ARTICULOS 25, 26, 27 Y 28
Mediante las reformas de 1983 a los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, se estableció la rectoría de la
economía mixta, el sistema de planeación democrática del desarrollo y las bases para el desarrollo rural, en
México.
contenido de este artículo 25 es:
1) La rectoría económica del Estado para garantizar que el desarrollo económico del país sea integral. (es un adjetivo
que permite señalar a lo que es total o global), que abarque aspectos no sólo económicos sino también sociales y
culturales; y, por otra parte, que debe entenderse este concepto como una totalidad, pues el desarrollo debe
alcanzar a todas las clases sociales,
Sector público, el gobierno: los órganos del estado, el congreso de la unión como órgano legislador y
el poder ejecutivo, que realizan las tareas de las dependencias y organismos de la administración publica
federal
Sector privado: corresponde a la iniciativa privada, es decir a los particulares que son propietarios de
diversas empresas que realizan actividades productivas.
Sector social: los particulares: se conforma por todas aquellas agrupaciones de carácter social como
son los ejidos, cooperativas, empresas cuyos medios de producción están en manos de los trabajadores.
2) La responsabilidad del Estado en la conducción de la economía nacional.
3) Participación estatal en las áreas estratégicas y prioritarias.
La finalidad del artículo es la fortaleza la soberanía de la nación y su régimen demo-crático para permitir el ejercicio pleno
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.
La Constitución establece que el desarrollo económico se logrará mediante el fomento del crecimiento económico y el
empleo, así como de una justa distribución del ingreso y la riqueza. De igual modo, se establece un sistema de
economía mixta en el cual la rectoría económica corresponde al Estado y las actividades económicas y productivas se
realizan con la concurrencia de los sectores público, social y privado. Significa que la responsabilidad del desarrollo
económico ya no sólo recae en el gobierno, sino también en los sectores social y privado.
Hay la necesidad de crear una ley reglamentaria que regule la responsabilidad social que permita su
seguimiento, control y sanciones.
“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad,
el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege
esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”
“El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes
estatales y municipales deberán observar dicho principio.”
“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución”.
“Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el
sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”.
“Manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas
del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y
del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de
petróleo y demás hidrocarburos”.
México uno de los primeros países que incorporó a la Economía Social a su texto constitucional, por lo que se puede
decir como el análisis final de Artículo 25 constitucional; que se reconoce la existencia, en el marco del sistema de
economía mixta del país, de un tercer sector económico, formado por asociaciones y empresas de carácter
distinto a las habitualmente adscritas a los sectores público y privado . A este sector económico se le reconoció
desde entonces como el Sector Social de la Economía (SSE).
