Desvelando abusos
Hacia 1735, los jóvenes tenientes de navío Antonio de Ulloa, de diecinueve años, y Jorge Juan, prometedor
matemático y astrónomo, de veintidós, fueron comisionados por Felipe V y su primer secretario José Patiño
para una misión especial. Su confidencial tratado «Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de
los reinos del Perú» fue implacable en la exposición del mal funcionamiento de casi todos los aspectos de la
administración colonial, así como en la propuesta de soluciones reformistas. El tratado detallaba las distintas
formas de corrupción dentro de una explicación general de sus vínculos y conexiones, y recomendaba
medidas específicas y nuevas para resolver problemas particulares y severos. Proponía, además, un
ambicioso programa de reforma para evitar el mal gobierno, las injusticias y la apatía religiosa, todos los
cuales debilitaban la lealtad de los súbditos coloniales y causaban peligrosas rebeliones indígenas. Ulloa, con
la colaboración de Juan, logró así un notable diagnóstico de los principales problemas del sistema imperial en
América meridional.
Ulloa y Juan en su «Discurso» se refirió a los extensos abusos y expolios que los indios sufrían a manos de los
corregidores, sacerdotes y hacendados que buscaban enriquecerse. Los abusos comenzaban con el cobro del
tributo a los indios por parte de los corregidores. En manos de estos funcionarios, el flujo de los ingresos
provenientes del tributo indígena brindaba amplias oportunidades para la malversación y los abusos. Los
indios varones adultos debían pagar un tributo anual de entre cuatro y nueve pesos. Según la ley, varios
grupos de indígenas estaban exentos del tributo ya fuera por edad (los menores de 18 o mayores de 55 años
de edad), por incapacidad física o por privilegio como el poseído por caciques y monaguillos. Los corregidores
no observaban estas normas y cobraban el tributo de tantos indios como les fuera posible sin importarles los
exentos. La extorsión y la fuerza eran usadas para extraer el pago de quienes no podían hacerlo. Para
complementar e incrementar sus ingresos los corregidores practicaban la doble contabilidad. Con la
complicidad de caciques y curas, los corregidores reportaban oficialmente un menor número de indios
contribuyentes y se apropiaban de la diferencia entre el monto del tributo cobrado y el monto oficialmente
declarado. Este registro ilegal de los tributarios indios ya había sido revelado por una revisita efectuada
durante el gobierno del virrey marqués de Castelfuerte a finales del decenio de 1720. Los corregidores
usaban los fondos del tributo así extraídos para sus propios fines y granjerías, tales como invertir en tratos
comerciales privados, y, además, retrasaban por años el pago debido a las cajas reales.
Según Ulloa y Juan, la calidad de la Administración Pública se había deteriorado seriamente. Con la práctica
venal de la venta de oficios y cargos públicos, introducido en el virreinato peruano en 1633, los puestos
oficiales de las cajas reales se vendían al mejor postor. La venta de cargos se extendió para incluir al de
corregidor en 1678 y al de oidor de la Audiencia en 1687. Estos cargos importantes eran vendidos
mayormente a criollos acaudalados e interesados. Durante el siglo XVII, la venta de cargos y oficios, el
arriendo de la recaudación de impuestos, los juros o imposiciones a largo plazo sobre el real erario, y los
donativos forzados tuvieron dos metas principales: sufragar el costo apremiante de las guerras en Europa y
evitar cobrar mayores impuestos a las élites locales por mediación de funcionarios venales. Estas costumbres
administrativas, fortalecidas por los intereses locales, contribuyeron a un deterioro constante en la calidad
del gobierno, la honestidad administrativa y las finanzas virreinales. El favoritismo en el nombramiento de
corregidores y otros funcionarios también se hallaba profundamente arraigado, al igual que la práctica de
efectuar regalos o dádivas a las más altas autoridades responsables de asignar cargos interinos. Muchos de
los oficios vendibles y renunciables eran hereditarios y podían ser transferidos a otros. En la década de 1690
hubo por lo menos dos virreyes, uno del Perú y otro de México, que compraron sus altísimos puestos
mediante un contrato privado con la Corona española. La venta de otros puestos no hereditarios, entre ellos
el de oidor de la Audiencia de Lima, se incrementó sustancialmente durante dos etapas de dificultad
