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El documento analiza el caso de una niña de 11 años, víctima de abuso sexual por parte de su padrastro desde los 7 años, a quien se le negó un aborto terapéutico a pesar de los graves riesgos para su salud mental. Esto evidencia la falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones de salud y justicia en perú, así como la necesidad urgente de reformar las leyes y políticas sobre derechos reproductivos y protección de víctimas de violencia sexual. El documento aborda temas como la legislación sobre aborto terapéutico, la actuación de las autoridades públicas, los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones para garantizar el acceso seguro y regulado al aborto terapéutico, así como un acompañamiento integral a las víctimas.
Tipo: Apuntes
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El caso de una niña de Loreto llamada “Mila”, de apenas 11 años, de extrema pobreza víctima de abuso sexual por parte de su padrastro desde sus 7 años de edad, medidas en las cuales las autoridades médicas en su decisión de la junta médica se negaron a concederle un aborto terapéutico, no mencionaron la edad, y además señalaron que solo tiene es un estrés post traumático leve, entonces para ellos no justifica, la interrupción legal del embarazo, por otro lado, esto evidencia y niega una situación fáctica, existente como riesgo a la salud mental en la niña de tener consecuencias nefastas para toda la vida, producto del abuso sexual.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro, Potestad Sancionadora Administrativa en Materia de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud, en el aspecto central de la propuesta se presenta el procedimiento administrativo sancionador en la aplicación del protocolado y sus antecedentes, infracciones, sanciones, medidas provisionales y medidas correctivas La Defensoría del Pueblo, en el marco de su rol constitucional basados en la Constitución y en el Art 142, a fin de recordar la obligación del Estado de investigar debidamente estos casos que afectan a niñas, niños y adolescentes en el marco de violación sexual en menores de edad la Corte Suprema de Justicia confirmó la constitucionalidad de la Guía Técnica para la estandarización del procedimiento administrativo para mejor la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal,
Básicamente en la aplicación de la normativa 119 del C.P, sino también de quienes lo aplican porque este delito es sancionado con cadena perpetua, y hay claras evidencias que, si hubo un delito, no se puede tener relaciones sexuales con un menor de 14 años, eso es cadena perpetua, y ver la necesidad existente que la afectación grave psicológica.
El Comité observó que Camila, una niña indígena y campesina víctima de violación, fue revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales, ya que su solicitud de aborto fue repetidamente ignorada, su hogar y su escuela fueron frecuentemente invadidos y fue procesada por autoaborto. Por lo tanto, el Comité consideró que Camila fue objeto de discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social.
Subsunción de normas jurídicas a los hechos del caso hipotético Acciones administrativas sugeridas para el caso hipotético Problemática de la temática jurídica administrativa
Mecanismos de Derecho Administrativo de Protección al Derecho de Interrupción Voluntaria de Embarazo en Colombia En 2006, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la prohibición total de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) mediante la sentencia C-355. Estableció tres causales permitidas para la IVE: riesgo a la vida o salud de la gestante, malformación grave del feto, y embarazo resultado de violación o incesto. Además, se adoptaron medidas regulatorias para garantizar el acceso seguro y legítimo a este derecho, aunque el decreto 4444 de 2006 fue anulado posteriormente. La resolución 004905 de 2006 especificó el procedimiento administrativo básico para la IVE, destacando la importancia de protocolos y la junta médica.
Doctrina y Jurisprudencia El embarazo forzado en menores víctimas de violación trae consigo consecuencias psicológicas y sociales severas, afectando su desarrollo y bienestar. La legislación actual en Perú no proporciona suficiente protección y procedimientos claros para el aborto terapéutico, generando barreras administrativas y burocráticas. Solo unos pocos hospitales tienen protocolos para la interrupción legal del embarazo. Las barreras administrativas y la falta de centros médicos accesibles pueden llevar a las víctimas a optar por abortos en centros clandestinos, poniendo en riesgo su salud. Se recomienda una reforma normativa y administrativa para garantizar el acceso seguro y regulado al aborto terapéutico, considerando siempre el bienestar y los derechos de la menor. En resumen, el derecho comparado muestra diversas aproximaciones a la protección de la vida y derechos reproductivos, mientras que en Colombia se han establecido causales específicas para la IVE, destacando la necesidad de reformas en Perú para proteger adecuadamente a las menores víctimas de violación.
Protección Inadecuada: La legislación actual no ofrece protección adecuada a menores en situaciones de embarazo por violación sexual, contraviniendo recomendaciones internacionales y perpetuando un ciclo de violencia y desamparo. Necesidad de Reforma Estructural: Se requiere una reforma urgente en leyes y políticas sobre derechos reproductivos y protección de víctimas de violencia sexual para garantizar un enfoque más compasivo y centrado en los derechos de las víctimas. Actuación de Autoridades Públicas: Las decisiones sobre el aborto terapéutico deben adherirse estrictamente a la ley y garantizar la protección de los derechos fundamentales. El incumplimiento de estos procedimientos puede ser impugnado mediante mecanismos administrativos y judiciales. Derecho Constitucional: La Constitución Política del Perú garantiza el derecho a la protección de la salud (artículo 7), la vida y la integridad moral, psíquica y física (artículo 2, inciso 1), y el interés superior del niño (artículo 4 y Ley N° 27337). Negar el aborto terapéutico cuando está en riesgo la salud de la niña puede violar estos derechos.
Reforma legislativa: Permitir el acceso al aborto terapéutico en casos de violación sexual en menores de edad, con procedimientos claros y expeditos. Acompañamiento integral: Implementar programas accesibles y confidenciales que incluyan atención psicológica, obstétrica y legal para las víctimas de violación sexual. Acompañamiento integral: Implementar programas accesibles y confidenciales que incluyan atención psicológica, obstétrica y legal para las víctimas de violación sexual. Estándares internacionales: Adecuar la legislación peruana a los estándares internacionales en derechos humanos y seguir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Supervisión y sanción: Crear mecanismos de supervisión y sanción para los funcionarios que no protejan adecuadamente a las menores víctimas de violencia sexual.
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