ARGUMENTOS DE DEFENSA
Presunto responsable: IVAN HUMBERTO BAQUERO SUSA
Surtida la notificación del auto de imputación de fecha de 22 de agosto de 2023, me permito
presentar los argumentos de defensa frente a la imputación.
De los cargos:
Surgen de la auditoría especial al Municipio de Villavicencio a la vigencia 2018, donde se
generó un hallazgo con incidencia fiscal, por valor de cuarenta y tres millones trescientos
cincuenta y ocho mil treinta y nueve pesos moneda legal ($43.358.039), el cual se causó por la
caducidad de la facultad sancionatoria por parte del secretario de Movilidad del Municipio de
Villavicencio al no resolver recursos dentro de los términos que impone la ley.
Argumentos de defensa:
Con relación al detrimento patrimonial:
La responsabilidad fiscal, tiene como finalidad esencial el resarcimiento de los daños
ocasionados al patrimonio público consecuencia de un detrimento que se le haya causado. Es
de estricto contenido patrimonial, pues con ella se ampara o tutela el bien jurídico patrimonio
público, pretendiendo mediante la acción consiguiente, reparar los daños que se le causen a
este por conductas desplegadas en el ejercicio de la gestión fiscal por parte de agentes públicos
y privados.
El daño al patrimonio del Estado – razón de ser el proceso de responsabilidad fiscal -se
encuentre definido en la ley 610 de 2000, en los artículos 1, 4 y 5 de la presente ley.
Definido el concepto y los elementos de la responsabilidad fiscal, la ley incorporo la noción de
daño patrimonial y señalo las conductas que pueden ocasionarlo, como se indica en el artículo
6 de la ley 610 de 2000 “Daño Patrimonial”. En resumen, daño patrimonial es toda disminución
de los recursos del estado, que cuando es causada por la conducta dolosa o gravemente
culposa de un gestor fiscal, genera responsabilidad fiscal.
En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-340 de 2007, al referirse al objeto
sobre el que recae la lesión o el daño, señaló que el concepto "intereses patrimoniales del
Estado" contenido en el artículo 6° de la ley 610 de 2000, es de carácter indeterminado pero
determinable y se aplica a los bienes o fondos cuya titularidad esté en cabeza de una entidad
pública. Sostuvo la Corte:
"(...) la expresión "intereses patrimoniales" es una referencia al objeto sobre el que recae el
daño. De manera general puede decirse que el objeto del daño es el interés que tutela el
derecho y que, tal como se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional, para la estimación
del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, razón
por la cual entre otros factores que han de valorarse, están la existencia y certeza del daño y su
carácter cuantificable con arreglo a su real magnitud. De este modo, no obstante, la amplitud
del concepto de interés patrimonial del Estado, el mismo es perfectamente determinable en
cada caso concreto en que se pueda acreditar la existencia de un daño susceptible de ser
cuantificado. Tal como se puso de presente en la Sentencia C-840 de 2001, los daños al
patrimonio del Estado pueden provenir de múltiples fuentes y circunstancias, y la norma
demandada, de talante claramente descriptivo, se limita a una simple definición del daño, que
es complementada por la forma como éste puede producirse. Así, la expresión intereses
