acción de grupo y popular, Apuntes de Derecho Constitucional

¡Descarga acción de grupo y popular y más Apuntes en PDF de Derecho Constitucional solo en Docsity!

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Derechos humanos, para vivir en paz

Cartilla de acciones populares

y de grupo

ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO Y FONDO PARA LA DEFENSA DE

LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

I. ACCIONES POPULARES

Cuál es el marco normativo de la acción popular?

La acción popular se enmarca dentro de las siguientes normas:

• La Constitución Política de Colombia que en su artículo 88 consagró la acción popular como un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos.
• La Ley 472 de 1998 la cual reglamenta y desarrolla la figura constitucional de la acción popular y establece el procedimiento

Cuales son las sentencias de constitucionalidad que han analizado el marco normativo de la acción popular?

La normatividad que regula la acción popular se ha visto modificada por las siguientes sentencias de constitucionalidad:

• C - 459 de 2004
• C – 088 de 2000
• C - 036 de 1998
• C - 215 de 1999

Qué es la acción popular?

La acción popular es un mecanismo constitucional procesal consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 472 de 1998, que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez competente, con el fin de solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos, violados o amenazados, por una autoridad pública o por un particular.

Para que se ejercen las acciones populares?

Las acciones populares se ejercen para:

• Evitar el daño contingente^1
• Hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos
• Restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible

Cuales son los rasgos característicos de la acción popular?

La acción popular puede ser preventiva, restitutoria e indemnizatoria.

Es preventiva cuando se pretenda eliminar la amenaza a un derecho o interés colectivo para evitar su violación definitiva.

Es restitutoria cuando apunta a que las cosas vuelvan a su estado anterior a la vulneración o amenaza, en la medida en que fuere posible.

(^1) Por daño contingente se entiende aquél que puede suceder o no, que reviste un carácter eventual y

por ende constituye una amenaza; por lo tanto se opone a lo seguro y necesario.

maneras: la primera cuando el actor pretende la nulidad del acto; y la segunda, cuando el juez decide su inaplicación, por vía de la excepción 5.

Respecto de los contratos estatales^6 ha dicho que la acción popular puede propender por la suspensión de la ejecución de un contrato o por la declaración de nulidad total o parcial del mismo, cuando quiera que la ejecución o la existencia del contrato, según el caso, constituyan amenaza a un derecho colectivo. Empero, si ya se ha ejercido la acción contractual y por medio de ella se busca la protección del mismo derecho, la acción popular no será procedente.

Existe un término de caducidad^7 para ejercer la acción popular?

La acción popular no tiene un término perentorio para interponerse. Sin embargo, la oportunidad precluye cuando cesa la vulneración del derecho o interés colectivo.

La sentencia C-215 de 1999 proferida por la Corte Constitucional, declaró parcialmente inexequible el artículo 11 de la Ley 472 de 1998 que establecía un término de caducidad de 5 años para las acciones populares, cuando estas estuvieran dirigidas a volver las cosas al estado anterior.

Quien puede interponer la acción popular?

La acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona^8 natural o jurídica que pretenda obtener la protección de los derechos e intereses colectivos. No es indispensable que el demandante pertenezca a la comunidad afectada con la violación al interés o derecho colectivo.

Adicionalmente, las acciones populares pueden ser interpuesta por:

• El Procurador General de la Nación
• El Defensor del Pueblo o sus delegados
• Los Personeros Municipales y Distritales
• Los servidores públicos
• Las Organizaciones No Gubernamentales, las Organizaciones Populares, Cívicas o de índole similar
• Los Alcaldes
• Los servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos

Quienes pueden coadyuvar las acciones populares?

Cualquier persona puede presentarse en el proceso como un tercero interviniente, es decir, coadyuvar la acción, bien sea para ayudar al demandante en las pretensiones o al demandado en las excepciones. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, la coadyuvancia sólo puede presentarse hasta antes de proferirse fallo de primera instancia.

Adicionalmente, también pueden coadyuvar las acciones populares: las organizaciones populares, cívicas y similares; el Defensor del Pueblo o sus

(^5) La excepción de ilegalidad tiene su fundamento en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 y la de inconstitucionalidad, en el artículo 4º de la Constitución Política. (^6) Ver, entre otras, la Sentencia del día 19 de julio de 2002, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Rad. 25000-23-26-000-2000-0104-01 y Sentencia de diciembre 9 de 2003, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad 25000-23-26-000-01204-01. 7 Caducidad es la figura procesal que indica la terminación de la oportunidad para ejercer una determinada acción (^8) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de abril de 2002. Expediente 0336

delegados; los personeros distritales o municipales; y demás autoridades que cumplan la función de velar por los intereses de la comunidad, en virtud de las funciones que tienen estatuidas.

Opera en las acciones populares la figura del llamamiento en garantía?

La figura del llamamiento en garantía consiste en la posibilidad del demandado de incluir dentro del proceso a un tercero que considera responsable de la situación que originó el daño o la amenaza al interés colectivo que se pretende amparar.

El llamamiento en garantía no está expresamente contemplada en la Ley 472 de 1998, no obstante, en virtud del principio de integración normativa 9 , puede aplicarse dentro de las acciones populares.

Las partes requieren de abogado para intervenir dentro del proceso de la acción popular?

No. Dado su carácter de acción pública, el ejercicio de la acción popular, no necesita de la intervención de abogado. La misma prerrogativa tienen los demandados de acudir a la jurisdicción sin la intervención de abogado^10 , porque de lo contrario se produciría un quebranto al principio de igualdad de las partes en el proceso.

Contra quien se puede interponer la Acción Popular?

La acción popular se ejerce contra los particulares o contra la autoridad pública que mediante la acción u omisión vulnere o pretenda vulnerar los derechos e intereses colectivos.

Qué derechos protege la acción popular?

La acción popular protege los Derechos e Intereses Colectivos contenidos en:

• El artículo 88 de la Constitución Política
• El artículo 4 de la Ley 472 de 1998
• Leyes ordinarias
• Los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia

Qué son los derechos e intereses colectivos?

Los derechos e intereses colectivos se pueden definir como prerrogativas, o facultades legalmente reconocidas a la colectividad o al grupo social, independientemente de las personas individualmente consideradas, de los que se deriva el poder de los titulares para hacerlos valer jurídicamente.

Para la jurisprudencia 11 la calidad de derecho colectivo no surge a partir de la naturaleza propia del derecho, sino a partir del momento en el que el ordenamiento jurídico los reconozca como tal. Por tanto, mientras no se haya producido su reconocimiento legal, no se puede considerar que un interés

(^9) De conformidad con este principio consagrado en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, los aspectos no previstos en dicha Ley, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo según la jurisdicción a la que corresponda, siempre y cuando los mismos no se opongan a la naturaleza y finalidad de las acciones populares. (^10) Sentencia C –215 de 1999 (^11) Consejo de Estado. Sección Tercera. Setencia del 22 de enero de 2004. Expediente AP 25000232600020010052703

pone en peligro derechos como la vida (derecho fundamental), o la salud (derecho fundamental por conexidad).

En estos eventos, la procedencia de la acción de tutela está supeditada a que exista prueba suficiente que permita afirmar que efectivamente un derecho de carácter fundamental está viéndose comprometido por la violación, desconocimiento o amenaza de un derecho de carácter colectivo; y que, se logre comprobar que la lesión del derecho fundamental es causa directa del desconocimiento del derecho colectivo^12.

Existen otras acciones populares creadas con anterioridad a la Constitución de 1991?

Si. Con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 y de la Ley 472 de 1998, existen las acciones populares consagradas en el Código Civil y en instrumentos normativos especiales. Entre ellas destacamos:

- Acción Popular en favor de los bienes de uso público (Art. 1005 C.C.) “La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.”

• Acción Popular del Daño contingente (Art. 2359 C.C.) “Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción.”
• Acción Popular para pedir la remoción de una cosa que se encuentre en la parte superior de un edificio (Art. 2355 C.C.) “ Si hubiere alguna cosa que de la parte superior de un edificio, o de otro paraje elevado, amenace caída o daño, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio, o su inquilino, o la persona a quien perteneciere la cosa, o que se sirviere de ella, y cualquiera del pueblo tendrá derecho para pedir la remoción.”
• Acción Popular para evitar el peligro de construcciones o arboles mal arraigados (Art. 992 C.C.) “Las disposiciones precedentes se extenderán al peligro que se tema de cualesquiera construcciones; o de árboles mal arraigados, o expuestos a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia.”
• Acción Popular contra la corrupción del aire (Art. 994 C.C.) “Lo dispuesto en el artículo precedente se aplica no solo a las obras nuevas, sino a las ya hechas, mientras no haya transcurrido tiempo bastante para constituir un derecho de servidumbre.

"Pero ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan el aire y lo hagan conocidamente dañoso.”

• Acción Popular para la protección del Espacio Público y el Medio Ambiente Urbano (Art. 8 Ley 9/89 - Dc. 2400/89) “Los elementos constitutivos del espacio publico y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el articulo 1005 del C.C. Esta acción podrá dirigirse contra cualquier persona publica o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés publico o la seguridad de los usuarios.”

(^12) Corte Constitucional. Sentencias T-437 de 1992, SU 063 de 1993, SU 257 de 1997 y T-664 de 1999,

entre otras.

• Acción Popular para la preservación del ambiente rural y de los recursos naturales renovables (Arts. 2, 118 Dc. 2303/89) “ Corresponderán igualmente a esta jurisdicción los procesos en acciones populares fundadas en las normas sobre preservación del ambiente rural y manejo de los recursos naturales renovables de carácter agrario, conforme a lo previsto en el artículo anterior, cuando el asunto no sea de competencia de las autoridades administrativas.”

“El ambiente rural y los recursos naturales renovables del dominio público que hacen parte de aquél, podrán ser definidos judicialmente por cualquier ciudadano contra actos o hechos humanos que les causen o puedan causar deterioro, si el asunto no es de competencia de la administración, mediante la acción popular consagrada en los artículos 1005, 2359 del Código Civil, especialmente en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 23 de 1973.

Esta acción se podrá ejercer en cualquier tiempo y estará encaminada a conseguir la prevención del daño, su reparación física o su resarcimiento, o más de uno de estos objetivos.”

Estas acciones populares se someterán al trámite previsto en la Ley 472 de 1998.

Ante qué autoridad judicial se puede presentar la acción popular?

Si la vulneración proviene por parte de una autoridad, o de un particular que ejerza funciones administrativas, se interpondrá ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En primera instancia conocen los Jueces Administrativos y en segunda instancia, los Tribunales Contencioso Administrativos 13.

Si la vulneración proviene de un particular, se ejercerá ante la jurisdicción civil. En primera instancia conocen los Jueces Civiles del Circuito y en segunda instancia las Salas Civiles de los Tribunales Superiores.

El juez competente, será aquel de ocurrencia de los hechos o del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiera presentado la demanda.

Si en el lugar donde se pretende instaurar la demanda no existe juez del circuito o de lo contencioso administrativo, la demanda podrá presentarse ante cualquier juez civil municipal o promiscuo, quien la remitirá al funcionario competente, dentro de los dos días siguientes. No obstante, deberá remitir de inmediato y por el medio más eficaz las diligencias al juez competente cuando se comprometa de forma grave y permanente los derechos invocados en la demanda.

Cuales son los requisitos de la demanda?

La demanda de acciones populares debe contener:

• La indicación del funcionario judicial competente;
• El nombre e identificación de quien ejerce la acción
• La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado. Es aconsejable hacer una correcta exposición del por qué, cómo y en qué consiste dicha amenaza o vulneración, apoyada en un marco legal, jurisprudencial o doctrinario;

(^13) Antes de la creación y funcionamiento de los Jueces Administrativos, las acciones populares que conocía la jurisdicción contenciosa administrativa, se tramitaban en primera instancia ante los Tribunales Contencioso Administrativos y la segunda, ante el Consejo de Estado.

En virtud de este principio los expedientes que contengan los procesos que se originan en el ejercicio de las acciones populares son públicos, es decir, podrán ser consultados y accedidos por cualquier persona e igualmente se podrá obtener copias y certificaciones sobre los mismos.

Cómo se aplica el principio de economía?

En aplicación de este principio se debe buscar la economía procesal tanto en lo referido al tiempo de duración del proceso, como a los costos que se causen durante el trámite de la acción, pero teniendo en cuenta la mayor realización del derecho sustancial.

Cómo se aplica el principio de celeridad?

El trámite se debe adelantar con la mayor rapidez y sin dilaciiones, dando estricta aplicación a los términos establecidos por la ley, para el cumplimiento de la actuación procesal.

Cual es el alcance del principio de de gratuidad?

A pesar de que la Carta Política no hace referencia expresa al principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia, éste principio se encuentra consagrado en diversos estatutos^15. El principio de gratuidad, se concreta en el derecho que toda persona tiene de acceder sin costo alguno a la administración de justicia, haciendo efectiva la realización plena del derecho a la igualdad contenido 16 , De forma general, el mencionado principio se proyecta dentro de las acciones populares y de forma específica se desarrolla. mediante la concesión del amparo de pobreza que puede hacer el juez que conoce de la acción popular, en las situaciones determinadas en el Código de Procedimiento Civil y mediante algunas de las funciones del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Cómo se aplica el principio de eficacia?

Debe recordarse que la acción popular existe en nuestro derecho con el propósito de lograr la efectiva protección de los derechos colectivos. Por tal razón, es obligación del juez impulsar oficiosamente la acción popular y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Por tanto, el funcionario judicial no podrá bajo ninguna circunstancia proferir fallo inhibitorio.

Igualmente, en desarrollo del principio de eficacia, si la petición presentada no corresponde a una acción popular, el Juez deberá adoptar las medidas conducentes para adecuarla a la acción que corresponda 17.

Finalmente, el artículo 84 de la Ley 472 de 1998 establece que la inobservancia de los términos establecidos en la ley para el trámite de las acciones populares y de grupo, será causal de mala conducta para el funcionario que conozca de la misma y se sancionará con destitución.

(^15) Ver el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y artículo 6 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. (^16) Corte Constitucional. Sentencia C 037, de 5 de febrero de 1996, reiterada en Sentencia C-893 de

(^17) En este sentido se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado (^17) , al adecuar una demanda de acción popular a una acción de cumplimiento.

Las acciones populares tienen un trámite preferencial?

Si. Las acciones populares tiene un trámite preferencial en relación con las demás acciones que conozca el funcionario judicial, especialmente respecto de las acciones de que conoce la justicia ordinaria. Lo anterior con miras a garantizar la efectiva protección de los derechos e intereses colectivos. No obstante lo anterior, dicha preferencia no se aplicará respecto de las acciones de Habeas Corpus, de Tutela y de Cumplimiento,

En virtud de dicha preferencia, el juez debe tramitar y proferir decisión de fondo en las acciones populares teniendo en cuenta los términos perentorios que establece la Ley 472 de 1998 para el efecto.

Cuando existe temeridad en la interposición de la acción popular?

La acción popular se considera temeraria cuando se presenta con “(…) abuso desmedido e irracional del recurso judicial ”^18. El fundamento de la norma que sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución, que se refieren, el primero, a que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe y, el segundo, a los deberes de las personas, como los de: "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" y "colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia".

Existen muchos casos en los cuales se ha sancionado a los actores que abusan irresponsablemente de ese mecanismo de protección. A título de ejemplo podemos citar un caso en el cual se sancionó por temeridad, frente al ejercicio abusivo del actor por demandar a varios municipios que no tenían mataderos de ganado que cumplieran con las normas sanitarias 19.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, solamente podrá condenarse al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe.

Opera la figura del desistimiento dentro de las acciones populares?

La figura del desistimiento, entendida como la facultad del actor popular de renunciar a la demanda para detener su trámite no se encuentra consagrada legalmente. La jurisprudencia del Consejo de Estado 20 ha precisando que el desistimiento de la acción popular no es procedente, toda vez que dicha figura se opone a su naturaleza y finalidad, pues la acción popular es una acción pública que persigue la protección de los derechos e intereses de una colectividad.

Cuales son los términos perentorios que establece la Ley 472 de 1998?

ACTUACIÓN TÉRMINO

(^18) Corte Constitucional, Sentencia T-010/92. El actor presentó ante diferentes autoridades de la República un total de (35) investigaciones dentro de las cuales incluye 9 acciones de tutela ante diferentes jueces (9) por los mismos hechos, como consecuencia de lo cual todas las tutelas fueron rechazadas por la Corte. (^19) Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Providencia del 25 de enero de 2002. Expediente AP 0334. (^20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Setencia de 10 de julio de 2003, Expdiente 54001-23-31-000- 2002-00183-

Es de anotar, que el pacto de cumplimiento al que han llegado las partes, puede ser revocado, si este tiene vicios de ilegalidad, y en su lugar, declarado fallido, ordenando además continuar con el trámite de la acción popular^22.

Cuales son los efectos de la aprobación del pacto de cumplimiento

El pacto de cumplimiento será aprobado por el juez mediante sentencia, la cual produce la terminación anticipada del proceso y tendrá efectos de cosa juzgada, salvo que se presenten hechos nuevos y causas distintas a las alegadas en el respectivo proceso, así como informaciones de carácter técnico que no fueron apreciadas por el juez y las partes al momento de celebrarse dicho pacto, evento en el cual la sentencia hace tránsito a cosa juzgada relativa.

El Juez conservará la competencia para la ejecución de lo acordado en el pacto de cumplimiento. Además, podrá designar a una persona natural o jurídica que vigile como auditor la solución del conflicto.

Cuándo se considera fallida la audiencia de pacto de cumplimiento?

La audiencia de pacto de cumplimiento se considera fallida:

• Cuando no comparezcan la totalidad de las partes interesadas;
• Cuando no se formule proyecto de pacto de cumplimiento;
• Cuando las partes no consientan en las correcciones que el juez proponga al proyecto de pacto de cumplimiento

Quienes intervienen en la audiencia especial de pacto de cumplimiento?

En la audiencia especial de pacto de cumplimiento intervendrán las partes en el proceso, las personas naturales o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto de pacto de cumplimiento, el Ministerio Público y la entidad responsable de velar por el derecho e interés colectivo. La intervención del Ministerio Público y de la entidad responsable de velar por el derecho o el interés colectivo será obligatoria.

Cómo se desarrolla el periodo probatorio dentro de las acciones populares?

Fallida la audiencia de pacto de cumplimiento:

El juez decretará:

• las pruebas solicitadas
• las pruebas que de oficio estime pertinentes

El juez practicará las pruebas:

• personalmente
• por comisión, si hay imposibilidad de hacerlas en forma personal

El juez podrá ordenar la práctica de pruebas dentro o por fuera del territorio nacional. La carga de la prueba corresponde al demandado. Pero por razones de

(^22) En providencia del 1 de febrero de 2002, la Sección Quinta del Consejo de Estado, revocó la sentencia mediante la cual se había aprobado un pacto de cumplimiento.

orden económico o técnico, podrá pedir experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido el tema de debate

Sino se pudiere allegar la prueba, el juez podrá ordenar la prueba con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos

Cuales son los medios de prueba de que se vale el Juez Popular?

El juez popular podrá:

• solicitar estadísticas de fuentes que ofrezcan credibilidad
• solicitar conceptos a manera de peritos, informes y aporte de documentos a entidades públicas y a sus empleados
• requerir de particulares certificaciones, informaciones, exámenes o conceptos
• ordenar cualquier prueba conducente y, en general, cualquier medio de prueba establecido en el Código de Procedimiento Civil

Cuál es el contenido de la sentencia que acoge las pretensiones del actor?

• Orden protectora y preventiva de hacer o de no hacer cierta conducta. En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución.
• Condena al pago de perjuicios, cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo^23. La condena al pago de los perjuicios se hará "in genere" y se liquidará en el incidente previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.; en tanto, se le dará cumplimiento a las órdenes y demás condenas^24.
• Exigencia de realizar conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior, cuando fuere físicamente posible
• Fijación del monto del incentivo, entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales Cuando el derecho protegido sea la moral administrativa, el incentivo corresponde al 15% del valor que la entidad pública recupere. El incentivo se destina al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos, cuando el actor sea una entidad pública.

Cómo opera el cumplimiento del fallo?

Dentro del término de ejecución de la sentencia, el juez conservará la competencia para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Para tal fin, el juez:

• Adoptará todas las medidas necesarias para su ejecución, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil.
• Conformará un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia.
• Comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo.

(^23) En caso de daño a los recursos naturales el juez procurará asegurar la restauración del área afectada destinando para ello una parte de la indemnización. (^24) Al término del incidente se adicionará la sentencia con la determinación de la correspondiente condena incluyéndose la del incentivo adicional en favor del actor.

• La Constitución Política de Colombia que en su artículo 88 consagró la acción de grupo.
• La Ley 472 de 1998 la cual reglamenta y desarrolla la figura constitucional de la acción de grupo y establece el procedimiento.

Cuales son las sentencias de constitucionalidad que han analizado el marco normativo de la acción de grupo?

La normatividad que regula la acción de grupo se ha visto modificada por las siguientes sentencias de constitucionalidad:

• C - 569 de 2004
• C- 1062 de 2000
• C – 732 de 2000
• C - 215 de 1999
• C - 036 de 1998

Qué es la acción de grupo?

Las acciones de grupo son mecanismos procesales que permiten a un número plural de personas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. El grupo de personas debe reunir condiciones uniformes respecto de una misma causa que causó perjuicios individuales para cada una de ellas.

La acción de grupo se origina en los daños causados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación.

La acción de grupo se ejerce únicamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios.

Cómo debe ser la causas generadora del daño?

Si bien es cierto, la Ley 472 de 1998 se refiere “al hecho u omisión” como la causa generadora del daño, la jurisprudencia ha entendido que la acción de grupo puede ser intentada no solamente cuando la causa generadora del daño sea un hecho o una omisión, sino también cuando surge a partir de una operación administrativa y de un acto administrativo 28.

Cual es el término de caducidad de la acción de grupo?

Las acciones de grupo tienen un término de caducidad de dos años siguientes al acaecimiento del hecho, es decir, deben ejercerse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulneratoria causante del mismo.

Es importante precisar, que al momento de contabilizar los términos para establecer la caducidad de la acción, debe identificarse el hecho generador de los perjuicios reclamados en la demanda e identificar si éste se produjo

(^28) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Expediente 85001-23-31- 000-2000-0013-01 (AG-010)

instantáneamente o su acción vulneratoria se ha prolongado en el tiempo, analizando por tanto los efectos y consecuencias del mismo^29.

Cuando procede la acción de grupo?

Para que proceda la acción de grupo, es necesario que se cumplan los siguientes presupuestos:

• Que el número mínimo de integrantes del grupo afectado o conjunto de personas no sea inferior a veinte.
• Que cada una de esas personas del grupo haya sufrido un perjuicio individual
• Que el grupo de personas reúna condiciones uniformes respecto de una misma causa que les haya originado perjuicios.
• Que exista nexo causal entre la conducta que originó el hecho dañoso y el daño directamente sufrido por las personas.
• Que la acción se ejerza con la exclusiva pretensión de obtener el reconocimiento y el pago de perjuicios.
• Que se instaure dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción que lo causó.

Es necesario la preexistencia del grupo como presupuesto de procedencia de la acción de grupo?

Anteriormente, el Consejo de Estado 30 , consideraba como requisito de procedencia la preexistencia del grupo, dicha teoría jurisprudencial surgió a partir de una interpretación sobre el alcance de los artículos 3º y 46 de la ley 472 de 1998, según la cual, las condiciones uniformes que identifican a quienes conforman el grupo demandante deben ser preexistentes a la ocurrencia del daño.

No obstante, la Corte Constitucional 31 al declarar inexequible la expresión “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad” , contenida en los mencionados artículos, dejó sin sustento normativo dicha teoría, por lo cual perdió vigencia como requisito de procedibilidad de la acción de grupo^32.

Quién puede presentar la acción de grupo?

La acción de grupo debe ser presentada por las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido un perjuicio individual.

Adicionalmente puede ser presentada por:

(^29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A. C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, 9 de marzo de 2000, Radicación número AP 017. Actor Yusberty Agudelo y Otros. (^30) Dicha teoría se originó en la providencia del 2º de febrero de 2001, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente AG-017. (^31) Sentencia C569 de 8 de junio de 2004 (^32) Sobre el alcance de la sentencia de constitucionalidad, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, proferida el 6 de octubre de 2005. Expediente AG -410012331000200100948-

ƒ La identificación del demandado o presunto responsable del daño, sin perjuicio de que el juez establezca la existencia de otros posibles responsables, caso en el cual los citará de oficio. ƒ El valor de los perjuicios que se consideran ocasionados con la eventual vulneración; ƒ Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer. ƒ La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo.

La demanda en las acciones de grupo deberá reunir los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil o en el Código Contencioso Administrativo, según el caso.

Cuales son las etapas procesales que componen el trámite de las acciones de grupo?

Los actos o etapas procesales que se surten dentro del trámite de una acción de grupo son los siguientes:

• Presentación de la demanda;
• Admisión, notificación y traslado de la demanda o su rechazo;
• Contestación de la demanda;
• Audiencia de conciliación;
• Sentencia.

Cuales son los términos en la acción de grupo?

ACTUACIÓN TÉRMINO

Admisión de la demanda 10 días

Traslado a los demandados 10 días

Integración al grupo Antes de apertura a pruebas

Integración de quien no concurre al proceso 20 días después de publicada la sentencia

Exclusión del grupo 5 días después del traslado

Convocatoria diligencia de conciliación 5 días

Celebración diligencia de conciliación 10 días

Término probatorio 20 días

Ampliación del término probatorio 20 días

Traslado común para alegatos 5 días

Sentencia de primera instancia 20 días

Impugnación del fallo 3 días

Sentencia de segunda instancia 20 días

Revisión de la distribución del monto de la condena 20 días

Entrega de la indemnización ordenada por el Juez al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos

10 días

Reclamo de la indemnización de los interesados que no concurrieron al proceso.

20 días después de la publicación de la sentencia

Cómo se inicia el trámite de la acción de grupo?

Con la presentación de la demanda, el juez debe pronunciarse sobre su admisión. Si considera que la misma es procedente profiere un auto admisorio de la demanda, en tal providencia, debe disponer su traslado al demandado, y la notificación personal a los demandados, además, podrá decretar las medidas cautelares que hayan sido solicitadas por el demandante y que se ejecutarán antes de la notificación de la demanda al demandado. . Posteriormente, la parte demandada podrá contestar la demanda y proponer excepciones de mérito, así como las excepciones previas señaladas en el Código de Procedimiento Civil, que deben resolverse de acuerdo a su naturaleza y de conformidad con las reglas previstas para el efecto, en el Código de Procedimiento Civil.

Que médidas cautelares proceden en las acciones de grupo?

Para las acciones de grupo proceden las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Civil para los procesos ordinarios 34 , relacionados con el embargo y secuestro de bienes del demandado. La parte actora, debe solicitar en el escrito de demanda, las medidas cautelares, las cuales son decretadas por el Juez en el auto admisorio de de la demanda^35

Es importante señalar que las medidas cautelares decretadas por el funcionario judicial, se cumplirán antes de la notificación de la demanda, al demandado.

Cómo se surte la Audiencia de Conciliación?

Dentro del trámite de la acción de grupo, el juez debe convocar de oficio a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes. No obstante, en cualquier estado del proceso las partes podrán solicitar una nueva diligencia.

En la audiencia, podrá participar el Defensor del Pueblo o su delegado; si el Defensor hubiere presentado la demanda, dicha función corresponderá al

(^34) El artículo 690 del Código de Procedimiento Civil contiene las reglas que se aplican a las medidas cautelares en procesos ordinarios. (^35) El trámite para la interposición de las medidas cautelares, al igual que la oposición a las mismas, se hará de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil – Libro Cuarto – Título XXXIV.