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La participación activa de ingenieros en espacios de toma de decisiones fue respaldada por su gremio con la intención de consolidarlos como agentes indispensables para el progreso. Durante inicios del siglo XX, el carácter científico de su profesión era garantía de objetividad, lo que, según ellos mismos profesaban, los alejaba de los intereses particulares. Estos profesionales se adjudicaron preocupaciones ampliamente extendidas y las hicieron suyas mediante un discurso respaldado por su «autoridad científica y profesional». Durante la segunda década de dicho siglo, se produjeron dos cambios importantes que favorecieron la presencia pública de los ingenieros. En primer lugar, como gremio, los ingenieros consolidaron una concepción de acción política muy vinculada a la idea de «bienestar común», y, en segundo lugar, la ciencia y la tecnología ya no eran las fórmulas mágicas planteadas por el positivismo de inicios de siglo y que podían por sí solas resolver los problemas nacionales, sino que requerían de un Estado profesionalmente organizado y del desarrollo de políticas planificadas científicamente en búsqueda del bienestar social. Los efectos económicos del final de la Primera Guerra Mundial impactaron en la reorganización del aparato público y robustecieron los cuestionamientos sobre los roles del Estado y los sectores profesionales en la sociedad. El auge de la economía exportadora durante los años del conflicto bélico no mejoró la calidad de vida de la población ni encaminó al Perú hacia el progreso. Este contexto fortaleció una lectura negativa sobre los tradicionales regímenes oligárquicos que habían ostentado el poder hasta 1919 y que no habían logrado construir una nación moderna. En palabras del ingeniero Ricardo Tizón, «si en 1821 nacimos a la vida independiente, en 1921 deberíamos formar una nación y aún nos hallamos muy lejos de conseguirlo» (1919, p. 447). El desarrollo de su actividad profesional y su vinculación directa con el aparato público permitieron al sector ingenieril formar lo que Tizón denomina «ideal nacionalista», entendido como el aumento de la riqueza pública, la homogeneización de la población y la creación de una mentalidad empresarial en las élites políticas y económicas. Según este renombrado ingeniero, este ideario solo se lograría intensificando la industrialización del país (Tizón, 1919, p. 449). Si en el siglo XIX los ferrocarriles concentraron las esperanzas de progreso, en el siglo XX la industria era la nueva fuerza que dinamizaría el desarrollo económico y social. Las bases de este recambio estaban en el aumento del capital, la ampliación de mercados, la tecnificación de la producción que permitiera la transformación de las condiciones del territorio para el bienestar social, así como de un rol activo de la sociedad civil, donde también estaban consideradas la población obrera y la indígena. Por otro lado, aunque no fue planteado de manera explícita, también significó un cuestionamiento de las funciones del Estado, de los sectores profesionales e incluso del capital extranjero en el proceso de industrialización. Durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930), las inversiones extranjeras, principalmente estadounidenses, experimentaron un crecimiento importante, sobre todo en el sector minero. La minería a inicios de 1900, a través de la inversión de capitales externos, había vuelto a recuperar la importancia perdida tras el auge de las exportaciones guaneras de las décadas de 1850 y 1860; sin embargo, este progreso significó también un proceso de desnacionalización de la actividad minera, en el que grandes casas comerciales tomaron control de los ferrocarriles y asentaron su hegemonía en las regiones más productivas del país (Thorp & Bertram, 2013, pp. 110-128). Por su lado, la agricultura había iniciado un proceso de tecnificación a raíz de la modernización de las haciendas en el norte del país desde finales del siglo XIX, principalmente de la mano de capitales privados. El Estado trató de tener una mayor participación en el fomento de la producción agrícola a través del Cuerpo de Ingenieros de Minas y Aguas y algunas Direcciones del Ministerio de Fomento, desde donde se estudiaron y planificaron proyectos de irrigación en la costa norte y algunos valles de la sierra sur del país. La Sociedad de Ingenieros fue sede
de diferentes discusiones sobre cómo aprovechar el agua del subsuelo para la generación de energía y para el consumo de la población. Desde 1904, el ingeniero Charles Sutton planificó proyectos de irrigación que buscaban impulsar un desarrollo agrícola vinculado al fortalecimiento de un mercado interno, pero la política económica proexportadora de los Gobiernos peruanos hasta la década de 1930 no le brindaron el apoyo necesario12. A diferencia de otros sectores de la economía vinculados a la agricultura y las manufacturas locales, la minería era considerada por el sector ingenieril como el sector con mayor capacidad de generar industria (Noriega, 1927, pp. 500-508), no solo por las ganancias comerciales que generaba, sino porque concentraba elementos importantes para la producción, es decir, las fuentes de energía como el carbón –usado para la combustión de los hornos de fundición de minerales, el movimiento de maquinaria en ingenios azucareros, así como para otros usos domésticos– y el petróleo. A través de Informaciones y Memorias, así como en el caso de las discusiones sobre irrigación de las pampas costeras, algunos ingenieros también cuestionaron la ausencia de políticas estatales claras en materia de minería y petróleo. Durante la década de 1910, el inicio de la Primera Guerra Mundial generó un contexto favorable para las exportaciones de materias primas de origen mineral, el cierre de los mercados europeos redujo las importaciones de carbón de piedra y abrió las posibilidades de generar inversión para mejorar la producción local. El aumento de la producción de carbón permitiría el desarrollo de vías de comunicación y facilitaría el uso de este recurso en el mercado nacional (Diez Canseco, 1916, p. 84). En ese sentido, se plantearon algunas propuestas para aprovechar la explotación de estos recursos en beneficio del Estado, por ejemplo, el exministro de Fomento y fundador del Cuerpo de Ingenieros de Minas, José Balta, planteó nacionalizar la industria del carbón, y el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Pedro de Osma, la constitución de una compañía petrolífera nacional. La Sociedad de Ingenieros, que para la década de 1907 ya se había consolidado como la entidad representativa de los ingenieros nacionales, sirvió como tribuna para los debates sobre el problema de la agricultura y la minería, los cuales se iniciaron en la primera década del siglo XX, pero se replantearon a partir de 1920. Los debates sobre minería se promovieron, en un primer momento, en forma en de enquêtes y cuestionarios sobre la modificación de la legislación minera que permitía la creación de monopolios con los que los capitales nacionales no podían competir. En este contexto, surgieron iniciativas que abogaron por una mayor intervención del Estado en la minería. El ingeniero Enrique Dueñas planteó extender las disposiciones sobre reservas minerales de guano y sal común para crear un sistema de reservas fiscales en las que el Estado guardaría para sí una porción de terrenos ricos en minerales raros y de alto precio, como el carbón de piedra, el petróleo, el fierro, el wólfram, el vanadio, el molibdeno, la mica y grafito fino, y los lavaderos de oro, además de modificar los artículos del código de minería que permitían la conformación de monopolios (Dueñas, 1908, p. 454). Dueñas había dejado en claro su disconformidad con la política minera emprendida desde el Estado; para él, era necesaria la adopción de un «credo nacionalista» que permitiera romper con la dependencia económica anclada en las ideas de que el desarrollo nacional solo dependía de capitales extranjeros (Dueñas, 1915, p. 423). La lógica modernizante impuesta por la oligarquía durante las primeras décadas del siglo XX estaba sustentada en la idea de que los ingresos generados por la extracción y exportación de materias primas permitirían el desarrollo de nuevos sectores de la economía. En esta ecuación sobre el progreso, la incursión de capitales extranjeros ampliaba el abanico de posibilidades tecnológicas y financieras que permitirían la diversificación y tecnificación de la producción agrícola y minera, así como la emergencia de nuevos sectores económicos vinculados a la industria. Las ganancias de la hacienda pública se traducirían en caminos, ferrocarriles, edificios públicos, servicios de agua, desagüe, y en el
Cuerpo de Ingenieros de Minas, la Escuela de Ingenieros y otras instituciones como la Sociedad Nacional de Minería y la Sociedad de Ingenieros. En el evento, se discutieron temas referentes a la explotación y la tecnología mineras, transporte, educación minera, higiene y sociología y legislación minera (Cuerpo de Ingenieros de Minas, 1921, pp. 13-18). La revisión de sus actas oficiales demuestra que, más que ser un evento de carácter netamente técnico, fue un espacio donde se debatieron ideas relacionadas con la política minera. José Balta, en su condición de presidente de las sesiones plenarias, realizó un balance en el que resaltó la falta de ideas definidas respecto a la minería, además de criticar la falta acciones efectivas para aprovechar industrialmente los recursos del suelo (Balta, 1921, pp. 269-272). Durante la octava sesión del evento, se recibieron algunas propuestas para crear instituciones como una Cámara Nacional de Minería que se encargara de determinar los medios precisos para nacionalizar los ferrocarriles e industrias mineras fundamentales, además de diseñar las políticas necesarias para proteger la minería nacional y establecer industrias derivadas como los abonos, tintes, explosivos y cementos, etc., así como de la revisión de las leyes de minería y de gestionar la constitución de un banco nacional dedicado especialmente a las transacciones concernientes a la exportación, venta de petróleo y minerales, entre otras (Delgado, 1921, pp. 28-33). Desgraciadamente, las conclusiones del evento produjeron pocos resultados prácticos, aunque sí impactaron en las reflexiones sobre el rol del Estado en el progreso de la minería. El connotado ingeniero Alberto Noriega, quien había sido presidente de la SIP y contaba con una amplia experiencia en el sector minero, planteó un enfoque que podía entenderse como una posición alternativa. Si bien es cierto que defendía al «nacionalismo» como la ideología con la que se debía promover la industria minera, no la entendía como una actitud cerrada frente a los capitales extranjeros, como fue planteado por Enrique Dueñas unos años antes. En este sentido, reconocía que la falta de capitales limitaba la capacidad de gasto e inversión industrial; el Estado debía generar los mecanismos necesarios para que, a través de la inversión externa, se maximizara la capacidad productiva del territorio, sin renunciar o minimizar los beneficios que le correspondían por la explotación de los recursos nacionales (Noriega, 1927, p. 498). En ese sentido, correspondía al aparato público y sus técnicos nacionales actualizar los registros de arrendamiento, brindar mejores garantías de la propiedad, así como la construcción de infraestructura para el transporte, la especialización de ingenieros en procesos metalúrgicos y la implementación de tecnología para el procesamiento de los minerales (Noriega, 1927, pp. 508-510). Inicialmente, las reformas planteadas durante el segundo gobierno de Leguía generaron optimismo para el sector minero. La política de vialidad iniciada en el Oncenio abría una posibilidad de revitalización de la minería nacional, ya que posicionaba a la construcción de caminos como una posibilidad alterna a los ferrocarriles, lo que contribuiría a reducir los costos del transporte (La Vida Minera, 1928, pp. 125-126). Por otro lado, la Constitución de 1920 le concedió al Estado la propiedad minera en toda su amplitud, pudiendo conceder a terceros su posesión o usufructo en la forma o bajo las condiciones que las leyes dispusieran14. Mientras que las propuestas de nacionalizar el carbón y establecer una industria siderúrgica parecían obtener resultados mediante el establecimiento de una Comisión Carbonera y Siderúrgica en 1924, presidida por el ingeniero José Balta. Además, se terminaba de germinar la idea de reservar para el Estado zonas mineralizadas para su uso futuro, en especial si se trataba del petróleo, que era un recurso más escaso que el carbón (Alayza, 1927, p. 84)15. A pesar de los aires optimistas de la década de 1920, impulsados por la producción de petróleo y carbón, el sector minero era principalmente financiado por las inversiones extranjeras, y las obras públicas, símbolo de modernidad, requerían de grandes empréstitos que agudizaban mucho más el problema de la deuda externa16. En el caso del sector agrícola, el acceso al crédito era posible gracias a los
préstamos que los bancos locales otorgaban a los hacendados agroexportadores (Manrique, 2015, p. 143); sin embargo, no sucedía lo mismo en el caso de otros sectores productivos como la minería y la industria. Para resolver parte de este asunto, el ingeniero Alberto Noriega propuso la creación de un Banco Minero que otorgara créditos a empresarios mineros nacionales o peruanizados, de tal manera que les permitiera financiar la implementación de tecnología para la producción y fomentar la vinculación entre la minería y el desarrollo de otros sectores de la producción (Noriega, 1930, p. 126). La propuesta de Noriega fue auspiciada por la Sociedad de Ingenieros y recibió el respaldo de empresarios mineros en Morococha, Yauli y otras regiones del sur del país17. El proyecto se promovió en discusiones en la SIP, donde incluso se formó una comisión para mejorar la presentación del proyecto, que estuvo integrada por los ingenieros Augusto Umlauff, Carlos Alayza, Alfredo Arguelles, José Balta, José J. Bravo, Guillermo Boza, Héctor Harvey Cisneros, Alberto Noriega, Humberto Solari y Enrique Torres Belón (SIP, 1927a, p. 71). En el texto presentado al presidente Leguía, se proponía que el banco, además de su función como agente de crédito, disfrutara de otras potestades, como la posibilidad de construir obras de infraestructura pública en caso se requiriera. Los intentos para nacionalizar la minería y crear una institución estatal de crédito tenían como finalidad promover la creación de una industria con capitales nacionales y fortalecer el rol del Estado en la economía nacional. Este ideal quedó claro en la conversación de abril de 1927 en la que se refirieron al «proteccionismo industrial», casi de manera unánime, como una necesidad para fortalecer la producción y generar un mercado interno. En líneas generales, proponían un modelo de desarrollo desde arriba en el que las clases populares se beneficiarían a través de la expansión del comercio, educación técnica, vivienda, empleo, seguridad social, etc. Si bien, al fundarse la Sociedad de Ingenieros, sus miembros declararon la expresa necesidad de mantenerse alejados de los intereses o de cualquier actividad política, entre 1920 y 1930, se redefinió «política» como el estudio y discusión de los altos problemas nacionales; por lo tanto, era su deber ayudar, ilustrando a la opinión pública, por los medios que su estatus se lo permitiera, a entender que los problemas nacionales que tenían conexión con las diversas ramas de la ingeniería debían ser necesariamente resueltos de tal manera que sirvieran a los intereses permanentes de la «nacionalidad» (SIP, 1930b, p. 28). Durante el Oncenio, Leguía respaldó al gremio ingenieril y utilizó las propuestas y el trabajo del sector para otorgar criterio técnico y legitimidad a sus proyectos de modernización. En ese sentido, apoyó a la organización del Primer Congreso Nacional de Ingeniería (1923), la Primera Conferencia Técnica de Carreteras (1929) y el Congreso de Irrigación y Colonización del Norte (1929). No obstante, la posición profesional y científica no necesariamente predominó durante este período. Leguía tendía a hacer uso y respaldar estos proyectos cuando eran afines a sus objetivos de gobierno, como fue caso del proyecto del ingeniero Carlos Oyague y Calderón sobre la ley de conscripción vial para la construcción de carreteras18. La aplicación de esta ley suscitó críticas desde diferentes sectores, por lo que el Gobierno usó la publicación del ingeniero y director de la Dirección de Vías de Comunicación del Ministerio de fomento, Ernesto Diez Canseco, La Red Nacional de Carreteras (1929), para mostrar los avances de la política de vialidad leguiísta. Sin embargo, esta alianza tenía sus limitaciones cuando se trataba de defender los intereses del gremio frente a los del Gobierno: Leguía no apoyó la posición de la Sociedad de Ingenieros frente a la firma del contrato con la empresa estadounidense The Foundation Company, que entregaba un monopolio de las obras de saneamiento a técnicos y capitales extranjeros. Las cuestiones políticas no dejaron prosperar estos proyectos planteados por Noriega, Balta y Dueñas, pero muchas de estas propuestas o discusiones fueron posteriormente incorporadas, entre las décadas de 1930 y 1960, como parte las políticas públicas para superar la gran crisis económica causada por la
