¡Descarga Documento rector de la ubv y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Derecho Documental solo en Docsity!
República Bolivariana de Venezuela Universidad Bolivariana de Venezuela Comisión Coordinadora Misión Sucre Estado Táchira
UNIVERSIDAD
BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
Documento Rector
Un proyecto educativo para la Sociedad venezolana en pro del desarrollo Integral del país, la transformación del Estado Venezolano y la creación De cultura democrática.
Caracas, septiembre de 2003
Prólogo
a genuina educación es una apuesta al porvenir, de allí que ha de rebasar el pasado y todo aquello que en el presente atenta contra la dignidad de los pueblos. Es vital, por ello, hacerla coincidir con un nuevo sentido de lo público y con las vivencias que dan expresión a la esperanza que moviliza la creación de lo nuevo. Creación que, en la realidad venezolana y latinoamericana plantea una responsabilidad compartida, fundamentalmente, por los educadores llama- dos a descubrir y afrontar los problemas educacionales de nuestras sociedades en nuestro tiempo, y a construir nuevas formas de educación imbricadas en la tarea de forjar subjetividades democráticas. La creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela en la sesión del Consejo Nacional de Universidades del 1 de julio de 2003, constituye una significativa señal de los cambios que se inician en la educación superior venezolana y de los cuales hemos de hacernos cargo como ciudadanos y ciudadanas de esta patria, porque es en la educación donde se juega la posibilidad de que cada generación encuentre su propio lugar en el mundo, abriendo espacios para asumir responsabilidades impulsadas por la fuerza creadora. En esta idea de educación se inscriben las finalidades y prácticas educativas de la Universidad Bolivariana de Venezuela como proyecto educativo y, a la vez, social y político, desde el cual contravenir las pretensiones de homogenización, de verdad absoluta, de completitud del conocimiento, de eliminación de errores, de voluntad universal y omniabarcante, de exclusión y, por consiguiente, desde el cual asumir las responsabilidades ante las cuales nos coloca un tiempo caracterizado por dislocaciones sociales, culturales, políticas, intelectuales y morales. La primera de estas responsabilidades es la de hacernos la pregunta por el sentido y valor de nuestro pensamientos y nuestras acciones, cuando nos situamos fuera de la moda neoliberal, cuando reconocemos que la radicalidad de los cambios nacionales y mundiales no admiten interpretaciones desde conceptos que creíamos incuestionables, cuando el desdibujamiento de las reglas en común hace que el presente deje de ser diáfano y el futuro se torne incierto, y, fundamentalmente, cuando decidimos hacernos cargo de la creación de prácticas educativas anudadas a la construcción de una nueva cultura política, bajo el
entendido de que esta construcción es indisociable de la pregunta por la injusticia que ha cruzado nuestra historia y por lo que hemos heredado de ella. De tal responsabilidad forma parte el hecho de sustentar la creación de la Universidad en los principios y derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asi como en el reconocimiento de que la democratización de la educación superior -el acceso a ella, la formación en ella, su vida institucional y su gobernabilidad- constituye una de las condiciones y expresiones fundamentales de la democracia cultural, social y política. De dicha responsabilidad también forma parte la asunción de la Universidad Bolivariana de Venezuela como un proyecto articulado a los cambios que vive la sociedad venezolana y, en particular, con los requerimientos asociados a los movimientos sociales, a las organizaciones populares y a los proyectos colectivos que luchan por un país distinto. En este proyecto adquiere significación especial la revitalización del enfoque de formación integral de profesionales con profundo sentido de país y al servicio de los intereses nacionales y, por consiguiente, la preocupación por la integración de la dimensión ético-política en la formación universitaria. Preocupación que traduce, sobre todo, un cambio de perspectiva en relación con lo que hoy significa lograr un buen nivel de formación universitaria, y con lo que debería significar el compromiso con lo público de una universidad que pretende formar no sólo buenos profesionales sino mejores ciudadanos y ciudadanas. De allí que insistamos en un cambio de la cultura académica y que apelemos a otros requerimientos que la Universidad debe atender en el cumplimiento de sus finalidades como espacio de lo público, atendiendo a las demandas sociales y a los retos presentes y futuros planteados por el entrecruzamiento de los procesos de globalización, el impacto cultural de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la convivencia de diferentes culturas que necesita más que nunca de la dimensión ética del ejercicio ciudadano. En efecto, en las sociedades en general y la sociedad venezolana en particular, se trata de atender a la formación de profesionales capaces de construir de una forma autónoma y estratégica sus conocimientos y de desempeñarse en su vida profesional y social como ciudadanos que actúen de forma responsable, libre y comprometida con la construcción de una sociedad más justa, libre y democrática.
L
sociedad. Es decir, debe fomentar una visión más conectada con la sociedad, menos preñada de intereses y deseos individualistas, los cuales se ven luego fácilmente defraudados por una realidad mucho más convulsionada y menos estática de la que se enseña en las universidades. La UBV no formará profesionales para exportar por la falta de oportunidades nacionales. Serán profesionales preparados para satisfacer áreas sensibles de nuestro desarrollo social y que son concientes de este reto y de sus dificultades. EXPERTICIA Y CIUDADANÍA Se trata, entonces, del equilibrio y la reciprocidad entre la experticia y la ciudadanía, entre lo privado y lo público. La UBV no concibe los saberes científicos, humanísticos y tecnológicos separadamente o artificialmente reunidos. El saber y la responsabilidad social que fomenta no serán lecciones de buenas maneras y de etiqueta, sino parte integrante, justificativo y razón de ser de la Universidad, sus programas y proyectos, y por eso también de la práctica profesional de sus egresados. Se trata de otra política del conocimiento y, por ello, del trabajo que desempeñen sus egresados, pues, la asunción de compromisos profesionales es, al mismo tiempo, un compromiso ético y político con la sociedad venezolana. El saber experto, la actuación profesional, son vistas como parte de un hacer ciudadanía activa. La UBV no formará meros profesionales. Formará ciudadanos-que-trabajan-como-ciudadanos. LA UNIVERSIDAD PARA LA SOCIEDAD La UBV, que nace con el reconocimiento objetivo de muchos de los problemas que afronta el país, con conciencia de que su tratamiento/superación se condiciona en buena medida a pensarlos de otro modo y a la formación de profesionales de nuevo tipo, debe verse a sí misma en relación con la contingencialidad; entenderse como una estructura siempre abierta, susceptible de ser transformada sobre todo en las áreas de formación que ofrece. Estas áreas, por tanto, pueden ser reformadas, transformadas, renombradas, eliminadas, sustituidos, entre otras, pues planes de estudios y carreras no se justifican por la "autonomización" del conocimiento, por su progreso independiente y por su requerimiento de nuevas profesiones, múltiples disciplinas, o por la demanda social de ciertas profesiones afamadas. La UBV se hace cargo del progreso del saber científico, humanístico y tecnológico y lo hace en relación con la detección de las problemáticas y aspectos desasistidos, claves para el desarrollo sustentable de nuestro país. Esto tiene como consecuencia, no la creación de un abanico variopinto de disciplinas y carreras, sino una
adecuación permanente de su estructura y de sus ofertas académicas. La legitimación del conocimiento y la enseñanza universitaria se debe y se busca explícitamente en la vinculación de la UBV con la sociedad venezolana y en el diagnóstico de su realidad social, económica, política y cultural. La UBV no es para la perpetuación de la UBV, es para el país. LA RELACIÓN CON EL ESTADO VENEZOLANO Muchas de las definiciones o funciones principales de la UBV se relacionan con el Estado venezolano por razones diversas: por un lado, nace ella misma como iniciativa del Estado, es un factor importante de los planes de desarrollo nacional, y ejemplifica cuál es el rol que asume el Estado en la sociedad, bajo la actual visión de sus conductores. Se convierte, entonces, en uno de los espacios predilectos para el ejercicio profesional de los egresados de la UBV. Por otro lado, la UBV se debe al reconocimiento implícito o explícito de grandes deficiencias, dificultades y obstáculos para la implementación de planes y políticas estatales; y al reconocimiento, más central aún, de que los cambios que requiere la sociedad venezolana no se consolidarán con una actuación simple de instituciones y poderes estatales, sino que requiere de una formación distinta y pertinente de los venezolanos. Por ello, el Estado, que es en sí uno de los aspectos más problemáticos del desarrollo de las sociedades latinoamericanas, se constituye como uno de los retos importantísimos de los profesionales formados por la UBV; es decir, un espacio que con urgencia debe ser sometido a una transformación eficiente y conciente del rol que juega en un país como el nuestro. Así el Estado para la UBV es un lugar privilegiado para el desarrollo profesional que por su propia naturaleza y por la misión de la universidad, es también un espacio para la práctica transformadora que ella auspicia. Por eso mismo el Estado puede ser una de las problemáticas de la formación, del desarrollo de proyectos académicos y de las prácticas profesionales de la UBV. La UBV contribuye a cambiar el Estado venezolano.
LA CUESTIÓN DE LO "COMUNITARIO", LO MICRO Y LAS EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS Afrontando las dificultades del cambio y, sobre todo, las de producir cambios tendentes a la disminución de las desigualdades que suponen la transformación de aspectos esenciales de nuestra vida social y política, es necesario reconocer la importancia de lo comunitario, lo local y las micros-experiencias como espacio para ejercer las resistencias y para la construcción de experiencias sociales más amplias.
En este sentido, la UBV encuentra un nicho insustituible de desarrollo académico, social y profesional en lo local. Al mismo tiempo, sin embargo, debe reconocer el espacio social más amplio en el que actúan los venezolanos en la medida que el desarrollo de las sociedades moderno-industriales- capitalistas inicia un recorrido que apunta al anonimato urbano, a la desintegración social, a diversas formas de individualismo, entre otros problemas, a los que se suma el desarrollo desigual y heterogéneo de América Latina (todo ello con consecuencias políticas y educativas). La UBV como universidad y comunidad alternativas , debe moverse en el doble eje de fortalecimiento de las experiencias alternativas construidas en espacios sociales acotados y en la creación de lo alternativo, y la solidaridad social al interior de instituciones y dinámicas sociales "molares"; es decir, la conquista alternativa de espacios de socialidad sellados por la masificación, el desarraigo, la modernización y lo instrumental. Para ello, la UBV puede constituirse ella misma, tal como es propuesto, a través de la ligazón de enseñanza, investigación e inserción social, en una experiencia comunitaria, alternativa, etc. Lo comunitario, pues, no es un requisito previo para el acceso sino forma ineludible de la vida universitaria, en el entendido que ello forma parte de una relación responsable con la sociedad y con el Estado, y de la constitución de sujetos críticos, social y políticamente activos. La UBV: comunidad que crea comunidad Junto a estas cuestiones, cabe señalar que la Universidad Bolivariana de Venezuela responderá a su responsabilidad social:
- Con planes y programas de formación, creación y recreación de saberes e inserción social, sustentados en nuevos enfoques y en opciones de valor asumidos no como algo fijo y predeterminado que encajone sus prácticas, sino como apuntalamientos de cómo puede constituirse a sí misma en el contexto complejo e incierto en que se encuentra.
- Asumiendo un nuevo sentido de propósito al reconocer los cambios radicales que desafían continuamente nuestros patrones de comprensión, de conocimiento y de acción, para contribuir a cambiar los modos de pensar y a aprender en y desde la incertidumbre.
- Con alta pertinencia social, es decir, vinculada con las necesidades de desarrollo económico, social, cultural, político y educativo, que plantean tanto la transición que vive nuestro país como las expectativas de la comunidad en general, asociadas a la efectiva realización de los principios constitucionales de
justicia social, libertad, solidaridad y democracia participativa.
- Construyendo una comunidad universitaria pluralista y participativa donde los sentidos de compromiso con la institución y con el país sean fuerzas que muevan el trabajo individual y colectivo de sus integrantes. Y, por ende, con una cultura organizacional generadora de cultura democrática.
- Con procesos, estructuras académicas y administrativas ágiles y eficientes en donde prevalezca el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo basado en la evaluación permanente de tales procesos y estructuras.
- Liderando proyectos de vinculación con las comunidades, con activa participación de éstas en la definición y ejecución de los mismos.
- Adoptando una cultura de planificación y evaluación institucional, y con metodologías participativas de la comunidad universitaria que involucren la definición de responsabilidades de sus integrantes.
- Concibiéndose como parte de un sistema nacional de educación superior y, en consecuencia, desarrollando articulaciones múltiples con las otras instituciones de educación superior, asumiendo una vinculación estrecha con la educación obligatoria y participando activamente en redes regionales, nacionales e internacionales de formación, creación y circulación de conocimientos. La propuesta que aquí se presenta es el resultado del análisis de los diferentes aspectos de organización y gestión académica y administrativa, considerando los contextos nacional e internacional de la educación superior, tanto como los enfoques más avanzados en el campo. Su contenido se organiza de la siguiente manera: En el primer capítulo se exponen aspectos fundamentales del contexto internacional y nacional , los cuales permiten establecer los retos fundamentales que tienen ante sí las instituciones de educación superior y, particularmente, la Universidad Bolivariana de Venezuela. En el segundo capítulo se presentan las bases conceptuales, desde las cuales se formula el Proyecto Educativo de la Universidad. El tercer capítulo contiene los elementos de direccionalidad estratégica: Misión y visión de la Universidad, criterios de acción institucional y objetivos generales, en los cuales se traza dicho proyecto. En el cuarto capítulo se establecen los aspectos referidos al ámbito de la función académico-formativa de la Universidad: Enfoque educativo, Criterios curriculares e Identidad del Egresado.
1945, se crea el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), con la finalidad de establecer reglas internacionales que favorezcan las relaciones comerciales y las inversiones en el mundo, y que desde 1995 se conforma como Organización Mundial del Comercio (OMC). Surge y se consolida este entramado a escala mundial que logra el empuje globalizador, sobre todo en el terreno comercial, de lo cual es una clara expresión el hecho de que a partir de 1950 el comercio mundial creciera muy por encima de la producción en el planeta. Es a partir de la década de los setenta del siglo XX, cuando el fenómeno de la globalización comienza a centrarse en el sector financiero, especialmente favorecido desde la década de los ochenta por el desarrollo y uso acelerados de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos para mover el dinero con gran facilidad sin limitaciones de tiempo y espacio, en pro de ganancias económicas inmediatas mediante la especulación. Prefiriendo esta vía especulativa sobre la inversión productiva, los nuevos capitalistas no contribuyen a la generación de riqueza social asociada a la inversión productiva, la generación de empleos y la inversión de impuestos en políticas de índole social. Es contundente la información que ofrecen Atienza y Gómez (2000:9) acerca del movimiento de los mercados de divisas en el mes de abril de 1998, al respecto señalan que dichos mercados movieron diariamente en el mundo 1,5 billones de dólares, lo que comparativamente significaba cien veces más recursos que los movilizados por el comercio mundial. A esta situación se asocian la inestabilidad y las recurrentes crisis financieras que han afectado económica, social y políticamente a los países pobres. Vivimos una época de creciente globalización con expresiones diversas y paradójicas, aunque las predominantes formas responden a su configuración como un fenómeno de mercados, asociado, por ende, al establecimiento de conveniencias económicas y financieras de los grandes centros de poder económico en el planeta que imponen una estandarización de patrones de producción y de gustos y deseos de los potenciales consumidores. Estandarización que constituye una condición imprescindible para la fabricación y penetración de los mercados, pero que a la vez representa uno de los mayores peligros de nuestra época, a saber, la homogeneización de formas de pensar, decir y hacer, la estandarización de los deseos y las aspiraciones, en las que se disuelven las singularidades de las formas de vida individual y colectiva. Es preciso, pues, tener en cuenta que el fenómeno de globalización al que asistimos, no surge
de un planteamiento de convivencia solidaria entre países y pueblos del planeta sino de intereses hegemónicos en lo económico y lo político, movilizados por el deseo de conquista de mercados y de influencia en economías regionales y globales. En tal sentido, el fenómeno de la globalización en su formato predominante comporta relaciones de dominio más que comunidad de intereses, de ahí que el proceso de reorganización del mundo por amplias regiones económicas, en el cual intervienen tanto los intereses de los países como su desigual capacidad de negociación, involucre indudables condiciones desfavorables y consecuencias negativas para aquellos que abren sus economías al mercado mundial sin recibir ningún tipo de compensación asociada a su desarrollo económico y social endógeno. Se trata, por ello, de un fenómeno que comporta efectos negativos asociados a su formato neoliberal, es decir, a los intereses exclusivos del gran capital transnacional. La globalización es un proceso complejo y denso en el que intervienen múltiples fuerzas y actores. Por ello es conveniente contravenir interpretaciones simplistas, tanto las que sostienen que la globalización traerá el mayor bienestar y la mayor libertad que jamás haya conocido la humanidad, como las que anuncian que su avance comporta la extensión de todas los males por el planeta. Lo cierto es que en el mundo actual, de lo que se trata no es de decir si se forma parte de ella o no, sino de decidir de qué manera formar parte ejerciendo el principio de autodeterminación de las naciones, considerando los diversos desafíos y oportunidades que ella comporta. Desde el ángulo de los desafíos, el principal de ellos es el de incidir en el giro del tipo de globalización que se ha impuesto como resultado de decisiones políticas y no como mandato de orden divino o sobrenatural, pues a su lógica se anudan los efectos de una creciente polarización entre países ricos y países pobres, lógica que bloquea las posibilidades para que las oportunidades económicas lleguen a cada pueblo del planeta. Nos referimos a la globalización centrada en los aspectos financieros y en las corporaciones globales que buscan los beneficios inmediatos de la especulación, sin incidencia en la inversión productiva y en el bienestar social de quienes habitan los países pobres del planeta. Asimismo, a la actividad comercial controlada por grandes empresas transnacionales que generan, como lo muestran diversos análisis, más de las dos terceras partes del comercio mundial desarrollado entre las zonas más ricas del mundo: Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Sureste Asiático. Hecho éste que ha ido acompañado con los montos designados por los países más ricos
para la protección de sus mercados y la subvención de su producción agrícola, lo que implica una evidente limitación a la comercialización de productos agrícolas de los países pobres y a sus posibilidades de mejorar sus condiciones económicas y sociales, y, en consecuencia, la creciente marginación económica de las regiones más pobres.
Por otra parte, las condiciones desiguales en las que viene operando la globalización afectan a los flujos migratorios de millones de personas en busca de mejores oportunidades, pues se refuerzan crecientemente diversas modalidades para cerrar las fronteras, mientras éstas se vuelven inexistentes para el movimiento irrestricto de capitales en cualquier lugar del planeta. Situaciones como las reseñadas se asocian a la impronta financiera, especulativa y marginadora del tipo de globalización que ha prevalecido, no sin consecuencias sobre la legitimidad de la democracia como sistema político. Expresión de ello es que los ciudadanos de los países que han sufrido los embates de esta globalización constatan que sus gobiernos han sido y son incapaces de enfrentar los efectos de las crisis financieras provocadas por el movimiento irrestricto de capitales especulativos y la imposición del modelo neoliberal de la economía, que el poder se ha concentrado en los mercados financieros globales sin posibilidades de control democrático mientras se debilitan los espacios nacionales y locales donde habitan los ciudadanos de a pie. De lo cual se desprende que los ciudadanos no se sienten representados por gobiernos que han abandonado su tarea de controlar las fuerzas globales y que la legitimidad de la democracia se ve erosionada. El giro que debe imprimirse a los procesos de globalización para enfrentar dicha impronta se relaciona con las oportunidades que han brindado otras expresiones del fenómeno de la globalización. Por ejemplo, la posibilidad de tener una percepción de los problemas que ponen en peligro al planeta entero, tales como las formas de exclusión y de violencia, la pobreza, la lógica ecodepredadora del modelo de desarrollo económico asociado al capital transnacional, el narcotráfico, el aumento en los gastos militares, las invasiones de la gran potencia estadounidense para apropiarse de riquezas petroleras de otras naciones, entre otros. Percepción que ha generado formas de resistencia ejercidas por millones de ciudadanos del mundo entero. Las oportunidades como los peligros también se construyen, y aquéllas, precisamente, cuando se reconocen los peligros asociados al hecho de que no
todos los pueblos del mundo ni los hombres y mujeres que lo habitan se hallan en igualdad de condiciones para enfrentar los efectos de una globalización sin regulaciones democráticas. Luce, en tal sentido, impostergable la puesta en marcha de este tipo de regulaciones tanto en el nivel internacional, como en el plano nacional. En el primero, mediante la reorganización de las instancias internacionales, de cara a la participación en igualdad de condiciones de todas las naciones y, por ende, al ejercicio de una democracia global que promueva, valore y considere la participación de las organizaciones civiles cuya trayectoria se asocia al trazado de vías alternativas a la recorrida por la globalización favorable a pocos y desfavorable a muchos. En el segundo, mediante la asunción de responsabilidades individuales y colectivas en la construcción simultánea de democracias locales y de esta democracia global, pues ello depende en gran medida de nuestro ejercicio ciudadano para presionar a los agentes políticos y empresariales a los efectos de contrarrestar los efectos terribles de la globalización que conocemos. Se trata, en tal sentido, de reencontrarnos en un espacio que conjugue lo local y lo global, como espacio común de la política, donde la atención a la vez local y global de los asuntos públicos se vuelve imprescindible para no quedarnos a la intemperie y solos, bajo el acecho de la lógica de una globalización que, limitándose a conectar entre sí a los países poderosos, fagocita a los países más débiles, provocando así la mayor y más profunda exclusión de éstos. Puede decirse que la gama de oportunidades que abren otras formas de globalización sin ataduras a dicha lógica, esto es, basada en las interdependencias y en la cooperación con claras finalidades de reducción de la pobreza y de mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, está asociada a la creación de condiciones democráticas, especialmente si tenemos en cuenta que ya no se trata de decidir si se forma parte de la globalización, sino de decidir de qué manera formar parte ejerciendo el derecho a la participación bajo el principio de autodeterminación de las naciones. Lo que, en el caso de países como el nuestro, significa en lo fundamental: (i) generar políticas económicas estratégicas internas e intentar influir en las externas, asumiendo el papel irrenunciable de transformar economías consumidoras en economías productivas con sustento social, cambiar el rol de consumidores de tecnologías por generadores de tecnologías, incidir en la modificación de patrones de la globalización de mercados y luchar contra la fagocitosis característica de las corporaciones globales en su empeño por apropiase de los recursos naturales
Finalmente, cabe indicar que el panorama mundial al cual se enfrentan las sociedades es el de profundos cambios, que plantean importantes desafíos a la educación en general y a la educación superior en particular. No obstante, es preciso tener presente que dichos cambios se producen en un contexto mundial en que se ha agudizado aún más la disparidad, que ya era enorme, entre los países industrialmente desarrollados, los países en desarrollo y en particular los países menos adelantados en lo que respecta al acceso a la educación superior y la investigación y los recursos de que disponen (UNESCO, 1998). Razón por la cual el gran reto a escala planetaria es la disminución de la brecha existente entre países ricos y países pobres. En una sociedad basada cada vez más en el conocimiento ello implica que la educación superior y la investigación forman hoy la parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por delante (Ibídem). DEL CONTEXTO NACIONAL Inmersa en un escenario mundial que hace a las sociedades cada vez más complejas e interdependientes, la sociedad venezolana vive a su vez un proceso de transformaciones en todos los órdenes que puede ser caracterizado como transición entre la pervivencia de viejos modelos de organización social y política, y la emergencia de nuevos modos de construcción de una democracia participativa y protagónica basada en la justicia social, como eje de la recomposición de los campos económico, socio- político, cultural y educativo. La transición que vive el país se da en una trama que conjuga diversas formas de crisis. Unas, como la crisis económica y social en la que se superponen herencias de las décadas de los años ochenta y noventa, la incidencia negativa de factores políticos nacionales e internacionales en la economía nacional, con especial contundencia desde comienzos de 2001, y la magnitud de la crisis económica mundial particularmente agravada a partir del derrumbe de la Torres Gemelas en septiembre de 2001. Magnitud, que como sabemos, ha llevado a ciertos organismos internacionales a plantear correcciones en las estrategias económicas basadas en un excesivo optimismo en la regulación de los mercados sin intervención de los estados nacionales, dado el crecimiento de la brecha entre países ricos y países pobres, y la agudización en las sociedades de la
desigualdad social. Otras, como la crisis política pone en escena variadas dimensiones y diversas expresiones, entre ellas: el debilitamiento de las viejas lógicas de partidos políticos, la pérdida en la alternancia en el poder de los dos grandes partidos que coparon la escena política a lo largo de las últimas cuatro décadas del siglo XX, la emergencia de nuevos actores políticos en el seno de la sociedad, la puesta en evidencia de la heredada precariedad en instituciones político-estatales y de las tareas pendientes en la reforma estatal, la emergencia de plurales formas de asociación y participación vinculadas a la solución de problemas cotidianos de la gente, el tránsito de una situación políticamente soporífera a una movilización de la que no han dejado de formar parte peligrosas señales de violencia, la massmediatización de la política y la politización de los massmedia, la aparición de los sectores populares tradicionalmente excluidos en la arena política asociada a la innegable re-construcción de su subjetividad político- democrática y de la asunción de sus derechos políticos. Si analizamos con cierto detenimiento nuestra particular situación como país, no cabe duda que ella se caracteriza por un alto grado de complejidad, resultado de los entrecruzamientos entre, por una parte, los contundentes efectos de la globalización en cuanto fenómeno que involucra un conjunto diferenciado y sin fronteras de flujos económicos, políticos, informativos, comunicacionales y culturales, cuyos efectos remodelan internamente las sociedades latinoamericanas y, por otra, los acontecimientos que dan expresión a un momento histórico de crisis en el sentido de umbral entre la permanencia de lo viejo que no acaba de perecer y lo que está naciendo. Respecto de la situación económica y social: es preciso destacar que la crisis confrontada en la actualidad posee como trasfondo dos décadas de recesión económica con sus inevitables efectos en el deterioro de las condiciones de vida, asociado al repliegue de las tendencias a la ampliación del acceso al mundo laboral y a la expansión de oportunidades para el acceso a los diversos niveles de la educación. Ciertamente, a inicios de la década de los años ochenta cuando el modelo de crecimiento económico asociado al de la renta petrolera dio claras señales de su agotamiento, comenzó la implantación de las llamadas medidas de ajuste estructural para reorientar la economía nacional de cara a su inserción en las economías globalizadas, desde la óptica de la apertura a la inversión no productiva extranjera y a las exportaciones concentradas en un pequeño grupo de empresas, sin efectos de retorno hacia el desarrollo
endógeno. Se trataba de aplicar sin limitaciones las recetas económicas neoliberales y los consiguientes costos sociales, cuya herencia seguimos padeciendo. Entre ellos: (i) El desmantelamiento de las políticas sociales del Estado, y sus efectos en el aumento de la desigualdad de la distribución de la riqueza, el crecimiento de la pobreza, el creciente empobrecimiento de los sectores medios, el deterioro de servicios como la salud y la educación públicas y la acentuación de las desigualdades sociales y de las diversas formas de exclusión social. (ii) El debilitamiento de los actores económicos ligados a la pequeña y mediana industria y el creciente aumento en las tasas de desempleo y de empleo informal. Para 1999, la distribución de la población en edad laboral se estimaba así: el 30% tiene empleo, el 54% se sitúa en el sector informal y el 16% desempleada. (PROCOMPETENCIA: 1999: 31). (iii) La erosión de las formas de cohesión social y la pérdida creciente de credibilidad social ante las formas tradicionales de hacer política. De la enorme deuda social generada en las citadas décadas, da cuenta, en parte, el informe sobre la situación de la infancia en Venezuela, presentado en la reunión de Ginebra por la delegación de organizaciones no gubernamentales, en junio de 1999, ante el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, se registra parte del panorama socio-económico del país para ese momento, mediante cifras como éstas: descenso del 37% en el gasto social entre 1987 y 1994; disminución del 43% de gasto en salud entre 1980 y 1994; disminución del gasto real por habitante de 4.435 bolívares, en 1983, a 2.827 en 1995; incremento de hogares en situación de pobreza total del 46% en 1988 a 76% en 1994; según datos del Ministerio de la Familia, para 1997 en la población menor de 12 años el 47,3% se encontraba en situación de pobreza y 21,9%, de pobreza extrema; en 1997 se registraron 18 mil niños, niñas y adolescentes que trabajaban en las calles; en 1988 el incremento de nacimientos ocurridos en madres menores de 12 años fue de 33%; para 1997 existían 407 mil niños y niñas indocumentados. Y, a propósito de la situación educativa, el mismo informe registra en cifras: la disminución del gasto en educación básica y media, que pasó de 25% en 1980 a 20% en 1992; la atención a sólo 33% de la población en edad preescolar en centros oficiales y privados; entre 1986 y 1996, un promedio anual de 320.000 niños y niñas quedó fuera del sistema educativo; 55,6% de la población indígena
comprendida entre 5 y 24 años está al margen del sistema escolar. En el caso de la educación superior, como observan González, Smeja y Téllez (2002:18) no cabe duda acerca de la iniquidad social que caracteriza a este nivel de la educación venezolana, en el cual se traducen las profundas desigualdades sociales expresadas en el sistema educativo y, particularmente, las que imperan en el acceso y desempeño de los estudiantes. Al respecto, los mencionados autores hacen referencia al estudio de Fuenmayor y Vidal (2000), sobre el comportamiento del ingreso estudiantil en las universidades nacionales en 1984 y 1998, cuyos resultados muestran que: a) el número de aspirantes a entrar en las universidades creció en un 55% (de 87.343 a 135.764), mientras las plazas crecieron solamente un 30% (de 54.166 a 70.348); b) en 1984, cuando por OPSU-CNU a través de la Prueba de Aptitud Académica, se escogía el 75% de los aspirantes seleccionados, no existían las iniquidades descritas anteriormente; c) los procesos de admisión internos de facultades y escuelas universitarias favorecen en su selección a los bachilleres que provienen de colegios privados y pertenecen a «clases socio-económicamente privilegiadas. Es pertinente recordar que nuestra sociedad se ha constituido históricamente como una sociedad profundamente antagonizada por la opulencia de pocos y la miseria de muchos, caracterizada, en consecuencia, por la pobreza y la exclusión social. De ahí el sentido del viraje que imprime el proyecto de una nueva sociedad sin exclusiones contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que plantea la reconstrucción del país como tarea de todos los sectores, estatales y sociales. Tarea que en el campo económico comporta la asunción del desarrollo económico endógeno como generación de riqueza social traducida en la disminución de la brecha de las desigualdades sociales y de la iniquidad de oportunidades tanto para el acceso de los venezolanos al mercado laboral como a bienes materiales y culturales. Y, en tal sentido, la revitalización del papel del Estado como parte fundamental de las condiciones que requiere dicho desarrollo, entre las cuales también cuentan la elevación del nivel y calidad del aparato productivo nacional y la inversión sostenida en ciencia, tecnología y educación. Se trata de condiciones que hoy cobran mayor importancia para el logro de una inserción favorable de nuestra economía en el contexto de las economías globalizadas, en cuanto inserción con claros sentidos
En la actualidad, Venezuela adelanta una serie de estrategias para reactivar el aparato productivo nacional y generar mayor bienestar en la población venezolana. Entre estas estrategias resaltan la reactivación y reconversión del parque industrial del país, además de distintas iniciativas para el incentivo del sector agropecuario de la nación, en función de consolidar la soberanía alimentaría consagrada en la Constitución. La estrategia de reactivación busca dinamizar el aparato industrial con nuevos proyectos que mejoren la actividad en el sector y adaptar la industria nacional a las exigencias de la competencia en una economía cada vez más global, conjuntamente con el apoyo en materia técnica y crediticia a pequeños y medianos productores. Enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, esta estrategia se sustenta en un modelo endógeno de desarrollo, generando soluciones para afrontar la coyuntura y el despegue del desarrollo integral pleno a largo plazo, con justo y equitativo bienestar social, contando con la activa participación de las comunidades. Así mismo, las políticas en materia comercial están dirigidas al fortalecimiento del intercambio recíproco y, simultáneamente, a una integración más profunda con otros países latinoamericanos. Lo cual pone en evidencia que la adopción del modelo endógeno de desarrollo venezolano no supone cerrarse al resto del mundo, ni quebrantar los compromisos adquiridos en convenios comerciales internacionales. En lo concerniente a la situación política: es evidente que en el curso de, aproximadamente, una década hemos asistido a la explosión de un conjunto de acontecimientos que expresan cambios radicales del mapa político venezolano y, como tal, el agotamiento de un modelo político alineado en torno a intereses político-partidistas que se turnaron en el poder mediante el régimen eleccionario y sustentado en la fusión gobierno-partidos, en las desarticulaciones entre las esferas de lo económico, lo político y lo social y en las debilidades de una institucionalidad política capaz de responder a las expectativas de democratización social y política. En la dinámica propia de tales cambios han podido apreciarse claras conductas democráticas de amplios sectores populares que condensan no sólo la expresión de rechazo a la corrupción y al clientelismo político-partidista sino el arraigo de una clara vocación democrática, puesta de manifiesto en el acontecimiento político del 13 de abril de 2002, con la restitución del hilo constitucional, luego del golpe de Estado del 11 de abril. Conductas contrastantes con las de grupos y actores tanto económicos como políticos que ven
afectados sus intereses particulares y que se resisten a perder los privilegios de los que han gozado por décadas de alianzas hechas a espaldas de los enormes problemas económicos y sociales del país. Particularmente, desde mediados de 2001 se asiste a una polarización política que, con razón, no pocos han calificado como extrema y alarmante, pues ha puesto en escena señales de violencia política sin que ello signifique que ésta se haya instaurado como constitutiva de conflicto político. Pero, como sostiene López Maya (2002:3). En el escenario de fondo de esta polarización alarmante, se encuentran 20 años de recesión económica, empobrecimiento social, aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, resentimiento de clase, una élite política fracasada que se niega a verse privada de sus privilegios y grupos económicos nacionales e internacionales que buscan oportunidades doradas en un país que es una de las naciones petroleras más importantes del mundo. Pero lo que ha actuado agravando todos estos factores ha sido el vacío de mediaciones y representación políticas entre sociedad y Estado, producto del colapso del bipartidismo venezolano que se produjo en la década del 90. Ello ha propiciado la emergencia de un conjunto de actores que buscan llenarlo y que desafortunadamente, los más fuertes de éstos carecen de formación, conciencia y experiencia política para hacerlo responsablemente colocando a la sociedad al borde de un abismo. Tal polarización, como se ha puesto de manifiesto, ha alcanzado la vida cotidiana en la cual se han conjugado niveles de intolerancia política y claras expresiones de estigmatización social, cultural y racial que han definido los comportamientos de determinados sectores de las clases medias hacia los sectores y organizaciones populares que han hecho suyos los principios constitucionales y han venido ejerciendo el derecho a la participación en la vida política. Estos hechos permiten sostener que junto a la agudización de la injusta distribución de la riqueza nacional, los cuarenta años de democracia formal no construyeron la Nación como un espacio de reconocimiento del cual todos formamos parte como ciudadanos, es decir, como sujetos de derechos sino, por el contrario, actitudes y prácticas de exclusión social, cultural y racial, ocultas bajo el discurso tranquilizante de la supuesta igualdad pero funcionando bajo la mirada indiferente de la clase política y de los sectores socialmente más favorecidos. Tomar conciencia de los peligrosos efectos de tales hechos, y actuar en consecuencia, es una responsabilidad de los diversos sectores y actores
democráticos, independientemente de sus posiciones políticas, tanto como de la trama de instituciones estatales y no estatales. Pues, inscritos en un período de agudas tensiones, duras confrontaciones y puntos de ruptura de la vida en común, ellos nos dicen que este período sólo puede encontrar su legítima superación en el diálogo y la salida democrática, entendida ésta en la perspectiva de creación de un amplio campo de fuerzas sociales para frenar el avance de la fragmentación social en nuestra nación, mediante el desarrollo de procesos que regulen positivamente las articulaciones entre democracia y conflictos sociales. Porque lo que tenemos planteado no es el tránsito de un régimen dictatorial a un gobierno democrático, sino la concreción de un modelo de sociedad sustentado en la institucionalización de procesos democráticos que profundicen y consoliden los principios de justicia e igualdad social, y pongan en práctica la idea de democracia como un espacio abierto y plural, en el que los conflictos que le se son constitutivos puedan procesarse sin recurrir a la fuerza de cualquier modalidad totalitaria. Esta idea junto a las aspiraciones de bienestar común, la visión de la dignidad de la existencia individual y colectiva como experiencia de la democracia en cuanto forma de vida política, están reclamando otros sentidos del país, del mundo y de nuestras relaciones en ellos. En efecto, construir un nuevo modelo de democracia que haga efectivos los principios, derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución requiere de cambios efectivos en los sentidos de las relaciones sociales, en las prácticas y discursos de los actores sociales y políticos, en la vida de las instituciones y, sobre todo, en el tejido institucional del Estado donde, en cualquier sociedad, se condensan las relaciones de poder. Se trata, con ello, de vincular la acción política -estatal y no estatal- con los objetivos estratégicos de un proceso de transformación de fondo de las lógicas instaladas dentro y fuera del Estado, pues como se reconoce en el documento oficial Líneas generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, ...las resistencias potenciales al cambio están a lo interno de la Administración Pública, en su aparato burocrático, en los grupos partidistas, burocráticos, tecnocráticos, que verán modificar la estructura de poder de la cual son beneficiarios, y en los sectores de la sociedad que, dentro de una estructura clientelar, eran beneficiarios de las prebendas que le otorgaba el régimen (MPD: 2001: 20). Teniendo presentes los preceptos constitucionales, el nuevo modelo de desarrollo nacional contempla como
dimensión fundamental el equilibrio político que contempla la solución pacífica y civilizada de los conflictos de intereses centrada en el respeto al derecho de los ciudadanos, frente a una gestión pública que deberá ser la expresión del consenso como base de la legitimidad del Estado , así como la participación corresponsable y democrática de todos los sectores, en todos los ámbitos y en cada momento del porvenir (Ibidem: 15-16). En tal sentido, se enfatiza la puesta en práctica del principio de participación ciudadana, que no sólo amplía el ejercicio de la democracia, sino que es un requerimiento funcional que garantiza una mayor gobernabilidad a un Estado que cada día debe dar respuesta a una realidad compleja, con un alto grado de diversidad (Ibidem: 19), pues la participación ciudadana deviene en un mayor y mejor control de la sociedad sobre los asuntos que le conciernen directamente, permitiendo al estado la puesta en funcionamiento de mecanismos de ajuste de sus políticas en beneficio de todos. En correspondencia con esto se establecen como objetivos fundamentales del equilibrio político: consolidar la estabilidad social, desarrollar el nuevo marco jurídico institucional y contribuir al establecimiento de la democracia participativa y protagónica, para lo cual es necesario desarrollar la capacidad estratégica de regulación y gestión del Estado, una gestión pública que actúe en base a resultados y no de procedimientos, una alta capacidad de negociación y concertación del Ejecutivo, fortalecer el Estado de derecho, una organización administrativa ágil y transparente, garantizar la participación ciudadana, construir el Estado Federal Descentralizado y establecer sistemas de rendición de cuentas (Ibidem: 20). Tratándose de objetivos políticos nacionales es evidente que sus logros involucran cambios profundos tanto en las lógicas y comportamientos institucionales, como esfuerzos dirigidos a fomentar nuevas instituciones públicas, nuevas formas de asociación y el fortalecimiento de una nueva cultura política proclive a la solución democrática de los conflictos. Ello implica, entre otras cuestiones fundamentales lo siguiente:
- Llevar a cabo una auténtica transformación del Estado como Estado democrático y social de Derechos y de Justicia, de cara al fortalecimiento de una institucionalidad político-democrática capaz de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes consagrados constitucionalmente, y de responder mediante una gestión eficaz y transparente a las
trasciende los límites de las democracias representativas, y sustentan las exigencias de profundización de la democracia en las que han de inscribirse los debates sobre el presente y el porvenir de nuestra nación, tanto como las representaciones sociales resultantes de las experiencias de participación ciudadana. Como puede advertirse, dar sostenibilidad a los cambios políticos orientados en la dirección de profundizar la democracia participativa y protagónica, generar una nueva plataforma de justicia, consolidar la institucionalidad democrática, fortalecer el control social y democrático sobre el Estado, los espacios de información y comunicación, y las prácticas del mercado, fortalecer una nueva cultura política ciudadana, crear nuevas sensibilidades democráticas, promover y consolidar condiciones para una convivencia democrática, constituye una tarea que implica el cumplimiento de responsabilidades por parte del Estado y de la sociedad, mediante sus diversas instituciones y organizaciones. En ella deben jugar un papel de primer orden las prácticas comunicacionales, educativas y culturales, pues la naturaleza y alcances de dicha tarea en el proceso de reconstrucción del país plantea el despliegue de procesos, prácticas y experiencias comunicacionales, educativas y culturales desde las cuales formar nuevos ciudadanos y ciudadanas con claros sentidos de justicia, solidaridad, libertad, participación responsable, y reconocimiento de la diferencia, es decir, con claros sentidos ético-políticos de su condición y ejercicio como ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, cabe señalar que el nuevo modelo de desarrollo nacional sustentado en los principios constitucionales incorpora el equilibrio territorial y el equilibrio internacional como dimensiones constitutivas de dicho modelo. El primero es definido en términos de la desconcentración , que involucra un proceso de modificación del patrón de poblamiento, producción, inversión, distribución y recaudación sólo concebible a mediano y largo plazo , cuya estrategia consiste en la definición de ejes territoriales de desconcentración para crear un nuevo equilibrio del territorio , y en la difusión y diversificación de la actividad productiva para lograr en dichos ejes un mayor volumen de población con condiciones dignas de calidad de vida. Se destacan como pilares fundamentales de esta estrategia: la formación de recursos humanos y la promoción de actividades atendiendo a las potencialidades y limitaciones de cada región, con asistencia técnica y financiera. Y se establece la incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo regional, entendida como protección
del patrimonio natural y como factor cada vez más importante para el desarrollo económico y social... en un contexto de desarrollo sostenible... (MPD: 2001: 20-21) El equilibrio internacional, apunta al fortalecimiento de un modelo relacional que permita la participación flexible y simétrica en la comunidad de naciones. En la perspectiva del modelo democrático de desarrollo, se destacan las relaciones de cooperación para hacer efectivos los intereses comunes de la política internacional , a través de políticas que permitan a los países de menor desarrollo relativo, enfrentar conjuntamente los problemas relacionados con el desarrollo económico y social con equidad. Y, en consonancia con la Constitución: promover y favorecer la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región (Ibídem: 21). Es indudable que potenciar la integración latinoamericana y caribeña en los campos culturales, educativos y comunicacionales, resulta vital para enfrentar las formas de homogeneización de patrones de vida, de pensamiento y de comportamientos, que van imponiéndose crecientemente. Y, con ello, para descolonizar nuestros propios imaginarios en cuanto condición inherente a la tarea de re-inventarnos como latinoamericanos, con nuestras diferencias culturales, en un mundo crecientemente homogeneizado y dominado por el individualismo y el consumismo. Asimismo, esta integración es decisiva para favorecer con políticas de protección, de incentivo y difusión, a una industria cultural latinoamericana y caribeña que pueda competir en mejores condiciones y fortalecer su presencia en los flujos de la globalización cultural. En la actualidad, Venezuela tiende puentes para consolidar alianzas integradoras con países de la región con el fin de profundizar la política integracionista, con lo cual el modelo endógeno de desarrollo no sólo favorece la participación interna de los amplios sectores de la sociedad, económicos, productivos y comunitarios en el proceso creador- productivo, para satisfacer las necesidades de consumo y mejorar la condición de vida en términos de educación, salud, vivienda, sino además el intercambio económico, cultural, y educativo, entre otros, con el resto de los hermanos países y del mundo. Es preciso destacar que el desarrollo nacional es, ante todo, un proceso de asunción de responsabilidades internas que implica, entre sus objetivos fundamentales, el fortalecimiento del Estado Social y de Derecho, la profundización de la democracia
participativa, el mantenimiento de la paz interna, la construcción de ciudadanía, la lucha contra la corrupción, la lucha por la cohesión social y por el mantenimiento de las condiciones macroeconómicas y un mayor esfuerzo productivo en el campo de las inversiones y las infraestructuras. Objetivos que exigen para su logro: (a) la formación de venezolanos y venezolanas como partícipes activos en el desarrollo integral del país; (b) las respuestas y problematizaciones, por parte de las instituciones de educación superior, frente a las exigencias nacionales entre las cuales se halla la formación de venezolanos y venezolanas como partícipes activos en el desarrollo integral del país; (c) la atención a las condiciones del desarrollo endógeno, a la creación del conocimiento y a la atención de las necesidades sociales, d) la formación de profesionales altamente cualificados y de ciudadanos con sentido de país, de justicia, libertad y solidaridad, capaces de contribuir a la consolidación de una sociedad democrática basada en la justicia social, la libertad, la solidaridad, la participación y el respeto a las diferencias de pensamiento y de acción. Como puede desprenderse de lo planteado, la educación no cumple sólo un papel estratégico para el crecimiento económico. Ella amplía sus alcances a la construcción de un modelo de sociedad que proporcione bienestar a sus habitantes, disminuya las brechas entre regiones y grupos sociales, impulse la democracia como forma de vida en todos los campos de acción humana, coopere para el logro de la formación ético-política y facilite medios para que los hombres y mujeres de este país asistan y participen en la transformación de sus condiciones de vida desde una perspectiva integral de desarrollo humano. En tal sentido, los planteamientos expuestos en este capítulo ofrecen las razones fundamentales que justifican la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
CAPÍTULO 2 Bases conceptuales CONSIDERACIONES PRELIMINARES El texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela incorpora, en su artículo 3, como valores superiores: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político , plantea como fines esenciales del Estado: "la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del
cumplimiento de los deberes y derechos, y establece la educación y el trabajo como procesos fundamentales para lograr dichos fines. Conforme a estos principios, a las políticas para el desarrollo de la educación superior en Venezuela, a las necesidades del desarrollo integral del país, y a las condiciones de complejidad e incertidumbre que definen al mundo actual y a nuestra situación en él, la Universidad Bolivariana de Venezuela se sustenta en las bases conceptuales que se presentan en este capítulo, las cuales refieren en lo fundamental a criterios de orden socio-político, ético, pedagógico y epistemológico que deberán sustentar y cobrar expresión en todos los componentes, programas y prácticas, que confluirán en la construcción de la identidad académica de esta Universidad. RESPONSABILIDAD CON LO PÚBLICO Tal y como viene reconociéndose en la pluralidad de debates y propuestas producidas tanto a nivel nacional como internacional, las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad y un compromiso con lo público. De ahí que, sus objetivos, metas, y servicios deben responder a los intereses de la sociedad de la cual forman parte. La responsabilidad de la universidad con lo público, es decir, la Universidad al servicio de la sociedad, exige a quienes la integran valorar esta responsabilidad como un objetivo integrador de los diversos intereses y acciones individuales o de grupo. Así como a la universidad en cuanto institución, la capacidad para hacer de dicho objetivo, uno que promueva el desarrollo colectivo, a través de la formación de individuos probos y competentes, con valores y sentidos ético-políticos que hagan posible un Estado social y de justicia y sociedad democrática, de una formación que crea y recrea saberes asociados a la comprensión y solución de problemas sociales, a la construcción de bienes culturales públicos; es decir, una formación que se realice conjuntamente con las acciones que proyecta la universidad, desde sus distintos ámbitos, a fin de dar respuestas a necesidades y demandas diversas de sus entornos socio-culturales. EQUIDAD SOCIAL Los procesos y prácticas de democratización suponen la efectiva configuración de la educación como un espacio que impulse y genere justicia social razón por la cual, la equidad en la educación superior comporta la expansión de sus beneficios sin ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas y se expresa en la igualdad de condiciones y oportunidades educativas que se brindan a los estudiantes para el acceso a este nivel educativo y
la calidad sea consustancial a estas instituciones, y a la Universidad Bolivariana de Venezuela como un reto del día a día que, siendo a la vez político, económico, científico, cultural, pedagógico y …axiológico [es] inseparable de la capacidad de innovación institucional en las formas de concebir y desarrollar la investigación, los currículos, las prácticas de enseñanza y aprendizaje, los procesos institucionales de organización académica, las prácticas de administración, la toma de decisiones, las prácticas de gobierno… (MECD: 2002, 31). AUTONOMÍA RESPONSABLE Tal y como se expresa en el citado documento de Políticas y estrategias para la educación superior en Venezuela : La naturaleza académica de las instituciones de educación superior, se vincula con la autonomía como valor sustantivo de las mismas (...). La autonomía de dichas instituciones refiere a las relaciones de estas instituciones con el Estado y la sociedad y, ejercida en los marcos jurídicos de la sociedad venezolana, constituye el soporte fundamental de la libertad de cátedra e investigación como expresión, en la vida interna de las instituciones, del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Tal y como se la entiende actualmente, la autonomía institucional es una autonomía responsable, en el sentido de que comporta el deber de responder ante el Estado y ante la sociedad por lo que ellas realizan en el cumplimiento de su misión. La autonomía institucional, en consecuencia, no excluye la rendición social de cuentas o resultados de su quehacer, no sólo en lo que atañe al uso de los recursos financieros sino también, y en lo fundamental, en lo concerniente a las actividades de docencia, investigación y extensión (MECD: 2001: 36-37) De ello se desprende que la autonomía tiene expresión en el ejercicio de participación democrática de sus cuerpos académicos, en el predominio de los criterios académicos por encima de los de carácter personal, grupal, político o ideológico; en los distintos aspectos de la actividad universitaria; en la innovación de procesos académicos y de gestión, característica de la experimentalidad; en la inviolabilidad del recinto universitario; y en la rendición social de cuentas o resultados de su quehacer en lo concerniente a las actividades de formación, creación intelectual y vinculación social, tanto como al uso de los recursos que la sociedad le otorga. EJERCICIO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO La Universidad no sólo es un espacio de creación de conocimientos, de formación y de inserción social, sino también de reflexión como acto que involucra el
crear y dar sentidos a lo que se piensa, se dice y se hace. Es el ejercicio de la reflexión lo que hace de ella una comunidad plural de pensamiento que asume el pensamiento libre, la duda fructífera, la voz problematizadora y el debate como condiciones para comprender y saber posicionarse ante los fenómenos que definen la compleja situación histórica del presente, ante los problemas éticos de los modelos de desarrollo, del conocimiento, de la política, la cultura democrática, la economía, la comunicación, la educación, la universidad; para recrear como diálogo vivo los vínculos con nuestra tradición cultural e intelectual y con el pensamiento universal, para redefinir las formas de relación con el saber y sustentar epistemológica social y éticamente sus plurales ámbitos, propuestas y formas de acción individual y colectiva. FORMACIÓN INTEGRAL La organización y el quehacer académicos de las instituciones de educación superior en los que se aprende a saber, se sabe aprender y se sabe enseñar, tienen como finalidad fundamental la formación integral de sus estudiantes, entendida ésta como un proceso complejo, abierto e inacabado mediante el cual se contribuye no sólo a desarrollar competencias profesionales, sino también y, fundamentalmente, a forjar en los estudiantes nuevas actitudes y competencias intelectuales; nuevas formas de vivir en sociedad movilizadas por la resignificación de los valores de justicia, libertad, solidaridad y reconocimiento de la diferencia, tanto como por el sentido de lo justo y del bien común; nuevas maneras de relacionarnos con nuestra memoria colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; lo que implica la sensibilización ante las dimensiones éticas y estéticas de nuestra existencia (Téllez y González: 2003: 17). El enfoque de la formación integral permite revitalizar la función educadora de dichas instituciones y su importancia parte del reconocimiento relativo al hecho de que nuestros problemas no son sólo de orden técnico, científico y económico, sino también de carácter social, cultural y ético, es decir, problemas cuya comprensión y solución requieren capacidad de análisis social, compromiso con la consolidación de espacios democráticos y de una sociedad más justa, y el ejercicio de valores éticos. De ahí que las instituciones deban fortalecer la formación integral asumiéndola como el aspecto central de su función docente y de su responsabilidad social (MECD: 2001: 35) EDUCACIÓN HUMANISTA Y ÉTICA Las sociedades de hoy enfrentan un sinfín de crisis, todas simultáneas y todas interrelacionadas. Entre
ellas forman fila las guerras, la destrucción ambiental, la brecha de desarrollo entre el Norte y el Sur, las divisiones de naturaleza étnica, religiosa o idiomática, entre otras. El camino hacia las soluciones puede parecer demasiado remoto y, sus escollos, terminan por intimidar. Ante ello, la educación puede seguir un curso de desarrollo aislado de toda consideración por la vida humana, o, por el contrario, hacerse cargo de las preguntas relativas a nuestra condición humana: ¿quiénes somos? ¿dónde estamos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? Se trata de preguntas que involucran la necesidad de romper con el pensamiento fragmentario y reduccionista de lo humano, que ha disuelto la complejidad de la condición humana. Y, por ende, la puesta en juego de un nuevo modo de pensar que permita comprender la unidad de lo humano en la diversidad y su diversidad en la unidad; la unidad de la cultura en la singularidad de cada cultura y su singularidad en la unidad, el carácter a la vez singular y múltiple de cada ser humano como ser complejo que no sólo vive de racionalidad y de técnica, que es al mismo tiempo racional y delirante, trabajador y lúdico, empírico e imaginador, económico y dilapidador, prosaico y poético (Morin: 2000). El estudio de la complejidad de la condición humana como una de las vocaciones esenciales de la educación... conducirá a la toma de conocimientos, esto es, de conciencia, de la condición común a todos los humanos, y de la muy rica y necesaria diversidad de los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra (Ibídem: 65). En tal sentido, podemos decir que una educación humanística y ética como la que reclama nuestro tiempo debe hacerse responsable de las condiciones que forman a los ciudadanos de hoy, ciudadanos de la Tierra: no, por supuesto, el dominio de varios idiomas ni los recorridos por diversos países, sino la sabiduría que sabe reconocer la trama de vínculos que, pese a su fragilidad, mantiene unida a la vida humana en cualquiera de sus formas, tanto como el mal que provoca destrucción y divisiones, y que también es parte de lo humano; el coraje para enfrentar toda forma de dominación y de exclusión, para no temer a las diferencias y reconocer a las personas y pueblos de diferentes culturas; la compasión como sentirse concernidos por el sufrimiento y el dolor que se han causado y continúan causándose a millones de seres humanos. Una educación humanística es indispensable para el ejercicio de una ciudadanía asumida con criterio, a la vez político y ético y en perspectiva, al mismo tiempo, local y universal.
EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
Ese concepto se encuentra asociado a una perspectiva de la educación para encarar los retos que tienen ante sí las instituciones, como resultado de la vertiginosidad de los cambios en las dinámicas del conocimiento, en los campos económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales, y de las formas de desempeño individual y colectivo en ellas. En este sentido, la educación a lo largo de la vida se reconoce como una necesidad insoslayable y como una exigencia democrática que procura el acceso a oportunidades educativas múltiples y flexibles, tanto desde el punto de vista de los ámbitos, contenidos, experiencias, trayectos y niveles, como desde el ángulo de los diversos sectores de la población a los cuales van dirigidas. Razón por la cual, implica la apertura de la universidad a dichas necesidades y exigencias. COMPLEJIDAD Refiere al reconocimiento de la creciente complejidad del mundo en que vivimos para el cual las universidades deben preparar a sus estudiantes como individuos, como profesionales y como ciudadanos. Por una parte, porque tal complejidad involucra la multidimensionalidad de los fenómenos, procesos, situaciones, relaciones y prácticas, tanto como la coexistencia de múltiples interpretaciones mediante las cuales comprendemos el mundo, nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, y nuestras acciones con los marcos de conocimiento que introducimos en ellas. Por otra, porque la complejidad plantea el desafío de ampliar nuestro sentido del mundo, nuestras formas de conocer y comprender el mundo en que nos encontramos y de actuar en situaciones complejas que reclaman enfoques transdisciplinarios y campos interdisciplinarios de acción, donde tienen y tendrán lugar los desempeños individuales y colectivos. INCERTIDUMBRE La pérdida de anclajes epistemológicos y ontológicos unívocos coloca a la universidad en condiciones de incertidumbre y la obliga a replantearse la pregunta de que significa ser una Universidad en medio de un mundo complejo, para resistir a los embates de la carga ideológica que contienen las fórmulas asociadas a vocablos tales como adaptación, supervivencia, logro, o rendimiento. Responder a esa pregunta y establecer las condiciones prácticas para la realización de la universidad como un proyecto en sus dimensiones educativas, socio-culturales y epistemológicas, no es una cuestión de aplicación de recetas sino de esfuerzos inteligentes que involucren el reconocimiento de la incertidumbre como parte de las
