¡Descarga Economia de la extorsión luis de la calle y más Resúmenes en PDF de Economía solo en Docsity!
Economía de la extorsión I: alto costo económico y social
La extorsión se ha convertido, en México, en el principal freno de la inversión, el crecimiento y la productividad. No obstante, no ha recibido todavía la atención que merece como obstáculo al funcionamiento de la economía, ni se considera su reducción como prioritaria en las políticas públicas. Con frecuencia se dice que México ha hecho todo lo que se ha recomendado en materia de reformas pero que, a pesar de ello, la economía crece por debajo de lo deseado y posible. La verdad es que sí se han hecho muchas reformas, varias profundas y transformadoras, pero también, en algunas ocasiones, se ha reformado a medias o no se han tocado a los grupos de interés Opuestos al cambio. Es claro que el gran pendiente del país es avanzar en el ámbito del imperio de la ley y el respeto de los derechos de propiedad. No solo ni, sobre todo, de los derechos de propiedad privada, sino de los derechos propiedad del fruto del trabajo, de la creación intelectual, y de la propiedad pública y comunal. La principal fuente de violación de estos derechos proviene de la extorsión que se convierte en una suerte de impuesto prohibitivo, en especial para las pequeñas y medianas empresas. El costo de este “impuesto” es elevado al hacer inviables inversiones productivas que, en ausencia de la extorsión, serían económicamente viables, al tiempo que agudiza la desigualdad ya que las empresas y grupos más favorecidos son, en los hechos, menos sujetos a la extorsión. El costo es elevado no sólo por el impacto de la inversión no realizada, sino por los efectos dinámicos: sin las inversiones amedrentadas por la extorsión no se obtienen el avance y transferencia tecnológicos, la creatividad, economías de escala, economías de enfoque, desarrollo regional, creación de empleos formales, seguridad social y otros beneficios. Más aún, la ausencia de estos beneficios obliga al gobierno a gasto social que de otra suerte no tendría que llevar a cabo en seguridad, salud, educación, infraestructura, pero con una base gravable pequeña consecuencia de la menor inversión privada. Es decir, la industria creciente de la extorsión como círculo vicioso que entorpece el desarrollo.
Con extorsión, el tamaño del mercado y las posibilidades de distribución del ingreso resultante son menores. Aunque al principio pudiese parecer que hay un costo de no participar en ella (trámites más lentos, más difícil encontrar un lugar para estacionarse, mayor inseguridad) al final, una reducción significativa de la extorsión implicaría tasas de crecimiento más altas, empleos formales mayor competencia: señales de precios que permitirán el esfuerzo y la inversión y una mayor posibilidad de éxito. Aunque la extorsión afecta a todos los agentes económicos, lo hace desproporcionadamente a los más pequeños. Por eso, las empresas pequeñas y medianas tienden a trabajar en la informalidad donde con frecuencia la extorsión es de ventanilla única, que en la formalidad donde las posibilidades de extorsión se multiplican. Peor aún, las probabilidades de extorsión aumentan con el éxito de las pequeñas empresas. En cuanto empiezan a desarrollar un nuevo producto o servicio atractivo para el cliente y sus ventas crecen, se ven sujetas a extorsión de Varios tipos. Una empresaria dedicada a la preparación y envase de salsas para cocina contaba como éxito generó una avalancha de extorsión: primero de un líder sindical que emplazó a la empresa a huelga a pesar de no contar ni con la simpatía, ni con el conocimiento de ninguno de los empleados. Después, por el municipio por uso del suelo del predio o permiso de construcción, protección civil, autoridades laborales, sanitarias, ambientales y otras. El común denominador de estas interacciones no era proteger los derechos de los trabajadores, o de los consumidores, o de los ciudadanos, o del medio ambiente, sino extraer una renta cotidiana. El problema no para allí. Si se pueden superar los obstáculos relacionados con la operación, las empresas después se enfrentan con los de transporte, distribución y comercialización. Esto implica lidiar con el gremio transportista, policías municipales, estatales, federales, con mayoristas, mercados y puntos de venta al detalle. En esta cadena también se multiplican las posibilidades de extorsión. Para enfrentar esta realidad, las empresas grandes llevan a cabo importantes inversiones e integración vertical. Por ejemplo, muchas compañías grandes y exitosas tienen sus propias flotas para el transporte y distribución de sus productos, mientras que en otros países las empresas utilizan servicios de terceros para el transporte y distribución y no están integradas verticalmente. Estas inversiones permiten la expansión de las ventas y crean una ventaja a la que no pueden aspirar las pequeñas y medianas.
Economía de la extorsión II: participación del gobierno
Una parte importante del mercado de la extorsión se explica por el costo de las campañas electorales y el uso de recursos ilícitos. Muchos de los avances logrados a través del Sistema Nacional de Anticorrupción no tendrán el efecto deseado si no se logra la transformación de los procesos electorales. Hasta ahora la fórmula ha sido una carrera de gato-ratón con controles crecientes y auditorías Después de cada periodo electoral para concluir que se requieren más, en lugar de buscar un proceso mucho menos costoso y mas ciudadano. La única manera de disminuir la corrupción en las elecciones es reduciendo radicalmente su costo y su naturaleza litigiosa. La mejor estrategia consiste en tener procesos electorales cortos (semanas de campaña y no meses), permitir que los candidatos no tengan que renunciar a sus puestos públicos para la campaña (esto reduce el incentivo para alargarla) e instituir la segunda vuelta electoral para que las controversias se resuelvan en las urnas y no en los tribunales. Un sistema electoral caro y el exceso de dinero en las campañas crean un fuerte incentivo para allegarse de recursos que provienen de la informalidad. Y en la informalidad, los recursos se obtienen por medio de la extorsión para uso del suelo (derecho de piso en arroyo y aceras), acceso a la electricidad, placas para vehículos, seguridad y protección y otros. De hecho, no es casualidad que el crecimiento de la informalidad haya venido acompañado del proceso de democratización y de descentralización. La informalidad es una de las principales fuentes de recursos líquidos para las campañas electorales, lo que crea un fuerte incentivo para que la clase política no sólo la tolere, sino asegure su permanencia. Sin duda, el tipo de extorsión que tiene el efecto más nocivo en la sociedad y la economía es el secuestro. Por un lado, implica un fuerte desincentivo al esfuerzo y a la inversión, ya que cuando un trabajador progresa o un empresario tiene éxito, la probabilidad de sufrirlo se incrementa proporcionalmente. Además, el secuestro deriva en fuertes externalidades producto de las medidas
que toman los particulares para protegerse: guardaespaldas, armamento, vehículos blindados, que en ocasiones terminan convirtiéndose en instrumentos para otros crímenes e incluso el propio secuestro. El gobierno también contribuye de una forma importante a fomentar el mercado de extorsión por medio de la práctica de compra de voluntades y premio a las manifestaciones y bloqueos. No hay manifestación de cierto calado que no resulte en una mesa de negociación por medio de la cual se consiguen concesiones y prebendas injustificadas y para las que muchas veces las autoridades no tienen competencia. En el mundo laboral se da también el fenómeno de la extorsión, aceptado por autoridades y partidos políticos. Cuando una empresa pequeña o mediana empieza a crecer y tener éxito, con frecuencia recibe emplazamientos a huelga por sindicatos que no conocen ni representan a los trabajadores. La sola amenaza de emplazamiento crea un incentivo perverso para firmar un contrato de protección con un sindicato blanco. El resultado de este tipo de extorsión es que el líder sindical cobra una iguala mensual por tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo, al tiempo que nadie representa los derechos de los trabajadores. Es decir, el régimen laboral promueve la proliferación de sindicatos de protección como resultado de la posible extorsión a las empresas. Irónicamente, los que sufren las consecuencias en términos de compensación y condiciones laborales son los trabajadores que no ven sus intereses debidamente representados. La iniciativa de reforma de justicia cotidiana pretende asegurar la libertad de asociación sindical. Ya se verá, en los resultados, si elimina el incentivo a la extorsión que promueve a los sindicatos blancos.
Economía de la extorsión III: racionalidad económica y propinas
De hecho, toda transacción de mercado implica un costo de oportunidad y una especie de amenaza velada o explícita: se está dispuesto a intercambiar dos manzanas por una naranja o cinco motocicletas por dos coches, por ejemplo. “Si no me das la naranja, no te daré mis dos manzanas” sería la amenaza. Las transacciones de mercado deben cumplir con tres condiciones para que incrementen el bienestar: una, son voluntarias; dos, las partes tienen derecho al uso de los bienes o servicios; y, tres, la transacción se da en un ambiente de competencia. La extorsión es nociva ya que implica la ausencia de una o varias de estas tres condiciones. Como se ha argumentado en las entregas previas, la extorsión se ha vuelto el principal problema económico de México y un freno para la apertura y expansión de las pequeñas y medianas empresas, un fuerte desincentivo para la inversión, una reducción relevante del tamaño del mercado, una merma significativa de recursos que podría recaudar el Estado y una práctica extendida difícil de erradicar. La solución no radica solamente en más legislación y su aplicación más severa y menor impunidad, aunque todas ellas sean importantes. Es fundamental un cambio de mentalidad e incentivos por parte de los agentes económicos: sin extorsión el mercado es más grande para todos; la rebanada del pastel para cada uno sería más grande, aunque proporcionalmente menor para los extorsionadores exitosos. La extorsión que tanto aflige a la sociedad y a la economía no es, claramente, una transacción voluntaria: la mayoría de los ciudadanos preferiría evitar el cohecho para conseguir permisos de construcción municipales si éstos se emitieran con rapidez, justicia y transparencia. No obstante, los desarrolladores muchas veces eligen el sistema extorsionador y participan voluntariamente en él ya que se evitan largas colas, espera e indefinición por parte de las autoridades y restricciones de todo tipo. Es decir, el problema no es solamente de las
autoridades municipales, sino de todos los que participan en el sistema de otorgamiento de permisos de construcción. El problema es que los permisos municipales de construcción así otorgados, aunque partieran de una transacción voluntaria, no cumplen con la segunda condición: el derecho a llevarla a cabo. La uniformidad arquitectural que se aprecia en países modernos no sólo responde a una intrusión excesiva del gobierno (en ocasiones sí), sino que refleja el derecho de los demás. Por ejemplo, el derecho a la luz natural, a la vista, al tránsito (no se permite la construcción de edificios en el periférico), a la tranquilidad (se respetan los derechos de los vecinos a que no haya edificios demasiado altos, o antros demasiado ruidosos), a la estética y la salud (se prohíben los tinacos, pero se asegura la provisión de agua municipal potable y con suficiente presión). Es decir, ni el funcionario municipal que extiende el permiso, ni el desarrollador que paga la extorsión tienen el derecho de que proceda una construcción que viola una o varias normas. Obviamente, la manera más eficaz de reducir el incentivo a la extorsión es contar sólo con el número de normas realmente necesarias y que ellas sean de fácil y transparente cumplimiento. El uso del poder monopólico es la tercera razón que vuelve a la extorsión nociva y costosa para la sociedad. El servicio municipal de recolección de basura es un buen ejemplo. En la ciudad de México, el uso de la extorsión para la recolección de basura es muy extendido. En muchas colonias, si no paga cada casa una cuota semanal, el personal del camión se rehúsa a recoger la basura depositada frente al predio. El ciudadano piensa, ingenua pero correctamente, que el servicio de recolección de basura está ya cubierto por los impuestos predial y otros que paga a la ciudad. No obstante, termina allanándose a la extorsión cuando se acumula la basura frente a su casa u opta por encontrar una esquina u otra casa donde depositar ilegalmente la suya. Podría pensarse que la cuota semanal es razonable como contraprestación por un servicio. No obstante, el camión de basura que pasa frente a su casa tiene poder monopólico, es el único que lo hace, y por tanto maltrata al consumidor. Si municipios o delegaciones quieren solapar el cobro de cuotas por recolección de basura, lo mínimo que deben hacer es permitir la competencia para mejorar el servicio: no dar a un
Economía de la extorsión IV: ideas para reducirla
La extorsión también representa un alto impuesto que resta capacidad recaudatoria al gobierno. Además, se ha convertido en el obstáculo más significativo para ingresar a la formalidad: para que tenga sentido económico dejar la informalidad es necesario que el nivel de extorsión sea menor al hacerlo; hoy no lo es. En la informalidad hay ventanilla única, mientras que en la formalidad las posibilidades de extorsión son múltiples: sindicatos, inspectores federales, estatales y municipales, policías, autoridades que emiten permisos y concesiones, medios, competidores y otros más. Para reducir la extorsión primero es necesario reconocer su prevalencia y aceptación social. En parte, su extendida práctica responde a la percepción de que el éxito es mal habido, con lo que “ladrón que roba a ladrón” se convierte en la perfecta excusa social para extorsionar. Cuesta todavía mucho aceptar el progreso meritorio de los demás. Muchas veces se escucha decir: ‘Si ha triunfado debe ser gracias a la protección del gobierno, o contratos públicos desmerecidos, o porque paga mal a sus trabajadores’. Esta visión permite al extorsionador justificarse ante los demás. Parte de la solución radica en aceptar que es posible tener éxito económico basado en el desempeño, inversión y calidad y pagando todos los impuestos y reparto de utilidades debidos. En segundo lugar, se requiere una mayor voluntad para no ser sujeto de la extorsión. Para esto es necesaria menor tolerancia a pagos y a beneficios indebidos, pero, sobre todo, una acción mucho más efectiva del gobierno contra los extorsionadores. El principal ejemplo está relacionado con el delito del secuestro. En varios países se prohíbe el pago de rescates por privación de la libertad para no fomentar el secuestro. En México esto no es posible por el número de casos y la participación de las policías en los hechos. Fuera del ámbito social, se requieren también cambios en políticas públicas:
En tercer lugar, es necesario reducir la capacidad de líderes sindicales para extorsionar a empresas pequeñas y medianas. Para esto, debería revivirse la propuesta de reforma a los artículos 388 bis y 371 de la ley federal del trabajo. La redacción planteada para estos artículos en 2012 era revolucionaria: obligaba a probar la representatividad sindical antes de poder emplazar a huelga, implicaba la elección directa, secreta y universal del sindicato que tendría la representación, En cuarto lugar, es indispensable contar con opciones innovadoras para reducir la capacidad de extorsión por parte de inspectores. La mejor manera de encarar este reto es, como se hace en muchos países avanzados, utilizar a las compañías de seguros como instrumento para asegurar el cumplimiento con normas de seguridad, protección civil, de pesos y dimensiones y otras. En Estados Unidos, por ejemplo, el cumplimiento con los requisitos de materiales y equipo contra incendio se debe mucho más al papel de las aseguradoras que a las autoridades. En México, se podría legislar para que, cuando una compañía de seguros certificada garantice que una empresa cumple con todos los requisitos de protección civil, seguridad, pesos y dimensiones de sus camiones y otros, ya no sea revisada por autoridades de protección civil, laborales en lo relativo a la seguridad, SCT y otras. Las autoridades podrían, por supuesto, castigar a las aseguradoras que burlen la ley y verificar a las empresas que no estén debidamente aseguradas, pero su capacidad de extorsión disminuiría de manera significativa. En quinto lugar, se debe premiar la transparencia por medio de registros públicos en que se depositen y actualicen todos los documentos corporativos necesarios para tramitar permisos y participar en licitaciones. Para las empresas que lo hagan, una especie de 3de3 voluntaria, las autoridades no tendrían derecho de solicitar ningún documento en ninguna interacción. En sexto lugar, pero no por eso poco importante, es imprescindible la transformación municipal. Los municipios son, al mismo tiempo, fuente de extorsión, sobre todo en el ámbito de los permisos de construcción, pero también víctimas de extorsión por parte del crimen organizado. Con la estructura actual la mayoría de los municipios no son autoridades plenamente viables. La crónica escasez de recursos, la falta de rendición de cuentas y, hasta ahora, la no reelección condena a los municipios al subdesarrollo institucional propicio para la extorsión. Para avanzar en este frente se requiere de una gran reforma
