¡Descarga Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad en México: Obstáculos y Desafíos y más Monografías, Ensayos en PDF de Derecho solo en Docsity!
TEMA GENERAL: DIVERSIDAD FUNCIONAL
SUBTEMA: OBSTACULOS ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
SISTEMA JURIDICO MEXICANO
INTRODUCCIÓN
Hoy en día nos encontramos viviendo en una sociedad que se caracteriza por mantener una dinámica social en constante cambio y evolución. Lo anterior, en virtud de que la sociedad de nuestros días está llena de diferencias, de diversidad, de elementos, rasgos, realidades, circunstancias, mayores y menores, que subrayan a cada uno de los grupos humanos a los que se pertenece, bien sea por razón étnica, lingüística, religiosa, social, profesional, etc. De hecho se puede pertenecer a diversos grupos al mismo tiempo, bien sea por razones de origen, de elección, por formación, por criterio profesional, hasta incluso por elección de opción de ocio, etc. Asimismo, como consecuencia han surgido múltiples vicisitudes y problemáticas de distintos tipos, las cuales tienen que ser resueltas través de mecanismos efectivos, mediante los cuales las autoridades, así como también la ciudadanía y todos los integran la totalidad del conglomerado social, puedan participar, proponer y accionar diversas estrategias para darle solución efectiva y practica a las múltiples problemáticas que actualmente nos toca enfrentar. En ese contexto, y tristemente las personas con discapacidad o diversidad funcional suelen enfrentar una serie de obstáculos para acceder a la Justicia. Algunos problemas resultan estructurales y otros están asociados con los prejuicios y estereotipos que muchas veces van acompañados de la ausencia de formación específica en perspectiva de discapacidad, esto trae aparejado que en la mayoría de los casos las personas con discapacidad no realicen la denuncia de hechos de violencia porque el sistema de justicia que nos rige actualmente no toma en cuenta su capacidad jurídica, aunado a que suelen ser revictimizadas, producto de la falta de capacitación tanto de servidores públicos y operadores jurídicos Esto produce una sensación de desconfianza de las personas con discapacidad, y perpetua las conductas de discriminación, marginación y exclusión social. El derecho de las personas con discapacidad a vivir en igualdad de condiciones con las demás personas, con una igualdad sustantiva, verdaderamente efectiva, ha sido consagrado y establecido como un desafío prioritario. La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo en el Sistema Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, a través del cual se
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busca cambiar el paradigma de atención a la discapacidad, pues se basa en el modelo social de la discapacidad, que considera que el problema no se encuentra individualmente en la persona, sino que es un conjunto de condiciones agravadas por las barreras del entorno social. Lo anterior, sin lugar a dudas refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio tradicionalmente que han recibido las personas con discapacidad. El hecho de que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adopte el modelo social, la cual entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo del 2008, refleja el consenso regional de que la discriminación y exclusión contra las personas con discapacidad es un problema público y prevalente, meritorio de acciones estatales para lograr su prevención, investigación, sanción y erradicacion. En tales condiciones, mediante el presente ensayo pretendo realizar una análisis y emitir algunas opiniones, plasmando diferentes ideas, conceptos y reflexiones sobre los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad al intentar acceder a los medios de justicia, ya que no podemos soslayar los múltiples obstáculos y barreras a las que se enfrentan, derivado de un sistema de justicia que no toma en cuenta sus necesidades, lo cual hace nugatorio su derecho de acceso a la justicia o a la llamadatutela judicial efectiva consagrada en el articulo 17 de nuestra carta magna así como el articulo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan? En primer término, nos encontramos con variadas realidades, diversas barreras que las personas con discapacidad tienen que enfrentar y sobrellevar, hablamos desde la persona con discapacidad que no tiene los recursos económicos para afrontar ningún tipo de gasto, como pagarse un pasaje en colectivo para ir a realizar una denuncia a la fiscalía o ir a los tribunales, menos aún para contratar un abogado particular. Por otra parte, es un hecho notorio, como elementos adicionales a esta serie de obstáculos que las personas con discapacidad y sus familias se encuentran para acceder a la Justicia, entre ellos, las demoras en la iniciación de las investigaciones y en la recepción de la denuncia, negligencias e irregularidades a la hora de la recolección de pruebas, la falta de protocolos y criterios unificados para la actuación, el desconocimiento por parte de la comunidad de los servicios que nos provee el estado, falta de unidades especializadas en
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del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que con una simple palabra, en la que se pensaba que el Estado era quien otorgaba los derechos humanos, a señalar, que es el Estado quien reconoce los derechos humanos inherentes a todas las personas con base en su dignidad, es lo que nos permite entender lo relevante y lo fundamental, en la idea y la tarea de construir un verdadero Estado democrático de derecho. Así pues, a partir de junio del 2011, el sistema jurídico mexicano, se puede decir que le abrió la puerta a la recepción internacional de los derechos humanos, a través de diversas herramientas hermenéuticas, como lo son, el principio pro persona, la interpretación conforme, el control de convencionalidad, entre otros. Herramientas que vienen a consistir, en puntas de lanza, para hacer verdaderamente efectivos los postulados que se encuentran establecidos en los diferentes tratados internacionales que nuestro país, suscribe y ratifica, pero que todos los operadores jurídicos, así como los propios ciudadanos, somos los que debemos velar por hacerlos vivos, al momento de acudir a realizar cualquier petición o exigencia ante nuestras autoridades. Ahora bien, nuestro país cuenta con un gran marco normativo relacionado a la temática de derechos humanos de personas con discapacidad, desde el marco nacional hasta el marco internacional que se ha incorporado con la comentada reforma, a través del bloque de constitucionalidad o parámetro de regularidad constitucional, pero esto no es suficiente ya que su aplicación se ve restringida por motivos presupuestarios, infraestructura y falta de capacitación de todo el personal interviniente de la Justicia y fuerzas de seguridad, logrando que muchas de estas normas no se apliquen. Incluso, es inverosímil que aun hoy en día, existan jueces que se niegan o se rehúsan a aplicar los estándares internacionales o hacer control de convencionalidad en aras de garantizar un verdadero respeto al principio pro persona. Caso particular me gustaría señalar el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ya que hoy en día nuestro sistema jurídico mexicano conserva aun la figura de la tutela, curatela y el juicio de interdicción, figuras jurídicas que en un afán de proteccionismo resultan ser violatorias de los derechos humanos de las personas con discapacidad al restringirles en su totalidad, su capacidad jurídica para adquirir derechos y
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obligaciones y ejercerlos por si mismos, viéndose obligados a actuar únicamente a través de terceros, llamados tutores o curadores, quienes en muchos casos son los que cometen abusos en contra de las personas con discapacidad. Para acabar con esto, desde una opinión particular, es urgente realizar una reforma trascendental para erradicar de nuestra legislación civil nacional, así como de las legislaciones estatales, el juicio de interdicción, para transitar de un sistema en el cual se sustituye la toma de decisiones de las personas con discapacidad, por un sistema de apoyo en la toma de decisiones, tal y como ya lo han hecho otros países, como es el caso de Perú, Costa Rica, Colombia, entre otros. CONCLUSION Finalmente, con base en lo anteriormente expuesto se puede concluir que Es una realidad que una ley por sí sola no modifica de fondo nuestra conducta, debemos trabajar fuertemente para realizar transformaciones culturales y sociales que nos permita romper el esquema de una sociedad prejuiciosa, discriminante y excluyente. Mayor capacitación, mayor sensibilización para erradicar esos estereotipos y estigmas que nuestros juzgadores aun siguen teniendo. No podemos dejar pasar por alto que los encargados de impartir justicia en nuestro país, se encuentren con este tipo de creencias anacrónicas. Desde los funcionarios del más alto nivel hasta los empleados. Cuando hablamos de funcionarios, debemos hacer especial hincapié en incluir la perspectiva de discapacidad en la elección de los magistrados. Los organismos del Estado en conjunto con la justicia, deberían trabajar con la víctima de violencia, fortaleciendo su autoestima, empoderando a las personas con discapacidad para que puedan comprender la situación de subordinación en la que se encuentran y puedan salir de esos contextos de discriminación. Debemos repensar maneras prácticas y creativas para poder llevar información y servicios a las personas con discapacidad que viven en pueblos y comunidades marginados permitiendo así llegar a lugares que actualmente se dificulta el acceso. BIBILIOGRAFÍA
