¡Descarga La Prueba Pericial en el Proceso Penal Bonaerense y más Monografías, Ensayos en PDF de Misiles Balísticos solo en Docsity!
“LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES”
Por Marcela Gilardi y Guillermo Unzaga Domínguez Publicación en la Revista Buenos Aires La Ley. Año 14 N° 7 agosto de 2007, página
SUMARIO .- 1.- Introducción. 2.- Concepto de la prueba pericial. 3.- Diferencias entre perito y testigo. 4.- La prueba pericial en el procedimiento penal bonaerense. 5.- Incapacidad e incompatibilidad. Recusación y excusación 6.- Obligatoriedad del cargo. 7.- Nombramiento y notificación. 8.- Directivas. Conservación de objetos. 9.- Forma de presentación del dictamen. 10.- Cotejo de documentos. 11.- Reserva y sanciones. 12.- Fuerza probatoria del dictamen pericial. 1.- Introducción.- Acontece, frecuentemente, que la comprobación o la explicación de ciertos hechos controvertidos y conducentes en un proceso judicial, requiere de conocimientos técnicos ajenos al saber específico del magistrado que entiende en el mismo. De allí la necesidad de que éste sea auxiliado, en la apreciación de esa clase de hechos, para enriquecer su capacidad de juzgar, por personas que posean conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica, industria o arte, a quienes se denomina “peritos”. En el presente trabajo abordaremos el tratamiento que otorga el ordenamiento procesal penal de la Provincia de Buenos Aires, a la prueba pericial. Indagaremos por qué surge la necesidad de realizar este tipo de prueba, como así también la eficacia probatoria de la misma, a la vez que desarrollaremos las normas que rigen los pasos procesales a seguir por los peritos en el desarrollo de su función. Más aún, intentaremos profundizar en los requisitos que debe contener el dictamen pericial y la valoración de esta prueba por el juez o tribunal.
2.- Concepto de la prueba pericial.- La prueba pericial, justamente, consiste en la actividad que desarrollarán los peritos dentro del proceso judicial. Así, el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (CPP) establece que: “Se podrán ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinentes a la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte...” “La prueba pericial consiste en el informe brindado por una persona ajena al proceso, con especiales conocimientos técnicos, y/o científicos sobre la materia en litigio, que a través de un proceso deductivo (de lo general a lo particular), partiendo de sus conocimientos específicos, los aplica al caso concreto y elabora su opinión fundada con los elementos ciertos que surgen de la causa en análisis. ...El perito designado, es un auxiliar del órgano judicial (...) que atento su especialidad e idoneidad en determinada materia, contribuye a la dilucidación de la causa, en aquellas cuestiones técnicas y científicas ajenas, al conocimiento del juzgador. ...Se ha sostenido de manera reiterada que la función pericial tiende a suministrar los elementos de juicio al órgano jurisdiccional, en áreas científicas o técnicas específicas que escapan a la formación jurídica de quien lo integra o por lo menos, que éste no tiene el deber de conocer en profundidad.”^1 En concordancia con lo dicho, Witthaus sostiene que “La prueba pericial es la opinión fundada de una persona especializada o informada en ramas del conocimiento que el juez no está obligado a dominar. La persona dotada de tales conocimientos es el perito, y su opinión fundada, el dictamen...”^2 (^1) Santiago, Alicia Noemí, “Deben los jueces valorar en forma distinta la prueba pericial?”, La Ley 1997- E, p. 148. (^2) Witthaus, Rodolfo E., “Prueba pericial”, Ed. Universidad, Bs. As., 1991, p. 17.
En este sentido se expidió la Cámara Penal de La Plata (Sala Tercera) en autos “R.,H. s/ Robos calificados”^6 al sostener que “...Una pericia balística no es ineficaz por carecer el firmante de título habilitante. La exigencia de título está impuesta para los casos en que la profesión o arte esté reglamentada, de lo contrario basta que la tarea la cubra cualquier persona entendida con tal que sea mayor de edad (art. 164 C.P.P.). No existe la profesión de perito balístico reglamentada como pide el texto legal citado...” 3.- Diferencias entre perito y testigo.- Cabe señalar que la función del perito se diferencia de la del testigo. “...Ambos son órganos de prueba introducidos en el proceso por resolución del tribuna, adoptada de oficio o a solicitud de las partes, a fin de que por sus declaraciones o dictámenes den fe de sus conocimientos, colaborando con la adquisición de la prueba (para valoración del juzgador...). La legislación y la doctrina están contestes diferenciando y reglamentando sus perfiles y funciones. Es una distinción temporal, basada en el hecho de que al testigo se lo llama a declarar porque existen constancias de que ha percibido el hecho al momento de suceder; él se limita a contar lo que sus sentidos le han mostrado, sin analizar las razones causa-efecto y los elementos intrínsecos del mismo. Bien se dice que el testigo “depone” y el perito “dictamina”; la diferencia es cualitativa. Cuando se dan las condiciones de seriedad científica y severidad de análisis el dictamen no se puede comparar con el testimonio, siempre discutible y casi nunca seguro, mucho menos con la confesión, cuyo valor ha decaído hasta quedar en el mero indicio o declaración susceptible de crítica. (^6) CP0303 LP, P 82752 RSD-201-93 S 11-11-1993 , Juez LASARTE (SD)
El perito se diferencia del testigo por su calidad fungible, porque el operador experimenta y saca conclusiones, resultados científicamente establecidos de antemano. A diferencia del perito, el testigo sólo es llamado a participar en aquellos procesos en los cuales se deben comprobar los hechos por él perceptados. Su actuación es siempre unipersonal, mientras que la pericia puede ser conjunta (...) y su órgano quizá participar de cualesquiera de los casos donde sea indispensable la descodificación de hechos controvertidos...”^7 Enfatizando lo previamente expuesto consideremos lo que ha expresado nuestra Corte provincial en autos “Jara, José Enrique c/ La Puntual S.C.S. s/ Haberes adeudados”^8 al sostener que “El testigo depone sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos, mientras que el perito, que es un auxiliar del juez, realiza una comprobación de los hechos y una determinación de sus causas y efectos”. En idéntico sentido se expidió la Cámara Civil y Comercial de San Isidro en autos “Salvador, Jorge c/ Sanatorio Panamericano s/ Daños y Perjuicios”^9 al sostener que “Testigo es aquella persona que conoce los hechos acerca de los cuales se le interroga, por haber caído estos bajo la apreciación de sus sentidos, no requiriéndose para ejercer este rol en el proceso más que esa única condición , mientras que perito es aquella persona, profesional habilitado a tal efecto, cuya función en el proceso es la de asesorar al Juez cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. Para la producción de la prueba pericial debe seguirse un trámite especialmente fijado (...), y que tiende a asegurar por un lado, la facultad del Juez de ser asesorado por quien reúna las mejores condiciones (... ) y por otro a asegurar a las partes y al Juez la imparcialidad del dictamen pericial...” (^7) Machado Schiaffino, Carlos A., “El perito y la prueba”, Ed. La Rocca, Bs. As., 1988, p. 130 y ss. (^8) SCBA, L 53534 S 12-4-1994 , Juez SALAS (SD) (^9) CC0001 SI 76349 RSD-326-98 S 14-7-1998 , Juez CABRERA DE CARRANZA (SD)
de los testigos (art. 234, 235 y 236 CPP) 11. Respecto de los condenados o inhabilitados, consideramos que la prohibición alcanza al tiempo de la condena o la inhabilitación. El mentado artículo también dispone que “...son causas legales de excusación y recusación de los peritos las establecidas para los jueces...”^12 (^11) CPP, “Art. 234.- Prohibición de declarar.- No podrán testificar en contra del imputado, bajo sanción de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo liga con el imputado. Art. 235.- (Texto según Ley 12.059) - Facultad de Abstención.- Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado, si el órgano competente lo admitiere, sus parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad, sus tutores, curadores y pupilos, a menos que el testigo fuere denunciante, querellante, particular damnificado o actor civil, o que el delito aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo liga con el imputado. Antes de iniciarse la declaración y bajo sanción de nulidad, se advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se dejará constancia. Art. 236.- Deber de Abstención.- Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo sanción de nulidad, los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras o demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el interesado. Si el testigo invocare erróneamente el deber de abstención, con respecto a un hecho que no puede estar comprendido en él, se procederá, sin más, a interrogarlo.” (^12) CPP: Art. 47: “Motivos de Excusación.- El Juez deberá excusarse cuando exista alguno de los siguientes motivos: 1.- Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia sobre puntos a decidir; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante, particular damnificado o querellante; si hubiera actuado como perito o conocido el hecho investigado como testigo. 2.- Si como Juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3.- Si fuere pariente, en los grados preindicados, de algún interesado, su defensor o mandatario. 4.- Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso. 5.- Si fuere o hubiere sido tutor o curador o hubiere estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados. 6.- Si él o sus parientes, dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima. 7.- Si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales o constituidos por sociedades anónimas. 8.- Si antes de comenzar el proceso hubiese sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o denunciado acusado o demandado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demostraren armonía entre ambos. 9.- Si antes de comenzar el proceso, alguno de los interesados le hubiere promovido juicio de destitución, y la acusación fuere admitida. 10.- Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso. 11.- Si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 12.- Si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados; o si después de iniciado el proceso, reciban presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.
“Adecuadamente se ha dicho que la actividad del perito se caracteriza, entre otras cosas, por la necesaria imparcialidad con la cual debe conducirse en todo el desarrollo de su actividad procesal. Al igual que el testigo, debe transmitir al juez todo lo que sepa sobre los hechos sometidos a dictamen, brindando el mayor empeño técnico y científico a tal efecto, en tal sentido es, por naturaleza, un auxiliar del juez y la justicia, a la que debe lealtad y consagración objetiva en su tarea...” 13 Al respecto se expidió la Cámara Civil y Comercial de San Nicolás en autos “Rivas, Teresa Isabel c/ SEFIAGRO S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios”^14 sosteniendo que “Dispuesta la intervención del perito oficial, el mismo es recusable (arts. 463 y 464 CPC) en cuanto ya ha emitido opinión o dictamen sobre los hechos juzgados en el marco de la anterior causa penal. Es recalcable al respecto que habiendo la parte ofrecido la producción "exnovo" de la pericia, lo cual fue receptado favorablemente, tiene derecho a que la diligencia se concrete por quién no tenga ya comprometida su opinión respecto del asunto sobre el que ha de versar tal peritación, sin que fuere suficiente a tal fin la posibilidad de pedir aclaraciones o la realización de otra pericia por persona distinta, previsiones legales que apuntan a otras distintas situaciones procesales.” 6.- Obligatoriedad del cargo El artículo 246 del CPP establece la obligatoriedad del cargo al señalar que “El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere un grave impedimento. En tal caso 13.- Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.” Art. 48: “Interesados.- A los fines del artículo anterior se considerarán interesados el imputado, la víctima, el particular damnificado, el actor civil, el citado en garantía y el civilmente demandado, aunque no hubiese constitución en parte.” Art. 50: “Recusación. Forma.- Las partes, sus defensores o mandatarios, podrán recusar al Juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 47. La recusación deberá ser interpuesta, bajo sanción de inadmisibilidad, por escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba.” (^13) Bertolino, Pedro, “Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2005, p. 350 y ss. (^14) CC0100 SN 920403 RSI-436-92 I 13-8-
A efectos de la designación de los peritos oficiales, se deberá considerar lo dispuesto por el Acuerdo 1793 de la SCJBA (Modificado por Ac. 2135, Ac. 2444, Ac. 2487, Ac. 2594 y Ac. 3017), referente a las incumbencias profesionales de cada especialidad de peritos y a la disponibilidad de secciones y servicios de la Asesoría Pericial 16. La modalidad para proceder a la designación de peritos, por parte del Agente Fiscal, consiste en notificar a través de un Oficio al jefe de la Asesoría Pericial Departamental, quien designará el perito de la especialidad requerida para intervenir en los autos correspondientes. En este Oficio el Agente Fiscal solicita se le informe el perito designado y la fecha, hora y lugar de inicio de la experticia. Ello así, en virtud de lo dispuesto por la segunda parte del aludido artículo 247 que dispone que dicho funcionario (Agente fiscal) “...Notificará esta resolución al imputado, a los defensores y al particular damnificado, antes que se inicien las operaciones periciales, bajo sanción de nulidad, a menos que haya suma urgencia o que la indagación sea extremadamente simple. En los casos de urgencia, bajo la misma sanción, se les notificará que se realizó la pericia, que pueden hacer examinar sus resultados por otro perito y pedir, si fuera posible, su reproducción. En el término de tres (^16) El Acuerdo Nº 2487, modifica el artículo 14 del Acuerdo Nº 2444, el que queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 14: Sin perjuicio de las restantes Secciones que las necesidades del servicio requieran, la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial con asiento en La Plata, contará con las siguientes Secciones y Servicios: a) Sección médico forense. b) Sección anatomía patológica. c) Sección inmunohematología. d) Sección química legal. e) Sección psiquiatría. f) Sección traumatología y ortopedia. g) Sección médicos clínicos. h) Sección médicos laboralistas. i) Sección electroneurología. j) Sección radiología. k) Sección odontología. l) Sección de contadores. m) Sección de psicólogos. n) Sección de ingeniería mecánica. ñ) Sección de calígrafos. o) Sección de balísticos. p) Sección de dactilóscopos. q) Sección de cirugía general. r) Servicio de asistentes sociales. s) Servicio de fotografía judicial. t) Sección de otorrinolaringología y fonoaudiología."
(3) días a contar de las respectivas notificaciones previstas en este artículo, cada parte podrá proponer, a su costa, otro perito legalmente habilitado...” Entendemos que el propósito de esta disposición radica en el deber de no vulnerar el derecho de raigambre constitucional de defensa del imputado al permitirle la posibilidad de designar, a su costa, un perito de parte. La falta de notificación antes del inicio de las operaciones periciales puede causar motivación para solicitar la nulidad de la experticia. Al especto ha sostenido nuestro máximo tribunal provincial en autos “R.,M. s/ Robo calificado”^17 que “No cabe declarar la nulidad de la pericia en función de lo establecido en el art. 167 del Código de Procedimiento Penal (n.a.) fundada en que no se le hizo saber al procesado la fecha y hora, como así tampoco los datos del idóneo, de la realización de la peritación, si el "hecho" (art. 167 cit.) al que se refiere la ley fue notificado al detenido, quien manifestó que no deseaba presenciar la diligencia, no resultando de la norma legal en cuestión lo referido a "los datos del idóneo". También expresó, en autos “C.,J. s/ Robo”^18 , que “El art. 237 del Código Jofré de aplicación al caso, dispone respecto de la prueba del plenario -en el cual rige el principio de contradicción- que "para toda diligencia de prueba se señalará el día en que deba tener lugar, citándose al efecto a las partes, bajo pena de nulidad". Resulta, entonces, que la comunicación reclamada por la defensa comporta un trámite esencial del procedimiento (arg. art. 308 -a contrario-, del ritual) que, conforme lo dispone el propio texto de la ley, se trata de una prescripción que debe observarse bajo sanción de nulidad (art. 237, C.P.P. cit.), pudiendo generar su infracción, incluso, una anulación oficiosa (art. 309, ley cit.). Por ello, ante la ausencia de esa comunicación a las partes de la prueba dispuesta como medida para mejor proveer, pese a que el perito, en cumplimiento de lo requerido por la alzada, puso en conocimiento del (^17) SCBA, P 57235 S 21-6-1996 , Juez GHIONE (SD) (^18) SCBA, P 71874 S 8-2-2006 , Juez SORIA (MI)
Por último, la Cámara Penal de Azul, en autos “K.,R. s/ Robo calificado automotor -hurto automotor”^21 ha sostenido que “El art.167 del C.P.P. establece bajo pena de nulidad la notificación con la suficiente antelación a la pericia, de la persona detenida. La circunstancia de que los imputados tuvieran intención de que, a la realización de las pericias concurriere el Defensor Oficial, no determina la necesidad procesal de notificar a éste ni tampoco, por consiguiente, viabiliza la declaración de nulidad de las pericias cuando, en definitiva, el Sr. Defensor Oficial no recibió comunicación anticipada de las fechas en que se llevarían a cabo. A mayor abundamiento, la norma procesal prevé la designación de perito a su costa por parte del detenido, de manera tal que si de lo que se trata es de la voluntad de que el acto concurra el Sr. Defensor la pretensión no exige la "observancia con prescripción de nulidad" conforme el último párrafo del art.167 del Cód. de Proced. Penal.” 8.- Directivas. Conservación de objetos.- Como hemos dicho previamente, es el Agente Fiscal quien dirige la instrucción, y en el marco de esa dirección el artículo 248 del CPP establece que “El Agente Fiscal dirigirá la pericia, formulará concretamente las cuestiones a elucidar, fijará el plazo en que ha de expedirse el perito y si lo juzgare conveniente, asistirá a las operaciones...” Todas las actividades especificadas en la norma resultan tendientes a la dilucidación de lo que se ventila en la causa. Como el desarrollo de la misma lo dirige el Agente Fiscal, es quien tiene el conocimiento suficiente como para dirigir la pericia y formular las preguntas que integran el cuestionario pericial – todas y cada una de las cuales el perito deberá contestar–. Las partes también podrán proponer puntos de pericia, los que tendrán que ser admitidos por el Fiscal, en tanto sean distintos a los indicados por él y conducentes para el proceso. (^21) CP0000 AZ 14019 RSD-32-95 S 15-3-1995 , Juez PAGLIERE (SD).
Ha dicho la Cámara Penal de La Plata (Sala 3) en autos “S.,A. s/ Hurto”^22 que “No tiene entidad de prueba valorable en carácter de pericial el informe acompañado por la Defensa, practicado a su pedido en función de una acordada que no ha facultado ese procedimiento. Ello porque en un expediente judicial no hay propiamente perito si no es por dispendio de actividad jurisdiccional, previo control de la legitimidad y oportunidad, procedencia o pertinencia, relevancia y conducencia, de los puntos de pericia u objeto de la misma.” A los fines de que el perito cuente con la totalidad de la documentación o efectos necesarios para poder llevar a cabo la tarea encomendada, es que el artículo permite que se le autorice la examinación de las actuaciones o asistir a determinados actos procesales: “..Podrá igualmente autorizar al perito para examinar las actuaciones o asistir a determinados actos procesales...” Cabe citar que, en el marco de las facultades instructorias otorgadas por la normativa procesal vigente al Agente Fiscal 23 , éste puede solicitar al Juez interviniente determinadas medidas tendientes a obtener la documentación necesaria para la confección de la pericia, por ejemplo, solicitar orden de allanamiento y secuestro. (^22) CP0303 LP, P 70187 RSD-40-87 S 9-4-1987 , Juez LASARTE (SD) (^23) CPP: Art. 56 (Texto según Ley 13183): “Funciones, facultades y poderes.- El Ministerio Público Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público, en la forma establecida por la ley, dirigirá a la policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria. En el ejercicio de su función tendrá las facultades generales que le otorgue la ley de organización respectiva y, adecuará sus actos a un criterio objetivo debiendo formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún a favor del imputado. Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismos. Procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos. Procurará racionalizar y otorgar eficacia a sus intervenciones pudiendo aplicar criterios de oportunidad en cualquier etapa del proceso, especialmente a través de aquellos institutos que propiciaren la reparación a la víctima; sin perjuicio de propender a la economía procesal mediante el juicio abreviado u otro mecanismo dispuesto a tal fin. En la Investigación Penal Preparatoria, tendrá libertad de criterio para realizarla; sin perjuicio de las facultades acordadas por la ley, al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia y a los respectivos Fiscales Generales departamentales. En el ejercicio de sus funciones, dispondrá de los poderes acordados a los órganos judiciales por el artículo 103.” Art. 103: “Poder coercitivo.- En el ejercicio de sus funciones, el Juez o Tribunal podrán requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de los actos que ordenen.”
De la labor desarrollada pueden obtenerse resultados homogéneos que producirán la confección de un dictamen y conclusiones realizado en forma conjunta. Ante disparidad de criterios, se producirán piezas separadas. En el dictamen, el experto contestará todos los puntos que integran el cuestionario pericial (incluso los propuestos por las partes y admitidos por el Agente Fiscal). Ceñirá su actuación a la evacuación de los puntos que hayan sido elaborados por el Agente Fiscal en uso de las facultades instructorias conferidas por el ordenamiento procesal penal. “...El modo de efectuar las preguntas es tan importante como cuando se las efectúa a los testigos. Los receptores del dictamen, sin renunciar en absoluto a formarse un juicio independiente, deben hacer notar su disposición a dejarse aleccionar por quien fue llamado para emitir juicio técnico. Se le debe permitir por lo mismo, que se explaye con libertad y continuidad, para de esta manera poder ampliar y evacuar las explicaciones sin ser sometido a un fuego cruzado que lo obligue a emitir respuestas tajantes y breves. Permitirle hacer conocer su posición respecto de aquellos puntos de vista de importancia para el esclarecimiento, guardar consideración de las dificultades que se le presentan y que el auscultador está enfrentando, obliga a los receptores a una requisitoria cautelosa, mesurada, que permita conocer el terreno y arribar al punto neurálgico pausadamente, sin la repentina presencia de problemas isolubles. ...Los dictámenes parten de la esfera de su experiencia profesional, aprecia los detalles desde un enfoque especializado, de allí que cuando valora los hechos, su labor no puede tener significado definitivo para la determinación del estado de los mismos.
No costará mucho descubrir cuál es la línea tendencial que defendemos, de la que emerge con claridad un descodificador sujeto al derecho-deber de actuar con libertad, en las mejores condiciones de trabajo, correspondiéndose a una normativa que deberá revalorizar aún más la figura de este órgano de prueba... ...En las peritaciones de alta tecnicidad, se deberán aprovechar al máximo los recursos disponibles, en una orientación que deje de considerar a la justicia, sus instrumentos y métodos –por ende a los peritos– sujetos a la rigidez de normas que no por establecidas y ricas, dejan de admitir la posibilidad de ser superadas conforme a las exigencias contemporáneas. ...Despojados de toda arrogancia, los emisores-receptores evitarán caer en la omnipotencia de quien cree saberlo todo, juzgando cualquier punto con prontitud y certeza, con lo cual se eludirán las objeciones absurdas que traban la labor del operador, descartando concepciones divergentes...” 24 La diligencia debe ser practicada en forma personal por el perito, no pudiendo delegar su encargo en otra persona. El artículo 250 del CPP establece la forma de presentación del dictamen, sosteniendo que “...podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta y comprenderá, en cuanto fuere posible 1.- La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados, en las condiciones en que hubieren sido hallados. 2.- Una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados. 3.- Las conclusiones que formulen los peritos, conforme los principios de su ciencia, técnica o arte. 4.- Lugar y fecha en que se practicaron las operaciones.” El dictamen debe incluir las siguientes precisiones: (^24) Machado Schiaffino, Carlos A., ob. cit., p. 136 y ss.
requiere un cuidado exquisito debiendo ser las afirmaciones hechas en él el producto de las opiniones acordes de los que dictaminaron, tanto sobre los puntos que se hubieran sometido a su apreciación, como sobre las explicaciones, aclaraciones y observaciones que hubieran de hacer...” 27 Importante es resaltar que el perito debe procurar que la experticia –todo el dictamen pero, especialmente, las conclusiones– resulte entendible para terceros, ajenos a su ciencia. El dictamen no debe ser una mera opinión del experto, sino que debe hallar sustento científico, de modo tal de suministrar al juez o tribunal los elementos conducentes al sostén de las conclusiones, mediante la utilización de palabras claras y convincentes que permitan su comprensión y razonamiento. Dispuso nuestro máximo tribunal provincial en autos “V.,L. s/ Homicidio”^28 que “El art. 255 no sólo remite a "los principios científicos en que se funda" el dictamen pericial sino también a "las concordancias de sus conclusiones con las leyes de la sana lógica". Si de la misma pericia resulta que, aun cuando no es "inevitable", luego de heridas como la de autos "generalmente se produce ese tipo de complicación, que es la complicación lógica de este tipo de lesión", que "es un caso habitual que se produzca en este tipo de lesiones", que es "frecuente", entonces "la sana lógica" a que se refiere la ley indica que si de hecho la razonable complicación se produjo en presencia de sus causas habituales, entonces existió la relación causal en sentido jurídico.” La Cámara Penal de La Plata en autos “P.,M. s/ Homicidio culposo”^29 sostuvo: “Estimo que la pericia no es computable a los fines probatorios, cuando carece de la enunciación de principios científicos que sustenten las afirmaciones, y su conclusión (...) padece del vicio lógico de inatinencia.” (^27) De Elía, Carlos M., ob. cit., p. 380. (^28) SCBA, P 37615 S 27-10-1992 , Juez GHIONE (SD) (^29) CP0303 LP, P 68397 RSD-97-86 S 26-4-1986 , Juez LASARTE (SD)
Cabe aclarar que el informe pericial deberá ser objetivo y ausente de opiniones sobre cuestiones de índole jurídica, las cuales le competen exclusivamente al magistrado. En este sentido se ha expedido la Cámara Penal de La Plata en autos “C.,M. s/ Aborto”^30 al sostener que “La inveterada costumbre de acoger sin análisis las pruebas ofrecidas, más si se trata de puntos de pericia podría explicar los excesos que el trabajo contiene, aunque no justificarlos. Sin embargo no se puede dejar pasar, cualquiera fuese el contenido de los puntos de pericia y el grado de falta de control judicial de los mismos, que el experto, exorbitando manifiestamente sus funciones, entre en el terreno que la ley y razones elementales de funcionamiento diferenciado de la labor jurisdiccional, reservan para la estimativa y la discursiva jurídica.” 10.- Cotejo de documentos.- El artículo 252 del CPP dispone que ”cuando se trate de examinar o cotejar algún documento el Agente Fiscal ordenará la presentación de las escrituras de comparación, pudiendo utilizar escritos privados si no hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de estos escritos podrá requerir del órgano judicial interviniente se ordene el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. El Agente Fiscal podrá disponer también que se forme cuerpo de escritura, si no mediare oposición por parte del requerido.” Este artículo dispone la presentación de documentos indubitados a fin de ser cotejados frente a los dubitados, permitiéndose, incluso, la utilización de escritos privados si no hubiera duda sobre su autenticidad. (^30) CP0303 LP, P 64205 RSD-56-84 S 21-6-1984 , Juez LASARTE (SD)
