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Este documento analiza el conflicto limítrofe entre colombia y nicaragua, enfocándose en la disputa por la delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres. Se abordan los antecedentes históricos del conflicto, la interpretación de la corte internacional de justicia y las diferentes posiciones de ambos países. Además, se discuten las tensiones generadas por la explotación de recursos naturales en la zona de disputa y la importancia de la cooperación internacional para resolver el conflicto.
Tipo: Apuntes
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Lina Yolanda Gómez Acevedo Julio Cesar Lesmes Camargo Fundación Universitaria Juan De Castellanos Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Derecho. Tunja 2023
definición de los limites terrestres, ya que a la fecha Nicaragua reclama la propiedad de la Isla de San Andrés y otros cayos; además, la CIJ en el fallo proferido en 2022, no abordó el tema de la explotación de los recursos naturales en la zona marítima, lo que nuevamente ha causado tensiones entre los países; de modo que, la búsqueda de un acuerdo o tratado político se presenta como una posible solución para resolver los temas pendientes y establecer una relación armoniosa hacia el futuro para las dos naciones.
en el siglo XIX, también, sostiene que el fallo de la CIJ otorga a Nicaragua una zona económica exclusiva más no una plataforma continental extendida, lo que limitaría la explotación de los recursos naturales de la zona.
2012 se emitió un fallo en el que se estableció la delimitación de los límites marítimos ente Colombia y Nicaragua, otorgando a este último una zona económica exclusiva en el Mar Caribe, empero, no se tuvo en cuenta la aclaración de reconocer el archipiélago de San Andrés en el Meridiano 82 de Greenwich al ser una frontera astronómica (Dávila, 2020). Finalmente, en febrero de 2022 la CIJ profiere fallo donde declara que Colombia vulnero la soberanía de Nicaragua.
parte, Nicaragua sostiene que también tiene derecho a explotar los recursos naturales en la zona y en la delimitación de los límites marítimos establecida por la CIJ le otorga soberanía sobre la zona en disputa (Alvarado, 2014). La explotación de los recursos naturales en la zona de disputa también ha generado preocupación a nivel global, debido a que la zona del mar es una importante área de conservación de la biodiversidad, y la explotación podría tener efectos en el ecosistema marítimo, en la flora y en la fauna de la región. Además, se ha incrementado las preocupaciones en la seguridad de la región, debido a la presencia de grupos armados y de actividades ilícitas como el narcotráfico (Sarmiento, 2016), sin tener presente que, la percepción de derechos en la población de los seres vivos ha venido evolucionado a través de la historia, ya que se producen impactos tanto en los seres humanos como en el medio ambiente. Debido a lo anterior, algunos tratadistas del derecho e instrumentos internacionales se han orientado a reconocer que las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza garantiza la importancia de una protección y conservación a los organismos vivos, puesto que contiene un significado importante para el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad; por ello, se han generado diferentes cambios jurídicos alrededor del mundo en pro de determinar un sistema legal que busque el respeto a la vida y a la dignidad de todos los seres vivos , el cual podrá ser incorporado progresivamente por todos los Estados desarrollado bajo unos principios y perspectivas antropocéntricas, abolicionistas y biocéntricas.
reglamentar sus límites, por ello, se aportaron conceptos del derecho consuetudinario internacional entre las leyes 14 de 1923, 10 de 1978 y ley 8 de 1980, en donde se conocieron conceptualmente los límites marítimos, la noción del mar territorial, Zona contigua, Zona Exclusiva Económica y plataforma continental (Tirado, 2014), además, cabe precisar la importancia de las leyes promulgadas a posteriori a fin de solucionar el conflicto. A pesar de todo, en el año 2016, se emitió una decisión provisional estableciendo una línea de delimitación marítima provisional entre los paises, la cual, se basó en la plataforma continental extendida de Nicaragua y se alejó de la línea equidistante, siendo considera para la parte actora una victoria. Para el 2018, la CIJ emitió otra decisión provisional en la que se establecieron unas medidas cautelares para proteger los derechos de ambos paises mientras se solucionaba el conflicto, ordenando de manera inmediata para Colombia suspender sus actividades de exploración y explotación de recursos naturales en la zona marítima que Nicaragua reclamaba como parte de su Zona Exclusiva Económica y, asimismo, le indico a Nicaragua abstenerse de cualquier actividad que pudiera comprometer la integridad de la delimitación provisional establecida por la Corte.
dos países, de manera que, las bajas inversiones han tenido un impacto negativo en la economía, ya que se han perdido oportunidades de inversión, de empleo, y se ha disminuido el flujo el flujo de los ingresos y la actividad monetaria, por un clima de incertidumbre y desconfianza que ha afectado a las Naciones. En cuanto a la política y las relaciones diplomáticas, el conflicto ha generado muchas más tensiones por las diferentes interpretaciones que se realizaron del fallo emitido por la CIJ, causando desacuerdos y disputas en la soberanía y los derechos de explotación de los recursos naturales en la zona de disputa, estas tensiones han ocasionado una disminución en la cooperación y en el dialogo de manera negativa. Asimismo, se presentan preocupaciones por la seguridad en la región al tener presencia de grupos armados que se quieren apoderar de forma ilícita muchas de las actividades realizadas por de los ciudadanos que buscan un sustento diario para sus familias. Los impactos sociales han afecto sobre todo a la comunidad pesquera y turística de la zona, pues algunos pescadores locales han tenido dificultades para ejercer su actividad debido a la inseguridad jurídica y el temor a hacer detenidos por las autoridades de cualquiera de los dos países (Campos y otro, 2018). Además, los pescadores han enfrentado problemas para acceder a los recursos pesqueros, lo que ha generado una disminución en su producción y, por lo tanto, en sus ingresos. No obstante, la pesca es una fuente importante de ingresos y empleo para estas comunidades y su disminución ha presentado afectaciones para cubrir las necesidades básicas de las familias y para mantener un nivel de vida que tenían anteriormente. Finalmente, es importante mencionar que la actividad pesquera de la zona en disputa se realiza de manera artesanal y sostenible, lo que la convierte en una
consiguiente, la Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad de dichos Tratados y puede acudir al Derecho Internacional ordenando al Presidente formular reservas a los artículos incompatibles que comprometen el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de la Constitución. Cabe mencionar que, la constitucionalidad de cada Tratado Internacional ratificado por el Estado obedecerá a un Control constitucional que será realizado por la Corte Constitucional, cuando se vean vulnerados los derechos fundamentales los cuales predican garantías no compatibles con la Constitución Política incorporados en el ordenamiento jurídico interno que hacen parte del ius cogens, de los cuales se deberán declarar nulas de pleno derecho.
torno a dicha explotación ha causado una sobreexplotación de los mismos y, por ende, se presenta que la actividad pesquera no tiene mucha fuerza para salir adelante. Debido a lo anterior, es necesario que se establezcan mecanismos de cooperación y dialogo en las comunidades y mandatorios de los dos países, para garantizar la convivencia pacífica y sostenible dentro de la zona de disputa. En conclusión, la cooperación entre los dos gobiernos y las comunidades pueden contribuir a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de la región, así como la promoción de un desarrollo sostenible y equitativo. En este sentido, los organismos internacionales y los países vecinos deben jugar un papel importante en la búsqueda de una solución sobre el conflicto, de tal forma que, la promoción del dialogo y la cooperación internacional entre las partes pueden contribuir de una solución justa y sostenible para el conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua.
Tirado, M. A. (2014). Derecho del mar en Colombia, conflicto limítrofe entre Colombia y Venezuela. Una posibilidad de crisis de la soberanía colombiana. Universidad La Gran Colombia. Facultad de Derecho. Recuperado de: https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/2895/Derecho_mar_C olombia_conflicto.pdf?sequence=1&isAllowed=y