como las empresas extractivas, puede llevar a una laxitud en la regulación y a la falta de una supervisión rigurosa, permitiendo que los responsables de los desastres naturales eviten asumir sus responsabilidades.