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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE.
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 18 DE JULIO DE 2014
Código publicado en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el viernes 7 de noviembre de 2003.
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:
Que la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Código para su promulgación y publicación:
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo.-Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:
CÓDIGO NÚMERO 590
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES
Artículo 1º.- El procedimiento penal considerado integralmente y la actividad de quienes participen en él se sujetarán a las garantías y a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado, en este Código y en la legislación aplicable.
Artículo 2º.- El procedimiento tiene por objeto determinar si los hechos de que conozca la autoridad competente son constitutivos de delito, para sancionarlos con las penas y medidas de seguridad previstas en la ley aplicable.
Artículo 3º.- El procedimiento tiene como finalidad:
I. Garantizar la legitimidad y eficacia de la acción penal que ejerza el Ministerio Público;
II. Que las partes aporten al juez las pruebas necesarias para que esté en posibilidad de dictar su resolución conforme a derecho;
III. Garantizar al procesado los principios constitucionales para su defensa;
IV. Recibir las pruebas y proveer las medidas apropiadas para que se haga efectiva la reparación del daño a que tengan derecho la víctima o el ofendido del delito; y
V. Reparar el daño ocasionado por el delincuente, dictando medidas apropiadas para su readaptación a la vida social.
La actividad de quienes intervengan en el procedimiento tenderá a la consecución de estos propósitos.
Artículo 4º.- Son partes en el procedimiento penal:
I. El Ministerio Público; y
II. El inculpado y su defensor.
Artículo 5º.- El procedimiento penal se sujetará a los principios de legalidad, equilibrio, contradicción procesal, presunción de inocencia, búsqueda y conocimiento de la verdad histórica e inmediatez procesal.
Artículo 6º.- Se prestará atención oportuna y suficiente a los intereses legítimos y derechos de la víctima o de sus causahabientes, proveyendo a uno u otros, según sea el caso, por conducto de la Procuraduría General de Justicia, de la asistencia jurídica competente y gratuita que requieran, escuchando sus pretensiones y restituyéndolos en el ejercicio de sus derechos reales o personales y en el disfrute de los bienes afectados por el delito, conforme a las previsiones de la ley.
Artículo 7º.- El Ministerio Público durante todo el procedimiento acatará invariablemente el principio de buena fe.
Artículo 8º.- El juez cuidará que el proceso se desarrolle puntualmente y actuará, salvo que en la ley exista disposición en contrario, sin esperar a que las partes lo impulsen conforme a las atribuciones que la ley le confiere.
CAPÍTULO II
PERÍODOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL
Artículo 9º.- Los períodos que constituyen el procedimiento penal son:
I. El de investigación ministerial, que comprende las diligencias necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;
II. El de preinstrucción, dentro del cual se llevan a cabo las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, su clasificación conforme al tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado o la libertad de éste por falta de elementos para procesarlo;
III. El de instrucción, que comprende las diligencias practicadas en los tribunales con el fin de investigar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que se hubiese cometido y las peculiares del inculpado, así como su responsabilidad;
IV. El de juicio, durante el cual el Ministerio Público precisa su acusación y el procesado su defensa ante el juez y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia;
Artículo 14.- La persona ofendida, por sí o por apoderado, podrá coadyuvar con el Ministerio Público durante la etapa de investigación ministerial y ante el juez durante el proceso, aportando todos los datos y ofreciendo las pruebas que considere procedentes, a fin de acreditar la existencia del delito, la responsabilidad del indiciado y el monto de la reparación del daño.
TÍTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES PARA EL PROCESO PENAL
CAPÍTULO I
COMPETENCIA
Artículo 15.- La justicia en materia penal se administrará por:
I. Los jueces de Comunidad;
II. Los jueces Municipales;
III. Los jueces Menores;
IV. Los jueces de Primera Instancia;
V. Las Salas del Tribunal Superior de Justicia; y
VI. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 16.- Los jueces de Comunidad sólo tendrán facultades para llevar a cabo las diligencias que les encomienden los de Primera Instancia, los Menores y los Municipales de su jurisdicción, así como para conocer en casos flagrantes o urgentes de los delitos que se cometan en su ámbito de competencia, a efecto de preservar las pruebas y asegurar a los responsables, a quienes pondrán inmediatamente a disposición del Ministerio Público del Municipio o del Distrito Judicial correspondiente.
(REFORMADO, G.O. 3 DE AGOSTO DE 2004)
Artículo 17.- Los jueces Municipales son competentes para conocer de los delitos que se cometan en el territorio de su jurisdicción y tengan como sanción la de prisión hasta de dos años, independientemente de cualquiera otra así como de la tentativa de los ilícitos, con excepción de los delitos previstos por los artículos 189, 196, 256, 284, 297, 329, 331 y 335 del Código Penal, que serán competencia de los juzgados menores, y de los señalados en los artículos 181, 303 y 325 fracción I, que serán competencia de los de Primera Instancia.
Artículo 18.- Los jueces Menores son competentes para conocer de los delitos sancionables con pena privativa de libertad hasta de cinco años y de su tentativa, independientemente de otro tipo de sanciones, con excepción de los delitos previstos por los artículos 134, 150, 152, 168 primer párrafo, 177, 185, 237, 245, 246, 247, 251, 253, 278, 279, 327, 334, 337, 339 y 352 del Código Penal, que serán competencia de los de Primera Instancia. Asimismo, conocerán de los delitos culposos, con excepción del homicidio y del aborto.
Artículo 19.- Los jueces de Primera Instancia son competentes para conocer de los delitos cometidos en el territorio de su jurisdicción, sancionables con una pena privativa de la libertad mayor de cinco años, independientemente de otro tipo de sanciones, así como de aquellos reservados expresamente para su competencia.
Artículo 20.- Para fijar la competencia cuando deba tener por base la sanción privativa de libertad personal que la ley señala, se atenderá a:
I. La sanción correspondiente al delito mayor en caso de acumulación;
II. La suma de los máximos de las sanciones privativas de libertad, cuando la ley disponga que a la correspondiente a determinado delito, se agreguen otra u otras de la misma naturaleza; y
III. La sanción privativa de la libertad, cuando la ley imponga varias de distinta naturaleza.
Artículo 21- En materia penal no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción. Cuando el tribunal competente para conocer de un proceso esté impedido de hecho o de derecho o cuando el inicio y continuación del proceso represente peligro para la seguridad y el orden públicos o para la vida del propio inculpado, el Tribunal Superior de Justicia podrá acordar que las actuaciones se remitan a un juzgado diferente, de la misma jerarquía, prorrogando al efecto la jurisdicción.
Artículo 22.- Es competente para conocer de un delito la autoridad judicial del lugar donde se comete.
Es competente para conocer de los delitos continuos cualquiera de las autoridades judiciales en cuya jurisdicción se hayan ejecutado actos que, por sí solos, constituyan el o los delitos imputados.
Un solo juez de los que sean competentes conocerá de los delitos conexos, conforme a las disposiciones legales relativas.
Artículo 23.- Cuando no conste el lugar en donde se cometió el delito, los jueces serán competentes en el orden siguiente:
I. El de la jurisdicción en que se descubran pruebas materiales del delito;
II. El de la jurisdicción donde el probable responsable sea aprehendido;
III. El de la residencia del probable responsable; y
IV. Cualquiera que tenga conocimiento del delito.
Tan luego como conste el lugar de la comisión del delito, se remitirán las actuaciones, los indiciados y los objetos asegurados al juez respectivo.
Cuando se trate de delitos permanentes o continuados cometidos fuera del territorio del Estado se observará lo dispuesto en las fracciones II, III y IV de este artículo.
Artículo 24.- En el caso del párrafo final del artículo anterior, dejarán de ser competentes las autoridades judiciales del Estado si el delincuente hubiere sido declarado inocente o amnistiado, o si hubiere obtenido su extradición por las autoridades del lugar donde se cometió el delito.
Artículo 25.- El juez que con arreglo a este Código fuere competente para conocer de un proceso lo será también para conocer de todos sus incidentes.
Artículo 26.- En los casos de acumulación será competente el juez que conozca del proceso en que se hubiese dictado primeramente el auto de inicio.
Artículo 27.- El juez o Tribunal que se declare incompetente para conocer de una causa, después de haber practicado las diligencias más urgentes, resuelto sobre la libertad caucional y dictado el auto de libertad por falta de elementos para procesar, de formal prisión o de sujeción a proceso, si éstos son apelados remitirá las actuaciones planteando la incompetencia para que el tribunal de
Artículo 35.- El secretario dará cuenta, dentro del término de veinticuatro horas, con las promociones que reciba. Al efecto, se hará constar en el expediente el día y la hora en que se presenten por escrito o se hagan verbalmente.
A cada promoción recaerá un acuerdo por separado que el tribunal fundará y motivará en los términos establecidos por la ley y, de no haber éstos, dentro de los tres días siguientes.
Artículo 36.- Cada diligencia se asentará en acta por separado. El inculpado, su defensor, el ofendido o su representante legal, los peritos y los testigos, firmarán al calce del acta en que consten las diligencias en que tomaron parte y al margen de cada una de las hojas donde se asiente aquélla; si no supieren firmar, imprimirán al calce y al margen la huella de alguno de los dedos de sus manos, debiéndose indicar en el acta cuál de ellos fue y de cuál mano.
Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir su huella digital, esta circunstancia se hará constar al margen.
El agente del Ministerio Público firmará al calce y al margen.
Si antes de que se pongan las firmas o huellas los comparecientes hicieran alguna modificación o rectificación, éstas se harán constar inmediatamente, expresándose los motivos. Si fuere con posterioridad, pero antes de retirarse los interesados, se asentará la modificación o rectificación en acta que se levantará inmediatamente después de la anterior y que firmarán los que hayan intervenido en la diligencia.
Artículo 37.- Las actuaciones de los tribunales se harán por duplicado y las del Ministerio Público por quintuplicado y, una vez autorizadas, se conservarán en sus respectivos archivos, bajo el cuidado y la responsabilidad del secretario y de los empleados.
Artículo 38.- Las partes, así como el ofendido o su representante legal, podrán imponerse de los autos en la secretaría del tribunal, debiendo tomarse las medidas necesarias para que no los alteren, destruyan o sustraigan.
Los expedientes podrán entregarse al Ministerio Público para que los estudie fuera del tribunal, pero no a la otra parte.
Artículo 39.- Si se extravía o destruye alguna constancia o el expediente mismo, se procederá a reponerlos. La reposición se substanciará en la forma prevista para los incidentes no especificados. El secretario hará constar la pérdida en cuanto se percate de ella y el juez ordenará lo que estime procedente para investigar el caso. Se dará vista al Ministerio Público cuando se presuma la comisión de un delito. El responsable de la pérdida estará obligado a pagar los daños y perjuicios que se ocasionaren al respecto. Para la reposición se tomará en cuenta el duplicado, pero si éste desapareció también y por ende no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendrá por probada plenamente la existencia de las que se inserten o mencionen en cualquiera otra resolución de la que haya constancia, siempre que no se objetare oportunamente la exactitud de la inserción o cita que de ellas se haga.
Artículo 40.- Los secretarios de los tribunales o del Ministerio Público cotejarán las copias o testimonios de las constancias que se expidieren y las autorizarán con la firma y el sello correspondiente.
Artículo 41.- Las actuaciones serán autorizadas inmediatamente por los servidores públicos a quienes corresponda firmarlas, dar fe o certificar el acto.
(REFORMADO, G.O. 3 DE AGOSTO DE 2004)
Artículo 42.- Serán nulas las actuaciones en las que no se hayan cumplido las formalidades esenciales o garantías que la ley prevenga y se reclamarán dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de ellas.
La nulidad se resolverá por el juez a petición de parte, se tramitará en vía incidental y originará la de las actuaciones que se deriven precisamente del acto anulado, pero no las de aquellas que no dependan de él.
Artículo 43.- La infracción a las disposiciones contenidas en este capítulo se sancionará por el juez con la medida disciplinaria que estime pertinente, sin perjuicio de dar vista al Ministerio Público, cuando pudiere tratarse de la comisión de un delito.
CAPÍTULO III
INTÉRPRETES
Artículo 44.- Cuando el inculpado, el ofendido, el denunciante o querellante, los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma español, de oficio o a petición de parte se les nombrará uno o más intérpretes mayores de edad, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando sea posible y a petición de alguna de las partes, se escribirá la declaración en idioma del declarante.
Se interrogará por escrito o por medio de intérprete a los sordos y a los mudos que sepan leer y escribir.
Cuando no hubiere un traductor mayor de edad, podrá nombrarse un menor que haya cumplido quince años. En ningún caso, los testigos podrán ser intérpretes.
Artículo 45.- Las partes podrán recusar, con causa, al intérprete. El servidor público que practique las diligencias resolverá de plano y sin admitir recurso alguno.
CAPÍTULO IV
DESPACHO DE LOS ASUNTOS
Artículo 46.- Los magistrados, jueces y agentes del Ministerio Público mantendrán el buen orden y exigirán que a ellos y a las demás autoridades se les guarde el respeto y la consideración debidos. De lo contrario, impondrán en el acto las correcciones disciplinarias que señala este Código.
Artículo 47.- Las fianzas que deban otorgarse ante los tribunales se sujetarán a las disposiciones especiales de este Código y, en su defecto, a las del Código Civil.
Artículo 48.- En materia penal no se cobrarán costas. El servidor público que las cobre o las reciba, aunque sea a título de gratificación, será destituido de su cargo, sin perjuicio de dar vista al Ministerio Público.
Artículo 49.- Todos los gastos que se originen en la práctica de diligencias por parte del Ministerio Público, en las acordadas por los tribunales a solicitud de éste y en las decretadas de oficio por los tribunales, serán cubiertos por el erario público.
Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o su defensor, el ofendido o víctima del delito y su representante legal serán cubiertos por quienes las promuevan. En el caso de que estén imposibilitados para ello y de que el Ministerio Público estime que son indispensables para el
IV. Suspensión hasta por un mes.
La suspensión sólo se podrá aplicar a servidores públicos del Poder Judicial.
Artículo 57.- Contra cualquiera providencia en que se imponga alguna corrección disciplinaria, se oirá al interesado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que tenga conocimiento de ella.
En vista de lo que manifieste el interesado, el servidor público que la hubiere impuesto resolverá inmediatamente lo que estime procedente.
Artículo 58.- El Ministerio Público, en la investigación ministerial, y los tribunales, podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los medios de apremio siguientes:
I. Multa hasta por treinta días de salario;
II. Auxilio de la fuerza pública; o
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.
En su caso, se procederá contra el rebelde conforme a las disposiciones del Código Penal.
CAPÍTULO VI
REQUISITORIAS Y EXHORTOS
Artículo 59.- Las diligencias que deba practicar el Ministerio Público fuera del lugar donde se esté tramitando alguna investigación, pero dentro del territorio del Estado, se encomendarán a quien desempeñe funciones de igual naturaleza en el lugar donde deban practicarse, mediante oficio, con las inserciones conducentes y, de ser necesario, se adjuntará un duplicado autorizado y completo de la respectiva investigación ministerial.
Cuando las diligencias tengan que practicarse en otra entidad federativa, se solicitará la intervención de la Procuraduría General de Justicia correspondiente o, en su caso, de la Procuraduría General de la República, en los términos de los convenios de colaboración vigentes.
La entrega de inculpados o sentenciados evadidos, así como el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, se solicitará por medio de exhorto o requisitoria al juez de la localidad en que dicha diligencia deba practicarse.
Cuando tengan que practicarse diligencias judiciales dentro o fuera del Estado, se encomendará su cumplimiento al tribunal de igual categoría jurisdiccional.
Si las diligencias tuvieren que practicarse fuera del lugar de la residencia del tribunal, pero dentro de su territorio jurisdiccional y el personal no pudiere trasladarse, por requisitoria se encargará su cumplimiento al inferior.
Se empleará la forma de exhorto cuando se dirija a un tribunal de igual o superior categoría, y de requisitoria cuando se dirija a un inferior.
Artículo 60.- Se dará entera fe y crédito a los exhortos y requisitorias que libren los tribunales y jueces de la República, debiendo cumplimentarse siempre que llenen las condiciones fijadas en este Código.
Artículo 61.- Los exhortos y las requisitorias contendrán las inserciones necesarias, según la naturaleza de la diligencia que deba practicarse; irán firmados por el servidor público y por el secretario correspondiente o por dos testigos de asistencia y llevarán, además, el sello del tribunal.
Los tribunales requeridos tramitarán los exhortos y requisitorias aun cuando carezcan de alguna formalidad, si la ausencia de ésta no afecta su validez ni impide el conocimiento de la naturaleza y características de la diligencia solicitada, excepto órdenes de aprehensión y de cateo, las que deberán llenar las formalidades esenciales del procedimiento.
Artículo 62.- En casos urgentes, se podrá usar el telégrafo, teléfono, fax, u otro medio idóneo para este propósito, expresándose con toda claridad la diligencia que haya de practicarse, la parte que la solicitó, el nombre de los que en ella deban participar, el delito de que se trate y el fundamento de la providencia. El tribunal requirente mandará con posterioridad, por los conductos debidos, el exhorto o requisitoria que corresponda.
Artículo 63.- Los exhortos a los tribunales extranjeros se remitirán por la vía diplomática al lugar de su destino. Las firmas de las autoridades que los expidan serán legalizadas por el Gobernador del Estado, y la de este servidor público, por el Secretario de Relaciones Exteriores.
Artículo 64.- No será necesaria la legalización si las leyes o prácticas del país donde resida el tribunal al que se dirige el exhorto, no establecen ese requisito para los documentos de igual clase.
Artículo 65.- Respecto de las naciones cuya legislación lo autorice, el exhorto se remitirá directamente por el tribunal o juez exhortante, al exhortado, sin más legalización que la exigida por las leyes del país en el cual deban cumplirse.
Los exhortos que de esas naciones sean dirigidos a los tribunales del Estado también podrán enviarse directamente por el tribunal o juez exhortante al exhortado, y bastará que sean legalizados por un Cónsul mexicano residente en la nación o lugar del tribunal exhortante.
Artículo 66.- Los exhortos que se reciban en el Estado se proveerán dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la en que se reciban, y se despacharán, asimismo, dentro de tres días hábiles a no ser que las diligencias que se tengan que practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso el juez fijará el que crea conveniente, con audiencia del Ministerio Público.
Artículo 67.- Los exhortos que se dirijan a tribunales de otras Entidades de la República se legalizarán por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien los enviará a su homólogo para que los haga llegar al juez o tribunal requerido.
Artículo 68.- Cuando deba examinarse a miembros del cuerpo diplomático mexicano, que se hallen en el extranjero en ejercicio de sus funciones, se dirigirá oficio por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores al ministro diplomático respectivo para que, si se trata de él mismo, informe bajo protesta y, si no, examine en la misma forma al que deba declarar.
Artículo 69.- Si el juez exhortado creyere que no debe cumplimentar el exhorto, por cualquier motivo legal o si tuviere duda sobre este punto, oirá al Ministerio Público y resolverá dentro de tres días, promoviendo, en su caso, la competencia conforme a las reglas establecidas en este Código.
La resolución dictada por el juez requerido, negando la práctica de la diligencia que le fue solicitada, será apelable.
Artículo 70.- Cuando el tribunal o juez no pudiere practicar por sí mismo, en todo o en parte, las diligencias que se le encarguen, podrá encomendar su ejecución al juez inferior, remitiéndole el exhorto original o un oficio con las indicaciones necesarias, si aquél no pudiera mandarse.
Artículo 79.- Los cateos se practicarán entre las seis y las dieciocho horas, pero si llegada esta hora no se han terminado, podrán continuarse hasta su conclusión. Si la urgencia del caso lo requiere, los cateos podrán practicarse a cualquiera hora, debiendo expresarse esta circunstancia en el mandamiento judicial respectivo.
Artículo 80.- Si al practicarse un cateo se descubriere un delito distinto del que lo haya motivado, se hará constar en el acta correspondiente, cuando el ilícito sea perseguible de oficio.
Artículo 81.- El cateo en el despacho oficial de un servidor público requerirá tomar las medidas indispensables para no entorpecer las actividades oficiales, procurando practicarlo fuera de horas hábiles, sin perjuicio de la vigilancia policíaca. El tribunal que ordene la diligencia recabará previamente de las oficinas, dependencias, entidades u órganos públicos estatales al que el servidor público pertenezca, la autorización correspondiente.
Artículo 82.- Al practicarse un cateo se recogerán los instrumentos, objetos y productos del delito, así como los libros, documentos o cualesquiera otras cosas que se encuentren en el lugar si fueren conducentes al éxito de la investigación o estuvieren relacionados con un nuevo delito.
Se formará un inventario de los objetos que se recojan relacionados con el delito que motive el cateo y, en su caso, otro por separado con los que se relacionen con el nuevo delito.
Artículo 83.- Si el inculpado estuviere presente, se le mostrarán los objetos recogidos para que, en su caso, los reconozca y ponga en ellos su firma o rúbrica, si fuere posible; si no supiere firmar, estampará sus huellas digitales; en caso contrario, se unirá a ellos una tira de papel que será sellada en la juntura de los dos extremos y se invitará al inculpado a que firme o ponga sus huellas digitales. Si no pudiere firmar o poner sus huellas digitales o se negare a ello, se hará constar esta circunstancia.
Artículo 84.- Cuando se practique un cateo en contra de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de las disposiciones de este Código, el juez, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la nulidad de las diligencias llevadas a cabo, según su naturaleza y las características del caso. Incurrirá en responsabilidad quien ordene o practique un cateo sin observar las normas aplicables.
CAPÍTULO VIII
TÉRMINOS
Artículo 85.- Los términos son improrrogables. Empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente.
No se incluirán en los términos los días inhábiles, salvo cuando se trate de poner al inculpado a disposición del tribunal que conocerá de su caso, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica.
El término para resolver podrá ampliarse sólo a petición del inculpado o de su defensor. Decretada la ampliación, el juez deberá comunicarla inmediatamente al encargado del reclusorio donde se halle el detenido.
Artículo 86- Los términos se contarán por días naturales, excepto lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, y a cualquier otro que deba computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento, a partir de la hora en que corresponda conforme a la ley.
Artículo 87.- Cuando no se fije un término especial en este Código, el término será de tres días; pero siempre que la práctica de un acto judicial requiera citación de personas que se hallen fuera
del lugar del proceso, a juicio del juez se ampliará el término señalado por la ley para que concurran ante el tribunal, tomando en cuenta la mayor o menor facilidad en las comunicaciones.
Artículo 88.- Los términos serán comunes, a menos que, por su naturaleza o por disposición de la ley, deban ser individuales.
CAPÍTULO IX
CITACIONES
Artículo 89.- Con excepción de los servidores públicos que gocen de fuero, toda persona está obligada a presentarse ante los tribunales y ante el Ministerio Público cuando sea citada, a menos que no pueda hacerlo porque padezca alguna enfermedad que se lo impida o tenga alguna otra imposibilidad física para presentarse, lo que deberá justificar plenamente.
Si las personas obligadas a presentarse son menores de edad o han sufrido lesiones, el Ministerio Público proveerá, de ser posible, que sean acompañadas por profesionales que les brinden la ayuda psicológica o la seguridad personal que consideren necesarias.
Artículo 90.- Las citaciones podrán hacerse verbalmente, mediante cédula, por telégrafo o por cualquier otro medio electrónico, anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente.
Artículo 91.- Las citaciones contendrán:
I. La designación legal de la autoridad ante la que deba presentarse el citado;
II. El nombre, apellido y domicilio del citado si se supiere o, en caso contrario, los datos de que se disponga para identificarlo;
III. El día, hora y lugar en que debe comparecer;
IV. El medio de apremio que se le aplicará si no comparece; y
V. La firma o la transcripción de la firma del servidor público que ordena la citación.
Artículo 92.- Cuando la citación se haga por cédula, se acompañará a ésta un duplicado, en el cual firme el interesado o cualquiera otra persona que lo reciba.
Artículo 93.- Cuando la citación se haga por telégrafo, se enviará por duplicado a la oficina que haya de transmitirla, la cual, con su constancia de recibo, devolverá uno de los ejemplares, que se agregará al expediente.
Artículo 94.- En caso de urgencia, la citación podrá hacerse por vía telefónica, que transmitirá el Ministerio Público que practique las diligencias o el secretario respectivo del juzgado o tribunal correspondiente, quienes la harán con las indicaciones que previene este capítulo, asentando constancia en el expediente.
Asimismo, podrá ordenarse a la policía que haga la citación, cumpliendo con los requisitos de este capítulo.
Artículo 95.- También podrá citarse por vía telefónica a la persona que haya manifestado expresamente su voluntad para que por ese medio se le notifique, proporcionando el número del teléfono al que deba hablársele, sin perjuicio de que, si no es hallada en ese lugar o no se
El inculpado que tuviere varios defensores se hará escuchar sólo por uno de ellos, cada vez que corresponda intervenir a la defensa. Igual previsión se adoptará cuando intervengan varios agentes del Ministerio Público.
Artículo 101.- Durante la audiencia el inculpado podrá comunicarse con su defensor, pero no con el público. Si infringe esta disposición se le impondrá una corrección disciplinaria.
Si alguna persona del público trata de comunicarse o se comunica con el inculpado, será retirada de la audiencia y se le aplicará una corrección disciplinaria a criterio del juez.
Artículo 102.- Antes de cerrarse el debate, quien presida la audiencia preguntará al inculpado si quiere hacer uso de la palabra y, en caso afirmativo, ésta le será concedida.
Artículo 103.- En las audiencias la preservación del orden estará a cargo del servidor público que las presida.
Si el inculpado altera el orden o insulta a cualquier persona que se halle en la audiencia, se le apercibirá en el sentido de que si insiste en su actitud, se tendrá por renunciado su derecho a estar presente. Si a pesar de ello continúa en su actitud, se le retirará del local y la audiencia proseguirá con su defensor; además, el juez o tribunal podrá imponerle la corrección disciplinaria que considere apropiada.
Si es el defensor quien altera el orden, se le apercibirá para que desista de su actitud. Si insiste, se le expulsará del local y se le impondrá por el tribunal la corrección disciplinaria que se considere aplicable. En este caso, quien presida la audiencia designará inmediatamente un defensor de oficio al inculpado, sin perjuicio de que éste ejerza su derecho para designar persona de su confianza en el propio acto o para la secuela del proceso.
Si el agente del Ministerio Público comete alguna falta durante la audiencia, se le impondrá una medida de apremio; si reincide, el juez ordenará que abandone el local, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico, para que designe un substituto.
Si el ofendido o la víctima del delito o sus representantes legales alteran el orden, se les apercibirá para que depongan su actitud. Si reinciden se les expulsará del local y se les impondrá la corrección disciplinaria que disponga quien presida la audiencia.
Las personas del público que alteren el orden serán expulsadas de la sala con el auxilio de la fuerza pública si es necesario.
CAPÍTULO XI
ACUERDOS, DETERMINACIONES MINISTERIALES
Y RESOLUCIONES JUDICIALES
Artículo 104.- Los acuerdos del Ministerio Público son: órdenes o requerimientos, si tienen por objeto desahogar una actividad relacionada con la investigación ministerial, y determinaciones, cuando resuelven una situación jurídica o disponen la conclusión de dicha indagatoria.
Artículo 105.- Las resoluciones judiciales son sentencias, si terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal y en lo accesorio; y autos, en cualquier otro caso.
Toda resolución deberá estar fundada y motivada, y se redactará en forma clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine.
Las sentencias contendrán:
I. La fecha y el lugar;
II. La designación del tribunal que las pronuncie;
III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, en su caso la comunidad indígena a la que pertenezca, el idioma, la edad, el estado civil, la residencia, el domicilio y la ocupación, oficio o profesión;
IV. Un extracto de los hechos conducentes a la resolución;
V. Las consideraciones y fundamentos legales, y
VI. La condena o absolución que proceda y los demás puntos resolutivos.
Artículo 106.- Los autos contendrán una breve exposición del asunto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus fundamentos legales.
Artículo 107- Los autos que contengan resoluciones de mero trámite se dictarán dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de aquella en la cual se presentó la promoción. Los demás autos, salvo los que la ley disponga para casos especiales, dentro de tres días; las sentencias, dentro de quince días a partir del siguiente al de la conclusión de la audiencia; si el expediente excediere de quinientas fojas, a este término se aumentará un día por cada cincuenta de exceso.
La violación de este precepto se podrá recurrir en reclamación.
Artículo 108.- Las resoluciones judiciales se dictarán por los jueces o magistrados y serán firmadas por ellos y el secretario correspondiente.
Artículo 109.- Para la validez de las sentencias y de los autos que no sean de mero trámite dictados por un órgano colegiado se requerirá, cuando menos, el voto favorable de la mayoría de los magistrados.
Artículo 110.- En los casos del artículo anterior, cuando alguno de los magistrados no estuviere conforme con la resolución de la mayoría, expresará por escrito, en voto particular, los motivos y fundamentos legales de su inconformidad, mismo que se agregará al expediente.
Artículo 111.- Sin perjuicio de la aclaración de sentencia, los tribunales no podrán modificar ni variar sus sentencias después de firmadas.
Artículo 112.- Las resoluciones judiciales se tendrán por consentidas, cuando notificada la parte exprese su conformidad o deje pasar el término legal sin interponer el recurso procedente.
CAPÍTULO XII
NOTIFICACIONES
Artículo 113.- Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que las motiven.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 3 DE AGOSTO DE 2004)
Artículo 114.- Las resoluciones contra las que proceda el recurso de apelación serán notificadas personalmente a las partes, al ofendido, a la víctima o su representante legal, en tratándose de la reparación del daño.
Las disposiciones de este capítulo serán aplicables, en lo conducente, a la investigación ministerial.
TÍTULO SEGUNDO
INVESTIGACIÓN MINISTERIAL
CAPÍTULO I
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 122.- El Ministerio Público está obligado a iniciar la investigación ministerial cuando se le presente denuncia, querella o por cualquier otro medio conozca de actos que puedan ser constitutivos de uno o más delitos y se hallen satisfechos los requisitos que, en su caso, exija la ley.
No está obligado el Ministerio Público a proceder de oficio cuando:
I. Se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella, si ésta no se ha presentado; o
II. La ley exija algún requisito previo y no esté satisfecho.
Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediatamente cuenta a quien legalmente corresponda practicarla.
La persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier otra autoridad.
Si corresponde a una autoridad cumplir esos requisitos o formular la petición para que inicie la indagatoria, el Ministerio Público pedirá a aquélla por escrito le haga saber su determinación al respecto. La autoridad deberá contestar también mediante escrito, mismo que se agregará al expediente.
Artículo 123.- El Ministerio Público deberá recibir las denuncias, querellas o requerimientos de autoridad, como requisito indispensable para la integración de la investigación ministerial.
Artículo 124.-Las denuncias y las querellas deben formularse verbalmente o por escrito y se contraerán a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente, en los términos previstos para el ejercicio del derecho de petición.
Asimismo, el Ministerio Público informará al denunciante o querellante acerca de la trascendencia jurídica del acto que realiza, sobre las penas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades y sobre las modalidades del procedimiento, según se trate de delito perseguible de oficio o por querella.
En el caso de que la denuncia o la querella se presenten verbalmente, se harán constar en acta que levantará el servidor público que las reciba. Tanto en este caso como cuando se hagan por escrito, deberán contener la firma o huella digital del que las presente y su domicilio.
Artículo 125.- Cuando un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio, lo denunciará inmediatamente. Si se trata de un ilícito cuya persecución dependa de instancia que formule alguna autoridad, lo hará por escrito del conocimiento de su superior jerárquico.
Artículo 126.- Los mayores de dieciséis años podrán querellarse por sí mismos. Cuando se trate de un menor de esta edad o de un incapaz, su formulación corresponderá a quien ejerza la patria potestad o la tutela. A falta de éste o cuando se considere que la abstención de los representantes del menor o del incapaz obedece a motivos ilegítimos o que existe conflicto entre éstos y aquéllos, el agente del Ministerio Público acordará lo procedente.
Artículo 127.- Las denuncias y las querellas se formularán por escrito o verbalmente ante el Ministerio Público bajo protesta de decir verdad, las segundas serán ratificadas por quien las presenta, pero en ambos casos, bajo la firma o huella se hará constar el nombre completo del interesado. El servidor público que conozca de ellas se asegurará de la identidad y legitimación del denunciante o querellante, así como de la autenticidad de los documentos en que se apoyen.
En todo caso, el servidor público que las reciba requerirá al denunciante o querellante para que se produzcan bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento que previene la ley y, en su caso, les formulará las preguntas que estime conducentes.
Artículo 128.- Cuando alguna persona haga publicar la denuncia o la querella, estará obligada a publicar el acuerdo con el que concluya la investigación ministerial si así lo solicita el indiciado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incurrido aquélla.
Artículo 129.- No se admitirá la intervención de apoderado jurídico para la presentación de denuncias, salvo los casos a que se refiere este artículo.
Tratándose de delitos perseguibles por querella, ésta puede ser formulada por la víctima, el ofendido, su representante legal o por su mandatario con instrucciones específicas para hacerlo. Tratándose de una persona moral, se estará a lo dispuesto en sus estatutos internos respecto a la persona facultada para formular y ratificar la denuncia o la querella.
Artículo 130.- Cuando en un juicio se arguya de falso un documento o el tribunal tenga duda fundada sobre su autenticidad, dará vista al Ministerio Público adscrito y, si éste lo solicita, se desglosará de los autos, dejando en ellos copias debidamente certificadas. El original del documento que se entrega, más las constancias conducentes, deberán ser firmadas en su caso por el juez o magistrado y el secretario.
Artículo 131.- En los casos del artículo anterior se requerirá a quien haya presentado el documento para que diga si insiste en que se tome en consideración o no; si contestare afirmativamente pero a juicio del tribunal la falsedad sea de tal naturaleza que si llegare a dictarse sentencia influiría substancialmente en ella, éste ordenará, a petición del Ministerio Público, que suspenda el procedimiento civil a partir de la citación para sentencia, hasta que se pronuncie resolución definitiva. Si no se insistiere en que se tome en consideración el documento, no se suspenderá dicho procedimiento, sin perjuicio de que las investigaciones sobre la falsedad denunciada se continúen.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también, en lo conducente, cuando se señale de falso a un testigo.
CAPÍTULO II
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL
Artículo 132.- Iniciada la investigación ministerial, ésta tenderá a probar el cuerpo del delito en el caso que se indaga, las circunstancias en que fue cometido, la identidad y responsabilidad de quienes participaron en él, así como a salvaguardar los legítimos intereses de la víctima u ofendido, asegurar las personas y cosas relacionadas con los hechos, precisar los daños y
