Apuntes PDC para el 2025, Apuntes de Desarrollo Sostenible

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PROGRAMA DE GOBIERNO

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA:

RODRIGO PAZ PEREIRA

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE”

AGENDA 50/

“POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE”

A. EL ESTADO “TRANCA”

En líneas generales, el Estado “tranca” es un Estado centralista que, se basa en un sistema de gobierno en el que el poder y la autoridad se concentran en la administración central, la cual toma decisiones y controla las políticas y recursos para todo el país, relegando a los niveles subnacionales y en consecuencia desatendiendo las necesidades económicas, políticas y sociales de cada región. En Bolivia, el nivel central concentra más del 80% del Presupuesto General del Estado, lo restante corresponde al nivel subnacional y a las Universidades Públicas. Asimismo, la vocación centralista de los gobernantes de turno de los últimos 20 años, ha generado un ciclo político caracterizado por la toma de decisiones políticas y económicas arbitrarias, desde la comodidad de la denominada “Casa Grande del Pueblo”, menoscabando las competencias de los niveles subnacionales previstas en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. B. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL B.1. Situación problemática Bolivia enfrenta una coyuntura crítica multidimensional, que tiene en estado de “terapia intensiva” a la economía, la institucionalidad del Estado y el sistema judicial. Esta coyuntura, es el resultado de dos décadas de despilfarro de los recursos financieros, dependencia extractivista, centralismo asfixiante y reformas institucionales inconclusas. Si bien el período 2006-2019 mostró avances sociales, no se resolvieron problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad ciudadana, la falta de diversificación económica o la politización de la justicia y su constante desconexión con el ciudadano, entre otros.

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” un aumento del gasto público y una recaudación insuficiente. Para 2025, el déficit fiscal proyectado es del 9,2% del PIB, marcando el duodécimo año consecutivo con resultados negativos y un modelo fiscal basado en gasto corriente creciente y reducción de inversión pública. El gasto corriente aumentará en un 12% en 2025, mientras que la inversión pública disminuirá en un 6%, evidenciando una estructura presupuestaria que prioriza el funcionamiento del Estado sobre proyectos productivos e infraestructura. Por otra parte, la deuda pública ha crecido aceleradamente, con un aumento significativo de la deuda interna, especialmente con el Banco Central de Bolivia, y un saldo de deuda externa a mediano y largo plazo que alcanzó los USD13.345 millones de dólares, equivalente al 26,8% del PIB. El Gobierno de turno autorizó la emisión de bonos soberanos por USD3.000 millones en 2025, pero enfrenta dificultades para colocarlos en condiciones favorables debido a la baja calificación crediticia y el alto riesgo país. Asimismo, la falta de reformas estructurales y la persistencia de políticas monetarias expansivas sin respaldo financiero adecuado generan riesgos crecientes de una crisis fiscal más profunda, con posibilidad de impago o default en el mediano plazo. 2) Crisis política: fragmentación, ingobernabilidad y asfixia centralista a) División en el partido de gobierno. La pugna entre Luis Arce y Evo Morales por el liderazgo del partido gobernante y los intereses personales por la reelección, así como la aparición de Andrónico Rodríguez en la carrera electoral, ha paralizado la agenda legislativa y ha generado un crecimiento exponencial de la ingobernabilidad. b) Parálisis legislativa. La Asamblea Legislativa Plurinacional enfrenta una “crisis de liderazgo”, con presidentes como David Choquehuanca o los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, acusados de inacción frente a problemas urgentes (autoprorroguismo de las Autoridades Judiciales, interpelaciones ministeriales inefectivas, aprobación de créditos, entre otros). c) Aprobación del mandato presidencial. La aprobación social de Luis Arce cayó del 42% en la gestión 2023 al 5% en la gestión 2024. Asimismo, un estudio realizado el

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” mes de febrero de 2025 por la Fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES), con la participación de más de 130 intelectuales y académicos bajo la metodología Delphi, tuvo como resultado que, solo el 7,42% de los entrevistados “aprueba” la actual gestión de gobierno, frente a un 34,8% que la “desaprueba” y un 45,9% que la “desaprueba mucho”. d) Asfixia centralista. En términos políticos, el nivel central concentra el poder y la toma de decisiones del país, en lugar de distribuirlo entre las distintas regiones o entidades locales. En términos financieros, aproximadamente el 85% del presupuesto nacional se concentra en el gobierno central. 3) Crisis Judicial: autoprorroguismo, politización y desconexión con la sociedad a) Magistrados prorrogados: El Tribunal Constitucional Plurinacional extendió de facto los mandatos de las Autoridades Judiciales al no realizarse elecciones en 2023, generando “caos de legitimidad” e incrementando la desconfianza en la administración de justicia en Bolivia. b) Politización de la justicia. Bolivia ocupa el puesto 131 de 142 países en el Índice Global de Estado de Derecho 2023-2024 del World Justice Project. A nivel regional, se ubica en el puesto 29 de 32 países de América Latina y el Caribe. Este índice mide la percepción de la independencia judicial y la imparcialidad de la justicia. Asimismo, informes de la CIDH y la ONU confirman y denuncian la falta de independencia del sistema, con casos como la persecución a opositores por parte del gobierno de turno. 4) Impacto de la crisis multidimensional en los sectores del Estado y la sociedad a) Educación. Existe una crisis profunda en el sector educativo con bajo rendimiento en comprensión lectora, matemática y ciencias. Un estudio realizado en la gestión 2023 por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE), expuso una realidad alarmante: solo tres de cada cien estudiantes pueden resolver pruebas de química y matemática; por otra parte, la infraestructura escolar es precaria, especialmente en zonas rurales y periurbanas, y se evidencia una desigualdad marcada entre las áreas

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” casos de violencia de género. Al menos 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y 9 de cada 10 personas que denuncian violencia son mujeres. ▪ Niños, niñas y adolescentes. En la gestión 2024, la Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento en el que señaló que el 24,4% de los 3 millones de niños y adolescentes (5-17 años) en Bolivia, realizan actividades laborales, de los cuales 55,66% son menores de 14 años (edad mínima legal para trabajar), esto incluye a 132.000 niños entre 5 y 9 años y 271.000 entre 10 y 13 años. ▪ Población LGBTI. Según el Índice de Gini, la desigualdad de ingresos ha disminuido, pero la exclusión laboral y social persiste. Las mujeres trans y las personas LGBTI enfrentan mayores índices de exclusión laboral y estigmatización, especialmente por la precariedad laboral y la falta de políticas inclusivas. Según la Defensoría del Pueblo al cuarto trimestre de la gestión 2024, 35% de la población LGBTI encuestada vive con menos de la mitad del salario mínimo nacional y solo 25% de las personas LGBTI encuestadas tiene acceso a empleos formales con seguridad social. ▪ Personas adultas mayores. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en ingles), ha señalado que casi 50% de los adultos mayores trabajan, principalmente en el sector informal. El 28.6% son hombres y el 21.4% mujeres, con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, además, solo el 15.7% recibe una jubilación, mientras el 84.3% depende de la Renta Dignidad o apoyo familiar. ▪ Personas con capacidades diferentes. La situación de las personas con capacidades diferentes en Bolivia se caracteriza por la exclusión en la educación, la desigualdad en la salud y la falta de oportunidades laborales y sociales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo a través de un Informe Defensorial de la gestión 20 22, ha establecido que el 65% de las personas con discapacidad registradas en el Sistema de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), no tienen nivel de instrucción o solo han cursado primaria.

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” ▪ Animales. En Bolivia, el maltrato animal y el biocidio son problemas graves y en aumento, con cientos de casos reportados anualmente, pero con baja tasa de sanciones judiciales. Como ejemplo, en la gestión 2023, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), registró 87 casos de biocidio (muerte intencional de animales domésticos) a nivel nacional, con solo dos sentencias judiciales efectivas. Aunque existe un marco legal, su aplicación es débil y la impunidad prevalece. Las políticas públicas requieren fortalecerse con mayor presupuesto, capacitación, control efectivo y campañas de sensibilización. f) Medio ambiente y recursos hídricos. En 2024, más de 10 millones de hectáreas de bosques fueron devastadas por incendios, principalmente en Santa Cruz y la Amazonía, generando la mayor crisis ambiental en la historia del país. Estos incendios están estrechamente vinculados con desmontes ilegales para ampliar la frontera agrícola, que pasó de 3 a 13 millones de hectáreas en 10 años, y con la expansión de asentamientos. La deforestación agrava fenómenos climáticos como sequías, afectando la seguridad alimentaria y la provisión de agua. Por otra parte, la minería aurífera ilegal contamina ríos amazónicos con mercurio, dañando ecosistemas acuáticos y afectando a pueblos indígenas. La falta de control estatal sobre estas actividades ilegales es una muestra de la no presencia del Estado en los sectores rurales. g) Ciencia, Tecnología e investigación. La inversión en ciencia y tecnología es limitada frente a las necesidades para investigación aplicada, innovación y formación de talento humano especializado, lo que restringe el desarrollo de proyectos estratégicos y la infraestructura científica. Al respecto, Bolivia destina aproximadamente el 0,16% del PIB a investigación y desarrollo, siendo uno de los países con menor inversión en América Latina en el área. Asimismo, a pesar de avances en coordinación, la integración entre las universidades, el sector productivo y el gobierno de turno ha sido incipiente, dificultando la transferencia tecnológica y la innovación con impacto socioeconómico. h) Deporte. La situación general del deporte en Bolivia está en crisis, con falta de apoyo gubernamental sostenido, mala gestión y escasos programas de desarrollo que permitan nutrir a jóvenes talentos desde etapas iniciales. En este sentido, la falta de inversión pública y privada en el deporte afecta el desarrollo de las disciplinas deportivas y el rendimiento de los atletas. Además, la infraestructura deportiva es limitada y

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” diversificado la matriz energética. Dicha Sociedad de Ingenieros advierte que, si no se garantiza el abastecimiento mínimo de combustibles en los próximos meses, el sector productivo sufrirá un golpe severo que podría derivar en crisis alimentaria y energética. Además, se proyecta una posible crisis energética para la gestión 2030 si no se toman medidas urgentes para modernizar la infraestructura y diversificar la matriz energética. k) Minería. En el tercer trimestre de 2024, la producción de minerales tradicionales creció un 26% respecto al mismo período de 2023, impulsada por minerales como zinc, estaño, plata, antimonio, plomo, wólfram, cobre, ulexita, bismuto y hierro. Este crecimiento se tradujo en un aumento del 16% en el valor de la producción minera, con ingresos adicionales por aproximadamente USD392 millones en ese trimestre. Sin embargo, la producción y exportación de oro sufrió una caída drástica del 44% en volumen, pasando de 2.487 toneladas en 2023 a 582 toneladas en 2024, afectando fuertemente los ingresos por este metal. La producción de otros minerales también disminuyó en 2024 respecto a 2023: zinc (-26%), plata (-6%), plomo (-18%), wólfram (- 10%) y cobre (-11%). Las exportaciones mineras totales bajaron de USD5.701 millones en 2023 a USD4.723 millones en 2024, con una caída marcada en las ventas de oro de USD2.487 a USD583 millones. l) Régimen penitenciario. En 2024, la población privada de libertad alcanzó 32. personas, un incremento del 11% respecto a 2023 (28.838 presos) y un aumento de más del 70% desde 2021, cuando había 18.703 internos. La capacidad total del sistema penitenciario es para aproximadamente 15.598 personas, lo que implica un hacinamiento general del 190%, con algunos departamentos y cárceles superando ampliamente esta cifra. Bolivia es uno de los países con la tasa más alta de ocupación penitenciaria en América, con un sistema que alberga hasta tres veces más presos de lo que permite su infraestructura. El sistema penitenciario no cumple con su función constitucional de rehabilitación y reinserción social, funcionando más como espacios de marginalidad y violencia. El 66% de los internos están en prisión preventiva, es decir, sin sentencia firme, lo que agrava el hacinamiento y la sobrepoblación. Se registran frecuentes muertes violentas dentro de las cárceles, con al menos ocho casos en 2025, además de violencia interna, corrupción y autogobierno por parte de internos. Las condiciones de vida son precarias: insuficiente alimentación (con un presupuesto de solo Bs10 diarios por persona), deficiente atención médica, falta de acceso a agua

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” potable, educación y trabajo. La infraestructura penitenciaria es obsoleta y deteriorada, con carencias físicas que dificultan la convivencia y la seguridad. La falta de clasificación adecuada de internos según gravedad de delitos aumenta la violencia y dificulta la gestión penitenciaria. m) Seguridad y defensa del Estado. Desde la llegada del MAS en 2006, se ha observado un creciente control político sobre las instituciones de seguridad externa del Estado, lo que ha generado tensiones internas, cuestionamientos a la profesionalización y autonomía, y fracturas institucionales que se reflejan en eventos recientes. La falta de inversión sostenida ha limitado la capacidad operativa y tecnológica de las Fuerzas Armadas, afectando su eficacia para enfrentar amenazas como la lucha contra el contrabando o el apoyo a la defensa civil en los incendios forestales. A pesar de planes anunciados para la reforma y modernización de las Fuerzas Armadas, como la compra de helicópteros para emergencias, autorizada en diciembre de 2023, estos proyectos sufrieron atrasos debido a la crisis política y económica que atraviesa el país. n) Seguridad y defensa de la sociedad. La crisis económica limita el financiamiento para equipamiento, capacitación y salarios adecuados en la Policía Nacional. Por otra parte, la combinación de corrupción, violencia interna y politización ha erosionado la confianza de la población en la Policía como garante de seguridad y orden público, dificultando su labor en un contexto de alta conflictividad social. 5) Impacto de la crisis multidimensional en la seguridad del Estado a) Contrabando. En 2024, el valor total de mercancías decomisadas por contrabando fue de aproximadamente Bs637,7 millones, cifra que representa una caída del 16% respecto a 2023 (755,4 millones) y es la más baja en cuatro años. En lo que va de 2025, solo en marzo, la Aduana Nacional incautó 132 toneladas de mercancía valorizada en alrededor de Bs1.089.361 en operativos en Santa Cruz. En los primeros meses de 2025, se afectó al contrabando en más de 10 millones de bolivianos en decomisos diversos. Por otra parte, según estimaciones basadas en datos históricos y análisis de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el contrabando en Bolivia generó un movimiento económico aproximado de USD3.464 millones de dólares en 2023, equivalente a cerca

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” puntuación sitúa a Bolivia en el puesto 133 de 180 países evaluados a nivel mundial y en el lugar 25 de 32 países en América, muy por debajo del promedio regional de 42 puntos. El país está entre los diez más corruptos de América Latina, solo superando a Venezuela (10 puntos), Haití (16), Nicaragua (14) y otros. La corrupción en Bolivia se manifiesta en sobornos, nepotismo, malversación, debilidad institucional, impunidad, burocracia excesiva, falta de ética y deficiente protección a denunciantes. Al respecto, estudios estiman que la corrupción representa hasta un 6,3% del PIB boliviano, equivalente a cerca de USD3.000 millones anuales, afectando gravemente la inversión, la cohesión social, la estabilidad política y los recursos públicos d) Inseguridad ciudadana. En 2024, las denuncias por delitos de alta connotación aumentaron un 0,47% respecto al año anterior, reflejando una tendencia al alza en la inseguridad. Los delitos más frecuentes incluyen violencia familiar, delitos contra la propiedad, robos y asaltos, que afectan la convivencia y la sensación de seguridad en las ciudades. Según el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), entre 2022 y 2024 se ha observado una disminución en accidentes de tránsito, pero no en delitos violentos, que mantienen niveles preocupantes. En 2024 se registraron 563 hechos de conflictividad social, con un aumento respecto a trimestres anteriores, vinculados principalmente a demandas económicas, laborales y de gobernanza, que también impactan en la seguridad ciudadana. Los departamentos con mayor conflictividad y hechos de inseguridad son La Paz (146 conflictos en 2024), Santa Cruz (113) y Cochabamba (64), concentrando el 60% de los incidentes. B.2. Situación proyectada si no se resuelve la crisis multidimensional Los posibles escenarios para Bolivia si no se resuelven las crisis sociales, políticas, económicas y judiciales, son graves, multifacéticos y afectan la estabilidad nacional. Al respecto, podemos mencionar los siguientes: 1) Profundización de la crisis económica. La escasez de combustibles, la caída de las exportaciones de gas y minerales, y la falta de dólares para importar insumos básicos pueden llevar a una recesión prolongada, con inflación descontrolada, aumento de la

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” pobreza y cierre masivo de empresas. La incapacidad para implementar una estrategia económica estructural podría agravar la fuga de inversiones y la pérdida de competitividad, afectando sectores clave como la industria y el turismo. 2) Incremento de la conflictividad social. La combinación de altos precios de la canasta familiar, escasez de combustibles y desempleo genera un descontento social creciente, que se traduce en bloqueos, marchas masivas y protestas continuas. Esta tensión social puede derivar en violencia generalizada, paralización de actividades productivas y deterioro de la convivencia ciudadana. 3) Desgaste institucional y crisis política. La polarización política y la falta de acuerdos para reformas estructurales pueden profundizar la inestabilidad política, dificultando la gobernabilidad y la respuesta efectiva a la crisis. La incertidumbre electoral y la demanda de renovación política pueden generar escenarios de confrontación y debilitamiento del Estado. 4) Deterioro del sistema judicial. Sin reformas judiciales, la crisis en la justicia puede profundizarse, afectando la confianza ciudadana y la capacidad para combatir la corrupción y la criminalidad, lo que a su vez alimenta la inseguridad y la deslegitimación institucional. En síntesis, la falta de solución a las crisis multidimensionales en Bolivia puede conducir a un escenario de recesión económica prolongada, conflictividad social creciente, crisis política e institucional profunda y riesgos de desestabilización nacional, con consecuencias severas para el bienestar y la cohesión social del país. C. EJES TEMÁTICOS C.1. Dimensiones estructurales

1. Economía
2. Institucionalidad del Estado
3. Justicia C.2. Dimensiones sectoriales

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4. GARANTIZAR una seguridad social inclusiva, universal y de calidad.
5. MEJORAR la calidad de vida de los sectores vulnerables de la sociedad (mujeres, niños, niñas y adolescentes, población LGBTI, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y animales).
6. PROMOVER la protección del medio ambiente y la utilización responsable de los recursos hídricos.
7. FOMENTAR la ciencia, tecnología e investigación a través de la inyección de capital público y privado, nacional e internacional.
8. INCENTIVAR de manera integral el deporte y el financiamiento a los atletas.
9. PROMOVER el desarrollo sostenible de la actividad turística.
10. REACTIVAR la exploración y explotación de hidrocarburos y promocionar la utilización de energías renovables, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético.
11. GENERAR el desarrollo sostenible y equilibrado de la industria minera, protegiendo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, así como el medio ambiente.
12. REFORMAR el Régimen Penitenciario con el objetivo primordial de la reeducación y reinserción social de los reclusos y la disminución de la criminalidad.
13. MODERNIZAR las instituciones que forman parte de la seguridad y defensa integral del Estado.
14. FORTALECER la seguridad ciudadana integral con participación ciudadana, coordinación interinstitucional y cooperación internacional. E. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS E.1. Políticas y estrategias para las dimensiones estructurales POLÍTICA 1: IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO ECONÓMICO BASADO EN LA REDISTRIBUCIÓN FISCAL 50/

• ESTRATEGIA 1: Racionalización, ordenamiento y transparencia el gasto público.
• ESTRATEGIA 2 : Congelamiento de las actividades de todas las empresas públicas que mantengan déficits operativos.
• ESTRATEGIA 3 : Reasignación de los recursos públicos ahorrados, manteniendo una regla de déficits cero, hacia los gobiernos subnacionales.

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• ESTRATEGIA 4 : Implementación de un sistema digital de asignación de compras públicas transparente, descentralizado y accesible, para que cada proveedor de bienes y servicios demandado por el Estado, en todos los niveles de Gobierno, compitan de manera anónima y equitativa en todos los procesos de contratación.
• ESTRATEGIA 5 : Aplicación de tecnologías blockchain en los procesos de contratación pública y el uso de contratos inteligentes, para eliminar la discrecionalidad en todos los procesos de compra pública.
• ESTRATEGIA 6 : Congelamiento de las contrataciones de personal para el nivel central del Gobierno.
• ESTRATEGIA 7 : Restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos para frenar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda.
• ESTRATEGIA 8: Designación meritocrática de las principales autoridades de las instituciones públicas bajo dependencia y tuición de la cartera de Economía y Finanzas Públicas.
• ESTRATEGIA 9 : Creación del Fondo de Estabilización Cambiaria, para unificar el tipo de cambio, a partir de recursos de libre disponibilidad negociados con Bancos Multilaterales, el alivio de los flujos de salida de divisas por la renegociación de la deuda externa y nuevos recursos provenientes de programas de sinceramiento patrimonial de bienes en el país o en el exterior, tales como dinero en efectivo, cuentas bancarias, inmuebles, automóviles, criptoactivos y créditos, entre otros.
• ESTRATEGIA 1 0 : Implementación de un régimen transitorio de formalización, bajo un esquema de tres años en los que las unidades económicas productivas, que ya existan y que busquen formalizarse, puedan acceder a un esquema simplificado de impuestos.
• ESTRATEGIA 1 1 : Aplicación de la Declaración Jurada y el Compromiso Ciudadano como mecanismo alternativo a todo proceso administrativo y burocrático para la obtención de permisos, licencias, patentes, y otros que limiten la actividad económica, haciendo más eficiente la gestión pública y reduciendo el poder y la capacidad de los funcionarios públicos para cometer actos irregulares.
• ESTRATEGIA 12: Creación del Fondo para la Descarbonización de la economía, con el que se podrán garantizar créditos para las familias en búsqueda de eficiencia energética, créditos de recambio de unidades de transporte urbano para fomentar la reducción del consumo de combustibles fósiles y programas de formación técnica para los trabajadores y técnicos que nos permitan cambiar la matriz de consumo energética del país.

AGENDA 50/ “POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE” E.2. Políticas y estrategias para las dimensiones sectoriales POLÍTICA 1: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y COMPETITIVO CON ESTANDARES INTERNACIONALES BAJO LA AGENDA 50/

• ESTRATEGIA 1: Actualización la currícula educativa con estándares internacionales.
• ESTRATEGIA 2: Implementación una formación docente especializada con pedagogías actuales.
• ESTRATEGIA 3: Digitalización las unidades educativas.
• ESTRATEGIA 4: Vinculación de la educación con el sector productivo.
• ESTRATEGIA 5: Generación de un sistema trilingüe certificado (castellano + lengua originaria + inglés).
• ESTRATEGIA 6: Acreditación ISO 21001 (requisitos para un sistema de gestión de calidad (SGC) específicamente diseñado para organizaciones educativas). POLÍTICA 2: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A UN SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD BAJO LA AGENDA 50/
• ESTRATEGIA 1: Implementación de un nuevo modelo de desarrollo de hospitales públicos y privados.
• ESTRATEGIA 2: Generación del Plan de atención humanizado.
• ESTRATEGIA 3: Mejoramiento del acceso a servicios de salud públicos.
• ESTRATEGIA 4: Eliminación de la burocracia para atención en sistemas públicos
• ESTRATEGIA 5: Fortalecimiento de los programas de salud de los grupos más vulnerables (atención materno infantil, adulto mayor, personas con discapacidad, ontológico, renales).
• ESTRATEGIA 6: Equipamiento de UTI en hospitales de 2do y 3er nivel.
• ESTRATEGIA 7: Capacitación y ampliación del recurso humano en salud.
• ESTRATEGIA 8: Digitalización y mejora de los sistemas de información en salud.
• ESTRATEGIA 9: Inversión en la construcción, equipamiento y modernización de hospitales y centros de salud. POLÍTICA 3: CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO ESTABLES EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO

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• ESTRATEGIA 1: Fomento de la inversión pública-privada en infraestructura productiva.
• ESTRATEGIA 2: Generación de Incentivos fiscales y financieros para pequeñas y medianas empresas (PYMES).
• ESTRATEGIA 3: Incremento salarial progresivo para mejorar condiciones laborales.
• ESTRATEGIA 4 : Capacitación técnica y profesional a trabajadores de sectores estratégicos.
• ESTRATEGIA 5: Modernización la normativa jurídica que regula las relaciones laborales en el sector público y privado.
• ESTRATEGIA 6: Formalización el empleo informal.
• ESTRATEGIA 7: Lucha contra el contrabando y fortalecimiento de sectores productivos nacionales. POLÍTICA 4: SEGURIDAD SOCIAL INCLUSIVA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD
• ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento institucional y gobernanza del sistema de seguridad social.
• ESTRATEGIA 2: Ampliación de la cobertura y acceso universal a prestaciones sociales.
• ESTRATEGIA 3: Modernización tecnológica y digitalización de servicios.
• ESTRATEGIA 4: Promoción de la equidad de género y protección social inclusiva.
• ESTRATEGIA 5: Fortalecimiento del sistema integral de pensiones.
• ESTRATEGIA 6: Implementación de programas de prevención y promoción de la salud ocupacional.
• ESTRATEGIA 7: Implementación de sistemas integrados de información y vigilancia social. POLÍTICA 5: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SECTORES VULNERABLES DE LA SOCIEDAD (MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POBLACIÓN LGBTI, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ANIMALES)
• ESTRATEGIA 1: Implementación de un sistema integral de protección social para sectores vulnerables.