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EL PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL EN EL MARCO DEL
DERECHO PROCESAL COLOMBIANO.
Introducción 6 semestre b Autor: Kelly Johanna Aldana Hoyos En el contexto del ordenamiento jurídico colombiano, los principios generales del derecho juegan un papel fundamental al guiar la interpretación y aplicación de las leyes y normas jurídicas. Estos principios, arraigados en la Constitución Política de Colombia, establecen las bases para garantizar la coherencia y la equidad en el ordenamiento jurídico del país. Dentro de esta amplia gama de principios, nuestro artículo se enfocará exclusivamente en el principio de economía procesal. Este principio, esencial en el ámbito del derecho procesal, aborda la necesidad de optimizar los recursos y simplificar los procedimientos judiciales para lograr resultados eficientes en la administración de justicia. Su objetivo es claro: evitar gastos innecesarios, dilaciones injustificadas y acciones procesales que no contribuyan de manera significativa a la resolución de conflictos. En este artículo, exploraremos en profundidad el principio de economía procesal, analizando su base constitucional y su importancia en el sistema de justicia colombiano. Además, examinaremos su relación con la celeridad procesal y cómo ambos principios se conectan para mejorar la eficiencia y
la eficacia de los procesos legales en el país. A lo largo de nuestro análisis, destacaremos la relevancia de la economía procesal en la búsqueda de una justicia pronta, adecuada y accesible para todos los ciudadanos. Este artículo tiene como objetivo ofrecer una comprensión completa del principio de economía procesal en el contexto del derecho colombiano, subrayando su función esencial en la construcción de un sistema de justicia eficiente y efectivo para resolver conflictos legales de manera expedita y equitativa. Marco teórico Los principios generales del derecho en Colombia son un conjunto de reglas fundamentales y criterios jurídicos a través de estos se logra la interpretación, aplicación y desarrollo del ordenamiento jurídico en el país. Estos principios son esenciales para garantizar la coherencia y equidad del ordenamiento jurídico colombiano. Los principios surgen de la Constitución de Colombia la cual es la norma suprema del país y establece una serie de principios fundamentales que deben guiar la interpretación y aplicación de las leyes. Estos principios incluyen la igualdad, buena fe, lealtad procesal, economía procesal entre otros.
En el aspecto subrayado, este artículo establece que es necesaria la celeridad procesal y la necesidad de que los procesos judiciales avancen de manera eficiente y oportuna. Si una de las partes o el sistema judicial incumple los plazos establecidos para ciertas actuaciones, puede haber sanciones o consecuencias legales. Para la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, este principio se define de la siguiente forma: “El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia^1 ” De conformidad a lo expresado por la corte, este principio se basa en la idea de lograr la máxima eficiencia en la gestión de los casos judiciales. En otras palabras, se busca resolver los litigios de manera rápida y efectiva con el menor uso posible de recursos y tiempo. La economía procesal se enfoca en evitar procesos innecesariamente largos o complicados, promoviendo una justicia expedita y eficaz, para la consecución de ello es necesaria una resolución ágil de los litigios y, en algunos casos, la corrección de errores (^1) Corte Constitucional (1998) Sentencia C-037/1998 M.P Jorge Arango Mejía.
menores en lugar de anular por completo un proceso. El objetivo final es garantizar que se imparta una justicia pronta y adecuada sin crear retrasos innecesarios. Este principio surge de la necesidad de optimizar los recursos disponibles en el sistema de justicia y de agilizar la resolución de conflictos legales. Se basa en la idea de que los procedimientos judiciales deben ser eficientes, rápidos y efectivos, evitando el derroche de tiempo, esfuerzo y recursos en litigios que pueden manejarse de manera más expedita y económica. Para la jurisprudencia colombiana la economía procesal, se interrelaciona con el principio de celeridad, en relación de que estos dos se fundamentan en el artículo 209 de la constitución política, el cual señala: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones” En el campo del derecho procesal se refiere a la idea de que los procedimientos legales deben diseñarse y ejecutarse de manera eficiente para lograr los mejores resultados posibles con la menor cantidad de actividades innecesarias o excesivas. Estos aspectos están estrechamente
Existen mecanismos jurídicos que facilitan la aplicación del principio de economía procesal, tal es el caso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación, que es un concepto interrelacionado en el ámbito legal, ya que ambos tienen como objetivo principal la resolución eficiente de disputas y conflictos legales. La utilización de la conciliación como primera opción para resolver disputas contribuye a descongestionar los tribunales y reduce la carga de trabajo de los jueces y personal judicial. Al lograr acuerdos fuera de los tribunales, se liberan recursos judiciales para casos más complejos y urgentes, lo que se alinea con el principio de economía procesal. Este aspecto resulta de gran relevancia en los procesos judiciales, o más bien para no llegar hasta las instancias de un proceso ordinario, ello porque los litigios prolongados pueden ser costosos y consumir tiempo tanto para las partes involucradas como para el sistema de justicia. La conciliación ofrece una vía para resolver disputas de manera más rápida y eficiente, evitando litigios prolongados y, por lo tanto, fomentando la economía procesal. En el contexto del derecho colombiano, un proceso eficaz es aquel que logra sus objetivos de manera oportuna y justa, asegurando la igualdad de las partes y el respeto de los derechos fundamentales. El cumplimiento de este principio contribuye a la construcción de un sistema de justicia eficiente y efectivo, lo que a su vez promueve la confianza en el estado de derecho
en Colombia. La economía procesal, como parte integral de este sistema, desempeña un papel crucial en la consecución de estos objetivos. En el texto “¿Existe economía procesal en los medios alternativos de solución de conflictos?” la autora Martha Delia Sossa Ruelas manifiesta en relación a la implementación de los MASC como respuesta a la necesidad de economía procesal en los procesos que estos: “Permiten entonces que las facciones tengan mayor control respecto a la disputa siendo el medio más directo y simple la negociación, seguido por la mediación, conciliación, facilitación, el arbitraje, la evaluación neutral, la justicia de paz, entre otras” Para Sossa Ruelas los MASC, como la negociación, mediación, conciliación y facilitación, tienden a ser más simples y menos formales que los procesos judiciales tradicionales. Lo anterior está en línea con el principio de economía procesal, ya que se busca evitar trámites procesales complicados y costosos. Conclusión En la exploración del principio de economía procesal en el contexto del derecho colombiano, hemos identificado su base constitucional y su papel esencial en el sistema de justicia del país. Este principio, que busca la eficiencia y racionalización de los recursos en el ámbito judicial, tiene como
fundamental en la consecución de estos objetivos al simplificar y acelerar los procesos judiciales Bibliografía Corte Constitucional (1998) Sentencia C-037/1998 M.P Jorge Arango Mejía. Sossa Ruelas, Martha (2014) ¿Existe economía procesal en los medios alternativos de solución de conflictos? .Letras Jurídicas Num. Castaño Peña, Jairo Andrés. (2013). Análisis económico del activismo judicial: el caso de la Corte Constitucional Colombiana. Revista Derecho del Estado Bejarano, Jesús Antonio. (1999). El análisis económico del derecho: comentarios sobre textos básicos. Revista de economía institucional, Scielo.
